Entre marzo y julio de 2025, Estados Unidos deportó a más de 250 hombres venezolanos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una norma de guerra del siglo XVIII, nunca antes usada de esta forma— y alegando vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal documentaron, en un informe de 180 páginas, un patrón sistemático de tortura, desaparición forzada y violencia sexual contra esos hombres —la mayoría de los cuales nunca fue acusado formalmente de ningún delito—.
La metodología: no es un informe de escritorio
El informe no se construyó a partir de denuncias sueltas. HRW y Cristosal realizaron 150 entrevistas —con los propios sobrevivientes ya liberados, con sus familiares, con abogados y con exfuncionarios salvadoreños con conocimiento directo del centro—, complementadas con análisis forense de fotografías de lesiones corporales tomadas a la salida del CECOT, comparándolas con los patrones de golpiza, quemaduras y marcas de sujeción que describían los testimonios. A eso se sumaron solicitudes formales de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) a ICE y al Departamento de Estado, que permitieron acceder a registros internos, transcripciones de llamadas y documentación de pagos que el gobierno estadounidense no había hecho pública por iniciativa propia.
Desaparecidos, en el sentido técnico y legal del término
El informe documenta que, antes de que sus familias pudieran localizarlos, muchos de los deportados fueron eliminados del sistema de rastreo de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) diseñado para que los propios familiares pudieran ubicarlos. Es la definición jurídica exacta de desaparición forzada según el derecho internacional: privación de libertad por parte de agentes del Estado (o con su aquiescencia), seguida de la negativa a reconocer esa privación o a informar sobre el paradero de la persona —un delito que la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que EE.UU. no es parte pero que codifica una norma reconocida internacionalmente, tipifica sin ambigüedad—.
Transcripciones de llamadas incluidas en el informe muestran a operadores de ICE indicándole a familiares desesperados que se comunicaran con la embajada de Venezuela en Estados Unidos para obtener información —una embajada que no opera desde 2023, cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas—. Es una instrucción que, en la práctica, cerraba cualquier vía real de contacto: familiares enteros pasaron semanas, en algunos casos meses, sin saber si sus parientes estaban vivos, muertos, o en qué país se encontraban.
El limbo legal que hizo posible todo esto
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite detener y deportar, sin proceso judicial individual, a ciudadanos de un país con el que Estados Unidos está en guerra o frente a una «invasión». El gobierno la invocó declarando que el Tren de Aragua constituía una fuerza equiparable a un ejército invasor —una interpretación jurídica sin precedente que jueces federales, en fallos posteriores, cuestionaron directamente, señalando que la ley fue diseñada para conflictos bélicos formales entre Estados, no para el crimen organizado transnacional—. Esa base legal débil es, según el informe, la que permitió deportar a personas sin ninguna audiencia donde pudieran presentar pruebas de su inocencia.
Adentro del CECOT: el patrón de violencia documentado
El CECOT fue diseñado por el gobierno de Nayib Bukele como la pieza central de su política de mano dura contra las pandillas salvadoreñas, con capacidad para más de 40.000 reclusos y condiciones de aislamiento extremo. Los venezolanos deportados fueron alojados junto a la población carcelaria salvadoreña existente, bajo el mismo régimen de reclusión que Bukele diseñó para pandilleros locales —pese a que, según el propio informe, la inmensa mayoría no tenía vínculo probado con ninguna organización criminal—.
Testimonios recogidos documentan golpizas con objetos contundentes al ingresar al centro —un procedimiento que los propios detenidos describieron como sistemático, aplicado a la generalidad de los recién llegados, no como castigo por una infracción puntual—, privación prolongada de luz natural, hacinamiento severo, y episodios de violencia sexual contra detenidos, documentados con el mismo rigor testimonial que el resto del informe. HRW señala que estos patrones son consistentes con los que sus propias investigaciones y las de otras organizaciones ya habían documentado en el sistema carcelario salvadoreño desde el inicio del régimen de excepción de Bukele en 2022.
Los castigos coordinados con las visitas oficiales
El informe documenta episodios de represalias colectivas contra detenidos vinculados directamente a visitas de figuras oficiales o de organismos internacionales al centro.
Testimonios recogidos por HRW y Cristosal describen golpizas a detenidos que habían hablado con representantes de la Cruz Roja Internacional durante una visita al centro, en aparente represalia por lo que pudieran haber comunicado. El hecho de que la represalia llegara justo después de la visita, y no en otro momento, sugiere a los investigadores que el personal del centro monitoreaba de cerca qué información salía hacia observadores externos.
En otro episodio documentado, detenidos que gritaron «libertad» durante una visita de la entonces secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem —quien se fotografió frente a las celdas del CECOT en una visita ampliamente difundida por su propio gobierno como símbolo de la política migratoria de Trump—, habrían sido castigados posteriormente por el personal del centro.
Este patrón —castigar específicamente después de momentos de visibilidad externa— sugiere una intención deliberada de silenciar cualquier testimonio que pudiera trascender los muros del centro, no incidentes aislados de mala conducta de guardias individuales. Es, en los hechos, la contracara exacta de lo que esas visitas oficiales pretendían proyectar hacia afuera: mientras las fotos mostraban control y orden, adentro se aplicaban represalias por lo que esas mismas visitas pudieran haber dejado ver.
El dinero: quién pagó, y qué dijo al respecto
El Departamento de Estado de Estados Unidos pagó 4,76 millones de dólares a El Salvador por recibir y confinar a los deportados venezolanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció ante el Senado que la operación representaba «un gran favor» hacia el gobierno de Nayib Bukele, y que El Salvador podía «gastar ese dinero como quisiera» —una frase que, según el propio informe, elimina cualquier pretensión de que los fondos estuvieran condicionados a garantías de trato humano hacia los detenidos—.
Ese «debería haber sabido» no es una frase retórica: Estados Unidos, a través de sus propios informes anuales de derechos humanos del Departamento de Estado, venía documentando desde años antes las condiciones del régimen de excepción salvadoreño —muertes bajo custodia, denuncias de tortura, hacinamiento extremo—. Enviar a personas hacia ese mismo sistema, sabiendo lo que el propio gobierno estadounidense había registrado sobre él, es el núcleo de la responsabilidad legal que el informe le atribuye a Washington, no solo a San Salvador.
El intercambio paralelo con la MS-13
Uno de los hallazgos más incómodos del informe: mientras Estados Unidos deportaba venezolanos —muchos sin ningún antecedente penal— al CECOT, negociaba en paralelo con El Salvador el regreso de líderes de la MS-13 ya presos en territorio estadounidense, a cambio de reducciones («descuentos») en los montos que Washington pagaba por el propio acuerdo de detención. Es decir: el mismo canal diplomático que enviaba migrantes sin condena a un centro de máxima seguridad servía, simultáneamente, para repatriar a mandos de una organización criminal violenta, como parte de una negociación económica más amplia —dos poblaciones completamente distintas, tratadas como fichas de la misma transacción financiera bilateral—.
Lo que pasó después: liberación, pero sin reparación clara
La gran mayoría de los venezolanos deportados fue finalmente liberada del CECOT y trasladada de vuelta a Venezuela, tras meses de presión diplomática y de organizaciones de derechos humanos. Pero el informe remarca que la liberación no vino acompañada de ningún mecanismo formal de reparación, investigación penal sobre lo ocurrido dentro del centro, ni reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos de responsabilidad en las condiciones que estas personas sufrieron. Varios sobrevivientes entrevistados describieron secuelas físicas y psicológicas persistentes, y la dificultad de encontrar apoyo médico o legal adecuado una vez de regreso en Venezuela, un país que además atraviesa su propia crisis institucional y humanitaria.
Lo que sostiene la gravedad del informe
No se trata de errores administrativos aislados ni de excesos puntuales de algunos guardias. El informe documenta un patrón: desaparición forzada por diseño (eliminación deliberada de registros de localización), represalias coordinadas con la presencia de observadores externos, violencia física y sexual sistemática dentro del centro, y un flujo de dinero estatal que compró la operación sin exigir garantías de trato humano —mientras casi la mitad de las personas enviadas no tenía ningún cargo penal que justificara, siquiera bajo la ley invocada, su confinamiento en un centro de máxima seguridad para terrorismo—.
Y todo esto ocurrió con pleno conocimiento previo, por parte del propio gobierno estadounidense, de las condiciones del sistema carcelario al que estaba enviando a estas personas —documentadas en sus propios informes oficiales de derechos humanos años antes de la operación—.
Es un informe que exige una pregunta incómoda, más allá de cualquier posición sobre política migratoria: ¿qué estándar de prueba se aplicó para decidir quién era, o no, miembro de una organización criminal, si casi la mitad de los deportados no tenía absolutamente ningún antecedente que lo vinculara con nada? Y una segunda pregunta, todavía más difícil: ¿qué responsabilidad le corresponde a un gobierno que paga por una operación, reconoce públicamente que el dinero podía usarse sin condiciones, tenía evidencia previa propia sobre los riesgos reales, y después se sorprende —o dice sorprenderse— por el resultado?
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