En junio de 2026 se conoció que una empresa canadiense de minería submarina podría convertirse en la primera del mundo en explotar comercialmente los fondos marinos internacionales, gracias a una orden ejecutiva estadounidense que esquiva las regulaciones de Naciones Unidas. Análisis jurídicos recientes sostienen que esa maniobra podría implicar, además, una violación del derecho internacional por parte de Canadá.

El permiso que se está tramitando

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) confirmó que una solicitud presentada por The Metals Company —con sede en Vancouver, a través de su filial estadounidense TMC U.S.— cumple con sus regulaciones. Los próximos pasos incluyen la publicación de un borrador de declaración de impacto ambiental para alegaciones públicas, con la expectativa de la propia empresa de obtener el permiso de explotación en el primer trimestre de 2027.

Lo que está en juego son los nódulos polimetálicos: miles de millones de toneladas de rocas ricas en cobalto, níquel y elementos de tierras raras que yacen en el lecho marino, entre 4 y 6 kilómetros bajo la superficie. La mejora en las técnicas de ingeniería volvió económicamente viable algo que hasta hace poco era solo teoría —pero la mayor parte de ese material está en aguas internacionales, fuera del territorio de cualquier país.

El atajo legal: una ley de los años 80 y un tratado nunca firmado

Alrededor del 90% de los Estados miembros de la ONU ratificaron la Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que declara que los fondos marinos son «patrimonio común de la humanidad» y que sus recursos «pertenecen a la humanidad en su conjunto». Estados Unidos nunca ratificó ese tratado.

En abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para agilizar los permisos de extracción de minerales en fondos marinos fuera de la jurisdicción de cualquier país —actuando al margen de la normativa de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) de la ONU—. Ese mismo mes, TMC U.S. solicitó su primer permiso comercial para explotar unos 25.000 kilómetros cuadrados del lecho marino del Pacífico; la solicitud después se amplió a 65.000 kilómetros cuadrados, una superficie que duplica la isla de Vancouver.

Los Estados miembros de la ONU vienen trabajando desde 2014 en un marco regulatorio para la minería comercial de aguas profundas bajo la ISA, sin terminar de cerrarlo todavía a mediados de 2026. Washington aprovechó ese vacío con un argumento simple: al no haber firmado ni ratificado la UNCLOS, sostiene que no tiene obligación de someterse al proceso de autorización de la ISA. En su lugar, invocó la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos, una vía legislativa estadounidense de principios de los 80 que había quedado inactiva durante más de cuatro décadas.

El problema que Canadá no puede esquivar

Acá aparece la grieta legal más interesante del asunto: a diferencia de Estados Unidos, Canadá sí es miembro de la UNCLOS. Y las obligaciones del tratado para sus Estados parte son explícitas: no pueden extraer minerales de forma independiente, y están obligados a no reconocer ni participar en ninguna actividad minera unilateral que la viole.

The Metals Company avanza en el trámite estadounidense a través de su filial TMC U.S. —pero esa filial existe con ese nombre recién desde enero de 2025, lo que sugiere que los datos críticos, el financiamiento y los diseños patentados de la operación probablemente sigan proviniendo de la empresa matriz canadiense o de otras filiales del grupo TMC. Si esa filial estadounidense carece de independencia funcional real respecto de su matriz canadiense, Canadá podría tener la obligación —y la responsabilidad legal— bajo la UNCLOS de impedir que la empresa participe en una actividad que las propias normas de la ONU prohíben.

El otro frente: los territorios del Pacífico contra su propio gobierno

Mientras se define el caso de TMC, Washington abrió un segundo frente mucho más cercano a casa —y ahí quien protesta no es un organismo internacional, sino sus propios territorios—. El 18 de agosto, la Administración de Minerales Marinos (MMA), una agencia del Departamento del Interior, publicó una propuesta para subastar concesiones mineras sobre 28 millones de hectáreas de fondo marino frente a las Islas Marianas del Norte y Guam, en el marco de la disputa con China por el control de minerales críticos.

La demanda presentada en un tribunal de Hawái por Fa’asao Ameika Samoa y el Consejo de Conservación de Hawái describe en términos crudos el riesgo ambiental: la maquinaria de extracción «puede destruir casi toda la vida en su camino» y «agita sedimentos que pueden introducir sustancias tóxicas en la red trófica y sofocar los ecosistemas del fondo marino». La denuncia agrega que incluso la sola fase de exploración introduce «un ruido extremadamente fuerte» capaz de dañar a mamíferos marinos y otra fauna.

Lo que queda planteado

El resultado es una carrera con dos frentes simultáneos y de naturaleza distinta. Hacia afuera, Estados Unidos avanza sobre aguas internacionales usando el vacío legal de no haber firmado la UNCLOS, arrastrando a Canadá —que sí firmó el tratado— a una zona de riesgo legal a través de una empresa con sede formal en Vancouver. Hacia adentro, sus propios territorios del Pacífico —Marianas del Norte, Guam, Samoa Americana— se organizan para frenar, con estudios de impacto, plazos de revisión y demandas judiciales, un plan que la propia administración Trump presenta como una cuestión de seguridad nacional frente a China. En ambos frentes, la pregunta de fondo es la misma: quién tiene autoridad real para decidir qué se hace con un fondo marino que, según la mayoría del mundo, no le pertenece a nadie en particular.