AMIA: 85 muertos
y ningún culpable
A las 9:53 del 18 de julio de 1994, una camioneta cargada de explosivos destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires. Murieron 85 personas. Más de 300 quedaron heridas. Treinta y dos años después, nadie ha sido juzgado ni condenado. No porque sea un misterio irresoluble. Sino porque hay demasiados poderosos interesados en que siga siéndolo.
Buenos Aires, 18 de julio de 1994. Son las nueve y cincuenta y tres de la mañana. En el barrio de Once, la vida transcurre como cualquier lunes de invierno. Empleados caminan con sus cafés humeantes. Madres llevan a sus hijos de la mano. Albañiles bolivianos trabajan en las refacciones de un viejo edificio. Dentro de la sede de la AMIA, cientos de personas realizan trámites cotidianos. Nadie sabe que faltan segundos.
Una camioneta Renault Trafic avanza lentamente por la calle Pasteur. En su interior, un hombre que nunca será identificado con certeza conduce hacia su propia muerte y la de ochenta y cinco personas inocentes. Entonces, todo explota.
La detonación se escucha a kilómetros. El edificio de siete pisos se derrumba en segundos. Una cuadra entera de Buenos Aires se convierte en zona de guerra. Lo que sigue es una historia de muerte, impunidad y traición que se extiende durante más de tres décadas. Es también la historia de un país cuyo gobierno estaba metido en tantos negocios turbios que, treinta y dos años después, todavía no sabemos exactamente qué pasó ni por qué. Y hay razones muy concretas para que sea así.
Detrás de cada número,
una vida interrumpida.
Antes de hablar de política, de corrupción, de encubrimientos y de muertos convenientes, hay que hablar de ellos. Porque en el debate sobre quién fue y por qué y quién lo tapó, los ochenta y cinco muertos corren el riesgo de convertirse en un número abstracto. No lo eran. Cada uno tenía un nombre, una historia, alguien que los esperaba.
La víctima más joven del atentado. Caminaba por la calle Pasteur con su mamá Rosa, rumbo al Hospital de Clínicas. Rosa sobrevivió. Su hijo no.
Hermanas. Su hermano Pablo tenía trece años cuando el atentado le arrebató a ambas. Tres décadas después, sigue imaginando cada día cómo serían si todavía estuviesen vivas.
Inmigrante boliviano que trabajaba como albañil en las refacciones del edificio. Seis trabajadores bolivianos murieron ese día. Venían de lejos buscando una vida mejor. Encontraron la muerte.
Sobrevivió más de treinta horas entre los escombros. Mientras los rescatistas trabajaban desesperadamente para sacarlo, él les infundía coraje: «Vamos a salir muchachos», les decía. Murió tres días después.
Fueron ochenta y cinco vidas. Más de trescientas personas heridas que cargan con las secuelas hasta hoy. Y una comunidad entera que lleva tres décadas esperando que alguien responda por lo que ocurrió aquella mañana de julio.
La narrativa acordada
antes de que terminara el día.
La historia que todos conocemos dice así: Argentina canceló contratos nucleares con Irán en 1992, el régimen iraní se vengó ordenando dos atentados a través de Hezbollah. Primero la embajada de Israel en marzo de 1992, con veintidós muertos. Luego la AMIA en julio de 1994, con ochenta y cinco. Es una historia simple, con buenos y malos claramente identificados.
Y fue construida antes de que terminara el día del atentado.
Eso es lo que revelan los cables diplomáticos desclasificados. El 18 de julio de 1994, mientras los escombros todavía humeaban y los equipos de rescate seguían sacando cuerpos, el gobierno de Carlos Menem y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin intercambiaron mensajes acordando una «versión unificada» que responsabilizara a Irán. La investigación judicial no había comenzado. Los peritos forenses no habían terminado de documentar la escena. Y ya estaba decidido quién era el culpable.
La investigación judicial ni siquiera había comenzado y ya estaba decidido quién era el culpable. La pregunta que nadie hizo en ese momento es por qué había tanta urgencia en señalar a Irán cuando todavía no había ninguna evidencia.
Quizás porque había demasiadas otras pistas que convenía no seguir. Y para entender cuáles eran esas pistas, hay que entender primero al hombre que gobernaba Argentina en ese momento y la red de negocios en la que estaba metido.
Menem: el hombre que vendía armas
al enemigo que lo atacaba.
Carlos Menem no era simplemente un presidente que tomó decisiones de política exterior que irritaron a Irán. Era el centro de una red de corrupción cuyos tentáculos llegaban a los lugares más improbables y más peligrosos.
Entre 1991 y 1995, Menem firmó tres decretos secretos autorizando la venta de 6.500 toneladas de armas a Panamá y Venezuela. Esas armas nunca llegaron a esos países. Fueron desviadas ilegalmente a Croacia, Bosnia y Ecuador, todos bajo embargo internacional por conflictos armados activos. El negocio era ilegal en múltiples dimensiones simultáneas.
Parte de las armas desviadas iban a Bosnia-Herzegovina, donde los musulmanes bosnios estaban siendo financiados por Irán. El mismo Irán que supuestamente era el enemigo mortal de Argentina. El mismo Irán que supuestamente había ordenado el atentado contra la AMIA como venganza por la ruptura de relaciones.
El gobierno argentino que señalaba a Irán como terrorista estaba, simultáneamente, vendiéndole armas de manera indirecta a través de Bosnia. Este dato no es una teoría conspirativa: fue establecido judicialmente en el proceso por el contrabando de armas.
Pero hay más. Abdolghassem Mesbahi, ex oficial de inteligencia iraní que se convirtió en testigo judicial, declaró ante la justicia que hubo reuniones secretas en París entre funcionarios argentinos e iraníes para coordinar operaciones. Y que Irán había depositado diez millones de dólares en una cuenta suiza de Menem para garantizar que no se investigara su participación en los atentados.
Esta declaración fue presentada ante la justicia argentina. No fue el único elemento que apuntaba en esa dirección. Pero la investigación oficial decidió que la pista iraní era suficiente y no necesitaba ser complementada con nada más. El juez a cargo se encargaría de que así fuera.
Y luego estaba el dinero. Menem vivía como millonario durante su presidencia y durante toda su vida posterior. Al morir, en 2021, tenía declarados 7,5 millones de pesos. ¿Dónde estaba el resto? En cuentas suizas que nunca fueron investigadas con seriedad. En propiedades en Miami a nombre de testaferros. En sociedades offshore. Su hija Zulemita se convirtió en multimillonaria sin ninguna explicación económica plausible mientras su padre era un servidor público.
Carlitos Menem sabía algo.
Ya no puede contarlo.
El 15 de marzo de 1995, ocho meses después de la AMIA, Carlos Menem Junior murió cuando el helicóptero que piloteaba se estrelló cerca de Ramallo. Tenía veintiséis años. La versión oficial dijo que fue un accidente: volaba bajo y chocó contra cables de alta tensión.
Lo que no encaja en esa versión es demasiado para ignorarlo.
Un mes antes del accidente, el ministro del Interior Carlos Corach recibió una carta certificada de un ex agente de inteligencia preso. La carta advertía que iban a asesinar al hijo del presidente mientras volaba en helicóptero. Y añadía: «Va a parecer un accidente.» Corach guardó la carta. No la derivó a ninguna área de seguridad. No le dio importancia.
Un peritaje de Gendarmería encontró dieciocho impactos de bala de fusiles FAL en el fuselaje del helicóptero. El juez los desestimó. El helicóptero fue destruido a hachazos el mismo día del accidente y vendido como chatarra: era la evidencia principal de lo que había ocurrido y fue eliminada en horas.
En los dos años siguientes, catorce testigos vinculados al caso murieron en circunstancias violentas o inexplicables. El primer perito en llegar al lugar, que declaró públicamente «esto no fue un accidente, a este hombre lo mataron», fue baleado dos días después. No le robaron nada.
La madre de Carlitos, Zulema Yoma, sostuvo siempre que fue un atentado. Relacionó la muerte de su hijo con el contrabando de armas y las conexiones con el narcotráfico. Denunció a Menem por encubrimiento. Nadie la escuchó institucionalmente.
Y entonces llegó el momento más perturbador de toda esta historia. En 2016, ante la justicia, el propio Carlos Menem declaró:
«Ratifico saber que mi hijo murió en un atentado criminal. Sé quiénes, cómo y por qué lo asesinaron. No revelaré los datos dado que es un secreto de Estado.»
Un padre que sabe quién mató a su hijo de veintiséis años y decide no decirlo porque es un «secreto de Estado». Esa frase, pronunciada ante un juez, resume de manera más elocuente que cualquier análisis lo que era el gobierno de Menem y la naturaleza de los negocios que lo ataban. ¿Qué secreto vale más que la justicia por tu propio hijo? La respuesta, cualquiera que sea, es más oscura que la pregunta.
El atentado del Estado
contra su propio pueblo.
El 3 de noviembre de 1995, ocho meses después de la muerte de Carlitos, la Fábrica Militar de Río Tercero explotó. No fue una explosión. Fueron varias, durante horas. Proyectiles y municiones volaron por los aires cayendo sobre los barrios residenciales que rodeaban la planta. Siete personas murieron, todas civiles. Más de trescientas resultaron heridas. Una ciudad entera quedó devastada.
Menem viajó a Río Tercero ese mismo día. Frente a las cámaras declaró con una convicción que no admitía matices:
«Esto ha sido un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras. Descarten absolutamente que esto haya sido un atentado.»
Mentía. Y esta vez lo sabemos con certeza absoluta porque hay una sentencia judicial que lo establece.
En 2014, el Tribunal Oral Federal de Córdoba concluyó que las explosiones fueron provocadas intencionalmente. El objetivo era destruir la evidencia del contrabando de armas: las pericias determinaron que faltaban entre 23.000 y 49.000 municiones en los depósitos de la fábrica. Alguien había vaciado los registros. Para que no se supiera cuánto había salido, hicieron estallar el edificio entero.
Río Tercero no es una hipótesis ni una teoría. Es un hecho establecido por sentencia judicial firme. El gobierno de Carlos Menem ordenó volar una fábrica militar argentina, matando a siete civiles e hiriendo a trescientos, para destruir evidencia de su propio contrabando de armas.
Esto es terrorismo de Estado. Un gobierno que ataca a su propia población para proteger sus negocios ilegales. Cuatro funcionarios fueron condenados. Menem murió en 2021 sin enfrentar juicio. La ciudad de Río Tercero lo declaró persona no grata y se negó a adherir al duelo nacional cuando falleció.
El juez Galeano y el arte
de no encontrar nada.
La causa AMIA quedó en manos del juez Juan José Galeano. Durante años, Galeano dirigió una investigación que, a la luz de lo que se sabe hoy, parece haber sido diseñada sistemáticamente para no llegar a ningún lado.
Se pagaron cuatrocientos mil dólares a Carlos Telleldín, un reducidor de autos robados, para que declarara falsamente contra policías bonaerenses. El dinero salió de fondos reservados del Estado. La maniobra fue documentada, analizada y finalmente confirmada: el Estado argentino pagó para construir una pista falsa en su propio caso judicial.
Se destruyeron pruebas. Se abandonaron líneas de investigación prometedoras en el momento en que empezaban a apuntar en direcciones incómodas. Y hubo una pista en particular que fue deliberadamente archivada.
Había una línea de investigación que apuntaba a Alberto Jacinto Kanoore Edul, un ciudadano sirio-libanés con vínculos directos al entorno de Menem. Los indicios eran sólidos. Décadas después, el propio Tribunal Oral Federal reconocería en su sentencia que esta era «la línea más sólida y concreta» de todas las investigadas.
El juez Galeano decidió no impulsarla. No hubo explicación oficial que justificara ese abandono. La conexión entre Kanoore Edul y el entorno presidencial hacía que esa línea fuera, evidentemente, más peligrosa para ciertos intereses que la pista iraní.
El primer juicio terminó en 2004 con todos los acusados absueltos. No por inocencia sino porque la investigación había sido una farsa documentada. Galeano fue destituido de la magistratura. Pero nadie fue jamás condenado por haber destruido la investigación del mayor atentado terrorista de la historia argentina.
El presidente Néstor Kirchner lo llamó «deshonra nacional». Tenía razón. Y se quedó corto.
Catorce personas que sabían
demasiado.
En cualquier investigación criminal seria, la muerte sistemática de testigos es una señal de alarma que activa protocolos de emergencia. En la causa AMIA y en los casos conexos, catorce personas vinculadas directa o indirectamente al expediente murieron en circunstancias violentas o inexplicables en el período posterior al atentado. Algunas fueron asesinadas. Otras murieron en «accidentes» cuya mecánica no resistía el análisis pericial. Varias fueron cremadas sin autorización de sus familias, eliminando cualquier posibilidad de autopsia posterior.
Cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Vio una valija y sobres con dinero. Murió atropellado el 18 de abril de 1995. Le habrían advertido: «Viejito, vos no viste nada.»
Perito de la Fuerza Aérea. Primero en llegar al helicóptero. Afirmó que «no fue un accidente.» Asesinado a balazos el 26 de septiembre de 1995. No le robaron nada.
Comisario de la Bonaerense. Relevó el helicóptero siniestrado. Se decía que sabía más de lo que declaró. Asesinado de dos disparos en la cabeza en un supuesto robo. Sin testigos ni detenidos.
Preso que aseguró tener información clave. Asesinado por la policía al salir de prisión, antes de poder declarar ante la justicia.
Hermano del anterior. Declaró que su hermano afirmó que Carlitos fue asesinado por molestar al narcotráfico. Días después también fue asesinado.
Hermano del perito de Gendarmería que informó sobre impactos de bala en el helicóptero. Baleado por tres personas. Murió poco después. No le robaron nada.
Médico de San Nicolás. Fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Asesinado a puñaladas pocos meses después.
Camionero que dijo haber sido testigo del derribo del helicóptero. Apareció muerto con un disparo en la cara días después de su declaración.
Aseguró tener filmaciones del momento de la caída del helicóptero. Asesinado durante un tiroteo días después de hacer esa afirmación.
Agente de inteligencia que entregó a Zulema Yoma un cassette con los presuntos últimos gritos de Menem Jr. Murió de manera «extraña» y fue cremado sin autorización de su familia.
El patrón que emerge de esta lista no es el de una coincidencia estadística. Es el de una operación sistemática de eliminación de testigos. Personas que vieron algo, dijeron algo o sabían algo, y que murieron antes de que ese conocimiento pudiera formalizarse ante la justicia. En todos los casos, cuando hubo un sospechoso identificado, ese sospechoso también murió antes de declarar.
Un fiscal con un balazo en la cabeza
horas antes de declarar.
Alberto Nisman fue el fiscal que durante años trabajó la hipótesis oficial: el atentado fue ordenado por el gobierno iraní y ejecutado por Hezbollah. En 2006 presentó su acusación formal contra funcionarios iraníes. Durante casi una década construyó el caso más completo disponible desde la perspectiva de la pista iraní.
En enero de 2015, Nisman dio un giro inesperado. Presentó una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de haber negociado secretamente con Irán para garantizar impunidad a los acusados del atentado a cambio de acuerdos comerciales de petróleo. Era una acusación de enorme gravedad política, que vinculaba al gobierno de turno con el encubrimiento del mayor atentado terrorista de la historia argentina.
«Hubo una alianza del gobierno de Cristina Kirchner con los terroristas que asesinaron a 85 argentinos. Voy a demostrarlo ante el Congreso.»
El domingo 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para exponer su denuncia, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero. Un disparo en la cabeza. Primero dijeron suicidio. Luego, homicidio. Diez años después del hecho, nadie ha sido condenado.
Otro muerto. Otra verdad que alguien no quería que se supiera. Otra causa que sigue abierta y sin resolución. El patrón ya no sorprende. Lo que sorprende es que sorprenda a alguien.
Carlitos Menem: muerto en circunstancias nunca esclarecidas, 1995. Catorce testigos: muertos antes de declarar, 1995-1997. Alberto Nisman: muerto horas antes de presentarse ante el Congreso, 2015. En todos los casos, la investigación se abrió, se dilató, se complicó y nunca llegó a una condena. En todos los casos, alguien con poder suficiente para hacerlo decidió que la verdad no era conveniente.
¿Qué más había detrás
de la pista iraní?
Treinta y dos años después, la versión oficial sigue siendo la misma: Irán ordenó el atentado como venganza por la cancelación de contratos nucleares. Es posible que esto sea verdad, parcialmente o en su totalidad. Pero lo que la historia de estos treinta y dos años muestra es que esa versión fue adoptada con una urgencia sospechosa y defendida con una determinación que en más de una ocasión incluyó la destrucción de pruebas y el silenciamiento de testigos.
Las preguntas que siguen abiertas no niegan la pista iraní. Preguntan qué más había.
¿Por qué el presidente que señalaba a Irán como enemigo mortal tenía, según declaraciones judiciales, diez millones de dólares iraníes en una cuenta suiza? ¿Por qué la línea de investigación que apuntaba a la conexión sirio-libanesa en el entorno presidencial fue abandonada cuando los indicios eran, según el propio tribunal, los más sólidos de la causa? ¿Por qué catorce testigos murieron antes de declarar? ¿Por qué el helicóptero del hijo del presidente fue destruido como evidencia el mismo día del accidente? ¿Por qué un padre sabía quién mató a su propio hijo y decidió no decirlo?
Menem dijo ante la justicia que sabía quiénes, cómo y por qué asesinaron a su hijo, y que no lo revelaría porque era un secreto de Estado. ¿Qué secreto vale más que la justicia por tu propio hijo de veintiséis años?
La respuesta a cada una de estas preguntas, individualmente, puede tener una explicación alternativa. Tomadas en conjunto, configuran un patrón que es muy difícil de atribuir a la casualidad. Un gobierno involucrado en negocios ilegales con múltiples partes, incluyendo algunas de las mismas partes que señalaba como enemigas. Una investigación oficial diseñada para avanzar en una sola dirección y cerrar todas las demás. Una cadena de muertes que eliminó sistemáticamente a quienes podían contradecir la versión oficial.
Cada 18 de cada mes,
siguen ahí.
Mientras los poderosos encubrían, los familiares de las víctimas nunca dejaron de luchar. Pocas semanas después del atentado comenzaron a congregarse frente al edificio destruido. En 1997 nació Memoria Activa. Cada 18 de cada mes, llueva o haga sol, están frente al Palacio de Justicia. Con las fotos de sus muertos. Con su dolor que no cede y su exigencia que no prescribe.
Durante treinta y dos años mantuvieron viva la causa cuando el Estado prefería que se enfriara. Cuando los jueces archivaban expedientes, ellos presentaban recursos. Cuando los políticos prometían y no cumplían, ellos volvían el mes siguiente. Su persistencia es, en sí misma, un acto político de una dignidad que contrasta brutalmente con la indignidad institucional que los rodea.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad y justicia en el caso AMIA. Le ordenó remover los obstáculos para investigar, reformar la normativa de inteligencia y facilitar el acceso a información desclasificada. Era un reconocimiento internacional de lo que los familiares habían denunciado durante tres décadas: que el Estado argentino no solo había fallado en investigar el atentado sino que había contribuido activamente a su impunidad.
«Algunos estamos grandes y planteamos: pasemos la antorcha. Para que las próximas acciones de memoria las continúen las generaciones más jóvenes.»
«Después de treinta años no hay un solo preso. Uno puede preguntarse por qué no hubo justicia, quiénes hoy día todavía están impidiendo que se sepa la verdad.»
La herida no cierra porque hay demasiados interesados en que permanezca abierta.
Demasiados secretos. Demasiadas fortunas inexplicables.
Demasiados muertos convenientes.
Ochenta y cinco personas fueron asesinadas aquella mañana de julio. Treinta y dos años después, nadie ha respondido por ellas ante la justicia. No porque el caso sea irresoluble. Porque hay demasiado poder acumulado alrededor de la impunidad, demasiados archivos que no se desclasifican, demasiadas preguntas que nadie en posición de responderlas quiere responder.
La AMIA es el caso más emblemático de la Argentina contemporánea. No porque sea el único caso de impunidad del sistema judicial argentino. Sino porque concentra en un solo expediente todos los mecanismos que ese sistema usa para proteger a los poderosos: la pista falsa construida con dinero del Estado, el testigo comprado, la evidencia destruida, el juez cómplice, el político que miente en cámara, el fiscal que muere antes de declarar, el padre que sabe quién mató a su hijo y decide no decirlo.
La herida no cierra. Y mientras no haya verdad y justicia, tampoco debería.
Este artículo se basa en fuentes documentales públicas que incluyen sentencias judiciales firmes, cables diplomáticos desclasificados, declaraciones judiciales de las partes mencionadas, el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2024) y testimonios de familiares de las víctimas. La declaración de Menem sobre la muerte de su hijo es textual y proviene de su declaración ante la justicia argentina en 2016. La condena del Tribunal Oral Federal de Córdoba sobre Río Tercero (2014) es una sentencia firme. Las menciones a Abdolghassem Mesbahi corresponden a declaraciones prestadas ante la justicia argentina en el marco de la causa AMIA.
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