Tres años después de la masacre más grande en la historia del Estado de Israel, las familias de las víctimas siguen pidiendo una sola cosa: que alguien les diga la verdad sobre por qué el sistema de defensa más sofisticado de la región no los protegió. El gobierno de Netanyahu se las sigue negando — y la razón, cuando se mira con atención, importa tanto como la negativa misma.
El sábado 24 de octubre de 2026, tres días antes de elecciones generales, más de cien mil personas se congregaron en Tel Aviv —en la plaza que desde el ataque de Hamás pasó a llamarse Plaza de los Rehenes— para exigir algo que, técnicamente, cualquier democracia debería garantizar sin que haga falta pedirlo a los gritos: una investigación independiente sobre por qué el Estado falló en proteger a su propia gente el 7 de octubre de 2023. No fue una manifestación partidaria. Fue, sobre todo, un acto de duelo colectivo convertido en demanda política.
Lo que se pide, y por qué importa que sea justamente esto
En Israel existe una herramienta institucional específica para estos casos: la comisión estatal de investigación. Es la máxima autoridad investigadora del país, con poder para citar testigos bajo juramento, acceder a documentos clasificados y emitir recomendaciones personales que pueden terminar carreras políticas y militares. La diferencia clave con cualquier otro tipo de panel es su independencia: se constituye por decisión del gobierno, pero una vez formada actúa por fuera de su control, encabezada por un juez de la Corte Suprema en ejercicio o retirado, con miembros elegidos por criterios judiciales y no políticos.
Ese diseño no es casual. Nació, precisamente, de la experiencia israelí con la guerra de Yom Kipur de 1973, cuando el país también fue sorprendido por un ataque que la inteligencia no vio venir a tiempo. La Comisión Agranat que investigó aquel desastre llevó, en 1974, a las renuncias del jefe del Estado Mayor David Elazar y, poco después, de la propia primera ministra Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan. El precedente existe. El mecanismo existe. Lo único que falta, tres años después del 7 de octubre, es la voluntad política de activarlo de la forma en que fue diseñado.
Por qué Netanyahu dice que no
El argumento oficial del primer ministro es que un panel designado por la Corte Suprema actuaría con sesgo en contra de su gobierno, dado el historial de tensión entre Netanyahu y el poder judicial israelí —tensión que, vale recordar, él mismo profundizó con su intento de reforma judicial en 2023, meses antes del ataque—. En diciembre de 2025, su oficina anunció una alternativa: una comisión investigadora, pero de nombramiento político, con seis miembros elegidos en un proceso donde el presidente del Parlamento —un aliado cercano de Netanyahu— tendría un rol central en la selección, incluida la de los representantes de la oposición si esta decide no participar.
Una comisión estatal de investigación, por diseño, queda fuera del control del gobierno que está siendo investigado. La comisión que propuso Netanyahu, en cambio, sería encabezada por él mismo —el jefe del gobierno cuya gestión es, justamente, lo que está en discusión— y sus integrantes serían elegidos en gran medida por su propio círculo político. Según una encuesta citada por medios israelíes en octubre de 2026, alrededor de tres de cada cuatro israelíes respaldan el modelo de comisión independiente, no el propuesto por el gobierno.
Lo que ya se sabe, sin necesidad de ninguna comisión todavía
Acá está el punto que mencionás, y que tiene peso real más allá de cualquier investigación pendiente: una parte considerable de las fallas ya salió a la luz por trabajo periodístico y por investigaciones internas del propio ejército y del Shin Bet, el servicio de seguridad interior. The New York Times reveló que la inteligencia militar israelí tenía, aproximadamente un año antes del ataque, un documento detallado —conocido informalmente como «Jericho Wall»— que describía con notable precisión el plan de Hamás: un asalto coordinado a los puestos fronterizos, uso de parapentes para cruzar el perímetro y toma masiva de rehenes. Ese documento fue descartado por mandos de inteligencia que consideraban el plan «aspiracional» y fuera del alcance real de las capacidades de Hamás.
A esto se suma el testimonio, ya conocido públicamente, de las observadoras del puesto de vigilancia de Nahal Oz, que durante meses reportaron ejercicios de entrenamiento inusuales de combatientes de Hamás —incluyendo simulacros con maquetas de kibutzim reales— sin que esos reportes escalaran con la urgencia que, en retrospectiva, merecían. Y está el dato estructural que mencionás: Israel invirtió miles de millones de dólares en un sistema fronterizo de última generación en Gaza —sensores, cámaras térmicas, un muro con detección antitúneles—, y ese sistema entero falló simultáneamente, en múltiples puntos, la misma mañana. Eso no es, únicamente, una historia de mala suerte táctica. Es, como mínimo, indicio de una falla en cadena: de evaluación de inteligencia, de mando militar y de decisión política sobre dónde concentrar recursos de defensa.
El patrón que señalás: la responsabilidad se corta siempre por el mismo lado
Esto es, quizás, lo más revelador de todo el proceso hasta ahora: quienes ya asumieron responsabilidad y renunciaron fueron, en todos los casos, mandos militares y de inteligencia —no un solo funcionario político electo lo hizo—. Es exactamente el mismo patrón que marcás vos y que, de hecho, siguió la propia Comisión Agranat en 1973: aunque esa comisión terminó empujando la renuncia de Golda Meir por presión política y pública posterior, su informe formal se concentró, en lo técnico, en responsabilizar a mandos militares y de inteligencia, no al liderazgo político que tomó las decisiones estratégicas de fondo.
Si una investigación termina señalando únicamente a oficiales de inteligencia de rango medio o a comandantes de zona, pero no examina las decisiones de la cúpula política —por qué no se reforzó la frontera sur pese a las señales de alerta, por qué se priorizaron otros frentes, quién decidió no escalar los reportes de Nahal Oz— entonces la investigación cumple la forma pero no el fondo. Las familias que piden «responsabilidad total» están pidiendo, en esencia, que la cadena de rendición de cuentas no se corte justo antes de llegar a quienes tenían el poder de decisión final.
El uso político del propio duelo
Hay un capítulo adicional que agrava la indignación de muchas familias: la denuncia, días antes de esta manifestación, de que Netanyahu y el Likud venían usando a los rehenes fallecidos con fines de campaña electoral, sugiriendo que todos los secuestrados habían «vuelto» sin aclarar que 46 de ellos regresaron en ataúdes. Diecisiete familias de rehenes asesinados en Gaza firmaron una carta abierta exigiéndole que detuviera esa práctica. Es una tensión que las propias oradoras de la manifestación del 24 de octubre remarcaron: no están pidiendo el voto para un partido específico, están pidiendo que se deje de instrumentalizar su dolor, de cualquier lado del espectro político.
Justicia total no es justicia selectiva
Nada de esto discute ni diluye la responsabilidad criminal, central y primera, de Hamás en la masacre, la toma de rehenes y las ejecuciones en cautiverio: eso no está ni debería estar en disputa en ningún análisis serio. Lo que sí está en disputa, y es un asunto completamente distinto, es si el propio Estado de Israel le debe —o no— a sus ciudadanos una explicación honesta e independiente de por qué sus sistemas de defensa, de inteligencia y de decisión política fallaron simultáneamente aquella mañana. Exigir esa segunda cosa no resta ni un gramo de legitimidad a la primera. Son, precisamente, las dos mitades de la misma «justicia total» que reclaman las familias: justicia plena contra quienes cometieron la masacre, y rendición de cuentas plena de quienes tenían el deber de evitarla y no lo cumplieron.
Hay democracias que investigan sus propios desastres con una Corte Suprema hablando con total independencia del poder político, y hay democracias donde esa misma investigación termina siendo diseñada por las manos de quienes deberían estar sentados del otro lado de la mesa. La distancia entre esas dos opciones no es un detalle técnico. Es, literalmente, la diferencia entre que las familias de las víctimas del 7 de octubre reciban alguna vez la verdad completa, o reciban solo la parte de la verdad que a su propio gobierno le resulte cómoda contar.
También en Bastión
Bastión se sostiene con trabajo, no con publicidad. Si esto te aportó algo, invitame un café.
☕ Invitame un café