Una viuda de 78 años, un hombre con Parkinson y demencia, una mujer con Alzheimer: Suecia expulsa a británicos que llevan décadas viviendo ahí, por no haber completado un trámite a tiempo
Joyce Thomas tiene 78 años, es enfermera jubilada, y vivió 21 años en Suecia junto a su marido, su hijo y sus nietos. Su esposo murió de cáncer en 2023 y está enterrado ahí. En 2024, Suecia le dio cuatro semanas para irse del país. Su único «delito»: no haber completado, antes del 31 de diciembre de 2021, un trámite administrativo que ella y su marido preguntaron activamente si tenían que hacer — y les dijeron que no.
El origen: un trámite mal comunicado
El Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea garantizó que los británicos que ya vivían legalmente en algún país del bloque antes del fin del período de transición conservarían sus derechos de residencia. El problema no está en esa garantía — está en cómo cada país decidió implementarla.
Trece países, incluidos Reino Unido y Suecia, eligieron el sistema «constitutivo»: exigía una solicitud activa antes de una fecha límite. Otros, como España, optaron por el sistema «declarativo», mucho más laxo, donde bastaba con registrar la presencia sin necesidad de un trámite formal con vencimiento estricto.
El propio esquema del Reino Unido —aplicado a ciudadanos europeos que viven allá— acepta como «motivo razonable» para una solicitud tardía cosas como falta de capacidad mental, ser víctima de violencia doméstica, o ser menor de edad con tutores que no hicieron el trámite. De 2,7 millones de solicitantes, solo seis fueron rechazados, por criminalidad grave.
Suecia, en cambio, no acepta ni siquiera el desconocimiento genuino del plazo como justificación válida. Según David Milstead, del grupo de campaña Brits in Sweden: «Entre los casos reales de incumplimiento de plazo presentados a nuestro grupo de 9.000 miembros, no podemos verificar uno en el que Suecia aceptó las razones para solicitar tarde.»
Tres historias, un mismo patrón
21 años en Suecia. Su marido, que manejaba todo el papeleo de la casa, falleció de cáncer en 2023. Presentó la solicitud tardía apenas semanas después de volver de un viaje al Reino Unido, sin saber que ya había vencido el plazo. Rechazada en 2024. «Estoy en shock. Me siento mal. La vida de un individuo está en juego a mi edad. Es un infierno. No he hecho nada malo», dijo al Guardian.
Casi 20 años en Suecia. Alzheimer, postrada en una residencia con cuidado permanente. Rechazada por no tener un pasaporte británico vigente — algo que no necesitaba, dado que no podía viajar. Su familia envió seis notas médicas. No alcanzó.
25 años en Suecia. Demencia vascular y Parkinson, en cuidado de tiempo completo. Su familia apeló invocando el derecho a permanecer cerca de la familia de la que dependía, bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal de apelación migratoria falló que «el interés del Estado en la inmigración regulada supera el interés de Mason» en seguir viviendo ahí.
Nichola Stanlick, que llegó a Suecia a los siete años y lleva 40 viviendo ahí, solicitó a tiempo pero le negaron la protección del acuerdo, dándole un permiso nacional que vence en 2027. Kenny Solomons, casado con una cantante sueca, fue obligado a irse y hoy debe cumplir requisitos de ley nacional para poder volver.
Se sabía desde el principio
Esto no es un accidente que nadie vio venir. Fue advertido, por escrito, cinco años antes de que llegara a los titulares.
Cuando Suecia presentó sus planes en 2020, el propio grupo Brits in Sweden advirtió en una presentación oficial que el sistema de solicitud podía dejar a personas vulnerables sin sus derechos si no cumplían el plazo, e instó a un enfoque flexible y generoso. La Asociación de Abogados de Suecia hizo la misma advertencia. El gobierno insistió en que las autoridades ya tenían «suficiente flexibilidad». La evidencia posterior mostró exactamente lo contrario.
La comunicación que nunca llegó
El acuerdo exigía una campaña de concienciación hacia los residentes británicos. A diferencia de Dinamarca y los Países Bajos, el gobierno sueco decidió no contactar individualmente a los británicos ya registrados en el país. A quienes sí preguntaron directamente a las autoridades, muchas veces les dijeron que «no tenían que hacer nada» — sin aclarar que ese «nada» era, en realidad, «todavía no». Las personas mayores y quienes no manejaban bien internet fueron las más afectadas por ese vacío de información.
El entonces director general de la Agencia Sueca de Migración llegó a declarar que, en su opinión, contactar individualmente a los británicos registrados «no habría supuesto ninguna diferencia» — una afirmación que, según quienes documentan estos casos, es difícil de sostener frente a la evidencia real.
Dinamarca tuvo el mismo problema — gente que llegó tarde por apenas tres semanas, o incluso por cuatro días — y el gobierno danés reconoció la falla de comunicación y cambió la ley para dar una segunda oportunidad a entre 300 y 2.000 británicos afectados. Suecia, con un problema mucho mayor en escala, nunca hizo ese gesto.
Por qué Suecia, y por qué ahora
La explicación de fondo no es técnica, es política: la política migratoria sueca giró bruscamente hacia la restricción desde 2022, cuando asumió la coalición de centroderecha del primer ministro Ulf Kristersson, respaldada por los Demócratas de Suecia, un partido antiinmigración. Ese giro no puede legalmente anular la legislación europea, pero sí vuelve mucho más difícil defender políticamente cualquier corrección.
Hay, además, un problema estructural que agrava todo: los políticos suecos tienen la excusa perfecta de que legalmente no pueden interferir en las decisiones de la agencia de migración, Migrationsverket. Esa independencia institucional, pensada para garantizar imparcialidad, termina funcionando como un escudo que nadie quiere —o puede— cruzar, mientras el drama humano sigue acumulando casos.
No se pretendía que personas mayores que habían vivido en Suecia durante décadas perdieran su derecho a permanecer por un plazo incumplido o deficiencias en su solicitud.
Häkan Svenneling, diputado sueco, en carta al ministro de MigraciónAtrapados entre 27 sistemas distintos
Hay una asimetría estructural de fondo que explica por qué este problema pega tan fuerte en los británicos y no tiene un espejo igual de grave del otro lado: los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido tienen una autoridad única y dedicada a monitorear su situación. Los británicos que viven en la Unión Europea, en cambio, quedaron repartidos entre 27 sistemas nacionales distintos, cada uno con sus propios criterios, su propia dureza, su propia interpretación del mismo tratado.
El Brexit creó el problema de fondo. Pero nada obligó a Suecia específicamente a aplicar una divulgación insuficiente, estadísticas poco claras, o el nivel de rigidez que terminó aplicando. Esa parte fue una decisión propia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ya reconoció formalmente ante la Comisión Europea que Suecia adopta «un enfoque considerablemente más estricto» que cualquier otro país del bloque, con rechazos desproporcionados incluso frente a motivos razonables documentados. La respuesta oficial, hasta ahora, encaja perfecto con la vieja sátira británica de Yes, Minister: primero «no va a pasar nada», después «quizás deberíamos hacer algo, pero no podemos», y al final «quizás había algo que podríamos haber hecho, pero ya es demasiado tarde». Para Joyce Thomas, con 78 años y cuatro semanas de plazo, esa última etapa ya no es una hipótesis retórica — es la fecha exacta en la que tiene que dejar la tumba de su marido, la casa de sus nietos, y la única vida que construyó en veintiún años.
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