Colonos, sanciones
y el silencio de EEUU
Diecinueve legisladores demócratas acusan a Trump de haber abierto la puerta a la violencia de los colonos en Cisjordania. Tienen razón en los hechos recientes, pero la impunidad que denuncian es más vieja que su carta y no le pertenece a un solo partido.
Diecinueve senadores y representantes demócratas firmaron una carta pidiendo que Washington restaure las sanciones contra colonos violentos en Cisjordania e investigue la muerte de nueve ciudadanos estadounidenses en el territorio ocupado desde 2022. El reclamo es concreto y está bien documentado. Pero para entenderlo hay que mirar más atrás: la violencia de los colonos no empezó con Trump, y la mirada hacia otro lado tampoco.
La carta y el reclamo
El grupo, encabezado por la senadora Elizabeth Warren y con firmas como las de Bernie Sanders, Adam Schiff y Chris Van Hollen, envió la carta al fiscal general en funciones Todd Blanche, al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent. El pedido central: reponer las sanciones a colonos extremistas y abrir investigaciones independientes en Estados Unidos sobre los estadounidenses muertos en la región.
El argumento de fondo es que la promesa de Trump de no permitir la anexión de Cisjordania quedó desmentida por los hechos sobre el terreno, donde colonos violentos y el gobierno de Benjamin Netanyahu avanzaron con rapidez sobre las poblaciones civiles.
Los colonos pueden usar fuerza violenta y letal con impunidad contra palestinos y estadounidenses mientras se apoderan de tierras, y nadie afrontará las consecuencias.
— Carta de 19 legisladores demócratasLa carta cita cifras de la ONU: 1.835 ataques contra comunidades y propiedades palestinas en 2025, la cifra más alta desde que existen registros, con un ritmo en 2026 que ya la supera. Menciona además los ataques repetidos contra Turmus Ayya, una localidad donde la mayoría de los residentes tienen ciudadanía estadounidense, y contra Taybeh, la última aldea enteramente cristiana de Cisjordania.
Lo que sí es nuevo: la decisión de enero de 2025
El dato concreto que dispara la carta es real y tiene fecha. El primer día de su segundo mandato, Trump revocó la orden ejecutiva 14115, firmada por Joe Biden apenas un año antes, que sancionaba a colonos y organizaciones vinculadas a la violencia en Cisjordania. Eran sanciones limitadas —17 personas y 16 entidades, sin acceso a activos ni al sistema financiero estadounidense— pero fue la primera vez que Washington usó esa herramienta contra colonos israelíes.
Trump firmó la revocación el mismo día en que colonos incendiaban viviendas y vehículos en la localidad de Al Funduq, un episodio tan cercano en el tiempo que se volvió el símbolo de la decisión. Las Fuerzas de Defensa de Israel debieron intervenir para dispersar a los propios colonos.
Ese es el hecho puntual que los demócratas le reclaman a esta administración. Y ahí tienen razón: revocar sanciones existentes en medio de una ola de violencia documentada envía una señal, la envíe quien la envíe.
Pero la impunidad viene de antes
Lo que la carta no dice, o dice menos fuerte, es que la escalada de violencia de los colonos es una tendencia de más de una década que ningún gobierno estadounidense frenó a tiempo. Según Naciones Unidas, que empezó a registrar estos incidentes en 2006, el promedio pasó de un ataque diario en 2021 a dos en 2022 y a tres en 2023 —ya antes del 7 de octubre—, y se disparó después. En la primera mitad de 2023 hubo 591 ataques, un aumento del 39% respecto al mismo período de 2022. Ese fue el sexto año consecutivo de suba.
Es decir: el crecimiento sostenido de la violencia atraviesa los gobiernos de Obama, el primer Trump, Biden y el segundo Trump. Ninguno de los cuatro logró revertirlo. Biden, de hecho, esperó hasta febrero de 2024 —tres años después de asumir y en medio de la guerra de Gaza— para imponer las primeras sanciones jamás aplicadas a colonos violentos. Fue un gesto tardío frente a una tendencia que sus propias agencias venían documentando desde antes.
Estos ataques incluyen asaltos a civiles que resultaron en muertos y heridos, quema de viviendas, tierras agrícolas y vehículos, y ataques que buscan desplazar forzosamente a palestinos.
— Autoridad Palestina, sobre el patrón semanal de agresionesEn 2026, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el ritmo mensual ronda los 190 ataques, lo que proyecta superar los 2.000 para fin de año. La cifra de nuevos puestos de asentamiento —ilegales incluso bajo la ley israelí— pasó de un promedio de 8 por año entre 2012 y 2022 a 32 en 2023, 62 en 2024 y 86 en 2025.
La otra pieza que la carta no menciona: Jerusalén
Hay una decisión previa, y de más peso simbólico, que tampoco es exclusiva del segundo mandato de Trump: el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense, anunciado en diciembre de 2017 y ejecutado en mayo de 2018. La medida rompió con siete décadas de política de Estado y con una ley de 1995 que ordenaba el traslado, pero que Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama prefirieron no aplicar, usando la excepción de seguridad nacional que la propia ley permitía.
Trump la ejecutó. La ONU rechazó la decisión por 128 votos contra 9, y buena parte del mundo —incluidos aliados de Washington— no asistió a la ceremonia de apertura en Jerusalén. El argumento oficial fue que reconocer la realidad ayudaría a la paz; el resultado, según casi todos los analistas de la región, fue el contrario: la cuestión de Jerusalén, que debía negociarse, quedó resuelta unilateralmente a favor de una de las partes.
Para los palestinos, mover la embajada no fue solo un gesto diplomático: fue una señal de que Washington aceptaba como definitivo el control israelí sobre un territorio ocupado desde 1967 y nunca reconocido internacionalmente como parte de Israel. Esa lectura ayuda a explicar por qué la actual ola de asentamientos se lee como continuidad y no como excepción.
2026: de la violencia dispersa a la anexión administrativa
Lo que cambia este año no es solo el nivel de violencia, sino el paso a medidas de Estado. En febrero de 2026, el gabinete de Netanyahu aprobó designar amplias zonas de Cisjordania como «propiedad del Estado» israelí, la primera vez desde 1967. La Autoridad Palestina y buena parte de la comunidad internacional lo calificaron de anexión de facto: no requiere una declaración formal, alcanza con cambiar el régimen administrativo de la tierra.
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, no lo disimuló: dijo que la medida busca «enterrar la idea de un Estado palestino». En paralelo, la economía de Cisjordania se desplomó: el PIB cayó 13% en 2025, la pobreza pasó del 12% al 28% de la población y el desempleo superó el 30%, luego de que Israel prohibiera el ingreso a más de 120.000 trabajadores palestinos con permisos.
El Ministerio de Exteriores palestino recordó que estas medidas contradicen incluso la posición pública de Trump, quien ha dicho oponerse a una anexión formal. La contradicción no es menor: mientras la Casa Blanca declara que no habrá anexión, revocó las sanciones que castigaban a quienes la ejecutan sobre el terreno, y el propio gabinete israelí avanza con herramientas administrativas que producen el mismo resultado sin necesitar el permiso de nadie.
Nueve nombres, ningún expediente abierto
El reclamo más concreto de la carta demócrata tiene nombre y apellido. Nueve ciudadanos estadounidenses murieron en Cisjordania desde 2022: la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, los adolescentes Amer Mohammed Rabea, Tawfic Abdel Jabbar y Mohammad Ahmed Khdour, el joven Sayfollah Musallet, el octogenario Omar Assad y la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, entre otros. Según la carta, el Departamento de Justicia tiene autoridad para investigar de forma independiente el asesinato de estadounidenses en el extranjero, pero no abrió ninguna investigación desde 2025. Israel tampoco imputó a nadie.
Israel aún no ha imputado a ninguna persona involucrada en estos incidentes.
— Carta de 19 legisladores demócratasEl embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó un ataque anterior en Taybeh como «un acto de terrorismo» y prometió que habría procesamientos. Según la propia carta, nadie fue arrestado por esos hechos. Los demócratas piden respuestas antes del 17 de agosto sobre investigaciones, sanciones y el trato a ciudadanos estadounidenses detenidos por el ejército israelí, entre ellos Sama Safi, de 20 años, cuyo acceso a medicación vital habría sido interrumpido durante su detención.
La carta que lo precedió: marzo de 2026
Cinco meses antes de la carta de agosto, otro grupo —esta vez 31 senadores, entre ellos Van Hollen, Warren, Sanders, Markey, Murray, Schatz, Booker y Warner— ya le había escrito a Rubio, a la entonces fiscal general Pam Bondi y al embajador Huckabee por el mismo motivo: la muerte de un noveno ciudadano estadounidense en Cisjordania, Nasrallah Abu Siyam, de 19 años, baleado el 18 de febrero en la aldea de Mukhmas mientras colonos israelíes atacaban a agricultores palestinos. Es, en los hechos, la carta que anticipa casi palabra por palabra el reclamo de agosto. Este es su texto completo.
5 de marzo de 2026 — Carta a Marco Rubio (secretario de Estado), Michael Huckabee (embajador en Israel) y Pam Bondi (fiscal general)
«A raíz del asesinato de otro ciudadano estadounidense en Cisjordania, el noveno desde enero de 2022, escribimos con grave preocupación por la falta continua de rendición de cuentas por las muertes de estadounidenses en Cisjordania. El 18 de febrero, Nasrallah Abu Siyam fue baleado y asesinado en la aldea de Mukhmas, cerca de Ramala, por colonos israelíes violentos durante un ataque contra agricultores palestinos. Este es un ejemplo más de la impunidad que se les concede a los colonos israelíes extremistas en Cisjordania bajo la protección de las Fuerzas de Defensa de Israel. El gobierno de EE.UU. debe llevar a cabo una investigación creíble e independiente sobre el asesinato de Nasrallah y responsabilizar a todos los perpetradores.
Lamentablemente, esta es la segunda carta que le escribimos a esta administración en los últimos siete meses sobre el asesinato de un ciudadano estadounidense en Cisjordania. Nuestra carta de julio de 2025 fue sobre el asesinato de Saifullah Kamal Musallet, un ciudadano estadounidense de 20 años de Florida que murió a golpes a manos de colonos israelíes extremistas. Desde esa carta, otros dos estadounidenses han sido asesinados como resultado de la violencia de colonos israelíes. En respuesta a nuestra carta, el Departamento de Estado escribió: ‘Estados Unidos exige rendición de cuentas en todos los casos en que ciudadanos estadounidenses sean dañados en el extranjero, para ayudar a prevenir futuras tragedias.’ Es evidente que esos ‘llamados’, y cualquier esfuerzo que se haya hecho, si es que hubo alguno, para garantizar la rendición de cuentas, fracasaron. Esto se ha convertido ya en un patrón constante en el que ciudadanos estadounidenses son asesinados en Cisjordania por colonos o por las FDI sin justicia ni rendición de cuentas, pese a las promesas de funcionarios estadounidenses.
Nasrallah Abu Siyam, un joven de 19 años nacido en Filadelfia, se convirtió en el noveno estadounidense asesinado en Cisjordania desde enero de 2022. Junto con Saifullah Musallet y Khamis Ayyada, un ciudadano estadounidense de cuarenta años y padre de cinco hijos que murió por inhalación de humo en agosto tras un incendio provocado por colonos israelíes en su aldea de Silwad, Abu Siyam es ya el tercer estadounidense asesinado en Cisjordania durante la segunda administración Trump.
Otros seis estadounidenses fueron asesinados en Cisjordania desde enero de 2022. Esto incluye a un joven de 14 años de Nueva Jersey, Amer Mohammad Saada Rabee, a quien le dispararon 11 veces, y a dos jóvenes de 17 años, Tawfic Abdel Jabbar y Mohammad Ahmed Mohammad Khdour, ambos baleados y asesinados en incidentes separados. Aysenur Ezgi Eygi, una ciudadana estadounidense de 26 años criada en Seattle, recibió un disparo en la cabeza de un soldado israelí, y la respetada periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh también fue baleada en la cabeza y asesinada por las FDI mientras estaba claramente identificada como periodista. Omar Assad, un anciano palestino-estadounidense, murió de un infarto inducido por estrés después de ser amordazado, vendado de los ojos, atado de manos por la espalda y dejado en el suelo en el frío.
No nos queda claro cuántos estadounidenses más deben morir en Cisjordania para que esta administración, y otras administraciones, tomen medidas serias y creíbles.
— Carta de 31 senadores, 5 de marzo de 2026«Les instamos a iniciar una investigación independiente sobre el asesinato de Nasrallah Abu Siyam y a brindar una actualización sobre el estado de las investigaciones de todos los demás estadounidenses asesinados en Cisjordania desde enero de 2022. Esperamos una sesión informativa sobre esta información antes del 5 de abril de 2026.»
Firmantes: Chris Van Hollen, Patty Murray, Richard J. Durbin, Jack Reed, Maria Cantwell, Bernard Sanders, Amy Klobuchar, Sheldon Whitehouse, Jeanne Shaheen, Mark R. Warner, Jeffrey A. Merkley, Michael F. Bennet, Christopher A. Coons, Brian Schatz, Tammy Baldwin, Christopher S. Murphy, Mazie K. Hirono, Martin Heinrich, Tim Kaine, Elizabeth Warren, Edward J. Markey, Cory A. Booker, Tammy Duckworth, Tina Smith, Ben Ray Luján, Raphael Warnock, Peter Welch, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester, Angela D. Alsobrooks.
Un patrón, no un episodio
El Congreso aprueba una ley para trasladar la embajada de EEUU a Jerusalén. Clinton, Bush y Obama la dejan sin aplicar.
Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel y traslada la embajada. La ONU rechaza la medida por 128 votos contra 9.
Los ataques de colonos pasan de un promedio diario a tres, según la ONU. Seis años consecutivos de aumento.
Biden impone las primeras sanciones de EEUU contra colonos violentos: 17 personas y 16 entidades.
Trump revoca esas sanciones en su primer día de gobierno.
El gabinete de Netanyahu designa amplias zonas de Cisjordania como «propiedad del Estado». Los palestinos lo llaman anexión de facto.
31 senadores escriben a Rubio, Bondi y Huckabee tras la muerte de Nasrallah Abu Siyam, noveno estadounidense asesinado en Cisjordania desde 2022.
19 legisladores demócratas exigen restituir sanciones e investigar la muerte de nueve estadounidenses en Cisjordania.
La carta demócrata acierta en lo puntual: revocar sanciones existentes en medio de una ola de violencia documentada es una decisión con consecuencias, y la ausencia de investigaciones sobre estadounidenses muertos es un vacío que el propio gobierno de EEUU podría llenar si quisiera. Pero leída sola, sin el resto de la línea de tiempo, la carta cuenta solo un capítulo de una historia que empezó mucho antes y que ninguno de los dos partidos resolvió cuando tuvo el poder para hacerlo.
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