El 19 de octubre, la provincia responde si quiere permanecer en Canadá o abrir la puerta a un segundo referéndum vinculante de independencia. Hasta la propia primera ministra que convocó la consulta se negó a hacer campaña por el «sí».
Los albertanos fueron a las urnas este 19 de octubre para responder una sola pregunta de fondo: si la provincia debería permanecer en Canadá o habilitar un segundo referéndum, esta vez vinculante, sobre la independencia. La consulta expuso divisiones profundas —no solo entre separatistas y federalistas, sino dentro del propio movimiento que busca la ruptura con Ottawa.
El reclamo de fondo: la «vaca lechera»
La queja separatista no es nueva. Una minoría sostiene desde hace años que la relación financiera de Alberta con el gobierno federal la perjudica, y que Ottawa le impide explotar a pleno las vastas reservas de combustibles fósiles de la provincia. El resentimiento tiene raíces históricas largas: una caricatura política de 1915 ya mostraba a Alberta, Saskatchewan y Manitoba como granjeros alimentando a una vaca cuya leche se repartía en baldes etiquetados Ottawa, Toronto y Montreal. El Programa Nacional de Energía de 1980, que buscó mayor control federal sobre el sector energético, profundizó esa herida y erosionó el apoyo liberal en todo el oeste canadiense.
Una primera ministra que convocó el voto pero no hizo campaña por él
La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, argumentó durante años que un referéndum no era necesario, pero finalmente lo convocó bajo presión de sectores de su propio partido, el Conservador Unido. Sin embargo, no hizo campaña a favor de la independencia: en junio había estimado el costo de la separación en unos 400.000 millones de dólares canadienses solo para la transición, más entre 25.000 y 50.000 millones anuales en los costos asociados a crear un país nuevo. Esa cautela le valió acusaciones de «traición» por parte de algunos de sus propios seguidores separatistas.
La escuela de políticas públicas de la Universidad de Calgary calculó en junio que la separación podría costar hasta 170.000 millones de dólares canadienses en un período de cinco años, con un impacto «muy impredecible» a largo plazo.
El bando federalista: desde rivales ideológicos hasta el propio primer ministro
El debate no se dividió por líneas partidarias tradicionales: los ex primeros ministros Jason Kenney (conservador) y Rachel Notley (del Nuevo Partido Democrático, de izquierda) subieron juntos al escenario a hacer campaña por la unidad, dejando de lado una rivalidad que suele definir la política albertana.
El primer ministro canadiense Mark Carney, que creció en la provincia y fue gobernador del Banco de Inglaterra —con experiencia directa en los efectos económicos del Brexit—, visitó Calgary y Edmonton para hacer campaña por un Canadá unido.
«Esto no es póker. Un voto en contra de Canadá es un farol peligroso que conducirá a años de profunda incertidumbre y oportunidades perdidas. Nuestro país y vuestros futuros son demasiado valiosos para jugar con ellos.»
Mark Carney, primer ministro de CanadáCarney no se limitó al discurso: señaló proyectos concretos que su gobierno busca impulsar en beneficio de Alberta, incluyendo un oleoducto hacia la costa del Pacífico para aumentar el flujo de crudo albertano hacia Asia. También reconoció el malestar histórico de la provincia: «De pequeño lo recuerdo. Recuerdo cómo Ottawa hizo sentir a los habitantes de Alberta que nuestros recursos no eran nuestros.» Las encuestas lo ubican como el político más popular de Alberta en este momento, un dato llamativo para el primer ministro federal en una provincia con fuerte identidad separatista.
Un movimiento separatista con rivalidades propias
El bando independentista está lejos de ser homogéneo. Lo atraviesan intereses en conflicto, rivalidades personales y acusaciones cruzadas entre sus propias figuras:
Abogado bombástico señalado por presunto mal manejo de millones de dólares de fondos fiduciarios de Primeras Naciones.
En el centro de un escándalo de filtración de datos que expuso información personal de casi 3 millones de albertanos, todavía bajo investigación.
Publicó un plan de transición de 214 páginas para convertir a Alberta en país independiente. Rechaza comparaciones con el Brexit y califica la mayoría de las tareas de la separación como «súper fáciles».
Critica a sus propios líderes por avanzar demasiado rápido, sin las instituciones básicas que necesitaría un país nuevo —desde fuerza policial hasta sistema de pensiones.
«¿Quieres cortar el comercio con nosotros? Vale. Por cierto, compra hachas y motosierras, porque vas a tener que talar todos los arces para mantenerte caliente este invierno, ya que no vas a conseguir nuestros productos energéticos.»
Keith Wilson, sobre una eventual negociación con el gobierno federalJones, en cambio, describe un diagnóstico mucho más pesimista sobre la viabilidad inmediata de la independencia: «Si saliéramos hoy, seríamos un estado fracasado durante generaciones. Los tataranietos seguirían sufriendo.»
La demanda de las Primeras Naciones que cambió la pregunta
El resultado del referéndum podría haber sido muy distinto si las Primeras Naciones no hubieran intervenido antes. Presentaron una demanda exitosa para forzar al gobierno de Alberta a modificar la redacción de la consulta, apoyándose en que el territorio actual de la provincia está cubierto por cinco tratados firmados con la Corona británica antes incluso de que Alberta existiera como provincia.
«Estos tratados son documentos vivos… la realidad es que Alberta no tiene el derecho constitucional a separarse.»
Jefe Troy «Bossman» Knowlton, Confederación BlackfootKnowlton denunció además que, tras la victoria legal de las Primeras Naciones, el gobierno provincial respondió suspendiendo sin explicación las conversaciones sobre reclamos territoriales: «Nos trataron como un bache que podían simplemente pasar por encima.»
El dato que generó más ruido: contactos con Washington
En octubre trascendieron detalles de reuniones entre separatistas albertanos no electos y operativos republicanos junto a personal del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entre los temas que supuestamente se discutieron: cómo canalizar regalías petroleras hacia EE.UU. a cambio de apoyo para establecer un nuevo país, además de un ofrecimiento sobre los recursos de agua dulce de la provincia.
La sombra de la tragedia y las otras nueve preguntas
El entusiasmo de ambos bandos se apagó horas antes de la votación: un incendio mortal arrasó la Base de Operaciones Aéreas Wainwright el sábado por la tarde y llegó hasta la localidad cercana, dejando múltiples muertos y heridos según confirmaron las Fuerzas Armadas canadienses «con profunda tristeza».
Además de la pregunta sobre separación, la papeleta incluyó otras nueve medidas no relacionadas, sobre programas sociales, nombramientos judiciales y el Senado. Una campaña por el «no» distribuyó carteles de «no a los nueve» en toda la provincia; incluso separatistas enojados con Smith impulsaron su propia campaña de «declinar los nueve», mientras la primera ministra respondió con el mensaje «sí al resto».
La separación costaría entre 170.000 y 400.000+ millones de dólares canadienses, generaría años de incertidumbre económica, y legalmente Alberta ni siquiera tiene derecho constitucional a separarse por los tratados con las Primeras Naciones.
Alberta está perjudicada hace décadas por su relación con Ottawa y por trabas a su industria energética; la transición sería, según sus arquitectos, «súper fácil» de ejecutar.
Lo insólito de este referéndum no es que Alberta discuta separarse de Canadá —esa conversación circula hace generaciones—, sino que ni la primera ministra que lo convocó, ni gran parte de los arquitectos del propio movimiento independentista, logran coincidir en si realmente conviene, o si Alberta siquiera tiene el derecho legal para intentarlo.
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