Al bajar del avión militar estadounidense, Roberto Mosquera todavía no sabía dónde estaba ni por qué lo habían llevado allí. Treinta horas antes, agentes federales de inmigración lo habían obligado a subir a un vuelo secreto en una calurosa tarde de julio en Texas. Ahora, tras recorrer miles de kilómetros, sentía el frío de una mañana de invierno en el aire. Estaba en Eswatini, un pequeño reino sin salida al mar en el sur de África, antes conocido como Suazilandia. Mosquera nunca había oído hablar de ese país.

Quién es Roberto Mosquera

Mosquera llegó a Estados Unidos con doce años, en 1980, en un barco pesquero, como parte del éxodo del Mariel desde Cuba, junto a su madre y una hermana. Su madre, Matilde del Peral, había sido presa política en Cuba durante 18 meses por negarse a asistir a las reuniones del comité comunista de su barrio. Cuando Fidel Castro anunció que quien no apoyara la revolución era libre de irse, y el presidente Jimmy Carter prometió recibir a los refugiados «con el corazón abierto y los brazos abiertos», cerca de 125.000 cubanos cruzaron el mar. La familia de Mosquera fue una de ellas.

De adolescente, en Miami, se unió a una pandilla que empezó como un grupo de amigos jugando a llamarse Latin Kings y terminó en una guerra territorial real cuando miembros de la pandilla original, nacida en la comunidad puertorriqueña de Chicago, empezaron a migrar a la ciudad. Hubo apuñalamientos, tiroteos, robos de auto. En 1988 le rompieron los dientes con un puño americano en una emboscada; todavía conserva las prótesis de oro. Su banda tomó represalias disparándole en la pierna a un pandillero rival de 16 años, que sobrevivió. Mosquera, que negó haber estado presente esa noche pero temía una cadena perpetua si iba a juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad por intento de asesinato: nueve años de prisión.

Una vida reconstruida

Cumplió su condena en 1996, a los 26 años. Como Cuba se negaba a recibir deportados, y como inmigrante indocumentado, quedó bajo «detención administrativa» —una figura legal que en ese momento permitía retener indefinidamente a inmigrantes antes de deportarlos— durante seis años más, en distintas prisiones. En una de ellas, según su testimonio confirmado por un informe de Human Rights Watch, guardias lo golpearon con un tubo de metal hasta dejarlo inconsciente; no recibió atención médica durante más de una semana. Todavía no puede mover el pulgar derecho.

Salió en libertad en 2002, bajo un acuerdo que le permitía quedarse en el país siempre que se presentara periódicamente ante inmigración. Se convirtió en cristiano renacido, dejó la pandilla —algo que a otros les costó la vida por represalia—, formó una familia y tuvo cuatro hijas, cuyos nombres lleva tatuados en el cuello y el pecho. Después de un problema más en 2009 (una fuga tras un control de tránsito que le costó tres años de cárcel), reconstruyó su vida de forma definitiva: en 2014 empezó como aprendiz en una empresa de plomería de Miami, y terminó siendo capataz. «No solo era un trabajador incansable, inspiró a los que lo rodeaban», dijo su antiguo jefe, que pidió mantener el anonimato porque emplea a otros inmigrantes que podrían ser blanco de deportación.

El día que todo cambió

Mosquera había sido, según su hermana, un simpatizante entusiasta de Trump —iba a trabajar con un casco decorado con un águila calva, y le decía a su propia hija que votara por él—. En junio del año pasado fue a renovar su permiso de trabajo, un trámite que solía tomar minutos. Esta vez, un funcionario le dijo que su tiempo en Estados Unidos había terminado. Fue trasladado al Centro de Detención Krome en Miami, y luego a otro en El Paso, Texas, incomunicado de cualquier abogado durante casi dos semanas.

Después lo subieron a un jet privado —»algo que Marc Anthony alquilaría», pensó—, junto a otros cuatro detenidos de Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam. Cambiaron a un avión de carga militar en una base en Yibuti, y más de un día después, los cinco aterrizaron en Eswatini. El Departamento de Seguridad Nacional los había descrito en X como «monstruos depravados», «tan singularmente bárbaros que sus países de origen se niegan a aceptarlos de vuelta». Fueron encerrados en una jaula metálica montada sobre un camión y llevados a la prisión de máxima seguridad de Matsapha.

Qué es una deportación a un tercer país

La práctica de enviar deportados a un país que no es el de origen ni el de residencia no es nueva, pero hasta hace poco era excepcional —reservada, por ejemplo, a personas con doble ciudadanía o a destinos considerados seguros—. En 2019, la primera administración Trump empezó a enviar migrantes del Caribe y Centroamérica a México. En el segundo mandato, la práctica se multiplicó: según Third Country Deportation Watch, al menos 35 países firmaron acuerdos para recibir deportados, incluidos Sudán del Sur, Ghana, Palaos, Uzbekistán y Moldavia.

Muchos de esos países son inestables o autocráticos, y suelen necesitar el dinero que ofrece Washington. La República Centroafricana está en medio de una guerra civil. La República Democrática del Congo recibió 15 deportados poco antes de un brote de ébola. Eswatini —una de las últimas monarquías absolutas del mundo— recibió 5,1 millones de dólares por el acuerdo.

Los abogados de derechos humanos que litigan estos casos sostienen exactamente lo contrario: las expulsiones suelen ejecutarse antes de que el deportado pueda argumentar su caso ante un juez, y varios de los países de destino no ofrecen protecciones legales básicas —ni siquiera acceso a un abogado—. Al no tener estatus legal en el país donde quedan, los deportados permanecen detenidos indefinidamente, sin cargos, con poco o ningún recurso ante tribunales estadounidenses.

El antecedente de El Salvador

Estos acuerdos ganaron notoriedad por primera vez cuando el presidente Nayib Bukele aceptó, en marzo de 2025, seis millones de dólares para retener a unos 250 venezolanos en el CECOT, la megaprisión salvadoreña construida para hasta 40.000 pandilleros. Los venezolanos fueron después repatriados, y muchos denunciaron haber sido maltratados y torturados por sus guardias mientras estuvieron detenidos.

La devolución en cadena, prohibida por tratado internacional

Parte de los deportados a estos terceros países estaban, de hecho, bajo protección judicial explícita que impedía su devolución a su país de origen, por riesgo de persecución o tortura —una protección amparada por la Convención contra la Tortura de la ONU, que Estados Unidos firmó—.

Ese mecanismo, conocido en derecho internacional como devolución en cadena (chain refoulement), está expresamente prohibido por esa misma Convención. Abogados de derechos humanos identificaron al menos dos docenas de casos de detención prolongada de este tipo: 19 hombres en Eswatini y otros seis o siete en Sudán del Sur, donde nadie —ni siquiera sus propios abogados— tuvo noticias de los detenidos durante meses. El único visitante conocido fue un asistente del Congreso estadounidense, a quien la propia embajada de EE.UU. en el país se negó a acompañar hasta la prisión.

Los otros hombres de Matsapha

El paralelo con Guantánamo

La situación recuerda, en su estructura legal, al centro de detención de Guantánamo tras el 11 de septiembre: cientos de extranjeros mantenidos fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, años en prisión sin ser jamás acusados formalmente de nada.

La huelga de hambre

Mosquera llegó a un punto de quiebre en octubre, cuando llegó un nuevo vuelo con diez deportados más y ninguna respuesta sobre qué seguiría. Dejó de comer, exigiendo ver a un abogado. Los guardias al principio lo ignoraron; funcionarios de Eswatini llegaron a decir en un comunicado que estaba en «ayuno religioso voluntario». Con las semanas, los efectos se volvieron agónicos —dolores renales, brazos y pierna dormidos, mareos constantes, registrados por él mismo en un diario manuscrito—. Cuando su abogada logró contactarlo a través del teléfono de un guardia, le insistió en que debía parar para poder seguir peleando. Cedió: la alternativa era morir de hambre.

Desarrolló glaucoma en detención. Un médico le dijo que perdió la mitad de la visión en un ojo, y el 80% en el otro. Ha tenido dificultades para recibir tratamiento.

Faith, e Ivy

Lo que más pesa sobre Mosquera no es su propio destino, sino el de su hija menor, Faith, de 10 años, a quien vio por última vez una semana antes de ser deportado —justo cuando un juez le había concedido la custodia compartida, y estaban por pasar su primera semana juntos—.

En medio de la detención, retomó contacto con Ivy Mercado, una mujer que había conocido en los años 80 en Miami. Empezaron una relación a distancia que, según ambos, es lo único que sostiene a Mosquera día a día. «Es la orquestación de Dios. Tenemos que creer eso», le dice ella. Él responde: «Bueno, te trajo hasta mí. Nos juntó.»

«Les digo un año, y les da náuseas»

En julio llegó un nuevo grupo de once prisioneros —el tercero desde que Mosquera está ahí—, ninguno cubano esta vez: uno de Belice, uno de Jamaica, el resto de distintos países africanos. Todos con antecedentes penales, todos sin haber oído hablar nunca de Eswatini antes de aterrizar ahí. Mosquera, que ya lleva más de un año, se convirtió sin querer en el que enseña a los recién llegados a sobrevivir: cómo conseguir que llegue dinero desde casa, dónde lavar la ropa, qué hacer cuando se corta la luz.

Pero lo que todos, sin excepción, terminan preguntándole es cuánto tiempo lleva ahí.