El censo japonés de 2025 confirmó algo que el país lleva décadas viendo venir sin lograr revertirlo: perdió 3,1 millones de habitantes en solo cinco años, la caída más pronunciada desde que existen registros censales, en 1920. Mientras esos números se conocían, el gobierno avanzaba con un paquete de leyes migratorias que apunta en la dirección exactamente opuesta a la que la demografía reclama.

123 millones de personas, el nivel de 1989

Al 1 de octubre de 2025, Japón tenía 123.049.524 habitantes —3,1 millones menos que cinco años antes—. La tasa de descenso se aceleró del 0,7% registrado en 2020 al 2,5% en 2025. El retroceso lleva al país al mismo tamaño de población que tenía en 1989: treinta y seis años de crecimiento, borrados de un plumazo demográfico.

La concentración territorial es otro síntoma del mismo problema: por primera vez, el 30,1% de toda la población japonesa vive en el área metropolitana de Tokio. La prefectura de Akita, en el norte, tuvo la caída más pronunciada: 8,1% de su población, en un solo lustro.

Sin los extranjeros, la caída habría sido mucho peor

Acá está el cruce de datos que le da sentido a todo lo demás: mientras la población total caía en 3,1 millones, el número de residentes extranjeros en Japón alcanzó un récord de 3,21 millones, muy por encima de los 2,75 millones del censo de 2020. Son los únicos que están, en los hechos, empujando en sentido contrario a la sangría demográfica —sin ellos, la caída total habría sido considerablemente más profunda.

Y sin embargo, el mismo gobierno que reconoce la gravedad del descenso eligió este momento —2026— para endurecer, no facilitar, el camino de esos mismos extranjeros hacia la permanencia.

Cuatro leyes, una sola dirección

En apenas unos meses de 2026, Japón avanzó con una batería completa de restricciones migratorias, justo cuando el censo confirmaba la magnitud del problema demográfico:

El sistema de pensiones que nadie puede sostener solo

El endurecimiento migratorio ocurre exactamente cuando el propio Fondo Monetario Internacional advirtió, el 3 de abril, que el sistema de pensiones japonés constituye una de las principales vulnerabilidades económicas del país a corto plazo. El diagnóstico es simple: el 29% de la población ya tiene más de 65 años, y se espera que llegue al 34,8% en 2040.

La respuesta del sistema no fue sumar aportantes jóvenes desde afuera, sino exprimir más a quienes ya están adentro: extender la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 65 años para 2031, y empujar a millones de ancianos —muchos de ellos ya en la pobreza— a seguir trabajando después de los 70. La tasa de empleo entre mayores de 65 en Japón es del 25,2%, muy por encima del 18,6% de Estados Unidos o el 3,9% de Francia.

De 2,3 a 6,7 millones: la cifra que la política ignora

Hay un número que resume mejor que ningún otro la magnitud de la contradicción: estudios oficiales japoneses proyectan que, para sostener un crecimiento económico modesto de apenas 1,2% anual, el país necesitará triplicar su fuerza laboral inmigrante para 2040 —de los 2,3 millones actuales a unos 6,7 millones—. Eso implicaría que cerca del 10% de la población japonesa debería ser extranjera hacia esa fecha, frente al 3% de hoy.

Frente a esa necesidad matemática, la respuesta política va exactamente en la dirección contraria. El propio Partido Liberal Democrático —que hasta hace poco promovía activamente la mano de obra extranjera y el turismo— ahora habla de lograr «cero inmigración ilegal», reducir el ingreso de nuevos residentes, y exigir una «integración social» cada vez más estricta a quienes ya están. Nadie, del lado oficialista, explicó todavía cómo se concilia esa retórica con la cifra de los 6,7 millones que su propio gobierno proyecta necesitar.

Sanseito, la desinformación viral y el «Japón Primero»

Detrás del endurecimiento legal hay un fenómeno político concreto: el ascenso de Sanseito, el partido nacionalista liderado por Sohei Kamiya, que pasó de ser una fuerza marginal a lograr avances reales en las elecciones parlamentarias de julio de 2025 con una plataforma «Japón Primero» —antiglobalización, antiinmigración— que el propio Kamiya reconoce haber inspirado «enormemente» en las políticas de Donald Trump.

El propio Partido Liberal Democrático, para no perder terreno frente a ese avance, empezó a correrse hacia el mismo discurso: la nueva primera ministra, Sanae Takaichi —ultraconservadora, ganadora de la interna del PLD tras una campaña donde los cinco candidatos prometieron mano dura contra los extranjeros—, llegó a avalar rumores infundados sobre turistas extranjeros maltratando a los ciervos sagrados de Nara, justificándose después con que solo buscaba «transmitir la ansiedad» de la población.

Un profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai, Toshihiro Menju, describe el fondo del problema con precisión: Japón mantiene un «sistema de inmigración encubierta» —acepta mano de obra extranjera de facto para cubrir carencias reales, pero sin decírselo abiertamente a su propia sociedad ni preparar recursos de integración (idioma, vivienda, reconocimiento cultural). El resultado son fricciones evitables que la desinformación y el discurso de figuras como Kamiya —con el megáfono extra de voces globales como la de Musk— convierten en pánico identitario a gran escala.

China ya hizo este experimento, y lo admitió como error irreversible

Japón no sería el primer país en descubrir, demasiado tarde, que una decisión demográfica drástica no se revierte con la misma facilidad con la que se impone. China ya lo vivió, del lado opuesto del mismo problema: en vez de cerrar la puerta a quien entra, cerró la puerta a quien nace.

La política del hijo único, aplicada entre 1979 y 2015, evitó —según cálculos del propio gobierno chino— entre 300 y 400 millones de nacimientos. Fue presentada durante décadas como un triunfo de planificación estatal, la prueba de que un país podía torcer su propia curva demográfica por decisión política. Cuando Pekín finalmente la desmanteló —primero permitiendo dos hijos en 2015, después eliminando cualquier límite en 2021, y hasta ofreciendo incentivos económicos para tener más hijos— la natalidad no repuntó. La tasa de fecundidad cayó a 1,09 hijos por mujer en 2022, y en 2023 la población china empezó a descender por primera vez en generaciones.

Los analistas describen el caso chino como «envejecer antes de hacerse rico» —la peor combinación posible: una pirámide poblacional de país desarrollado, sin haber llegado todavía al nivel de desarrollo económico que permitiría sostenerla. Y una vez que la sociedad se acostumbró al nuevo equilibrio de pocos hijos, ni los premios ni la eliminación de la restricción lograron revertir la tendencia a tiempo.

El paralelismo con Japón es casi exacto, solo que operando por la puerta opuesta: China cerró el grifo de los nacimientos por control poblacional durante 36 años; Japón, ahora, cierra el grifo de la inmigración por identidad cultural. En ambos casos, el propio Estado terminó reconociendo —China ya lo admitió como error irreversible, Japón lo insinúa cada vez que el FMI o su propio gabinete advierten sobre el sistema de pensiones— que la decisión drástica generó exactamente el problema que se suponía debía evitar. La diferencia es que China ya no tiene margen de maniobra. Japón, con las leyes que aprobó este mismo año, parece estar decidido a comprobar en carne propia si a la historia realmente no se le aprende, o si esta vez será distinto.

Resolver un problema de aportantes sin sumar aportantes

La contradicción es difícil de ignorar cuando se ponen los datos uno al lado del otro: un país que pierde población a un ritmo histórico, cuyo sistema de pensiones el propio FMI califica de vulnerable, y cuyos únicos números en positivo demográfico dependen de una inmigración que crece —eligió, en ese mismo momento, hacer más difícil que esos extranjeros se queden, se naturalicen o construyan ahí una vida permanente. La alternativa que sí adoptó fue empujar a su propia población mayor, ya empobrecida, a trabajar más años en vez de descansar.

Parte de esa resistencia tiene una raíz cultural real —un temor identitario a perder cohesión social que en Japón pesa distinto que en países con tradición histórica de inmigración masiva—, y otra parte responde a un fenómeno más coyuntural y menos hablado: el estancamiento salarial y la inflación de los últimos años generaron un malestar económico real en la población japonesa, que en varios casos encontró en el extranjero un blanco más visible y sencillo que el propio Banco de Japón o la política fiscal del gobierno. Pero ni la identidad ni el enojo cambian la aritmética: con una población que se derrumba y un sistema de pensiones que el FMI ya marcó como vulnerable, cerrarle la puerta a quien podría sostenerlo es, cuanto menos, una contradicción que Japón todavía no explicó cómo piensa resolver.