El Parlamento Europeo le dio el Premio Sájarov 2026 a la Corte Penal Internacional, trece días después de que Washington la golpeara con las sanciones más duras de su historia. Es el capítulo más reciente de un conflicto que empezó con Afganistán en 2020 y que hoy tiene a Netanyahu en el centro.
El Parlamento Europeo otorgó a la Corte Penal Internacional (CPI) el Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Pensamiento, el máximo galardón de la UE en materia de derechos humanos. El anuncio lo hizo la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, el jueves 22 de octubre, y fue leído sin rodeos como una señal de respaldo al tribunal frente a la presión sostenida de la administración de Donald Trump. «La UE se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo de los tribunales para garantizar el derecho y la justicia internacionales», dijo Metsola.
Una votación que nadie esperaba
El resultado fue una sorpresa incluso para el propio Parlamento. La CPI no era la favorita antes de la votación final: en la primera vuelta, tres grupos de derecha —el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos, y Europa de Naciones Soberanas— respaldaban a la opositora tanzana Tunda Lissu. La candidatura de la CPI fue impulsada por una coalición de socialistas y demócratas, Renew Europe, los Verdes y la izquierda. El giro decisivo llegó del lado menos esperado: el grupo Patriotas por Europa había nominado a las hermanas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, pero tras su retiro de la competencia se abstuvo en la votación final —un gesto que, sin buscarlo, le dio a los partidarios del tribunal la mayoría que necesitaban.
El eurodiputado neerlandés del PPE, Dirk Gotink, matizó el entusiasmo: el premio «no salvará automáticamente a la CPI», dijo, sino que será una señal clara de apoyo a la institución y al derecho internacional. El galardón consiste en un certificado y un cheque de 50.000 euros, y se entrega formalmente en la sesión plenaria de diciembre.
Cómo se llegó hasta aquí: cinco años de pulseada
Estados Unidos nunca formó parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI en 2002, y se opone históricamente a que la jurisdicción del tribunal alcance a ciudadanos estadounidenses o a aliados como Israel. Pero la tensión actual tiene un arranque preciso.
La misma semana, un Nobel con el mismo mensaje
Lo que hace más llamativa la secuencia de octubre es que las sanciones del día 9 llegaron apenas horas después de que el Comité Nobel noruego anunciara su propio golpe simbólico: el Premio Nobel de la Paz 2026 para Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años que integró la Cámara de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. El propio comité noruego presentó el galardón como un mensaje dirigido a quienes buscan socavar las instituciones jurídicas internacionales. Pillay dedicó el premio a los sobrevivientes de crímenes internacionales.
Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que considera que merece el Nobel de la Paz. La ganadora de 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, le entregó su propia medalla en la Casa Blanca en enero. Que el premio de 2026 haya ido, en cambio, a una ex jueza de la misma corte que Washington busca desmantelar —la misma semana en que esa corte recibió sus sanciones más duras— es, como mínimo, una coincidencia que no deja a nadie del todo cómodo.
Netanyahu, del otro lado del mostrador
La reacción de Netanyahu a las sanciones de octubre fue inmediata y sin medias tintas: felicitó a Estados Unidos y calificó a la CPI de «organismo político» —la misma descripción que Israel viene usando desde que el tribunal emitió la orden de arresto en su contra en noviembre de 2024—. Más de 120 Estados son parte del Estatuto de Roma, entre ellos todos los países sudamericanos, lo que en teoría obliga a esos países a detener a Netanyahu si pisa su territorio. Ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos.
Vale la aclaración que motivó esta nota: al cierre de esta cobertura, no apareció ningún posteo de Trump en sus redes sociales —ni Truth Social ni otras— comentando específicamente la decisión del Parlamento Europeo de otorgarle el Sájarov a la CPI. Su postura sobre el tribunal, de todos modos, no deja lugar a ambigüedad: queda establecida con total claridad en los cinco años de órdenes ejecutivas, sanciones escalonadas y declaraciones de su secretario de Estado que preceden a este premio.
Las sanciones institucionales de octubre de 2026 no son simbólicas: cortar el acceso al sistema financiero estadounidense afecta directamente la capacidad operativa de un tribunal que depende de transferencias, pagos a personal y contratistas, y cooperación bancaria internacional. La Unión Europea calificó la medida de «profundamente lamentable» y dijo que buscará abrir un diálogo con Washington antes de que las sanciones entren en vigor —un plazo de seis meses—, mientras sigue intentando sostener el funcionamiento del tribunal. La propia presidenta de la CPI, Tomoko Akane, calificó las sanciones de intento de «obstruir la justicia» y de ataque al Estado de derecho.
El Sájarov no cambia nada en los hechos: la CPI sigue sancionada, Netanyahu sigue sin poder viajar libremente a 124 países, y Washington sigue prometiendo desmantelar el tribunal «ladrillo por ladrillo». Lo que cambia es el relato que compite con el de Trump: en la misma semana en que Estados Unidos golpeó más fuerte que nunca a la justicia internacional, dos premios distintos —el Nobel y el Sájarov— eligieron, cada uno por su lado, decir exactamente lo contrario.
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