El 8 de junio de 2026, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, junto al Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, y el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunciaron ante la prensa lo que definieron como el mayor decomiso de droga en la historia del país: 108 toneladas de cocaína, clorhidrato y ketamina, impregnadas químicamente en 1.080 toneladas de madera boliviana, distribuidas en 45 contenedores retenidos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.
Cuarenta días después, el 16 de julio, Bolivia cerró el caso oficialmente como un «falso positivo»: los análisis del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y de laboratorios internacionales, tanto en Chile como en Brasil, no encontraron cocaína en la madera. La pregunta que abrió todo esto —y que sigue sin respuesta clara— es cómo se construyó originalmente ese número de 108 toneladas.
La cronología completa
De «récord histórico» a «falso positivo» en 40 días
Cómo se construyó el número de 108 toneladas
Acá está el punto que más llama la atención del caso. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó en la conferencia de junio, con sus propias palabras, cómo se llegó a la cifra: «lo incautado es un 10% del total de la carga y eso de manera bien conservadora, porque efectivamente cada madera mantiene entre un 10 y un 20% de esta droga y lo cerramos en un 10%, siendo así hablamos de 108 toneladas».
En otras palabras: no se trató de un resultado de laboratorio sobre el total de la carga, sino de una extrapolación matemática. Se tomó un porcentaje —10%, el extremo «conservador» dentro de un rango de 10-20% que el propio fiscal daba por asumido— y se lo multiplicó por las 1.080 toneladas totales de madera para llegar a la cifra que se difundió mundialmente como un hecho consumado.
Lo que no queda claro todavía
Ninguna fuente disponible aclara con precisión si hubo un resultado químico positivo —aunque fuera preliminar, de campo— sobre alguna muestra puntual de este cargamento específico, que después no se sostuvo en el análisis confirmatorio de laboratorio. Ese sería el escenario clásico de «falso positivo»: algo reaccionó, pero no era droga.
La otra posibilidad, distinta, es que el rango de «10-20% de droga por tabla» se tomara directamente de la experiencia de casos anteriores de narcomadera en la región —una práctica que, según reportes especializados, viene documentándose desde hace unos 20 años—, sin testear químicamente ni una sola muestra de este cargamento en particular antes del anuncio público.
La diferencia entre ambos escenarios es enorme: en el primero, hubo negligencia en la interpretación de un resultado ambiguo. En el segundo, se anunció un hallazgo mundial sin ninguna base analítica directa sobre la carga en cuestión.
Otro detalle que llama la atención: las especies de madera
El fiscal Carrera no habló de «madera» en términos genéricos: especificó que el método utilizaba tajibo o lapacho (Handroanthus o Tabebuia) y almendrillo (Dipteryx odorata) — maderas nobles, de alta densidad y alto valor comercial en el mercado de exportación fina, no troncos descartables cualquiera.
Ese nivel de precisión botánica puede leerse en dos direcciones opuestas. Por un lado, sugeriría una investigación de inteligencia real, capaz de identificar con exactitud qué especies se estaban usando y por qué (su porosidad natural facilitaría la impregnación química, según explicó la propia Fiscalía). Por otro lado, es exactamente el tipo de detalle técnico que pudo arrastrarse de casos anteriores de narcomadera en la región —que, según reportes especializados, documentan esta práctica desde hace unos 20 años— para dar solidez aparente a un anuncio que, en los hechos, no se sostuvo con el cargamento específico de este año.
¿Rédito político, coincidencia comercial, o error de buena fe?
El nivel de despliegue institucional del anuncio original —Fiscal Nacional, ministro de Seguridad y fiscal regional juntos, la comparación explícita con el récord de 2001 («lo multiplicamos por más de 10 veces»)— tiene todas las características de un anuncio pensado para la repercusión pública, más que de un parte técnico rutinario de aduana.
Hay elementos que alimentan la sospecha de un interés no solo judicial detrás del anuncio: el mismo medio boliviano que siguió el caso publicó, el mismo día que se confirmó el falso positivo, una nota preguntándose si la coincidencia con la caída de las exportaciones forestales chilenas era casual. Mostrar mano dura contra el narcotráfico en los puertos —un tema de alta sensibilidad pública en Chile— también tiene un rédito político evidente para cualquier Fiscalía Nacional y cualquier Ministerio de Seguridad.
La otra cara: el costo de acusar en falso también es alto
Conviene no descartar la explicación más simple. Exponerse con el Fiscal Nacional y un ministro al lado, para terminar desmentido por laboratorios de dos países distintos, es una apuesta política carísima si detrás no hubo nada real. Es estadísticamente más probable que se trate de un caso de apuro por anunciar antes de tener la confirmación completa —una lógica de «primero el titular, después la pericia»— que de una fabricación deliberada de la nada.
Ninguna de las dos hipótesis está confirmada con evidencia dura todavía. Lo que sí es un hecho documentado, más allá de las intenciones de fondo, es la asimetría en la respuesta: Chile anunció con toda la pompa institucional posible, y frente al desmentido solo atina a decir que la causa «sigue vigente» sin fijar postura pública. Es el mismo patrón que se repite en escándalos políticos de todo signo y todo país: la grandilocuencia cuando el anuncio conviene, el silencio cuando toca hacerse cargo del error.
La contradicción brasileña: de «los peritos confirmaron» a «dio negativo»
El caso tiene un capítulo adicional que agrava todavía más el cuadro. Sobre esos mismos ocho camiones bolivianos interceptados en Corumbá y Cáceres (Mato Grosso) el 18 de junio, con 260 toneladas de madera, un funcionario antidrogas brasileño, Erivelton Moisés Torrico, declaró públicamente a mediados de junio: «tras analizar esta madera en laboratorios, los peritos confirmaron que se trataba de cocaína líquida» — con una estimación de casi 50 toneladas de droga en ese cargamento puntual. Varios medios reprodujeron la afirmación tal cual, sin condicional.
Sin embargo, el comunicado oficial de julio que cerró el caso —el mismo que declaró el «falso positivo» en Chile— confirmó que esos mismos camiones brasileños también dieron negativo.
La gravedad de esta contradicción no es menor: no se trata de un matiz de redacción. Un funcionario público afirmó, con nombre y cargo, que «los peritos confirmaron» un resultado científico que no se sostuvo. Y esa afirmación circuló como hecho consumado mientras había personas ya detenidas por el caso. Cuando el resultado de un laboratorio determina si alguien sigue preso o no, no hay margen para el «confirmamos» apurado que después se silencia sin corrección pública explícita.
El costo, mientras tanto, ya fue real
Más allá de dónde termine cayendo la responsabilidad, el daño económico al sector forestal boliviano ya ocurrió y es verificable: exportaciones mensuales que cayeron de 4-5 millones de dólares a poco más de uno, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior; una caída acumulada del 66,1% en el sector; bancos que cerraron cuentas a empresas madereras; navieras que rechazaron cargas bolivianas por la sola sospecha. El gerente de la Cámara Forestal boliviana lo definió sin vueltas: «nos estigmatizaron como narcotraficantes».
Lo más inquietante del caso no es solo que el número resultara falso —eso, tarde o temprano, la ciencia lo terminó desmintiendo. Lo inquietante es la asimetría de responsabilidad: se necesitaron un Fiscal Nacional, un ministro y una rueda de prensa internacional para instalar la acusación, y solo un comunicado breve y evasivo para no hacerse cargo de ella. Mientras eso no cambie, cualquier país puede convertirse, de un día para el otro, en el nuevo «narcomadera» de turno — sin que quien lo anunció en falso pague ningún costo político por hacerlo.
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