Mientras la negociación entre Washington y Ottawa colapsaba este fin de semana, en el fondo del conflicto había tres documentos legales firmados un mes antes: las Proclamaciones 11046, 11047 y 11048, todas del 20 de julio de 2026. Son el fundamento jurídico formal de los aranceles del 50% que ya están en vigor sobre cientos de productos canadienses. Vale la pena leerlas, porque muestran algo que la cobertura periodística no siempre transmite: la Casa Blanca no impuso los aranceles como un capricho genérico de política comercial, sino invocando una herramienta legal específica y poco usada, con una narrativa de «discriminación» construida caso por caso —una proclamación por sector: alcohol, lácteos y automóviles.

Una ley de la Gran Depresión, resucitada

Ambas proclamaciones invocan la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 —la misma norma centenaria que ya habíamos visto reaparecer en julio, cuando Trump la usó para imponer el arancel a vino, lácteos, cemento y muebles canadienses—. Esa sección faculta al presidente a imponer aranceles compensatorios de hasta 50% cuando determina que un país extranjero «discrimina» o «impone cargas irrazonables y desiguales» contra el comercio estadounidense, en comparación con cómo trata al comercio de otros países. Es una herramienta pensada para responder a barreras comerciales puntuales, no para una guerra arancelaria de esta escala —y de hecho, según el propio texto de las proclamaciones, nunca había sido aplicada a este nivel.

El caso del alcohol: «Canadá discrimina las bebidas estadounidenses»

El primer decreto se centra en algo que ya conocíamos por el episodio de Wab Kinew y el boicot provincial: el hecho de que las provincias canadienses dejaron de vender alcohol estadounidense desde marzo de 2025. El decreto lo describe con precisión cronológica y cita ejemplos concretos.

El texto detalla que el 4 de marzo de 2025, la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario (LCBO) dejó de comprar productos estadounidenses, canceló pedidos existentes y retiró todo el stock de sus tiendas y sitios de venta online. El mismo día, Quebec instruyó a su Société des Alcools (SAQ) a hacer lo mismo con supermercados, licorerías, bares y restaurantes. Solo Alberta y Saskatchewan levantaron la prohibición después, en junio de 2025 —el resto de las provincias la mantiene hasta hoy.

El decreto argumenta que, mientras el alcohol estadounidense desapareció de las estanterías, las importaciones canadienses de bebidas de Chile, Japón, Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia crecieron entre 13% y 26% en el mismo período, y las de la Unión Europea sumaron más de 100 millones de dólares del incremento total. Es decir: el argumento legal de Washington no es solo «Canadá nos castigó», sino «Canadá nos castigó específicamente a nosotros, mientras dejaba la puerta abierta a todos los demás» —la definición técnica de discriminación comercial bajo la Sección 338.

El caso de los lácteos: EE.UU. contra la Unión Europea, en la letra chica del queso

El segundo decreto es el más técnico de los tres, y se mete en el terreno de las cuotas arancelarias (TRQ, por sus siglas en inglés) para quesos. Canadá mantiene una cuota de acceso libre de aranceles para queso tanto bajo el T-MEC (con Estados Unidos) como bajo el CETA, su acuerdo con la Unión Europea. El problema, según Washington, está en la letra chica de quién puede usar esa cuota.

El decreto detalla que, bajo las reglas del T-MEC, los minoristas canadienses no pueden acceder ni usar la cuota de queso libre de arancel. Pero bajo el CETA, esos mismos minoristas sí tienen acceso a la cuota equivalente para el queso europeo. En la práctica: un supermercado canadiense puede importar queso francés o italiano dentro de la cuota sin pagar arancel adicional, pero no puede hacer lo mismo con queso estadounidense —una asimetría regulatoria puntual, pero que Washington usa como prueba central de discriminación deliberada.

A diferencia de las otras dos proclamaciones, esta no incluye una cifra de caída en las exportaciones —el decreto se enfoca en la desigualdad de trato regulatorio en sí misma, más que en su impacto comercial medido. Aun así, aplica exactamente el mismo remedio: un arancel adicional ad valorem del 50% sobre productos canadienses, con la misma fecha de entrada en vigor que las otras dos.

El caso automotriz: cupos y aranceles «solo para EE.UU.»

El segundo decreto es más técnico, y apunta al sistema arancelario canadiense sobre vehículos motorizados vigente desde abril de 2025. Según el texto, Canadá mantiene un arancel del 25% sobre autos estadounidenses que no califican para trato preferencial bajo el T-MEC, y para los que sí califican, aplica ese mismo 25% sobre el valor de cualquier componente que no sea de origen canadiense o mexicano —hasta el 85% del valor total del vehículo—. A eso se suma una cuota arancelaria (TRQ) que Canadá redujo específicamente para las empresas estadounidenses que trasladaron manufactura desde Canadá hacia Estados Unidos.

El decreto remarca que, mientras caían las exportaciones estadounidenses, las importaciones canadienses de autos mexicanos subieron 23,6% y las de Japón, Corea y Alemania entre 10% y 13,5% —con México solo, según el propio texto, absorbiendo casi 2.000 millones de dólares del incremento total. El mismo patrón de argumentación que en el caso del alcohol: no se trata de una barrera comercial genérica, sino de una que —según Washington— favorece explícitamente a todos menos a Estados Unidos.

Lo que las tres proclamaciones tienen en común

Las tres proclamaciones siguen exactamente la misma estructura legal: describen la «discriminación» canadiense en un sector puntual —alcohol, lácteos, autos—, citan cifras o mecanismos regulatorios que la sustentan, concluyen que eso constituye una carga «irrazonable y desigual» bajo la Sección 338, y fijan el mismo remedio —un arancel adicional ad valorem del 50%— con la misma fecha de entrada en vigor: las 00:01 hora del este del 19 de agosto de 2026. Las tres fueron firmadas el mismo día, un mes antes de esa fecha, dejando el margen de 30 días que exige la propia ley antes de que una proclamación de este tipo pueda entrar en vigor.

Es la misma dinámica que describía Carney en su discurso del sábado: cada ronda de esta guerra comercial se presenta, desde el lado que la ejecuta, como una respuesta legítima a una agresión previa del otro —nunca como el primer golpe. Los decretos que ahora sostienen el arancel del 50% son, en ese sentido, un capítulo más de una cadena que ya lleva año y medio, no su origen.