Durante décadas, si un gobierno en cualquier parte del mundo quería comunicarse con total confidencialidad —órdenes militares, negociaciones diplomáticas, en algunos casos planes de represión interna—, una de las opciones más confiables del mercado era comprarle el equipo a una empresa suiza de aspecto discreto llamada Crypto AG. Suiza tenía, y sigue teniendo, una reputación de neutralidad que funcionaba como sello de garantía. Nadie sospechaba que esa neutralidad era, literalmente, una fachada comprada.
De la Segunda Guerra Mundial al secreto mejor guardado
Crypto AG fue fundada en los años 30 por el inventor sueco Boris Hagelin, y ganó reputación durante la Segunda Guerra Mundial vendiendo máquinas de cifrado mecánico a las tropas estadounidenses. Ya en los años 50 existía un acuerdo informal entre Hagelin y un criptólogo de la NSA, William Friedman, que con el tiempo se transformó en un contrato de licencia formal entre la CIA y la empresa.
El salto decisivo llegó en junio de 1970: la CIA y el BND (el servicio de inteligencia de Alemania Occidental) compraron Crypto AG por completo, en secreto absoluto, en un esquema de propiedad 50-50. A la empresa le pusieron el nombre en clave «Minerva». A la operación completa, primero «Thesaurus» y después «Rubicón». Ni siquiera la mayoría de los propios empleados de Crypto sabía quién era el verdadero dueño.
Con la empresa bajo control absoluto, la CIA y el BND diseñaban deliberadamente debilidades ocultas en los algoritmos de cifrado. Los equipos parecían absolutamente seguros para cualquier cliente —y de hecho lo eran, frente a cualquier tercero—, pero resultaban perfectamente legibles para quienes conocían la falla incorporada de fábrica.
Ciento veinte países, y dos excepciones muy reveladoras
A lo largo de las décadas de operación, Crypto AG llegó a tener clientes en más de 120 países: India, Pakistán, el Vaticano, Argentina, Egipto, Grecia, Italia, Irán, Libia, Arabia Saudita, México, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua —y hasta aliados de la propia OTAN, como España, Portugal, Turquía e Irlanda, que jamás sospecharon que Washington también los espiaba a ellos—.
Hay una excepción que confirma la regla, y que resulta casi irónica en retrospectiva: ni la Unión Soviética ni China compraron jamás el sistema. Como rivales estratégicos directos de Estados Unidos durante la Guerra Fría, desconfiaban por principio de cualquier empresa «neutral» que pudiera estar demasiado cerca de Occidente. La cautela que en su momento pudo parecer paranoia resultó ser, en los hechos, la postura más racional de todas.
Los momentos históricos que pasaron por Crypto AG
La lista de episodios donde esta interceptación jugó un rol es enorme: la crisis de Suez (1956), el golpe a Salvador Allende en Chile (1973), las negociaciones de Camp David (1978), la crisis de rehenes en Irán (1979), la invasión estadounidense a Panamá, el atentado a una discoteca de Berlín (1986), y la Guerra de Malvinas entre Argentina y Reino Unido (1982). En 1988, solo con Irán, la inteligencia estadounidense logró descifrar entre el 80% y el 90% de todo su tráfico de mensajes.
La interna entre los propios dueños
La CIA y el BND no siempre estuvieron de acuerdo. Washington quería espiar a todo el mundo, aliados incluidos. Alemania se resistía a espiar a sus propios socios europeos —y perdía la mayoría de esas discusiones—. Los propios funcionarios alemanes se sorprendían de la facilidad con la que Washington decidía espiar a países que se suponía eran amigos comunes.
La ingeniera que sospechó primero
En 1978, Mengia Caflisch, ingeniera contratada por Crypto, empezó a encontrar fallas en varios de los equipos criptográficos centrales de la empresa. Llegó a diseñar su propio sistema alternativo de cifrado para corregirlas, que terminó vendiéndose a bancos. «Sabía que había algo raro», declaró después al Washington Post. El engaño completo, sin embargo, recién se conocería públicamente en 2020, cuando una investigación conjunta del Washington Post y los medios alemán y suizo ZDF y SRF, basada en documentos desclasificados, reveló la operación completa al mundo.
Condortel: cuando el engaño llegó al Cono Sur
Entre los más de 120 clientes de Crypto AG estuvieron las dictaduras militares que, entre los años 70 y 80, orquestaron el Plan Cóndor: un sistema de coordinación represiva entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, destinado a perseguir, vigilar, torturar y hacer desaparecer a opositores políticos, incluso más allá de sus propias fronteras nacionales.
La red de comunicaciones que sostenía esa coordinación regional tuvo nombre propio: Condortel.
En la reunión inaugural de la Operación Cóndor, en Santiago de Chile, auspiciada por el régimen de Augusto Pinochet, los responsables castrenses de cinco dictaduras firman un acuerdo para emplear un sistema de encriptado. El propio texto admite: el sistema «estaría disponible para los países miembros en los siguientes 30 días, con el entendimiento de que podría ser vulnerable».
Tras la segunda reunión de la Operación Cóndor, la CIA informa internamente que Brasil «había aceptado proporcionar equipamiento para Condortel» —la red de comunicaciones del Plan Cóndor—, provisto por Crypto AG.
Argentina actualiza el sistema con un nuevo dispositivo Crypto H-4605 «para mejorar la seguridad de sus comunicaciones», sin saber que la mejora seguía siendo perfectamente legible para la CIA.
Se incorporan a la red las fuerzas armadas de Ecuador.
El propio acuerdo fundacional de Santiago ya reconocía la vulnerabilidad del sistema, y aun así los militares del Cono Sur lo adoptaron sin sospechar de dónde venía esa «vulnerabilidad» ni quién la había diseñado a propósito.
Un cable de la CIA, desclasificado por la NSA y titulado literalmente «Sistema de Comunicaciones empleado por la Operación Cóndor», confirma que el propio sistema reconocía de antemano sus fallas de seguridad. La máquina se describía internamente como «similar en apariencia a una vieja caja registradora, con números, manijas deslizantes y un dial operado manualmente que gira después de cada entrada» —una descripción casi entrañable para un instrumento que ayudó a coordinar desapariciones forzadas—.
Bajo el paraguas del Plan Cóndor se creó esta unidad, con base en Argentina, dedicada a financiar operaciones de secuestro y asesinato en el extranjero. Un acuerdo de 1976 al que la CIA tuvo acceso detallaba los costos operativos: 10.000 dólares de aporte por cada dictadura, cuotas mensuales de 200 dólares, hasta 3.500 dólares por misión de asesinato cada diez días, y 1.000 dólares para que un agente se comprara ropa antes de su primera operación.
Uruguay, en el centro del expediente
El Archivo de Seguridad Nacional, adscrito a la Universidad George Washington, señaló específicamente que estas revelaciones podrían aportar nuevas pistas sobre el asesinato, en Buenos Aires en 1976, de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz —uno de los crímenes más emblemáticos de toda la represión del Cono Sur—. También se investiga una posible conexión con el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier en Washington, ese mismo año.
Cuando el «cliente» se convirtió en la propia víctima directa
Dos episodios, más allá del Plan Cóndor, muestran hasta qué punto el engaño no discriminaba entre enemigos declarados y supuestos socios.
Durante la Guerra de las Malvinas, la administración de Ronald Reagan aprovechó que el gobierno argentino usaba tecnología de Crypto AG para entregarle datos de inteligencia directamente al Reino Unido —un tercer país, en guerra contra el propio cliente de la empresa—. Argentina nunca fue informada de que sus comunicaciones militares estaban siendo leídas y compartidas con el enemigo en pleno conflicto armado.
Cuando el general panameño Manuel Antonio Noriega buscó refugio en la Nunciatura Apostólica de Panamá, Estados Unidos aprovechó que el propio Vaticano usaba equipamiento de Crypto AG. Los mensajes que la Nunciatura enviaba a las autoridades vaticanas revelando la situación de Noriega quedaron expuestos, y su paradero exacto terminó conocido por la inteligencia estadounidense a través de esa misma vía.
El final de la empresa, y una pregunta que sigue abierta
Crypto AG fue liquidada y desmantelada recién en 2018, a través de una empresa registrada en Liechtenstein —cuyas leyes permiten blindar la identidad real de los inversores—. Sus activos se repartieron entre dos firmas: CyOne Security, que vende sistemas de seguridad al propio gobierno suizo, y Crypto International, que se quedó con la marca y el negocio internacional. Ambas empresas insisten en no tener ninguna conexión actual con servicios de inteligencia —aunque CyOne mantiene al mismo director ejecutivo que tuvo Crypto AG durante casi dos décadas bajo control de la CIA—.
El logotipo naranja y blanco de la compañía todavía corona su antigua sede en Zug, Suiza. Y, según remarcó el propio Washington Post en su investigación, productos con ese origen siguen en uso en más de una decena de países hoy en día.
Lo que Washington sabía, y lo que hizo con lo que sabía
El propio Washington Post señaló, en su investigación original, que los documentos muestran que funcionarios de la CIA estaban alarmados por los abusos de derechos humanos que veían pasar a través de estas comunicaciones interceptadas. Pero los archivos disponibles hasta ahora no revelan ningún esfuerzo sustancial de las agencias de inteligencia estadounidenses para frenar lo que estaban presenciando en tiempo real.
Estados Unidos no financió ni ordenó el Plan Cóndor a través de Crypto AG. Pero sabía, con el detalle que solo la lectura directa de las comunicaciones internas puede dar, lo que sus aliados regionales estaban haciendo con población civil desarmada.
Y decidió que la información de inteligencia que obtenía de esas mismas máquinas —sobre otros temas, otros conflictos, otros rivales— valía más que actuar frente a lo que ya sabía que estaba ocurriendo.
Es el mismo patrón que atraviesa, con protagonistas distintos, buena parte de lo que investigamos en Bastión: el silencio como decisión activa, no como accidente. Nadie obligó a la CIA a mirar para otro lado frente al Plan Cóndor. Lo hizo porque, en el cálculo de sus prioridades, el valor de seguir escuchando pesaba más que el costo humano de lo que estaba escuchando.
El engaño de Crypto AG terminó por desmoronarse recién en 2020, casi cincuenta años después de la compra secreta de 1970. Para entonces, la gran mayoría de las víctimas de las comunicaciones que esa empresa ayudó a comprometer —desde disidentes vigilados hasta personas desaparecidas por el Plan Cóndor— llevaban décadas sin obtener ni verdad ni justicia. El secreto mejor guardado de la Guerra Fría no protegió a nadie más que a quienes lo diseñaron.
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