El mismo día que debía nombrar nuevo ministro de Defensa, allanaron la oficina de su propia mano derecha en un caso de lavado de dinero
Volodímir Zelenski tuvo, el miércoles 19 de agosto, uno de los peores días de su gestión desde que empezó la guerra. Por un lado, su exministro de Defensa recién destituido salió a exigir públicamente elecciones en plena guerra. Por el otro, los organismos anticorrupción de su propio país allanaron la casa de su jefa adjunta de gabinete. Ninguno de los dos golpes vino del Kremlin — los dos vinieron de adentro.
Fedorov, el desafío que no esperaba
Mijailo Fedorov no dejó su cargo de ministro de Defensa por la puerta de atrás. Tras ser destituido hace un mes, en la última gran remodelación del gabinete de Zelenski, publicó una larga lista de sus propios logros —entre ellos, el impulso a la modernización tecnológica del ejército ucraniano y el desarrollo del programa de drones que golpeó a Rusia tanto en el frente como en su propia retaguardia— y dejó entrever que buena parte de lo que quedó a medias fue por las reticencias de la cúpula militar. Ese primer dardo ya funcionó como un desafío directo: acorralado por el descontento popular en la calle, Zelenski terminó destituyendo también al jefe de las Fuerzas Armadas, el general de la vieja guardia Oleksandr Syrskyi.
La noche del martes 18 de agosto, apenas horas antes de que Zelenski confirmara que Yevhenii Khmara —quien ya dirigía Defensa de forma interina— asumiría el cargo en definitiva, Fedorov volvió a hurgar en la herida. En un video difundido en redes, sin nombrar directamente a quien hasta hace poco era su aliado, denunció que Ucrania «afronta una crisis de gobernanza» y que «la gente no puede vivir eternamente en un Estado donde no entiende por qué se toman ciertas decisiones».
La democracia no puede ser rehén de Rusia. Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania reanudar plenamente su proceso democrático incluso en las condiciones de una guerra prolongada.
Mijailo Fedorov, exministro de DefensaHasta ahora, la presión para convocar elecciones venía sobre todo desde afuera —incluido el propio Donald Trump—, no desde el corazón del propio gobierno ucraniano. Zelenski había ofrecido en febrero ir a las urnas a cambio de un alto el fuego, pero Putin siguió con la ofensiva y el mandatario reafirmó que la Constitución ucraniana prohíbe elecciones bajo ley marcial. El propio Fedorov reconoce en su video que votar con parte del territorio bajo ocupación rusa no es sencillo: habría que garantizar el voto de los soldados en el frente, de los exiliados y de quienes viven en zonas ocupadas, sumado al riesgo real de interferencia electoral rusa. Pero que la crítica venga ahora de un exministro popular, desde adentro, la convierte en el desafío político doméstico más serio que enfrenta Zelenski desde que empezó la guerra.
La operación «Forrest Gump»
Mientras el Parlamento se preparaba para esa votación, estalló el segundo frente — y este golpeó todavía más cerca de Zelenski.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron una operación bautizada «Forrest Gump» para desarticular lo que describieron como una organización delictiva liderada por un diputado y un exdiputado, con participación de altos cargos de la propia Oficina del Presidente.
La funcionaria de mayor rango implicada hasta ahora es Irina Mudra, subjefa de la Oficina del Presidente desde marzo de 2024, previamente viceministra de Justicia. Supervisaba, entre otras cosas, la reforma judicial y la creación del Tribunal Especial para juzgar el crimen de agresión rusa contra Ucrania — es decir, tenía en sus manos buena parte del andamiaje legal de la propia guerra. Zelenski la destituyó el mismo miércoles, apenas conocido el escándalo.
Los allanamientos alcanzaron también al diputado Vadim Stolar —elegido originalmente por la Plataforma Opositora Por la Vida, partido prorruso proscrito tras la invasión total de 2022, hoy integrado al bloque Restauración de Ucrania— y al exdiputado Maksim Mikitas. Stolar confirmó los registros en su casa por Facebook: «No estoy poniendo ningún obstáculo al trabajo de las fuerzas del orden.»
Horas después de que arrancara el operativo, y en medio del escándalo, los legisladores votaron igual a favor del nombramiento de Khmara —un exalto mando de las fuerzas especiales— como nuevo ministro de Defensa. La votación clave para intentar cerrar un frente de la crisis se terminó dando el mismo día en que se abría otro.
NABU difundió un fragmento de audio de menos de un minuto con conversaciones interceptadas entre los investigados, mencionando «cuatro bolsas» y a la Oficina del Presidente. Una de las voces, sin identificar, quedó registrada diciendo: «Solo un idiota registraría dinero robado y pagos de matrícula a nombre de sus propios hijos.»
El hilo que conecta todo: el caso Midas
Este nuevo escándalo no aparece de la nada — es una ramificación directa del caso Midas, la trama de sobornos vinculada a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, que ya había forzado la renuncia de los ministros de Justicia y de Energía de Ucrania el año pasado. Según los organismos anticorrupción, los sospechosos de «Forrest Gump» están acusados de blanquear unos 150 millones de grivnas (cerca de 3,4 millones de dólares) que se habían usado para pagar la fianza de Herman Halushchenko, exministro de Energía y uno de los principales acusados del caso Midas — con participación, además, del banco estatal Sense Bank (antes Alfa-Bank Ucrania).
No es la primera vez que golpea tan cerca
«Forrest Gump» es apenas el capítulo más reciente de una seguidilla que viene desgastando el círculo íntimo de Zelenski desde fines de 2025. En noviembre de ese año salió a la luz un caso de corrupción que tocó directamente a su entorno más cercano: según las investigaciones, se malversaron cerca de 100 millones de dólares de fondos destinados a construir sistemas de defensa para las centrales eléctricas del país — en plena guerra, con la infraestructura energética ucraniana bajo ataque ruso constante. Dos ministros de esa administración renunciaron, pero la salida más resonante fue la de Andriy Yermak, entonces jefe de gabinete, considerado el hombre que gobernaba el país en la sombra: la NABU allanó su casa el 28 de noviembre, y renunció horas después, asegurando estar «cooperando plenamente» con los investigadores.
El patrón que se repite es casi idéntico cada vez: un allanamiento de alto perfil, la renuncia o destitución fulminante del funcionario señalado el mismo día, y una declaración pública de «colaboración total» con los investigadores — sin que eso implique, hasta ahora, condenas firmes contra los nombres más grandes involucrados.
No estamos combatiendo la corrupción en Ucrania, la estamos controlando.
Lectura crítica sobre el patrón de investigaciones anticorrupciónUn documento con otro nombre incómodo
Entre los papeles hallados en los allanamientos apareció algo que agrega otra capa al escándalo: un plan de comunicación de crisis, diseñado específicamente para dar respuesta pública al trabajo de la Comisión de Investigación Temporal de la Rada Suprema —el propio Parlamento ucraniano— sobre este mismo tipo de casos. Es decir, mientras la organización investigada presuntamente lavaba dinero vinculado a un ministro caído, también tenía preparado, por escrito, cómo manejar el relato público si la Comisión legislativa avanzaba sobre el tema.
Zelenski gobierna hoy un país en guerra, con la legitimidad de su mandato ya cuestionada por la falta de elecciones, un ministerio de Defensa vacante desde hace un mes en medio de manifestaciones populares, y ahora su propia jefatura de gabinete salpicada por un caso de lavado de dinero ligado a la mayor trama de corrupción energética del país. Ninguno de estos frentes lo abrió Moscú — los tres se los abrió su propio sistema institucional, funcionando, paradójicamente, como debería: exponiendo la corrupción incluso cuando toca la puerta de al lado del despacho presidencial. La pregunta que queda flotando, la misma que Fedorov instaló en la calle, es si un país puede sostener la legitimidad de liderar una guerra existencial mientras su propio entorno de poder sigue cayendo, escándalo tras escándalo, apenas a un allanamiento de distancia del presidente.
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