El viernes 24 de julio, 82 de los 125 estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron para destituir a Karim Khan como fiscal jefe del tribunal, tras un procedimiento disciplinario de casi dos años por acusaciones de conducta sexual inapropiada. Khan, de 56 años, niega cualquier irregularidad, y sus abogados calificaron la votación de «ilegal» e «injusta en el sentido procesal».
La destitución llega antes de tiempo: su mandato, iniciado en 2021, debía extenderse hasta 2030. Es la primera vez en la historia del tribunal que un fiscal jefe es removido de esta manera.
Quién es Karim Khan
Nacido en Escocia en 1970, hijo de inmigrantes paquistaníes, Khan construyó una carrera de más de dos décadas en la justicia penal internacional antes de llegar a la CPI. Trabajó en los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, y como abogado defensor representó a figuras de alto perfil como el expresidente liberiano Charles Taylor, el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba y Saif al Islam Gadafi. Antes de asumir en la Fiscalía, dirigió el equipo de investigación de la ONU sobre los crímenes del Estado Islámico en Irak.
En febrero de 2021, sin ser uno de los favoritos iniciales, logró reunir apoyo de países de distintas regiones y fue elegido fiscal jefe por nueve años, sucediendo a la gambiana Fatou Bensouda. Bajo su mandato, la Corte vivió una de sus etapas más activas: solicitó la orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación ilegal de menores ucranianos tras la invasión de 2022, y en mayo de 2024 pidió las órdenes contra Netanyahu, Gallant y varios líderes de Hamas por crímenes de guerra y de lesa humanidad —la decisión que lo puso, según reconoce la propia cobertura internacional, en el centro de la escena mundial—.
La denuncia: quién es «Sarah» y qué encontraron los investigadores
La acusadora se identificó públicamente por primera vez el 16 de julio, en una entrevista de 46 minutos con Christiane Amanpour para CNN. Se la conoce solo por su nombre de pila, Sarah: es abogada, musulmana, de origen malasio, y trabajaba como asistente directa de Khan. Describió lo que llamó una «escalada de intentos» —tocamientos progresivos, un episodio en una misión en Bogotá donde Khan habría entrado a su habitación de hotel con el pretexto de leerle un mensaje de trabajo—. Una segunda mujer denunció, por separado, acoso «constante».
Khan, a través de su abogada Sareta Ashraph, niega «cualquier forma de contacto sexual, relación, consensuada o no consensuada» con la denunciante.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) investigó el caso y, según un informe filtrado, encontró una «base fáctica» para las acusaciones tras entrevistar a Sarah, sus colegas y otros testigos.
El panel final que definió la destitución llegó a una conclusión distinta: por unanimidad, determinó que el material reunido no permitía acreditar la conducta «más allá de toda duda razonable» —el estándar penal más exigente—, aunque aclaró expresamente que eso no significa que las acusaciones fueran falsas, solo que no alcanzaban ese umbral de prueba.
Sarah se adelantó, en su propia entrevista, a la teoría que circulaba sobre su denuncia: negó rotundamente ser agente del Mossad, señaló que pasó controles de seguridad exhaustivos para trabajar cerca de Khan, y afirmó que si hubiera existido la más mínima sospecha de que era agente de algún Estado, la habrían despedido. Fue más allá: acusó a «muchas partes» de mezclar, por conveniencia propia, su denuncia personal con las causas de la CPI contra Israel, y dijo que esa mezcla solo sirvió para «distraer y desviar la atención de la validez de la denuncia». Según documentos vistos por The Guardian, la propia investigación disciplinaria contra Khan concluyó que no había pruebas de que Sarah estuviera siendo utilizada por terceros, incluidas agencias de inteligencia.
El aprovechamiento político, sin vueltas
Mientras el expediente disciplinario mantenía sus claroscuros, la reacción política fue mucho menos matizada. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, celebró la destitución en términos que dejan poco margen para la ambigüedad:
Danon fue incluso más allá, extendiendo la advertencia al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comentario que poco tiene que ver con el expediente disciplinario en sí y mucho con el uso político del momento.
Es un aprovechamiento evidente, y conviene decirlo con esa claridad: usar una denuncia de abuso sexual —real, investigada, con una base fáctica reconocida por un organismo de la ONU— como munición política para desprestigiar las causas judiciales que Khan impulsó, es exactamente el tipo de «conflación» que la propia Sarah denunció en su entrevista. Que el timing sea políticamente conveniente para Israel no dice nada, sin embargo, sobre si la denuncia en sí es cierta o falsa: son dos preguntas distintas, y la evidencia disponible hasta ahora no sostiene que la denuncia haya sido fabricada o instrumentalizada por agencias de inteligencia —eso es lo que investigó puntualmente el propio proceso disciplinario, sin encontrar sustento—.
Lo que no cambia: las órdenes de arresto siguen en pie
El dato clave, que el festejo político tiende a oscurecer: la destitución de Khan no altera en nada el caso contra Netanyahu y Gallant. La investigación sobre Palestina la abrió su predecesora, Fatou Bensouda, y las órdenes de arresto las emiten los jueces de la Corte —no el fiscal—, tras evaluar las pruebas presentadas. Solo esos mismos jueces tienen autoridad para retirarlas. El proceso electoral para un nuevo fiscal ya está en marcha, aunque no se espera una designación antes de 2027.
El resto del tablero: Venezuela se retira, Rubio ataca
El mismo viernes, Venezuela notificó formalmente su retiro «irrevocable» de la CPI, alegando —por boca de su canciller Félix Plasencia— un «sesgo geográfico» que apunta desproporcionadamente a países del Sur Global, sobre todo de África y América Latina.
Un día antes, en Filipinas, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio había calificado a la CPI de estar llena de «lunáticos y locos», insistiendo en que ningún funcionario político o militar de EE.UU. sería jamás juzgado allí. Estados Unidos —que tampoco es miembro del tribunal— ya sancionó a 11 jueces y fiscales de la CPI, incluido Khan, invocando tanto las órdenes contra Netanyahu y Gallant como una investigación previa sobre tropas estadounidenses en Afganistán. La semana pasada, Rubio anunció además una campaña diplomática explícita para «desmantelar» la Corte y presionar a otros países para que la abandonen.
Francia y los Países Bajos —este último, sede del tribunal en La Haya— votaron a favor de la destitución de Khan. Ninguno de los dos vinculó su voto a las causas contra Israel; ambos se limitaron a respaldar el proceso disciplinario en curso.
El cuadro que queda, entonces, es el de una institución bajo fuego simultáneo desde varios frentes —una crisis interna real por la conducta de su propio fiscal, el retiro de un Estado miembro, y una campaña abierta de una superpotencia para desarmarla— justo en el momento en que sostiene, todavía vigentes, algunas de las órdenes de arresto más políticamente sensibles de su historia.
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