El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto no solo dejó una de las emergencias más graves de los últimos años. Dejó también, a la vista de todo el mundo, la distancia que puede existir entre un protocolo escrito para funcionar en cualquier desastre y una tragedia que se mide, literalmente, en horas.

Cali, el epicentro del dolor

El balance divulgado por Asocapitales reportó 181 personas fallecidas y más de 1.595 heridas en todo el país, con cientos de viviendas y edificaciones afectadas. Cali, la capital del Valle del Cauca, concentró la peor parte: 95 fallecidos, 949 heridos, 239 personas atrapadas y 180 desaparecidas, con decenas de estructuras colapsadas. Dos días después del sismo, los organismos de emergencia todavía identificaban ocho puntos de la ciudad donde podía haber personas con vida, en una carrera contrarreloj.

Un sistema escalonado para una emergencia que no espera

Colombia tiene un mecanismo formal para pedir ayuda internacional, y es, por diseño, lento. Un consultor en gestión del riesgo de desastres lo describió así: primero responde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo; si lo supera, sube al Consejo Departamental; si eso tampoco alcanza, interviene el Gobierno Nacional a través de la UNGRD; y solo cuando se supera también esa capacidad, se activa la Cancillería para pedir ayuda a otros países.

El propio procedimiento exige, además, un decreto de emergencia formal, seguido de una nota verbal detallando por qué se decreta la emergencia, cuántos son los afectados y qué se necesita exactamente. Es un mecanismo pensado para dar orden y evitar el caos de decenas de ofertas simultáneas sin coordinación —una lógica razonable frente a una sequía, una crisis migratoria, o cualquier emergencia que se desarrolla a lo largo de días o semanas. Frente a personas atrapadas bajo escombros, esa misma lógica se convierte en el obstáculo.

255 personas, binomios caninos, listos para volar

Mientras el trámite avanzaba puertas adentro, la ayuda internacional se acumulaba del otro lado del teléfono. México tenía preparado un contingente de 255 militares —incluyendo personal médico, operadores especializados en rescate y binomios caninos entrenados para detectar personas atrapadas—, además de toneladas de medicamentos y equipo de rescate. Era, según el propio secretario de Defensa mexicano, un equipo similar al enviado a Venezuela tras su terremoto de junio.

No era la única oferta pendiente. Chile —con la experiencia sísmica más profunda de la región—, Argentina, Ecuador, Brasil y España también manifestaron disposición a colaborar, pero según la información disponible, buena parte de esas propuestas recibieron agradecimientos formales sin que se concretara públicamente ningún despliegue. El embajador de China en Bogotá llegó a pedir públicamente que el gobierno colombiano definiera cuanto antes un responsable de coordinar las ofertas extranjeras —una señal de que ni siquiera los canales diplomáticos tenían claro a quién dirigirse.

Un gobierno de tres días, gestionando una tragedia sin precedentes

La emergencia golpeó apenas tres días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia. El nombramiento del responsable de la UNGRD —el organismo clave para coordinar toda la respuesta, nacional e internacional— todavía estaba en trámite cuando ocurrió el sismo. A eso se sumó, según varios analistas y ex responsables de gestión de emergencias, la ruptura del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, lo que dificultó activar con rapidez los canales de coordinación que ya existían.

El resultado fue una señal contradictoria hacia afuera: mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmaba la llegada de fondos de organismos multilaterales —200.000 dólares del Banco Mundial, 500.000 del BID, 500.000 de la CAF, además de un crédito contingente por 200 millones de dólares ya aprobado desde 2025 bajo la modalidad Cat DDO, diseñado específicamente para desembolsarse rápido ante catástrofes—, la ONU confirmaba en paralelo que Colombia todavía no había hecho ninguna solicitud formal de asistencia internacional en personal.

Saqueos en medio de la búsqueda

Mientras continuaba la carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes, un video difundido por un creador de contenido vallecaucano mostró a varias personas retirando objetos —entre ellos alcancías con monedas— de una zona afectada por el terremoto, mientras seguían los trabajos de rescate. El material se volvió viral y generó rechazo público, en un patrón que, lamentablemente, se repite en distintos desastres de gran escala alrededor del mundo cuando el control social habitual de una zona se rompe de golpe.

Torpeza o cálculo: la distinción que importa

Todo lo documentado hasta ahora apunta a una explicación de incompetencia y desorganización: un gobierno recién asumido, sin su organismo de emergencias completamente armado, aplicando mecánicamente un protocolo diseñado para crisis de otro tipo de duración. Es una falla grave —en un rescate, cada hora de trámite cuesta probabilidades reales de encontrar gente con vida—, pero no hay, por el momento, evidencia de que la demora haya sido una decisión calculada.

Lo que sí conviene observar en los próximos días es hacia dónde deriva el relato oficial. Hay una diferencia moral enorme entre una tragedia agravada por la torpeza de una transición de gobierno mal hecha, y el uso posterior de esa misma tragedia como argumento político para transferirle la responsabilidad a la gestión anterior. Lo primero es un error humano, doloroso pero corregible. Lo segundo sería instrumentalizar el sufrimiento de las familias de Cali para blindarse de la crítica —algo que, frente a gente todavía atrapada bajo los escombros, no debería tener cabida en ningún gobierno, sea cual sea su signo.