Cuando Nayib Bukele fue reelegido inconstitucionalmente como presidente de El Salvador en febrero de 2024, él y su familia ya se habían convertido en una de las principales fuerzas terratenientes del país durante su primer mandato. Solo en 2023, el clan Bukele adquirió 361 hectáreas —el 92% de todas las tierras que posee actualmente— a través de sociedades controladas por el propio presidente, sus hermanos, su madre o su esposa.

Terratenientes en pleno mandato: el balance completo

Hacia el final del quinquenio, la familia ya administraba fincas cafetaleras donde se cultiva Bean of Fire, la marca de café gourmet del propio presidente, además de terrenos con cultivos de azúcar y dos inmuebles con vistas privilegiadas al lago Coatepeque. La superficie combinada de estas propiedades equivale a cuatro veces la del bosque El Espino, la principal área protegida de la capital.

Un análisis realizado por Redacción Regional y Focos, a partir de 64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia presidencial registrados hasta marzo de 2024, confirma que desde junio de 2019 —cuando Bukele llegó al poder— su círculo íntimo compró a título personal 16 propiedades que suman 13.371,33 metros cuadrados, valorados en 1,4 millones de dólares: ranchos de playa, apartamentos y casas de campo.

Quién forma parte del círculo íntimo

Ese círculo está compuesto por los hermanos del presidente —Karim, Ibrajim y Yusef—, quienes pese a no tener ningún cargo oficial en el gobierno, funcionan como sus asesores de más alto nivel. Karim lo acompañó en misiones oficiales y en la inauguración de obras de gran envergadura, como la nueva Biblioteca Nacional donada por China. Ibrajim actuó como emisario de la Cancillería, recibiendo en algunos casos dinero público para esas asignaciones. Yusef fue clave en la designación del primer gabinete de gobierno, y participó junto a Ibrajim en la planificación de la apuesta del presidente por la criptomoneda.

Completan el grupo la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele —que adquirió terrenos de playa en la Costa del Sol compartidos con familiares cercanos—, y la madre del presidente, Olga Ortez.

Las nuevas tierras están divididas en 34 inmuebles, entre los obtenidos a través de sociedades y los adquiridos a título personal, según el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros (CNR). Su extensión total equivale a 15 veces la del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel donde Bukele prometió encerrar a los pandilleros.

Antes de que Bukele llegara a la Presidencia, la familia ya formaba parte de la élite empresarial salvadoreña, con unas 29 hectáreas divididas en 22 inmuebles, obtenidos a título personal, a través de sociedades, o por herencia del patriarca familiar, Armando Bukele. Previo a 2019, el núcleo familiar sumaba unos 298.243 metros cuadrados de propiedad; en el quinquenio siguiente, agregaron 3.633.456 metros cuadrados nuevos —una multiplicación de 12,2 veces—.

Para este reportaje se intentó obtener reacciones de todos los miembros del clan Bukele, a través de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia, el correo institucional de Bukele, y las oficinas de Corporación Logística de Servicios y Grupo Bukele. No hubo ninguna respuesta.

Hacienda Dorada: el retorno de un cafetalero a la Casa Presidencial

En las montañas de Santa Ana, entre el lago de Coatepeque y el Cerro Verde —dos de los sitios turísticos más importantes del occidente salvadoreño—, se encuentran siete terrenos cafetaleros de 231 hectáreas que componen la Hacienda Dorada, el nombre con el que los Bukele rebautizaron estas tierras. Desde el cambio de dueños, es necesaria autorización para entrar, y dentro funciona un puesto militar que custodia la propiedad, según relataron trabajadores y vecinos de la zona.

Allí se cultivan nueve variedades de café que, desde el 12 de julio de 2024, se comercializan bajo el sello «Bean of Fire» en Estados Unidos y en un local del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

De oligarcas a estudiantes

La historia de estas tierras conecta con los Regalado, una de las «14 familias oligarcas» de El Salvador, que construyeron su señorío del café en Santa Ana entre los siglos XVIII y XX, y que hoy son reconocidos como los principales azucareros del país y fueron uno de los principales financistas de Arena, el partido que gobernó entre 1989 y 2009. Entre 2014 y 2017, los Regalado vendieron siete terrenos de 231 hectáreas a las sociedades El Lindo Sueño y Santo Tomás Pau —fundadas, curiosamente, por dos estudiantes: Madlyn Sofía Sánchez Torres y Carlos Lucién Meyer Molina—.

De los estudiantes al presidente y su madre

Entre 2015 y 2018, mientras Bukele gobernaba la alcaldía de San Salvador y comenzaba a distanciarse del FMLN, ya fungía como director presidente de Corporación Logística de Servicios —fundada en 2004, con el objeto original de «comercialización de productos de comunicación»—. Al cierre de 2022, su cargo pasó a «administrador único propietario», con su madre, Olga Ortez, como administradora suplente.

Según una anotación preventiva del 3 de febrero de 2023, la sociedad recibió aprobación para una hipoteca por $2,5 millones del Banco Agrícola, garantizada con un terreno de la finca Buenos Aires de 726.239,50 metros cuadrados que El Lindo Sueño comprometió como aval.

Un mes después, el Banco Agrícola firmó el crédito por cinco de los siete terrenos cafetaleros, a 15 años de plazo. Consultado telefónicamente, Salvador Silva —quien firmó el documento en representación de las sociedades— negó tener información sobre la hipoteca: «No tengo ninguna información sobre eso. Yo no he firmado nada.» Tanto él como el otro administrador, Óscar Martínez Morales, no respondieron a pedidos posteriores de entrevista.

Al cierre de 2023, una auditoría reveló que Corporación Logística de Servicios había hecho «inversiones permanentes» en Hacienda Dorada por $3.148.142,64, y en Santo Tomás Pau por $1.825.649,18, con deudas adicionales a largo plazo de $4,2 millones con el Banco Agrícola, además de pagos pendientes a una cuenta identificada solo como «N.B.» por $971.681,31, y a MOV-I —otra sociedad familiar cuestionada, vinculada al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro y a la expresidenta interina Claudia Rodríguez de Guevara— por $929.924,96.

El 12 de enero de 2024, en una junta general extraordinaria de accionistas, Olga Ortez —actuando como «ejecutor especial de los acuerdos»— firmó la escritura que cambió formalmente el nombre de El Lindo Sueño a Hacienda Dorada.

Los antiguos administradores permanecieron en sus cargos hasta el 8 de marzo de 2023, cuando fueron reemplazados por Raquel Abigail Ordoñez Gutiérrez —afiliada a Nuevas Ideas— como administradora única, y Jonathan Ernesto Martir Pineda como suplente. Consultada telefónicamente, Ordoñez se negó a explicar su relación con las sociedades, alegando que «no tenía tiempo para responder preguntas». El 29 de agosto, Hacienda Dorada abrió un puesto de ventas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, bajo un contrato de arrendamiento declarado en reserva por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma —presidida por Federico Anliker, amigo de infancia de Bukele y primo del exministro de Agricultura Pablo Anliker, uno de los principales señalados en las compras irregulares de la pandemia—.

Café de Santa Ana en Miami

El 19 de febrero de 2024, Hacienda Dorada se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Miami, Florida —el mayor comprador mundial de café salvadoreño, con el 49% de las exportaciones del país en 2023—.

Como gerentes de la nueva sociedad se inscribieron los mismos nombres que la representan en El Salvador: Ordoñez y Martir Pineda. La empresa FastForward Company LLC, dirigida por Carlos Nahuel Bisio, se encargó de inscribir el negocio en suelo estadounidense. La dirección registrada —un apartamento de 96,99 metros cuadrados en el exclusivo edificio Monarc at Met, en Miami-Dade— pertenecería al propio Bisio, según el sitio Intelius. El objetivo declarado de la estructura en Florida fue habilitar la venta del producto a través de Amazon.

El café presidencial, en medio de la crisis de la canasta básica

El 12 de julio de 2024, Bukele dio a conocer en redes sociales su nueva faceta como cafetalero —amplificada también por las cuentas oficiales de la Presidencia—. El anuncio llegó en medio de un contexto de crecimiento de la pobreza y la desigualdad, con la canasta básica encarecida en al menos $50 desde 2019. Como respuesta a las críticas, Bukele anunció que donaría, «en carácter personal y no del gobierno», 200 libras de café y 8.000 vasitos a distintos negocios, además de repartir muestras entre amigos e influencers para promoción en redes.

La finca del lago Coatepeque: la ironía de la «guerra contra la corrupción»

El 1 de junio de 2023, en su cuarto aniversario como presidente, Bukele anunció el inicio de lo que llamó «guerra contra la corrupción», judicializando como primer caso al expresidente Alfredo Cristiani. En esa misma ocasión declaró: «El Salvador no volverá a ser la finca de nadie». Apenas 19 días después, el 20 de junio de ese año, Corporación Logística de Servicios compró dos porciones de tierra a Hill Tinoco, S.A. de C.V. —empresa de la familia de la propia ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco— por $796.250.

Los terrenos, con vista al lago de Coatepeque y a la isla Teopán —donde la Presidencia mantiene propiedades a disposición de la familia del mandatario de turno—, suman 791.055,07 metros cuadrados. La hermana de la canciller, Irma Roxana Hill de Salaverría, firmó la compraventa junto al propio Nayib Bukele. Consultada sobre el proceso, respondió que «no tiene por qué dar ningún tipo de información».

Junto a los terrenos de la familia presidencial hay una comunidad empobrecida con viviendas mínimas, y al lado, un puesto militar instalado en una casa pintada de blanco y azul, como las propiedades del Estado —nuevo, según vecinos, aunque no recuerdan con exactitud si llegó antes o después del régimen de excepción de marzo de 2022—.

Grupo Bukele y las plantaciones de caña de azúcar

El 14 de junio de 2023, Grupo Bukele adquirió dos terrenos vecinos en Armenia, Sonsonate —503.271,08 metros cuadrados por $1,159 millones—, mayormente ocupados por cultivo de caña de azúcar. Los terrenos pertenecían a la familia Velasco Rivas y su sociedad Gliter; consultada, Liliana Velasco se negó a dar detalles de la venta.

Grupo Bukele nació en 2016, fundada por Karim, Yusef e Ibrajim Bukele junto a su madre, con un capital inicial de apenas $2.000. Desde octubre de 2021, la administración quedó en manos de los mellizos Ibrajim y Yusef, quienes delegaron poderes a cuatro personas, entre ellas Walter Edgardo Serrano Guevara —fundador de Nuevas Ideas— y la abogada Claudia Beatriz Juárez Gálvez, también afiliada al partido oficial.

Poco después de su reactivación, Global Motors —otra empresa familiar— le vendió terrenos en Loma Alta, Santa Ana, por $750.000, con Ibrajim Bukele actuando en representación de ambas sociedades a la vez. Meses más tarde, Grupo Bukele compró dos inmuebles más en Miramonte por $370.000. En marzo de 2022, hipotecó los terrenos de Loma Alta por hasta $4.339.000 con el Banco Davivienda.

La casa matriz y un semáforo

En mayo de 2023, el Ministerio de Obras Públicas instaló un semáforo y retiró una pasarela peatonal en la intersección de la avenida Jerusalén y calle La Mascota, en la capital —una de las vías más transitadas del país, cuyo tráfico empeoró tras la intervención—.

La sociedad Prepare también tuvo un crecimiento patrimonial pronunciado: de $91.921,29 en 2022 a $1.023.890,23 al cierre de 2023 —casi diez veces más en un solo año—.

Las otras 22 propiedades del «centro de poder» en las sombras

Desde que Bukele incursionó en la política, sus hermanos y primos se convirtieron en asesores cercanos operando desde las sombras. Cuando ganó su primer cargo público en 2012, Karim Bukele y los hermanos David y Xavier Zablah —de la misma familia extendida— ya integraban su equipo de transición, junto a figuras históricas del FMLN.

Los hermanos, propiedad por propiedad

Ibrajim Bukele, además, recibió fondos públicos para representar al gobierno en misiones oficiales, pese a no ostentar ningún cargo formal.

El silencio de probidad: cuando el propio Estado esconde la evidencia

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró reservadas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios, incluida la del propio presidente. Antes, la Sección de Probidad de la Corte Suprema entregaba esta información en formato de tabla pública; desde hace dos años, se ampara en el argumento de confidencialidad para negar cualquier solicitud.

La propia Constitución salvadoreña establece que se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento de capital de un funcionario, desde que asume el cargo hasta que lo deja, resulta notablemente superior al que podría explicarse por su sueldo legal.

Esa resolución de 2015 —hoy contradicha por la nueva interpretación— ordenó entregar declaraciones patrimoniales tachando solo datos verdaderamente sensibles: números de cuenta, nombres de cónyuges e hijos, domicilios, y placas de vehículos. Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), consultado para esta investigación, fue tajante sobre el cambio de criterio.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, coincidió en que el cambio representa un retroceso institucional real.

El resultado, según coinciden todas las fuentes consultadas para esta investigación, es un sistema donde la evidencia documental sobre el enriquecimiento de una familia presidencial —tierras multiplicadas doce veces, sociedades que pasaron de miles a millones de dólares en apenas dos años, contratos estatales declarados en reserva— queda disponible únicamente a través del trabajo minucioso de reconstrucción registral, mientras el propio Estado cierra, cada vez con más fuerza, la puerta principal por la que cualquier ciudadano debería poder verificarlo por sí mismo.