El 1 de agosto arranca un nuevo ciclo de negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana, tutelado directamente por Washington. Estados Unidos eligió a los interlocutores: por la oposición, Dinorah Figuera; por el chavismo, Jorge Rodríguez. María Corina Machado —Nobel de la Paz 2025, la dirigente con más respaldo popular de la oposición— no está en esa mesa. Tampoco lo está, curiosamente, Edmundo González Urrutia, a quien la propia oposición proclamó ganador de las elecciones de julio de 2024.
Dos ausencias, una sola pregunta: ¿por qué la transición venezolana se está construyendo por encima de las dos figuras que la oposición señala como legítimas?
Quién es Machado, más allá del símbolo
Machado no viene del petróleo, como suele simplificarse. Su familia —los Machado Zuloaga, con raíces en la vieja elite caraqueña que se remonta a la colonia— construyó su fortuna en el **acero y la electricidad**: su padre, Henrique Machado Zuloaga, fue empresario siderúrgico (Sivensa, Sidetur) y presidió la antigua Electricidad de Caracas, fundada por su propia familia. Todas esas empresas fueron expropiadas por el chavismo entre 2007 y 2010, lo que explica en buena parte la intensidad casi personal de su antichavismo.
Lo que sí la conecta con el petróleo es su programa, no su origen: Machado propone abiertamente **privatizar PDVSA** y abrir el sector petrolero a la inversión extranjera bajo su plataforma de «capitalismo popular». Es exactamente el terreno donde hoy chocan sus intereses con los de actores muy concretos que ya se acomodaron en el negocio petrolero venezolano bajo el actual arreglo de transición.
Dos inhabilitaciones, dos historias muy distintas
Para entender por qué Machado no pudo ser candidata en 2024, hay que separar dos episodios que el propio chavismo mezcla deliberadamente.
La primera sanción, con sustancia real. La Contraloría General de Venezuela la inhabilitó por un año, tras una auditoría de su declaración jurada de patrimonio que encontró sobrestimaciones, omisiones, y un dato fuerte: cerca del 50% de los fondos que administraba en el período evaluado eran depósitos de «origen no conocido». Es un hallazgo técnico auditable, del tipo que puede ser legítimo o exagerado, pero que tiene sustancia real detrás —no una construcción narrativa.
Según analistas jurídicos, esa sanción original ya estaba vencida para este año.
La reactivación política. Justo cuando Machado se perfila como la candidata unitaria capaz de derrotar a Maduro, la Contraloría reutiliza la misma resolución de 2015 —mismo número de expediente, mismo hecho— pero la reinterpreta como si aplicara «el período máximo» de la ley: de un año pasa a quince. El fundamento ya no es la auditoría patrimonial: ahora la acusan de ser partícipe de la «trama» de Juan Guaidó vinculada al bloqueo internacional a Venezuela y a la pérdida de activos en el exterior (Citgo, Monómeros, el oro depositado en el Banco de Inglaterra).
Sancionar dos veces por el mismo hecho —usando la misma resolución para estirar retroactivamente una pena ya vencida— choca de frente con el principio de non bis in idem (no ser juzgado ni castigado dos veces por lo mismo), reconocido en tratados de derechos humanos que Venezuela suscribió. A eso se suma que, según organizaciones como Acceso a la Justicia, nunca se le permitió ejercer su derecho a la defensa, y que el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación sin publicar la sentencia completa y fuera de sus propios plazos procesales.
¿Y el oro? Un matiz importante
Las 31 toneladas de oro venezolano siguen congeladas en el Banco de Inglaterra. Es real. Pero la razón técnica es un fallo de tribunales británicos que reconocieron a Guaidó, no a Maduro, como gobierno legítimo —un tecnicismo de derecho internacional sobre reconocimiento de gobiernos, no una decisión de Machado. Lo verificable de su parte es un hecho político concreto: en enero de 2019 reconoció públicamente a Guaidó como presidente encargado, como lo hizo buena parte de la oposición. Administrar activos o tomar decisiones sobre Citgo y el oro nunca estuvo en sus manos; el chavismo colapsa deliberadamente «apoyó políticamente a» con «robó personalmente», porque narrativamente es mucho más eficaz.
Guaidó, sí: el manejo real de los activos petroleros
Si el rol de Machado en el caso del oro y los activos en el exterior es apoyo político, no manejo operativo, con Guaidó la historia es distinta —y ahí sí hay sustento documental serio, más allá del relato chavista.
El escándalo de Cúcuta. Durante el intento de ingreso de «ayuda humanitaria» por la frontera con Colombia, se manejaron fondos destinados a militares desertores del chavismo. La Fiscalía venezolana abrió investigación sobre colaboradores directos de Guaidó por presunta malversación de esos recursos —un episodio reportado por medios internacionales serios, no solo por la propaganda oficialista.
El caso Citgo. Carlos Vecchio, embajador designado por Guaidó en Estados Unidos, fue acusado de maniobrar para obtener 70 millones de dólares de Citgo —la filial petrolera de PDVSA en suelo estadounidense— alterando la contabilidad para pagar de más en intereses de un bono. También tuvo cobertura internacional más allá del relato chavista.
La crisis de Monómeros. La petroquímica venezolana con sede en Barranquilla, puesta bajo control del interinato, entró en una gestión tan opaca que generó fracturas dentro de la propia oposición: partidos como Primero Justicia exigieron rendición de cuentas sobre honorarios de bufetes internacionales (como Arnold & Porter, contratados para litigar por activos venezolanos en el exterior), y la Alianza Democrática pidió directamente investigar el «desfalco» del interinato.
El manejo —y las denuncias de mal manejo— de activos petroleros en el exterior (Citgo, Monómeros, el fondo de litigios internacional) recayó sobre el círculo íntimo de Guaidó: su partido Voluntad Popular y su embajador Carlos Vecchio, no sobre Machado ni su partido Vente Venezuela. La fractura interna de la oposición por estos casos fue real y pública, con varios partidos —incluido Primero Justicia— exigiéndole a Guaidó transparencia.
Aparte circula, desde mayo de 2024, una denuncia puntual de que Machado habría recibido un pago de 3,2 millones de dólares de un lobby vinculado a Chevron a cambio de garantías sobre PDVSA. Esa acusación proviene de una única fuente no verificada y fue replicada exclusivamente por medios alineados con el chavismo y Rusia (RT, teleSUR, Misión Verdad); ningún medio internacional independiente la confirmó. Es un dato a tratar con máxima cautela: la existencia de financiamiento internacional a campañas opositoras no es en sí misma irregular, pero el salto puntual a «soborno de Chevron» carece, por ahora, de verificación seria.
El precedente que ya la desgastó: el Tren de Aragua
Hay un episodio previo que ayuda a entender por qué, cuando llegó el momento de confiar en sus diagnósticos sobre la debilidad de Maduro, Washington ya tenía motivos para la cautela.
Machado sostuvo públicamente, junto con la propia administración Trump, que Nicolás Maduro dirigía o facilitaba al Tren de Aragua como instrumento para enviar migración criminal hacia Estados Unidos. Esa narrativa fue la base que usó la Casa Blanca para justificar deportaciones masivas de venezolanos —casi 300 personas enviadas a la megacárcel CECOT en El Salvador—.
En mayo de 2025 se conoció un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (NIC), respaldado por 18 agencias de inteligencia de forma prácticamente unánime, que concluyó exactamente lo contrario: que la hipótesis de que Maduro dirige o coordina al Tren de Aragua es «una teoría sin sustento en inteligencia», y que la idea de que el régimen facilita esa migración «no es creíble». El propio documento describe al Tren de Aragua como una red criminal fragmentada, no una estructura bajo control estatal centralizado.
Lo más revelador no es el desmentido en sí, sino lo que vino después: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a los dos funcionarios responsables del informe —Michael Collins y Maria Langan-Riekhof—. Frente a la evidencia que contradecía la narrativa oficial, la respuesta de la administración no fue corregir el relato, sino remover a quienes lo desmintieron.
El episodio deja dos lecturas simultáneas. Para Machado, el costo es directo: quedó documentado que sostuvo una narrativa que su principal aliado, a través de su propia comunidad de inteligencia, calificó de infundada —un antecedente que erosiona la confianza en sus evaluaciones futuras sobre la situación real en Venezuela, incluidas las de la fortaleza de Maduro que citan los reportes sobre su descarte posterior—. Para Trump, en cambio, el costo político de sostener una exageración es mucho menor: tiene el aparato de poder para absorberlo, purgar a los disidentes internos y seguir adelante. Esa asimetría de capital político —ella no puede permitirse ser desmentida, él sí— es, en el fondo, una de las claves de por qué terminó quedando afuera del tablero que ahora decide el futuro de Venezuela.
Según una investigación de Reuters, el 6 de enero de 2025 el equipo de Machado —con ella participando por videollamada desde la clandestinidad— se reunió con Mike Waltz, entonces próximo asesor de Seguridad Nacional de Trump. Allí, David Smolansky, director de la oficina de Machado en Washington, le explicó a Waltz que el Tren de Aragua estaba controlado por Maduro.
El informe del NIC que desmentía ese vínculo se conoció en abril de 2025. Aun así, el 12 de mayo de 2025 —un mes después de la desmentida oficial— Machado declaró públicamente, sin matices: «Maduro es el jefe del Tren de Aragua». Reuters concluye que la oposición legitimó esa idea, pública y privadamente, porque consideraba que sus intereses se alineaban con los de la administración Trump.
La secuencia importa: no se trata de un diagnóstico que después resultó erróneo, sino de sostener la misma narrativa después de que la propia comunidad de inteligencia del aliado al que buscaba convencer ya la había desmentido formalmente.
Por qué Trump la descartó: no es ego, es petróleo
La lectura más cómoda —que Trump la desairó por capricho o narcisismo— no resiste el peso de la evidencia. Lo que emerge de reportes recientes es un cálculo mucho más frío.
1. El interés declarado de Trump nunca fue la democracia. Al anunciar la captura de Maduro, no mencionó a Machado ni la palabra «democracia»: habló de las reservas petroleras venezolanas y de «hacer que el petróleo fluya como debe».
2. Richard Grenell, el negociador clave, viene del lobby petrolero y fue quien gestionó el esquema con el chavismo residual antes y después de la caída de Maduro.
3. Chevron presiona por su cuenta. Su CEO, Mike Wirth, negoció directamente con funcionarios estadounidenses para extender su licencia de producción en Venezuela pese a las sanciones —algo a lo que Machado se opuso públicamente, argumentando que rescataría al chavismo.
4. Ya hay donantes republicanos con negocios activos, como Harry Sargeant, que comenzó a exportar crudo venezolano en este nuevo esquema.
5. La inteligencia estadounidense desconfiaba de sus diagnósticos sobre la debilidad de Maduro, y era escéptica de su capacidad real para gobernar tras un eventual colapso chavista.
6. Su rigidez le costó aliados. Su negativa absoluta a cualquier negociación con el chavismo, sumada a ataques de su entorno hacia figuras que se desviaban de su línea, le hizo perder apoyo de demócratas y empresarios con intereses en Venezuela.
El patrón ya es reiterado, no un episodio aislado: en julio de este año, Washington frenó en pleno vuelo el regreso de Machado a Venezuela tras el terremoto que golpeó al país. Ahora, para la ronda de negociaciones de agosto, ni siquiera fue considerada como interlocutora.
La legitimidad, en disputa
Hay un dato que rara vez se pone sobre la mesa: jurídicamente, la ganadora proclamada de las elecciones de 2024 no es Machado —inhabilitada, no pudo ser candidata— sino Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España. Cuando se dice que Washington «dejó afuera» a la oposición, en rigor dejó afuera tanto a la líder con legitimidad de calle (Machado) como al presidente electo según la propia oposición (González). El esquema actual salta por encima de ambos y negocia directamente con Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 —la última institución que Estados Unidos reconoce como elegida democráticamente.
Dentro de la propia oposición, este salto generó fisuras. Henrique Capriles y Henry Ramos Allup —figuras con diferencias históricas con Machado— salieron a advertir que una negociación que la excluya «está condenada a fracasar». Pero el reclamo choca con una estructura ya montada: Washington no necesita convencer a nadie de la legitimidad de Machado, porque el esquema que armó con Rodríguez y Figuera ya le da lo que buscaba —estabilidad para el negocio petrolero— sin tener que lidiar con su inflexibilidad.
Escenarios posibles hacia adelante
El esquema Figuera-Rodríguez avanza, se celebran elecciones bajo supervisión de Washington con reglas que favorecen una transición gradual y negociada, y Machado queda relegada a un rol de activismo internacional y presión moral, sin poder de decisión real sobre el proceso. Es la continuidad directa de lo que ya viene ocurriendo desde enero.
Ante las críticas de Capriles, Ramos Allup y sectores de la Plataforma Unitaria, Washington podría aceptar que Machado tenga algún canal de consulta informal —sin asiento formal en la mesa—, como forma de contener el desgaste interno de la oposición sin alterar el esquema de fondo con Rodríguez.
Si Machado decide denunciar abiertamente el esquema como una negociación con «el núcleo duro» del chavismo bajo tutela de intereses petroleros, podría recuperar centralidad simbólica y presión internacional (vía su Nobel y su red de apoyo), pero sin capacidad real de torcer la decisión de Washington, que no depende de su aval para sostener el actual arreglo.
Si Jorge y Delcy Rodríguez no cumplen los compromisos de apertura petrolera o de avance hacia elecciones —algo que ya anticipó Marco Rubio como riesgo—, Washington podría verse forzado a revalorizar a Machado como garantía de legitimidad democrática. Pero esto dependería enteramente de un fracaso del esquema actual, no de la presión que ejerza la propia Machado o sus aliados.
El punto que atraviesa los cuatro escenarios es el mismo: la variable que decide el futuro de Machado no es su legitimidad, su Nobel, ni la presión de sus aliados internos. Es si el arreglo petrolero que Washington ya tiene funcionando con el chavismo residual sigue siendo conveniente o deja de serlo. Mientras el petróleo siga fluyendo bajo el esquema actual, presionar a Trump —como bien se intuye— no va a conseguir nada.
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