Rodrigo Paz lleva apenas seis meses en el poder y ya enfrenta 150 bloqueos de carreteras, pedidos de renuncia masivos, heridos en las calles y una ley de estado de excepción que promulgó sin animarse a activar. Bolivia está atrapada en una encrucijada sin salida aparente.
Lo que comenzó hace más de un mes con reclamos sectoriales puntuales — combustible de mala calidad para el transporte, aumento salarial para los trabajadores, reducción de sueldos legislativos — se convirtió en algo cualitativamente diferente. Bolivia atraviesa hoy una crisis de gobernabilidad que el gobierno no puede contener ni negociar, y que la oposición social no puede convertir en victoria definitiva.
Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder, enfrenta 150 bloqueos activos de carreteras, 26 civiles y seis policías heridos en San Julián, una ley de estado de excepción promulgada que aún no activó, y una demanda unánime de los sectores movilizados que no admite negociación: que se vaya.
De las demandas sectoriales a la crisis total
La cronología del conflicto es reveladora. En las primeras semanas, las demandas eran concretas y dispersas — el sector transporte reclamaba por la calidad del combustible, la Central Obrera Boliviana pedía aumentos salariales, sectores campesinos exigían reducción de sueldos políticos. Eran reclamos que un gobierno medianamente hábil podría haber contenido con concesiones parciales.
No ocurrió. El 2 de junio, miles de integrantes de los comités de bloqueo, campesinos y trabajadores ratificaron en asamblea una postura que ya no dejaba margen:
«No vamos a dialogar ni negociar con quienes tienen sangre de nuestras comunidades indígenas en sus manos. Resistiremos en las barricadas hasta que el presidente Rodrigo Paz renuncie.» — Declaración de los comités de bloqueo, 2 de junio de 2026
Para los sectores movilizados, desmovilizarse sin haber logrado la renuncia sería una derrota política que sus bases no perdonarían. Para el gobierno, entregar el poder a seis meses de haberlo asumido es impensable. Bolivia quedó atrapada entre dos imposibilidades.
Los intentos fallidos de Paz
El gobierno ensayó todas las herramientas disponibles — y ninguna funcionó.
Lo que intentó el gobierno — y no funcionó
La vía represiva. El 23 de mayo, una caravana con el ministro de Obras Públicas y 2.000 efectivos policiales partió hacia Oruro para despejar bloqueos. El ministro terminó refugiándose en un camino lateral huyendo de bloqueadores y vecinos. Los bloqueos no solo no fueron desalojados — se multiplicaron.
Las órdenes de captura. El gobierno acusó de «terrorismo» a los dirigentes de la COB y la federación campesina. El 29 de mayo, el Tribunal Anticorrupción dejó sin efecto esas órdenes. Los dirigentes consultaron a sus bases y rechazaron el diálogo de todas formas.
El diálogo de la Iglesia. La Conferencia Episcopal intentó mediar. Los sectores movilizados no aceptaron.
San Julián, 6 de junio. Policías, militares y grupos paramilitares de ultraderecha intentaron desalojar el bloqueo en San Julián, Santa Cruz. Después de más de seis horas de resistencia — piedras, palos, llantas quemadas — no lo lograron. Resultado: 26 civiles y 6 policías heridos, cuatro de ellos con impactos de bala.
La ley de estado de excepción: el arma que no se anima a usar
El 7 de junio, el Congreso aprobó en la madrugada la Ley de Regulación de Estados de Excepción. El 8 de junio, Paz la promulgó. La norma le da los instrumentos legales para activar un régimen extraordinario mediante decreto supremo — que luego el Congreso debe aprobar o rechazar en 72 horas — y permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.
Para llegar hasta ahí, el gobierno primero debió abrogar la Ley 1341, promulgada en 2020 durante la gestión de transición, que establecía límites más estrictos al uso del estado de excepción. El 24 de mayo, el Senado la derogó con más de dos tercios de los votos.
La herramienta está lista. Paz no la activa. Y la razón es la que el vicepresidente Edmand Lara expresó con precisión: se teme que una represión generalizada provoque un levantamiento también generalizado. El gobierno sabe que tiene la ley — y sabe también que usarla puede terminar de encender lo que todavía no es un incendio total.
La dimensión internacional: EEUU, Milei y Evo
Bolivia 2026 no es solo un conflicto interno — tiene actores externos que lo enmarcan en la disputa geopolítica regional.
El subsecretario de Estado americano Christopher Landau denunció en X un «intento de derrocamiento» y respaldó «firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia». El secretario Marco Rubio llamó a Paz por teléfono y prometió ayuda, advirtiendo que EEUU no dejará que «delincuentes y narcotraficantes» derrroquen gobiernos democráticos. El presidente argentino Javier Milei envió aviones militares. El chileno José Antonio Kast expresó su apoyo.
El expresidente Evo Morales — cuyas organizaciones campesinas están entre los principales motores del conflicto — acusó a grupos de la derechista Unión Juvenil Cruceñista de haber participado en los enfrentamientos de San Julián junto a las fuerzas policiales.
Lo que en la superficie parece una crisis de gobernabilidad tiene por debajo la misma fractura que recorre toda América Latina: un bloque popular-campesino-indígena que no reconoce legitimidad al gobierno, un gobierno aliado de Washington y los ultraderechos regionales, y EEUU apostando a la estabilidad de sus aliados sin importar el costo social.
La encrucijada sin salida
Para que Bolivia salga de esta crisis sin colapso total, los analistas señalan que se necesita una propuesta gubernamental que ceda posiciones estratégicas sin entregar la presidencia — y sectores movilizados dispuestos a abandonar la demanda de renuncia. Ninguna de las dos condiciones parece cercana.
Dos ministros ya renunciaron — el de Defensa y el de Educación. La presión sobre el gabinete continúa. El gobierno está atrapado entre la radicalización de las protestas y la presión del bloque oligárquico que clama por represión total.
Bolivia lleva más de un mes paralizada. El gobierno no puede apagar la rebelión. La rebelión no puede terminar de derribar al gobierno. Y mientras tanto, el país paga el costo de una encrucijada que ninguno de los dos lados diseñó para resolver.
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Fuentes: CNN en Español, 8 de junio de 2026. Agencia Boliviana de Información (ABI), 8 de junio de 2026. La Razón Bolivia, 8 de junio de 2026. El Deber Bolivia. Vatican News, 9 de junio de 2026. Declaraciones del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara. Análisis de Ángel Rafael Surco en La Época.
Este artículo tiene propósito informativo y analítico. Actualizado al 10 de junio de 2026.