La Corte Suprema de Canadá reconoció en 1999 el derecho mi’kmaq a pescar para un «medio de vida moderado». Un cuarto de siglo después, nadie definió qué significa esa frase — y el conflicto sigue estallando en la bahía de St. Mary’s
En julio pasado, una jueza de Nueva Escocia rechazó la demanda de un grupo de pescadores comerciales que buscaba que un tribunal declarara ilegal la pesquería autorregulada de langosta de la Primera Nación Sipekne’katik. El fallo no resolvió el conflicto de fondo — apenas confirmó algo que la propia Justicia canadiense viene diciendo desde hace más de veinte años: este problema no se resuelve en los tribunales, sino con una negociación entre Ottawa y los pueblos mi’kmaq que, un cuarto de siglo después, todavía no ocurrió.
La decisión Marshall: un derecho reconocido, nunca definido
Todo se remonta a 1999, cuando la Corte Suprema de Canadá falló a favor de Donald Marshall Jr., pescador mi’kmaq de Cabo Bretón que había sido arrestado en 1993 por atrapar y vender anguilas sin licencia, fuera de la temporada comercial. La Corte no solo lo absolvió: reconoció formalmente que 35 Primeras Naciones mi’kmaq, wolastoqey y peskotomuhkati tienen un derecho por tratado —basado en los Tratados de Paz y Amistad de 1760-1761— a ganarse la vida pescando, cazando y recolectando, sin necesitar licencia comercial.
El problema quedó planteado desde el primer día: la Corte nunca definió qué significa en términos concretos «medio de vida moderado» — cuánto se puede pescar, en qué época, bajo qué condiciones. Una decisión posterior aclaró que el gobierno sí puede imponer regulaciones razonables por motivos de conservación, pero solo mediante consultas de nación a nación con las comunidades indígenas. Esas consultas, según reconoce la propia Sipekne’katik, nunca se llevaron a cabo en los 25 años transcurridos desde entonces.
La implementación de la decisión Marshall no fue pacífica desde el principio. La violencia que estalló en la bahía de Miramichi se extendió hasta comienzos de los 2000, en lo que se conoció como las «Guerras de la Langosta» — el primer indicio de que reconocer el derecho en el papel no iba a bastar para resolverlo en la práctica.
2020: la violencia vuelve a la bahía de St. Mary’s
Veintiún años después de la decisión Marshall, la historia se repitió casi calcada.
En septiembre de 2020, Sipekne’katik lanzó su propia pesquería autorregulada de «medio de vida moderado» en la bahía de St. Mary’s, invocando directamente el derecho reconocido por la Corte Suprema. La reacción de una parte de los pescadores comerciales no indígenas de la zona escaló rápido: el 13 de octubre de 2020, unas 200 personas, en su mayoría no indígenas, rodearon una instalación en Middle West Pubnico donde se almacenaban langostas capturadas por miembros de Sipekne’katik. Hubo langostas esparcidas por el piso, empleados retenidos dentro del edificio, y daños materiales serios. La policía arrestó al menos a 21 personas en las semanas siguientes.
Apenas cuatro días después del ataque a la instalación, el refugio donde se guardaban las langostas de Sipekne’katik fue hallado quemado hasta los cimientos, la madrugada del 17 de octubre de 2020. Poco después, un juez de la Corte Suprema de Nueva Escocia tuvo que emitir una orden judicial temporal para frenar los bloqueos y amenazas contra los pescadores de la banda, citando lo que la propia comunidad describió como «una campaña notoria de violencia, intimidación y daño a la propiedad».
El fallo de julio: un tribunal se declara sin competencia
El conflicto llegó de nuevo a los tribunales en agosto de 2024, cuando la Alianza Unificada para la Conservación de las Pesquerías (UFCA, por sus siglas en inglés) —que representa a miles de pescadores comerciales independientes de la región marítima— demandó pidiendo que un juez declarara que la Ley Federal de Pesca es constitucionalmente válida y que Sipekne’katik no tiene derecho por tratado a pescar comercialmente fuera de temporada sin licencia.
En julio de 2026, la jueza Ann Smith rechazó de plano la demanda: determinó que la UFCA carecía de legitimación legal —ni privada ni pública— para presentarla, calificándola de «fatalmente viciada». En sus palabras: «La negociación entre Canadá y Sipekne’katik es tanto más razonable como más efectiva para resolver la cuestión de los derechos de tratado» que un litigio adversarial en los tribunales.
Corresponde a Sipekne’katik determinar cómo y cuándo, si es que lo hace, desea dialogar con Canadá sobre su supuesto derecho de tratado.
Jueza Ann Smith, Corte Suprema de Nueva EscociaColin Sproul, presidente de la UFCA, sostiene que Ottawa debería haber resuelto la cuestión hace tiempo, y que el fiscal general debería llevar el tema directamente a la Corte Suprema de Canadá «de una vez por todas», en lugar de dejar que familias pescadoras trabajadoras gasten sus propios recursos en litigios. Sproul insiste en que la alianza rechaza la violencia y busca únicamente «un conjunto unificado de normas para todos los participantes».
La jefa Michelle Glasgow argumentó en los documentos judiciales que permitir que una parte no indígena inicie un litigio para limitar los derechos de tratado de una Primera Nación sentaría «un precedente peligroso» — sacando de las manos de los propios titulares del derecho la decisión sobre cómo y cuándo resolver el asunto.
Un intento de cooperación que también quedó en el aire
No todo el vínculo entre las partes fue confrontación. Años atrás, el Grupo de Conservación Mi’kmaq propuso un estudio conjunto con biólogos federales para determinar, con datos científicos compartidos, si hacían falta restricciones reales sobre las poblaciones de langosta en la bahía de St. Mary’s — un gesto que buscaba resolver con evidencia común la misma pregunta que hoy sigue sin respuesta institucional clara.
Lo que dice el gobierno federal
Pesca y Océanos Canadá sostiene que la pesca de langosta con fines alimenticios, sociales y ceremoniales está permitida fuera de temporada comercial para miembros de Primeras Naciones con licencia del propio departamento —aunque esas capturas no pueden venderse ni intercambiarse—, y que toda actividad pesquera, indígena o no, está sujeta a inspecciones y patrullas de cumplimiento por mar, tierra y aire. El departamento confirmó además que existen cargos regulatorios activos contra miembros de Sipekne’katik por pesca de langosta en la bahía de St. Mary’s — la misma zona en disputa desde 2020.
Un cuarto de siglo después de que la Corte Suprema de Canadá reconociera el derecho, la palabra clave del conflicto —»moderado»— sigue sin una definición oficial que todas las partes acepten. Mientras tanto, el costo real de esa ambigüedad prolongada no lo pagan los tribunales ni el gobierno federal: lo pagan pescadores de ambos lados de la disputa, en una bahía donde ya hubo depósitos incendiados, arrestos, y una desconfianza que —como describe un consultor de políticas públicas citado por medios canadienses— es, directamente, el agua en la que todos siguen nadando. La Justicia volvió a decir lo mismo que dice desde 1999: esto se resuelve con negociación, no con litigio. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un derecho reconocido en el papel, sin que nadie se siente a definir, de una vez, qué significa realmente en la práctica.
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