Un pasadizo de 532 metros, con riel, electricidad y ventilación propia, conectaba una propiedad en Tijuana con un depósito comercial en San Diego. El ciudadano estadounidense que lo habría operado pasó casi tres años prófugo en México antes de ser extraditado.
México extraditó a un ciudadano estadounidense acusado de orquestar una sofisticada operación de contrabando de drogas a través de un túnel ferroviario subterráneo que conectaba Tijuana con San Diego, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Genaro López, de 54 años, se declaró no culpable el lunes ante un tribunal federal, y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es condenado por los cargos de conspiración para distribuir e importar narcóticos.
Un túnel diseñado como obra de ingeniería
Los fiscales federales describen a López como un «poderoso narcotraficante» que operaba en ambos lados de la frontera. En el centro del caso hay un pasadizo altamente diseñado descubierto por agentes federales el 12 de mayo de 2022, mientras investigadores vigilaban una casa de acopio en National City.
Cuando las autoridades detuvieron cuatro vehículos que salían de esa casa de acopio y registraron tanto la propiedad como los rodados, incautaron cerca de 800 kilogramos de cocaína, 74,8 kilogramos de metanfetamina y 1,6 kilogramos de fentanilo — un cargamento que, sumado al hallazgo del túnel, dio origen a la causa central contra López.
La red que empezó a desmoronarse un año antes
Según documentos judiciales, la organización de López dependía originalmente de una red de distribución más tradicional, que comenzó a colapsar en julio de 2021, mucho antes de que se descubriera el túnel. El 9 de julio de ese año, agentes federales detuvieron tres vehículos que salían de una casa de acopio que López operaba en Chula Vista.
López no estaba presente durante ese primer allanamiento. Huyó cruzando la frontera hacia México y permaneció prófugo durante casi tres años, hasta que autoridades mexicanas lo detuvieron el 10 de marzo de 2026, a pedido formal de Estados Unidos, allanando el camino para su extradición.
Cronología del caso
El mecanismo legal detrás de la extradición
La entrega de López a la Justicia estadounidense se sostiene en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, firmado en 1978 y vigente desde 1980. Su condición de ciudadano estadounidense no le ofreció ninguna protección especial: el tratado exige el principio de «doble incriminación» —que la conducta imputada sea delito grave en ambos países—, algo que el tráfico de drogas a gran escala satisface sin dificultad en cualquiera de los dos sistemas legales.
Parte de una estrategia más amplia
El caso se enmarca dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado bajo la Orden Ejecutiva 14159 («Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión»). Se trata de una asociación interinstitucional dedicada a desmantelar cárteles, bandas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan tanto dentro de Estados Unidos como en el exterior, con énfasis particular en los delitos que involucran a menores.
El caso de López no es un fenómeno aislado en la frontera Tijuana-San Diego: la zona tiene una larga historia de túneles de contrabando descubiertos a lo largo de las últimas dos décadas, aprovechando el terreno y la proximidad entre ambas ciudades. Lo que distingue a este caso es la sofisticación de la ingeniería —riel, ventilación y electricidad propias— y la combinación con una red de distribución tradicional en paralelo, que terminó siendo la primera en desmoronarse y la que, en definitiva, llevó a los investigadores hasta el túnel.
El equipo de defensa de López todavía no se pronunció públicamente sobre las acusaciones específicas. El caso está a cargo de los fiscales adjuntos Paul Benjamin y Lawrence Casper, con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia habiendo coordinado directamente con las autoridades mexicanas para asegurar tanto el arresto como la extradición.
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