El 24 de julio de 2026, un grupo de colonos —entre ellos menores de edad, acompañados de adultos armados— entró a la aldea palestina de Tell, cerca de Nablus, alegando estar «de excursión». El propio ejército israelí desmintió después esa versión: la zona pertenece a las Áreas A y B, donde el ingreso de israelíes está prohibido, y la incursión no había sido coordinada con las FDI.
Palestinos del pueblo intentaron repeler a los colonos. En el enfrentamiento, uno de ellos logró arrebatarle el arma a Benayahu Mellet, de 32 años, miembro del escuadrón de seguridad civil del asentamiento de Havat Gilad. Con esa misma arma, mató a Mellet y al mayor Yuval Ezra, oficial de las FDI enviado al lugar. Un comandante de pelotón abatió al atacante; otros tres palestinos murieron en el tiroteo posterior.
Lo que vino después: un fin de semana de represalias
Cientos de colonos se manifiestan en ciudades palestinas durante el funeral de Mellet. Se reportan ataques en más de una docena de aldeas del norte de Cisjordania.
Colonos incendian la mezquita Al-Rahma (en construcción) en Qusra, con grafitis en hebreo: «La venganza de Benayahu». Otra mezquita es incendiada en Kur, cerca de Tulkarm, con la leyenda «La sangre judía no es libre». Se reportan incendios de vehículos cerca de al-Mughayyir, un ataque con disparos contra vehículos en Abu Njeim, y agresiones en Beit Furik y Ein Samia, donde varios palestinos resultan heridos.
Las FDI miden las casas de los dos palestinos implicados en el tiroteo de Tell y sellan una de ellas, paso previo a su demolición, aprobado por el jefe del Mando Central. Colonos establecen cuatro puestos ilegales nuevos en la zona, algunos dentro del Área B.
En paralelo, las FDI llevaron a cabo redadas masivas: unos 70 palestinos detenidos e interrogados solo en Tell, más de 300 lugares registrados en Jenin, 15 detenidos en Ramala, otros 16 en el sur de Cisjordania. En total, más de 70 palestinos buscados fueron detenidos durante la noche, con cientos de interrogatorios adicionales.
La respuesta oficial: castigo para unos, promesas para otros
Netanyahu prometió «medidas contundentes», que en la práctica significaron demoler la casa de la familia de uno de los palestinos implicados en el tiroteo —una política que Israel aplica regularmente contra atacantes palestinos, pese al debate interno sobre su eficacia y las denuncias de organizaciones de derechos humanos que la consideran castigo colectivo—. La oficina de Netanyahu anunció, además, que aceleraría la aprobación de nuevos asentamientos en la misma zona donde se produjeron los ataques de colonos.
Es la ecuación completa: violencia de colonos que incendia mezquitas y casas palestinas se responde con más asentamientos. Violencia palestina se responde con demolición de viviendas y redadas masivas. La ley actúa con una velocidad y una dureza completamente distintas según quién sea el sospechoso.
Lo que dice el propio Israel de sí mismo
Lo más contundente de este episodio no requiere ninguna mirada externa: surge de la propia lógica interna de lo ocurrido, la que cualquiera puede reconstruir cruzando los hechos que las propias FDI y fuentes israelíes reconocen.
El punto de fondo apunta directamente al ministro de Defensa Israel Katz, que impulsó el fin del uso de detenciones administrativas contra sospechosos judíos, mientras se mantiene esa misma herramienta —sin necesidad de imputación formal ni juicio— para los detenidos de seguridad palestinos. Más allá de si se está de acuerdo o no con la detención administrativa como instrumento legal, la aplicación desigual de las reglas envía un mensaje que no puede ignorarse.
El director del Shin Bet, David Zini, visitó el lugar del enfrentamiento en Tell y pidió a los israelíes no tomarse la justicia por mano propia. Responsables de seguridad israelíes advirtieron repetidamente que la violencia extremista de colonos constituye una preocupación de seguridad nacional —no un exceso menor ni un problema exclusivamente de imagen internacional—.
Vale agregar un dato que conviene remarcar: estos ataques no ocurrirían con la frecuencia que ocurren si sus autores creyeran que existe un riesgo real de arresto y enjuiciamiento. Todo indica que la cúpula política israelí ha sido, durante demasiado tiempo, reticente a condenar y actuar con firmeza contra la violencia de colonos.
Una tendencia que ya no es un pico aislado
Los números muestran que esto no es un exabrupto puntual, sino una escalada sostenida: las FDI registraron 867 incidentes de crimen nacionalista y violencia de colonos en 2025, frente a 682 en 2024. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 1.100 palestinos murieron en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes o colonos, mientras que 68 civiles y personal de seguridad israelí murieron en el mismo período, la mayoría en atentados.
¿A los mismos israelíes que respaldan el derecho de su país a defenderse del terrorismo les parecería aceptable que, si la situación fuera inversa —si fuera población palestina la que incendiara sinagogas y casas judías tras la muerte de un compatriota, mientras el Estado mira para otro lado y hasta premia esa violencia con más territorio— se tratara con la misma tolerancia?
Es una pregunta que no necesita ninguna mirada externa para plantearse: alcanza con leer lo que el propio sistema de seguridad de Israel admite sobre sí mismo, sin necesidad de inventarle un sesgo a nadie.
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