Trump y la justicia a medida para los Proud Boys

El indulto de enero de 2025 dejó afuera a los cuatro líderes condenados por conspiración sediciosa. Un año después, el propio Departamento de Justicia de Trump logró lo que el indulto no pudo: borrar esas condenas por completo.

Una de las primeras acciones de Donald Trump al regresar a la presidencia en enero de 2025 fue indultar a los más de mil condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Entre ellos, Enrique Tarrio, el entonces líder de los Proud Boys, que salió de prisión el 22 de enero de ese año tras cumplir apenas una fracción de sus 22 años de condena.

Pero cuatro nombres quedaron deliberadamente afuera de aquel indulto masivo: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, los cuatro condenados por el cargo más grave de toda la causa del 6 de enero — conspiración sediciosa. Ese indulto selectivo, sin embargo, resultó ser solo el primer paso de una maniobra más larga. El viernes, un juez federal terminó de completar el trabajo que el indulto había dejado a medias: desestimó directamente el caso contra los cuatro.

¿Quiénes son los Proud Boys?

Los Proud Boys son una organización estadounidense de extrema derecha que promueve y participa en violencia política. Sus líderes fueron condenados por oponerse violentamente al gobierno federal, incluida la transferencia constitucionalmente establecida del poder presidencial. El grupo ha sido calificado como banda callejera y fue designado organización terrorista en Canadá y Nueva Zelanda. Aunque su dirigencia niega ser una organización supremacista blanca, el grupo y varios de sus miembros han estado vinculados a lo largo de los años con eventos, ideologías y otros colectivos de poder blanco.

Nació en 2016 dentro de la revista de extrema derecha Taki’s Magazine, bajo la dirección de Gavin McInnes, cofundador de Vice Media. El nombre proviene, curiosamente, de la canción «Proud of Your Boy» de la película Aladdín de Walt Disney Pictures. Aunque surgió como parte de la llamada alt-right —el movimiento nacionalista blanco de extrema derecha—, McInnes se distanció de esa etiqueta a comienzos de 2017, calificando a su propio grupo de «alt-lite»: una derecha de definición flexible que se distancia tanto del conservadurismo tradicional como del nacionalismo blanco explícito, aunque comparte buena parte de su órbita. Según el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, el grupo sostiene que la masculinidad tradicional y la cultura occidental están «bajo asedio», usando la expresión «chovinismo occidental» como eufemismo de la teoría conspirativa del «genocidio blanco».

Esa frase, pronunciada por Trump en pleno debate presidencial de 2020, disparó de inmediato el interés y la captación de nuevos miembros para el grupo. Ante la reacción que generó, Trump condenó públicamente a los Proud Boys, aunque aseguró que no sabía «mucho sobre ellos».

La causa que sobrevivió al indulto

Nordean, Biggs y Rehl fueron declarados culpables en 2023 de conspiración sediciosa y otros cargos vinculados al 6 de enero. Pezzola fue absuelto específicamente de la conspiración sediciosa, pero condenado por otros delitos relacionados con el ataque. Eran, en conjunto, algunas de las condenas más graves de toda la investigación sobre los disturbios en el Capitolio — una de las pesquisas federales más extensas de la historia de Estados Unidos.

En abril de este año, el Departamento de Justicia, bajo la conducción de Todd Blanche, inició el proceso para anular esas condenas. El viernes, el juez de distrito Timothy Kelly —designado por el propio Trump durante su primer mandato— accedió, aunque dejó una constancia inusualmente incómoda en su fallo.

Kelly fue explícito sobre los límites de su propio rol: dijo carecer de «autoridad para obligar al Ejecutivo a iniciar un proceso judicial, y punto». Y remarcó, casi a modo de advertencia, que su fallo no debía confundirse con un aval a la decisión: «Las decisiones de emitir la Orden Ejecutiva y de abandonar este proceso judicial —incluso después de que el Gobierno obtuviera condenas por delitos graves relacionados con el ataque al Capitolio— son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Nadie debe confundir la concesión de la moción del Gobierno por parte del Tribunal con su conformidad con dichas decisiones.»

La explicación jurídica: tres mecanismos, no uno

Lo que ocurrió acá combina tres herramientas legales distintas del sistema estadounidense, y entenderlas por separado ayuda a ver por qué hizo falta más que un simple indulto.

Los cuatro líderes de los Proud Boys quedaron fuera del indulto original probablemente por la gravedad específica del cargo de conspiración sediciosa — el delito más serio de toda la causa del 6 de enero. Pero un indulto no les habría servido del todo: seguirían figurando como condenados por sedición, con todo lo que eso implica en materia de antecedentes, derechos civiles y percepción pública. La vía que efectivamente usaron —que el Departamento de Justicia abandonara la defensa de las condenas en apelación, forzando su desestimación— logra algo jurídicamente más completo: borra la condena de raíz.

El juez Kelly fue igual de directo sobre el criterio detrás de esa decisión: señaló que la administración Trump pretendía «tratar este caso esencialmente de la misma manera que todos los casos del 6 de enero, sin tener en cuenta la gravedad de la conducta en cuestión» — es decir, sin distinguir entre quien participó de forma incidental en los disturbios y quienes fueron condenados específicamente por conspirar contra la transferencia de poder.

Los protagonistas

Una narrativa que contradicen los propios videos

Trump lleva años calificando los procesamientos del 6 de enero como una «injusticia» contra sus seguidores, a quienes llegó a referirse como «rehenes». Ha descrito repetidamente aquel día como «un día de amor y paz» y sostuvo que quienes participaron no representaban «ninguna amenaza».

Esa narrativa choca de frente con cientos de videos que documentan a simpatizantes golpeando a agentes de policía con astas de bandera, porras, palos de madera y bates de béisbol, además del uso de pistolas paralizantes y aerosoles químicos en enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las fuerzas de seguridad.

El propio juez Kelly calificó lo ocurrido como un «acontecimiento peligroso»: «Fue un ataque contra la población, incluidos agentes de policía, muchos de los cuales resultaron heridos. Fue un ataque contra una rama coordinada del Gobierno —el Congreso— a la que los Padres Fundadores consideraron oportuno otorgar un lugar de primacía en el Artículo I de la Constitución. Y fue un ataque contra el mecanismo constitucional para facilitar la transferencia pacífica del poder de un presidente a otro, lo que el presidente Reagan denominó ‘nada menos que un milagro’.»

La advertencia final del juez —designado por el propio Trump, vale remarcar— funciona casi como un contrapeso simbólico dentro de un fallo que, en los hechos, terminó de darle al gobierno lo que pedía. Zachary Rehl, uno de los cuatro beneficiados, resumió el desenlace desde su cuenta en X con una frase corta: «¡Por fin, todo ha terminado! ¡El 6 de enero ya puede ser cosa del pasado para mí!»

Lo que queda, más allá del resultado judicial puntual, es la constancia escrita de un juez nombrado por el propio presidente señalando —sin poder impedirlo— que el Ejecutivo usó cada herramienta legal a su disposición para borrar, capa por capa, las condenas más graves derivadas del ataque a la sede del Congreso estadounidense.