Lo que empezó como la polémica por el rescate pandémico de una pequeña aerolínea terminó en una investigación con buques de crudo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y una carta de intenciones de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino dirigida a la «Oficina del Presidente Zapatero».

El 19 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional española imputó a José Luis Rodríguez Zapatero — expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 — por presunta pertenencia a un grupo criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Por primera vez en la democracia española, un exjefe de Estado deberá sentarse ante un juez en calidad de investigado. La fecha: 2 de junio de 2026.

El caso se llama Plus Ultra — el nombre de una pequeña aerolínea que recibió 53 millones de euros del Estado español durante la pandemia. Pero lo que el auto judicial revela va mucho más allá de un rescate cuestionable. Hay buques de petróleo venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fondos de los CLAP — el mecanismo chavista de distribución de alimentos — oro del Banco de Venezuela, y una carta de intenciones de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino dirigida, según el sumario, a la «Oficina del Presidente Zapatero».

Esto ya no es un escándalo político español. Es geopolítica con dinero público europeo en el medio.

Plus Ultra fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola con personal proveniente de la extinta Air Madrid. Sus rutas conectaban principalmente España con destinos latinoamericanos — Bogotá, Lima, Buenos Aires, Caracas. En el momento del rescate pandémico, en marzo de 2021, tenía cuatro aviones alquilados, solo uno operativo, y una cuota de mercado marginal.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez la declaró empresa «estratégica» y le otorgó 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas — el mismo fondo que rescató a Air Europa, Air Nostrum y Volotea, aerolíneas de un tamaño y relevancia incomparablemente mayor.

La decisión generó dudas inmediatas. El PP y Vox presentaron querellas. En 2023, la causa fue archivada por falta de pruebas. Parecía que el caso quedaba cerrado.

No quedó cerrado.

El auto judicial del juez Calama describe una «estructura organizada y estable» cuyo propósito sería ejercer influencias políticas y mover fondos mediante una red de empresas y contactos institucionales. En esa estructura, Zapatero ocuparía — según el juez — la posición de «núcleo decisor y estratégico».

Los detalles son más que llamativos. El sumario recoge mensajes en los que intermediarios coordinaban reuniones con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para la compraventa de buques de crudo. Aparece también una carta de intenciones de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino dirigida a la «Oficina del Presidente Zapatero». Y los fondos extranjeros entrarían a la red a través de una empresa llamada Inteligencia Prospectiva para distribuirse después mediante contratos a Análisis Relevante, What The Fav — la empresa de las hijas de Zapatero — y Gate Center.

Lo que Zapatero admitió públicamente en el Senado en marzo de 2026 ya era suficientemente llamativo. Reconoció haber trabajado como consultor para Análisis Relevante — empresa propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez — entre 2020 y 2025, cobrando 70.000 euros brutos anuales. También reconoció que su empresa de marketing Análisis Relevante derivó trabajo a la empresa de sus hijas, What The Fav, que recibió 198.000 euros por servicios de diseño y comunicación.

Cuando le preguntaron por el contenido de sus informes, Zapatero respondió que «muchos eran orales» y que «muchos consultores no hacen nunca un informe». La Fiscalía considera que los informes escritos que existen son «inconsistentes o meros corta y pega de internet».

Sin embargo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos declaró que Zapatero se reunió con él y con su entonces asesor Koldo García en el ministerio para tratar de acelerar el rescate de Plus Ultra. Una contradicción que el juez Calama tomó muy en cuenta.

El caso Plus Ultra empezó como una polémica sobre un rescate cuestionable durante la pandemia. Terminó — al menos por ahora — como una investigación que conecta a un expresidente socialista español con la cúpula chavista venezolana, operaciones de petróleo, oro de los CLAP, blanqueo de capitales internacional y una empresa vinculada al Partido Comunista Chino.

Zapatero lo niega todo. Tiene derecho a la presunción de inocencia y el proceso judicial determinará su responsabilidad. Pero lo que el auto judicial describe — con mensajes, contratos y registros — es una red que opera exactamente como operan las redes de influencia en la era del imperialismo 2.0: sin uniformes, sin fronteras claras, con contratos de consultoría, empresas instrumentales y reuniones en ministerios.

El dinero público español. El petróleo venezolano. El partido chino. Todo en el mismo sumario.