Jared Kushner construye en la costa albanesa uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos, sobre tierra comprada a un hombre que hoy tiene una orden de arresto internacional por narcotráfico, lavado de dinero y falsificación de escrituras. Pero Artur Shehu es apenas la punta de un iceberg que incluye a un exdiputado intocable desde hace 34 años, una empresa offshore de dueños anónimos, un atentado contra un periodista italiano, y la mayor ola de protestas que vive Albania desde la caída del comunismo.
La venta que encendió Albania
El hombre a quien Jared Kushner —consejero superior de Donald Trump y esposo de Ivanka Trump— le compró parte del terreno para uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos en Europa está siendo investigado en Albania por presunto narcotráfico y lavado de activos, según documentos judiciales revisados por CBS News y un reportaje de The Wall Street Journal.
Se trata de Artur Shehu, empresario albanoestadounidense radicado en Miami, quien en abril vendió a una compañía vinculada al yerno del presidente Donald Trump un terreno en la localidad costera de Zvërnec, cerca de Vlorë, por cerca de 110 millones de euros (unos 125 millones de dólares). Dos meses después, la fiscalía especializada en crimen organizado y corrupción de Albania (SPAK) lo incluyó entre 20 personas que buscaba arrestar por, presuntamente, liderar una red que movía cocaína desde Sudamérica hasta Europa a través de puertos holandeses, y que después lavaba las ganancias mediante inversiones inmobiliarias, entre ellas un rascacielos en Tirana y varias villas en la costa.
Según documentos con fecha del 10 de junio citados por CBS News, existen «indicios suficientes» de su participación en el tráfico de estupefacientes. Las autoridades también congelaron una cuenta bancaria vinculada a la venta del terreno con más de 147 millones de dólares, de acuerdo con el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). SPAK aclaró que la investigación «no involucra a ninguna compañía asociada al señor Kushner», y no hay evidencia de que Kushner o su esposa conocieran las acusaciones. El abogado de Shehu, Kujtim Cakrani, sostiene que su cliente nunca trató directamente con Kushner —solo a través de un intermediario— y que es «simplemente un terrateniente» ajeno a cualquier actividad ilícita.
Quién es Artur Shehu
Detrás del «terrateniente» que describe su abogado hay un historial mucho más largo. En 1999, Shehu estuvo involucrado en un tiroteo en su propio bar de Vlorë en el que murieron dos personas, entre ellas su tío. Huyó a Estados Unidos, pidió asilo y lo obtuvo en 2001; en 2019 consiguió la green card, camino a la ciudadanía. Desde entonces vive en una mansión sobre Alton Road, en Miami Beach, a metros de la bahía de Biscayne.
Una investigación de OCCRP y el Miami Herald de 2021 lo señaló, junto a familiares, como responsable de apropiarse de casi 500 hectáreas de tierra costera cerca de Vlorë, aprovechando un proceso de reforma agraria mal gestionado y corrupto —típico de uno de los países más pobres de Europa—, mediante escrituras falsificadas, ventas ficticias, sobornos a funcionarios y, según denuncias recogidas por la propia investigación, eliminaciones físicas de opositores y propietarios. Su socio en esas operaciones, Pëllumb Petritaj, quien supervisa buena parte de las propiedades albanesas de Shehu, ya fue condenado por usar documentos falsificados para obtener tierras a nombre de la familia Shehu.
Italia también lo tiene en la mira desde hace más de una década. Las autoridades italianas lo investigaron antes por narcotráfico y conexiones con el crimen organizado, sin llegar a imputarlo por falta de pruebas. En 2012, un fiscal de Lecce indagó si Shehu invertía dinero en Albania a nombre de Albino Prudentino, mafioso de la Sacra Corona Unita, que alquilaba un edificio de Shehu en Vlorë para lavar dinero a través de un restaurante y un casino —Prudentino terminó condenado en 2013. Más recientemente, Shehu apareció mencionado en el programa de investigación italiano Report por sus vínculos con el narcotráfico internacional y contactos con la Cosa Nostra y la Sacra Corona Unita. Ese mismo programa, y su conductor, Sigfrido Ranucci, sufrieron el 16 de octubre un atentado con explosivos frente a su departamento en Pomezia, cerca de Roma —y la Dirección Antimafia italiana recibió información desde Vlorë que sugiere una posible relación de Shehu con el ataque, aunque esa línea sigue en fase de hipótesis.
El «intocable» de 34 años: el caso Fidel Ylli
El expediente de la fiscalía de Vlorë por el robo de unas 600 hectáreas de costa —el mismo del que se desprende la venta a Kushner— reveló otro nombre incómodo: el del exdiputado del partido gobernante (PS) Fidel Ylli. Según esa investigación, Ylli quedó identificado como organizador y beneficiario de 900.000 m² de tierra en Karaburun, comprados a Shehu y Petritaj a un precio irrisorio —20 lekë por metro cuadrado, cuando la tasación real de esa superficie rondaba los 126 millones de euros—. El registro de la propiedad en la oficina hipotecaria de Vlorë se completó en apenas 24 horas, pese a que esa misma tierra estaba bajo proceso judicial y secuestrada.
La fiscalía procesó a los socios operativos de Shehu —que terminaron condenados a 43 años de cárcel en total, junto a funcionarios municipales, de la comisión de restitución de tierras y del registro hipotecario— y logró confiscar 115 de las cerca de 600 hectáreas robadas. Pero a Fidel Ylli lo dejaron fuera del expediente penal, a pesar de que la propia investigación lo identificó como organizador y beneficiario del esquema. Ylli disimuló la superficie bajo el nombre de su empresa «House of Arts», administrada por su hermana, sin declararla en el capital ni la actividad de esa firma. No es la primera vez que su nombre queda sin consecuencias: llevaba ya 34 años señalado por el desfalco de unos 15 millones de dólares a través de esquemas piramidales que estafaron a miles de albaneses en los años 90, cuando era escolta del entonces primer ministro Sali Berisha, y por presunto contrabando de mercancías gravadas y narcotráfico durante gobiernos posteriores de ambos partidos.
El doble estándar de la extradición
Mientras Shehu sigue viviendo abiertamente en su mansión de Miami Beach, un diario alemán, Junge Welt, planteó una comparación que resulta difícil de ignorar. El coacusado de Shehu en la causa albanesa, el empresario Ilir Shtufi —constructor de rascacielos en Tirana, vinculado por la prensa albanesa al hijo del líder opositor Sali Berisha—, fue detenido en junio en un hotel de Tesalónica, Grecia, tras una alerta de Interpol. El 30 de julio, la Corte de Apelaciones de esa ciudad ya había aprobado su extradición a Albania: menos de siete semanas entre el arresto y la resolución judicial.
Shehu, en cambio, tiene una orden de arresto internacional vigente por lavado de dinero ligado al narcotráfico, emitida por un país candidato a integrar la Unión Europea, y hasta ahora nadie del otro lado del Atlántico parece tener apuro por vincular ambos expedientes. Según el artículo alemán, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni siquiera confirmó si recibió un pedido formal de extradición desde Tirana. El resultado, planteado sin rodeos por el propio medio: Grecia extraditó a un coacusado en siete semanas; Estados Unidos, donde vive el principal sospechoso y donde el yerno del presidente promueve el proyecto que ese sospechoso ayudó a destrabar, no necesita ni siquiera responder.
Quién es realmente el dueño del resort
Hay otra capa que complica todavía más el cuadro: quién controla, en los papeles, la empresa que construye el complejo. Una investigación de la Red de Reporterismo de Investigación de los Balcanes (BIRN) reveló que la sociedad detrás del proyecto, Zvërnec South Adriatic Development, está registrada como un fideicomiso offshore en los Países Bajos, con beneficiarios finales que permanecen anónimos. Medios estadounidenses la han vinculado tanto a Affinity Partners —el fondo de inversión de Kushner— como a dos hermanos multimillonarios de Catar y al grupo albanés Kastrati.
Consultada por BIRN, la oficina del primer ministro Edi Rama respondió que el Consejo Territorial no es responsable de verificar disputas de propiedad o procesos judiciales asociados a un terreno, y que las instituciones no trabajan «ni con reclamos, ni con suposiciones o prejuicios, sino con documentación y mecanismos legales» —una respuesta que, en los hechos, delega toda la responsabilidad de saber quién vende qué, y con qué dinero, en el propio mercado.
Un dato que antecede al propio proyecto de Kushner
Documentos judiciales citan una escucha telefónica de agosto de 2020 —casi dos años antes de que Kushner mostrara interés público en la zona— en la que dos personas vinculadas al narcotráfico ya hablaban de viajar a Zvërnec para «ver esas propiedades»: «Mi primo dice que hay que estar en Vlorë el domingo o el lunes. Hay que conseguir un bote para ir a Zvërnec a ver esas tierras. Vienen unos amigos», según una de esas conversaciones. Es decir: el interés de circuitos de narcotráfico por esa franja específica de costa es anterior al propio proyecto turístico, no una consecuencia de él.
La disputa que empezó antes que el escándalo
La revelación penal se suma a un conflicto de fondo que antecede al escándalo: residentes de Zvërnec sostienen desde hace más de una década que ese terreno les pertenece, no a Shehu. Alegan que sus familias lo cultivaban y pastoreaban ganado allí antes de que, tras la caída del comunismo en 1991, terminara en manos de Shehu en medio de un historial de títulos de propiedad superpuestos que persigue a buena parte de la costa albanesa. El vecino Kostaq Konomi contó a periodistas que, al enterarse de la venta a la empresa de Kushner, «estuve a punto de tomar un rifle y empezar a disparar». Su abogado, Kostandin Beko, mantiene abiertos varios procesos judiciales contra Shehu y busca una orden que frene el desarrollo del complejo. Para los propios vecinos, Shehu sigue siendo una figura casi fantasmal: «¿Cómo apareció este hombre acá? ¿Cuáles son sus raíces en este lugar? ¿Dónde vivieron su padre o su abuelo? ¿Dónde está enterrada su familia?», preguntaba uno de ellos en un reportaje reciente.
La «Revolución de los Flamencos»
Ese terreno es apenas una pieza de un proyecto mucho más grande. El Gobierno albanés le otorgó a Kushner la condición de «inversionista estratégico», lo que le permite construir alojamientos de lujo en una zona bajo protección ambiental que incluye la laguna de Narta —hábitat de flamencos— y la isla de Sazan, un antiguo puesto militar de la era comunista. Distintos medios estiman el valor combinado de los desarrollos entre 1.400 y 5.000 millones de dólares, incluyendo un tercer proyecto que Affinity Partners, el fondo de Kushner, promueve en un antiguo cuartel militar de Belgrado, Serbia. En mayo, un video que mostraba a guardias de seguridad de uno de los predios agrediendo a un residente local —mientras la policía observaba sin intervenir— se hizo viral y encendió una indignación que rápidamente escaló a lo nacional.
Ese episodio marcó el nacimiento de lo que hoy se conoce como la «revolución de los flamencos»: manifestaciones diarias, generalmente a las seis de la tarde, que comenzaron como una pequeña concentración en el pueblo pesquero de Zvërnec y se convirtieron en las protestas más numerosas que vive Albania desde la caída del comunismo. Los manifestantes visten de rosa, portan globos con forma de flamenco y ondean banderas en las que el águila bicéfala del escudo nacional aparece reemplazada por un flamenco de dos cabezas. Sus consignas —»Albania no está en venta», «Zvërnec es nuestro», «Rama dimisión»— se han escuchado en concentraciones que, según reportes de Euronews, han reunido a decenas de miles de personas en Tirana, y se han replicado entre la diáspora albanesa en Grecia, Alemania y Reino Unido. Al cumplirse 76 días de movilización ininterrumpida, la diáspora sigue sumándose a las marchas frente a la sede del Gobierno.
El primer ministro Edi Rama, quien lleva 13 años en el poder y ha sido una figura clave en el acercamiento de Albania a la Unión Europea, se ha mostrado desafiante frente al reclamo. En una entrevista con la revista Monocle, calificó el episodio de agresión al residente como «inaceptable» y defendió a Kushner como un inversionista «respetuoso» que quiere hacer las cosas «según las reglas». Rama argumenta que el turismo, que representa cerca de una cuarta parte del PIB albanés, necesita virar hacia un modelo de «menos turistas, pero más dinero», y descartó cualquier idea de negociar con los manifestantes.
No todos en el sector turístico local rechazan el proyecto: el empresario hotelero Vasil Bedinaj, dueño de cuatro hoteles en Vlorë, cree que inversiones como la de Kushner pueden traer marcas y mano de obra profesional de la que Albania todavía carece. Pero otros, como el residente de Vlorë Baki Goxhaj, denuncian que la ley que protege las playas públicas fue modificada para permitir solo «inversiones de lujo», y que ya se cercaron 7 km de costa para uso privado.
No es un caso aislado: el modelo detrás de Kushner
Una investigación basada en 252 decisiones urbanísticas aprobadas por el Consejo Territorial Nacional de Albania (KKT) entre 2015 y 2026 muestra que el proyecto de Kushner no es una excepción, sino una pieza más de un modelo sistemático. Esas decisiones afectan más de 12 millones de metros cuadrados de suelo —unas 980 hectáreas— y autorizan 6,7 millones de metros cuadrados edificables en la costa albanesa.
Todo arrancó en 2015, cuando el Gobierno aprobó la Ley de Inversiones Estratégicas, pensada para atraer capital pero que en la práctica le dio al Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad para aprobar grandes proyectos con menos controles. Según el economista Zef Preçi, más del 95% de los llamados «inversores estratégicos» son empresarios albaneses que hicieron fortuna en otros sectores, y parte de ese capital procede de actividades que hoy investiga la propia SPAK. El proyecto más grande autorizado bajo ese régimen, Green Coast, ocupa 893.000 metros cuadrados y creció durante casi una década mediante 18 decisiones administrativas sucesivas; Durrës Marina, otro caso bajo sospecha de la fiscalía anticorrupción, convertirá un antiguo puerto en una ciudad de lujo de 790.000 metros cuadrados.
El patrón se repite con cada flexibilización legal: en 2021, tras reducir los límites de varias áreas protegidas, se aprobaron 41 decisiones en un solo año que habilitaron urbanizar 4,41 millones de metros cuadrados. En 2024, una nueva ley volvió a flexibilizar la protección ambiental y permitió 66 decisiones más. El propio complejo de Kushner se benefició de esa lógica: para construir el aeropuerto internacional de Vlorë, el Gobierno redefinió los límites del paisaje protegido de Vjosa-Narta, dejando la infraestructura formalmente fuera del área protegida aunque rodeada por ella, a metros de la laguna donde se reproduce la mayor colonia de flamencos de Albania. En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclama a Albania una moratoria sobre nuevos permisos en áreas protegidas, como condición para avanzar en su adhesión a la Unión Europea.
El impacto no se queda en la costa. A unos sesenta kilómetros tierra adentro, en el valle del río Shushica, una tubería en construcción desviará más de 22 millones de litros de agua al día desde los manantiales de Tragjas hacia los nuevos complejos turísticos. «Han construido primero tres ciudades turísticas y solo después se han preguntado de dónde iba a salir el agua», denuncia Astrit, portavoz de la aldea de Kuç, donde los vecinos temen que el trasvase comprometa la agricultura y la ganadería de la que viven desde generaciones.
Artur Shehu está involucrado en un tiroteo en su bar de Vlorë en el que mueren dos personas, entre ellas su tío. Huye a Estados Unidos y pide asilo.
Albania flexibiliza sucesivamente su legislación de inversiones estratégicas y de áreas protegidas. El Consejo Territorial Nacional aprueba 252 decisiones que habilitan más de 12 millones de m² de desarrollo costero.
Una escucha judicial registra a dos personas vinculadas al narcotráfico hablando de viajar a Zvërnec para inspeccionar tierras en la zona, casi dos años antes de que Kushner mostrara interés público en el proyecto.
Artur Shehu vende a Albania Land Development, empresa vinculada a Kushner, un terreno en Zvërnec por unos 110 millones de euros.
Un video viral muestra a guardias de seguridad del proyecto agrediendo a un residente local mientras la policía observa sin intervenir. Nace la «Revolución de los Flamencos».
SPAK emite documentos judiciales con «indicios suficientes» de la participación de Shehu en narcotráfico y lavado de activos, e incluye su nombre entre 20 personas buscadas.
Grecia detiene en Tesalónica a Ilir Shtufi, coacusado de Shehu, tras una alerta de Interpol.
La Corte de Apelaciones de Tesalónica aprueba la extradición de Shtufi a Albania. Shehu, mientras tanto, sigue viviendo sin restricciones en Miami Beach.
Con 76 días de protestas ininterrumpidas, un diario alemán pregunta públicamente por qué Estados Unidos no ha movido un dedo para extraditar a Shehu.
Qué se frenó en serio, y qué no
Con tantos frentes abiertos, vale la pena precisar qué está efectivamente detenido y qué sigue funcionando, porque no es lo mismo. Lo confirmado como congelado es el circuito de dinero de la venta puntual: la cuenta con los más de 147 millones de dólares de la transacción entre Shehu y la empresa de Kushner permanece bajo secuestro judicial mientras avanza la causa penal. Ante la presión de las protestas, las autoridades albanesas también paralizaron las obras de forma provisional —un freno que los propios manifestantes calificaron de insuficiente, precisamente porque no equivale a una cancelación.
Lo que no está confirmado como detenido es el proyecto como negocio. Reuters lo describe sin rodeos: el resort avanza pese a los fondos congelados en Albania, y Affinity Partners mantiene en danza tanto Zvërnec como el desarrollo en la isla de Sazan y un tercer proyecto en un antiguo cuartel militar de Belgrado. La disputa legal de fondo sobre a quién pertenece realmente la tierra de Zvërnec sigue, en palabras de la propia prensa que cubre el caso, «sin resolver» —no hay todavía un fallo judicial que declare falsos los títulos con los que se vendió, solo una investigación en curso y una demanda vecinal que lleva más de una década esperando una respuesta. Es exactamente ese vacío —dinero parado, obras paradas a medias, título de propiedad todavía sin resolución firme, y un proyecto que sigue formalmente vivo— lo que mantiene a la «Revolución de los Flamencos» en la calle: piden la suspensión completa del proyecto, y hasta ahora no la consiguieron.
Un escándalo con demasiadas piezas para ser casualidad
Lo que empezó como la venta de un terreno terminó destapando un entramado con varias capas superpuestas: un vendedor con orden de arresto internacional que vive tranquilo en Florida, un exdiputado del propio partido gobernante que lleva más de tres décadas esquivando la justicia por delitos distintos pero con el mismo patrón, una empresa dueña del proyecto cuyos beneficiarios finales nadie puede nombrar con certeza, y un país entero que lleva 76 días en la calle preguntando exactamente lo mismo que preguntan los vecinos de Zvërnec sobre Shehu: quién es esta gente, y cómo terminó siendo dueña de la costa.
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