Washington / Brasilia / Pretoria / Londres — Investigación
El fondo de DD.HH. de EEUU, caja para la extrema derecha
Un millón de dólares para una campaña contra el Supremo brasileño, 40 millones para un fondo anticomunista, y 15 millones a grupos británicos ligados al Brexit. El patrón se repite: de Honduras a Venezuela, de Argentina a Brasil, Washington interviene y el resultado nunca termina de ser el prometido.
- Lo que reveló The Guardian
- Cómo se forzaron los fondos, horas antes del plazo
- El millón de dólares contra el Supremo de Brasil
- La respuesta de Brasil: una denuncia penal
- El antecedente: sanciones a Moraes y aranceles del 50%
- El mayor cheque: 40 millones para un fondo anticomunista
- Sudáfrica: financiar la narrativa del «genocidio» afrikáner
- Europa: «autoconfianza civilizacional» con nombre y apellido
- Los 15 millones que fueron a parar al Brexit
- Dos subvenciones que sí se cayeron
- Lo que dice el Departamento de Estado
- El patrón que ya es imposible de negar
Lo que reveló The Guardian
A horas de que venciera el plazo para ejecutar el presupuesto, la administración Trump presionó para destinar más de 175 millones de dólares del principal fondo de derechos humanos del Departamento de Estado —el Fondo de Derechos Humanos y Democracia, conocido por su sigla en inglés, HRDF— a una lista de subvenciones que incluye una enorme asignación de 40 millones para un fondo anticomunista, apoyo a un grupo que promueve los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, una campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil, y programas que recompensarían a aliados ideológicos en Europa dedicados a proteger las «normas civilizacionales occidentales».
De los 205 millones de dólares que el Congreso asignó en total al HRDF, los 43 premios identificados por The Guardian —por un total de 176,9 millones de dólares— refuerzan causas de derecha y conservadoras en todo el mundo, en lo que probablemente termine enfadando a aliados de Estados Unidos por la injerencia directa en su política interna.
Cómo se forzaron los fondos, horas antes del plazo
Pese a las advertencias del propio Congreso
Según la legislación que autoriza el fondo, el dinero debía asignarse antes del 30 de septiembre, al cierre del año fiscal, cuando los fondos no comprometidos caducan. El miércoles 30, el Departamento de Estado forzó los fondos hacia los beneficiarios horas antes de esa fecha límite, pese a las preocupaciones expresadas por el Congreso y los pedidos explícitos de no hacerlo, según una fuente familiarizada con las negociaciones. El Departamento de Estado se negó a responder las preguntas de The Guardian sobre si efectivamente había forzado el uso de esos fondos.
Una asesora del Congreso demócrata reveló que la senadora Jeanne Shaheen, máxima referente demócrata en el comité de relaciones exteriores del Senado, había mantenido 10 retenciones sobre subvenciones por 22 millones de dólares centradas en Brasil, Sudáfrica, Nigeria y la promoción de una ideología de derecha en el Reino Unido y Europa. Según esa misma fuente, el secretario de Estado Marco Rubio firmó personalmente un memorando para ignorar esas retenciones y forzar la ejecución de los fondos.
El millón de dólares contra el Supremo de Brasil
Una de las subvenciones más resonantes, titulada «Contrarrestando la ley y la censura en Brasil» (Countering Lawfare and Censorship in Brazil), destina un millón de dólares a financiar grupos de la sociedad civil brasileña que se oponen a lo que el propio programa describe como «exceso de alcance judicial» y «censura» por parte del Tribunal Supremo Federal. Los documentos obtenidos por The Guardian no identifican qué organizaciones brasileñas recibirán específicamente ese dinero.
La respuesta de Brasil: una denuncia penal
El fiscal general de Brasil, Jorge Messias, calificó la revelación de The Guardian como «una alerta importante para la soberanía brasileña», y el jueves 1 de octubre —a tres días de la primera vuelta presidencial— la fiscalía general presentó una denuncia penal para investigar posibles irregularidades. Messias fue categórico: «Lo que no se puede tolerar es que intereses políticos extranjeros busquen interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que pertenecen exclusivamente al pueblo brasileño».
«Nuestra democracia pertenece a los brasileños»
Messias agregó: «Es derecho de cada generación de brasileños decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y entregar a sus hijos un país que no acepte que las decisiones sobre Brasil se tomen fuera de Brasil».
El antecedente: sanciones a Moraes y aranceles del 50%
Esta no es la primera vez que la administración Trump presiona directamente sobre el caso judicial de Jair Bolsonaro. El año pasado, Washington ya había desplegado una campaña de sanciones y aranceles en un intento —fallido— de presionar al gobierno de Lula y al propio Tribunal Supremo por el juicio al expresidente, condenado finalmente a 27 años de prisión por intentar retener el poder tras perder las elecciones de 2022. Trump calificó esa acusación de «caza de brujas».
Visas revocadas y sanciones Magnitsky
La administración Trump llegó a revocar las visas de funcionarios judiciales brasileños involucrados en el caso de Bolsonaro, en un intento de lograr que la causa se desestimara, e impuso sanciones bajo la ley Magnitsky contra el juez Alexandre de Moraes —responsable del juicio—, su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el instituto jurídico familiar, acusándolo de una «caza de brujas ilegal» contra voces de derecha.
En los últimos meses, Washington volvió a ser acusado de interferir en los asuntos internos brasileños, esta vez utilizando aranceles y la designación de dos organizaciones del crimen organizado brasileño como «organizaciones terroristas extranjeras», en lo que se interpreta como un intento de impulsar la campaña de Flávio Bolsonaro —hijo de Jair— y debilitar a Lula de cara a la elección del 4 de octubre.
El mayor cheque: 40 millones para un fondo anticomunista
La subvención individual más grande, de 40 millones de dólares, se destinó a un consorcio liderado por la Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), una organización sin fines de lucro anticomunista que históricamente había recibido subvenciones mucho menores: un documento de revisión del propio Departamento de Estado, visto por The Guardian, registra apenas 96.997 dólares en contratos previos con la fundación en los últimos cinco años, todos concentrados en el año fiscal 2022. Ese mismo documento identifica a Andrew Bremberg —exasesor de política interna de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, y embajador estadounidense ante la oficina europea de la ONU— como «líder senior» de la fundación.
El vínculo con Hillsdale College
En julio, ProPublica ya había revelado que Samuel Samson, un subsecretario adjunto de apenas 27 años, supervisaba estas nuevas subvenciones y estaba vinculado a miembros senior de la VOC a través de sus estudios compartidos en el posgrado cristiano conservador de Hillsdale College. Un funcionario del Departamento de Estado dijo entonces que esa relación no tenía ninguna incidencia sobre la subvención.
Samson describe a Estados Unidos y Europa como socios en una «lucha civilizacional compartida». En diciembre pasado recorrió Austria, República Checa, Hungría y Eslovaquia —todos países propuestos para recibir una subvención de 2 millones de dólares destinada a combatir la migración «utilizada como arma» por Rusia y Bielorrusia—, y criticó públicamente a las ONG con las que trabajaban administraciones anteriores por promover lo que llamó «conceptos radicales», incluyendo la teoría de género y las políticas de diversidad.
Sudáfrica: financiar la narrativa del «genocidio» afrikáner
Entre los beneficiarios también figuran grupos que promueven los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, a quienes la administración Trump presentó falsamente como víctimas de un «genocidio» —una afirmación que ha sido ampliamente desmentida, pero que la Casa Blanca y el propio Trump repitieron en varias ocasiones públicas.
Europa: «autoconfianza civilizacional» con nombre y apellido
Un programa llamado «Promoviendo aliados de la civilización occidental» recibirá 2 millones de dólares, limitado explícitamente a beneficiarios que no suscriban lo que el propio documento llama «relatos ideológicamente militarizados de los derechos humanos, como la ideología de género». Entre los posibles beneficiarios nombrados figuran organizaciones de Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y los Balcanes, con enfoques declarados «anticomunistas» y de «derechos naturales».
Las fuentes consultadas por The Guardian coinciden en que los premios fueron impulsados personalmente por miembros de la administración Trump, y reflejan intereses declarados por figuras de peso dentro del gobierno: las advertencias del vicepresidente JD Vance sobre un supuesto colapso de los «valores occidentales tradicionales» en Europa, y la presión del asesor Stephen Miller contra la inmigración y a favor de respaldar a minorías blancas en países como Sudáfrica.
Los 15 millones que fueron a parar al Brexit
En el Reino Unido, un premio sin licitación de 3 millones de dólares se destinó a la Jobs Foundation, grupo dirigido por Matthew Elliott, quien lideró la campaña Vote Leave a favor del Brexit. La subvención —titulada «Contrarrestando la sobrerregulación para impulsar la inversión estadounidense»— promovería un «índice de capitalismo de bien común» y una agenda proempresarial, incluyendo específicamente cómo la fundación presentó el propio Brexit como una oportunidad para recortar las regulaciones climáticas británicas.
Dos pares conservadores y un exministro
En total, los premios destinados a grupos británicos habrían enviado 15 millones de dólares de dinero de contribuyentes estadounidenses a organizaciones lideradas por dos pares conservadores en ejercicio y un exministro de gabinete, en temas que van desde la legislación de seguridad en línea hasta la política migratoria.
Dos subvenciones que sí se cayeron
No todo lo propuesto logró avanzar. Una subvención sin licitación de 5 millones de dólares destinada a la Free Speech Union, el grupo fundado por Toby Young, quedó marcada como «retirada» en los documentos. La subvención habría financiado una campaña contra las leyes británicas de seguridad en línea y discurso de odio —incluidas las normas de verificación de edad de la Ley de Seguridad en Línea, que la administración Trump presentó públicamente como censura—. Young declaró que su grupo nunca solicitó ni recibió ese dinero, aunque funcionarios de Trump sí se habrían reunido con la organización durante una gira europea a fines del año pasado.
Otra subvención sin licitación, esta vez de 7 millones de dólares para el think tank 878 —cuyas misiones declaradas incluyen «restaurar la cultura judeocristiana» y «acabar con la migración masiva y deportar a inmigrantes ilegales»—, fue abandonada en julio tras la resistencia del propio Congreso estadounidense. El grupo fue fundado por Jacob Rees-Mogg, exministro británico que hoy conduce un programa en GB News.
Lo que dice el Departamento de Estado
El Departamento de Estado no quiso comentar sobre subvenciones individuales, pero sostuvo que los programas seguían en «deliberación activa», que los beneficiarios cumplirían con las directrices federales para subvenciones, y que toda la programación pasaba por un «proceso estándar y riguroso de selección por parte de profesionales de las subvenciones».
La crítica desde el propio Senado
«El Congreso asignó fondos para el fondo democrático de forma bipartidista para apoyar a los defensores de los derechos humanos, ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en cambio, promover el crecimiento de la democracia en el extranjero», declaró la senadora Jeanne Shaheen. «Las propuestas de la administración Trump usarían fondos públicos para promover organizaciones y programas de extrema derecha en democracias consolidadas. Esto es un desperdicio de recursos y socava los valores y las relaciones de Estados Unidos con socios democráticos, incluidos aliados en Europa.»
El patrón que ya es imposible de negar
Este episodio se suma a una lista cada vez más larga: la injerencia documentada en las legislativas argentinas de octubre de 2025, condicionando apoyo financiero a un buen resultado electoral de Javier Milei; casos similares señalados por la propia inteligencia brasileña en Honduras, Colombia y Perú durante los primeros meses de 2026; el hundimiento de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe; y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, seguida meses después por acuerdos petroleros y de oro negociados directamente con la vicepresidenta del propio régimen que decía combatir. En cada uno de esos casos, la promesa inicial —estabilidad, democracia, seguridad— terminó dando paso a resultados bastante más ambiguos, cuando no directamente opuestos a lo prometido.
Lo novedoso de este caso es la escala y la transparencia casi administrativa con la que se documenta: no son rumores ni filtraciones de inteligencia, sino subvenciones firmadas, con montos exactos, nombres de funcionarios y plazos legales de por medio. Y llega, además, en el peor momento posible para disimularlo: a tres días de una elección presidencial que Washington ya intentó influir por otras vías, con un fiscal general brasileño que no dudó en calificarlo públicamente como una amenaza directa a la soberanía de su país.
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