La Haya falla sobre Crimea:
lo que nadie
te contó
En 2026 se publicó el fallo de un litigio que empezó en 2016 — un mundo antes de la guerra a gran escala. Rusia dice que ganó. Ucrania dice que ganó. Ninguno de los dos comunicados cuenta la historia completa. Esta es.
de 2016 a 2026
México, Rusia y Reino Unido
bufete de Washington (2015-18)
el fallo es definitivo
El 16 de septiembre de 2016, Ucrania presentó una demanda formal contra Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En ese momento, la anexión de Crimea tenía apenas dos años. Vladimir Putin todavía no había lanzado la invasión a gran escala de 2022. El mundo discutía Crimea como un capítulo cerrado, no como el prólogo de la guerra más grande en Europa desde 1945. Diez años después, ese litigio terminó — y casi nadie se enteró de que seguía en curso.
Lo que pedía cada parte — y por qué
La demanda se presentó bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR) — un tratado que regula cómo los Estados costeros usan el mar: navegación, pesca, explotación de recursos del lecho marino, protección ambiental. Ucrania reclamaba que, tras tomar control de Crimea, Rusia había empezado a actuar como dueña exclusiva de aguas que —según Kiev— debían seguir bajo régimen compartido o internacional: el estrecho de Kerch, el Mar de Azov, y los espacios marítimos alrededor de la península.
Que se reconociera el estrecho de Kerch como vía de paso internacional, abierta a buques de cualquier bandera.
Que se determinara que Rusia, al construir el puente de Crimea entre 2016 y 2018, violó obligaciones de evaluación ambiental y erigió una estructura deliberadamente baja para impedir el paso de embarcaciones grandes.
Que se reconociera su derecho como Estado costero sobre hidrocarburos, pesca y otros recursos que Rusia explotaba unilateralmente — y una compensación por su uso.
Que el tribunal, constituido bajo un tratado de derecho del mar, no tenía autoridad para meterse —ni indirectamente— en la cuestión de a quién pertenece Crimea.
Que Ucrania intentaba filtrar la pregunta de soberanía territorial dentro de un foro que solo podía hablar de pesca, navegación y medio ambiente.
Que el estatus especial del Mar de Azov y el estrecho de Kerch ya había sido fijado en acuerdos bilaterales firmados por ambos países antes de 2014.
En 2020, el tribunal le dio parcialmente la razón a Rusia en ese punto procesal: obligó a Ucrania a reformular su demanda, quitando las partes que de manera directa o indirecta pretendían que el tribunal se pronunciara sobre territorio. A partir de ahí, el caso quedó estrictamente limitado al terreno del derecho marítimo — no al de la soberanía.
Ucrania presenta la demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, bajo el Anexo VII de la CONVEMAR.
El tribunal acepta parcialmente la objeción rusa: obliga a Ucrania a excluir de su demanda cualquier reclamo que implique pronunciarse sobre soberanía territorial.
El panel de cinco árbitros —presidido por el surcoreano Jin-Hyun Paik, con el argelino Boualem Bouguetaia, el mexicano Alonso Gómez-Robledo, el ruso Alexander Vylegzhanin y el británico Vaughan Lowe— escucha los argumentos finales en el Palacio de la Paz.
El tribunal dicta su laudo.
El fallo se hace público, tras los 21 días que el procedimiento del tribunal otorga a las partes para pedir confidencialidad sobre ciertas secciones. Diez años después de la demanda original.
El tratado que ambos invocan — y leen distinto
No son aguas cualquiera. El estrecho de Kerch es el único paso marítimo entre el Mar de Azov y el Mar Negro — la única puerta de entrada y salida de ese mar interior. Quien controla el estrecho controla quién entra y quién sale, sin excepción. Por sus costas pasan los puertos de Mariúpol y Berdiansk del lado ucraniano, y Rostov del Don y Taganrog del lado ruso — clave para exportar grano, carbón y metales. Y en la orilla oeste se asienta Sevastopol, base histórica de la Flota del Mar Negro rusa, que depende del puente de Crimea —construido sobre ese mismo estrecho— para recibir combustible, alimentos y suministros. Es, literalmente, la cerradura de una puerta.
En 2003 hubo un antecedente directo: Rusia comenzó a construir un dique hacia la isla de Tuzla, en el estrecho, lo que generó un confrontamiento diplomático serio. Para resolverlo, Rusia y Ucrania firmaron el 24 de diciembre de 2003 el «Tratado de Cooperación sobre el Uso del Mar de Azov y el Estrecho de Kerch», ratificado por ambos parlamentos y vigente desde abril de 2004. Su Artículo 1 establece que el Mar de Azov y el estrecho de Kerch son «históricamente aguas internas de la Federación de Rusia y de Ucrania» — de los dos países conjuntamente, no de uno solo. El tratado garantiza libre navegación a buques de ambas banderas, y fija que cualquier disputa sobre esas aguas se resuelva por acuerdo bilateral — no por terceros ni tribunales internacionales.
Ese tratado se apoyaba en otro anterior: el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997, mediante el cual Rusia reconoció formalmente la integridad territorial y las fronteras existentes de Ucrania —incluyendo Crimea como territorio ucraniano— a cambio, entre otras cosas, de la permanencia de la Flota del Mar Negro rusa en Sevastopol bajo arriendo.
La anexión de 2014 rompió ese equilibrio. Rusia pasó a controlar de facto ambas orillas del estrecho y empezó a actuar unilateralmente sobre aguas que el tratado de 2003 definía como compartidas: construyó el puente sin consultar a Ucrania, impuso inspecciones a buques que se dirigían a puertos ucranianos, y en 2018 capturó tres naves de guerra ucranianas en el propio estrecho.
Rusia dice: el tratado de 2003 establece que estas aguas son internas de ambos países, y como Rusia controla ambas orillas tras la anexión, ejerce legítimamente esa soberanía compartida que ya existía.
Ucrania dice: el tratado hablaba de cooperación entre dos Estados soberanos en igualdad de condiciones — no de que uno tomara unilateralmente el control militar de la otra orilla y actuara como dueño exclusivo. Y agrega que Rusia, al violar con la anexión misma el Tratado de 1997, ya había roto el marco legal que sostenía todo el edificio de 2003.
Ese es el nudo jurídico real detrás de los comunicados triunfalistas de ambas cancillerías: no es solo una disputa sobre quién pesca dónde. Es una disputa sobre si un tratado firmado entre dos Estados en pie de igualdad sigue siendo válido cuando una de las partes rompió por la fuerza la premisa territorial sobre la que ese tratado se sostenía.
Lo que el tribunal decidió realmente
Despojado de la propaganda de ambos lados, esto es lo que el fallo estableció:
Sobre el control del estrecho de Kerch y el Mar de Azov: el tribunal desestimó la mayoría de los reclamos de Ucrania sobre fundamentos procesales — no porque concluyera que Rusia tenía razón en el fondo, sino porque esas partes de la demanda excedían la jurisdicción que el propio tribunal había delimitado en 2020.
Sobre el puente de Crimea: el tribunal concluyó que Rusia violó ciertas disposiciones del derecho marítimo internacional durante la construcción — no realizó una evaluación de impacto ambiental adecuada.
Sobre reparaciones: no se otorgó ninguna compensación económica a Ucrania. Ambas partes deben pagar sus propios costos legales del proceso, que duró una década.
No. Bajo el Artículo 11 del Anexo VII de la CONVEMAR, el laudo de un tribunal arbitral constituido de esta forma es final y sin apelación, salvo que las partes hayan acordado de antemano un procedimiento de apelación — algo que Rusia y Ucrania no hicieron. El Artículo 296 de la Convención refuerza esto: cualquier decisión de un tribunal con jurisdicción bajo este mecanismo «es final y debe ser cumplida por todas las partes en la disputa».
Pero «final y vinculante» no es lo mismo que «ejecutable por la fuerza». La CONVEMAR no tiene un mecanismo coercitivo para obligar a un Estado a cumplir si decide no hacerlo, más allá del costo político y reputacional. El antecedente más citado es el caso Filipinas contra China de 2016: ese laudo también fue final y vinculante — y China simplemente no participó del proceso ni lo cumplió, sin que nada en el sistema pudiera forzarlo. El fallo cierra la vía judicial. No resuelve nada por sí solo en los hechos.
Moscú dice una cosa. Kiev dice la contraria.
La Cancillería rusa declaró una «contundente victoria» y aseguró que el arbitraje «reconoció oficialmente el estatus del estrecho de Kerch y el mar de Azov como aguas internas» bajo control ruso, frustrando el intento ucraniano de declarar el estrecho como vía internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano sostiene lo contrario: el tribunal NO coincidió con el reclamo ruso de control exclusivo. El Mar de Azov y el estrecho de Kerch siguen siendo aguas internas de ambos Estados — y Ucrania retiene todos sus derechos como Estado costero, sin importar la ocupación de parte de su territorio.
«Russia Says The Hague Recognized Crimea as Russian. It Didn’t.» La cuestión de la soberanía sobre Crimea nunca estuvo en discusión porque el tribunal no tenía competencia para decidirla. Afirmar que La Haya «reconoció» a Crimea como rusa malinterpreta la naturaleza y los límites del proceso.
La realidad documentada es más modesta que cualquiera de las dos versiones triunfalistas: el tribunal evitó pronunciarse sobre soberanía porque no podía hacerlo, falló parcialmente a favor de Rusia en cuestiones procesales sobre el control de ciertos espacios marítimos, falló parcialmente a favor de Ucrania al confirmar violaciones ambientales rusas en la construcción del puente, y no otorgó a ninguna de las partes lo que realmente quería: ni la «victoria total» que proclama Moscú, ni el reconocimiento del despojo que reclama Kiev.
Los abogados de Washington y el precio de pelear contra una potencia nuclear
Hay un dato verificable y menos discutido en toda esta historia: desde 2014, Ucrania ha sido representada en varios litigios internacionales —incluido este— por el bufete estadounidense Covington & Burling LLP. Según contratos públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, solo entre 2015 y 2018 se firmaron cuatro contratos con esa firma por un total de 16,74 millones de dólares. Contratos posteriores —incluyendo uno de 2025 por 2,9 millones de dólares específicamente para este caso— se sumaron a esa cifra.
Litigar contra una potencia con capacidad de sostener procesos legales durante una década, con los mejores bufetes internacionales, tiene un costo real para las arcas de un país en guerra. Eso no determina quién tenía razón en el fondo del asunto — pero es un dato legítimo sobre el costo de intentar resolver disputas territoriales por la vía judicial cuando una de las partes ya impuso los hechos por la fuerza militar.
El tribunal falla sobre técnica. El territorio se resuelve en los hechos.
Más allá de quién «ganó» —pregunta que probablemente no tiene una respuesta limpia—, el caso revela algo más estructural sobre el derecho internacional en conflictos de gran potencia: los tribunales pueden fallar sobre aspectos técnicos —pesca, evaluaciones ambientales, navegación— mientras la pregunta de fondo —quién controla el territorio— se resuelve en los hechos, no en los tribunales.
Rusia controla Crimea militarmente desde 2014. Ningún fallo arbitral sobre derecho del mar cambia eso. Ucrania puede señalar con razón que el tribunal no le dio a Rusia el reconocimiento de soberanía que Moscú proclama. Y Rusia puede señalar con razón que ganó la mayoría de los puntos procesales sobre control de los espacios marítimos en disputa.
Ambos comunicados oficiales —el ruso y el ucraniano— están diseñados para que su propia opinión pública escuche lo que quiere escuchar. El fallo es final, no apelable, y no ejecutable por la fuerza si una parte decide ignorarlo. Resuelve preguntas técnicas de derecho del mar. No resuelve, porque nunca pudo hacerlo, la pregunta que de verdad le importa a cada bando. El trabajo del periodismo serio es leer el documento — no el comunicado de prensa de ninguna de las dos partes.
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