El embajador de Malasia en Estados Unidos, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, fue citado esta semana por el Departamento de Estado para explicar la posición de Kuala Lumpur respecto a Israel. El motivo inmediato fue puntual, casi anecdótico: la expulsión de un ciudadano estadounidense con doble nacionalidad israelí que había ingresado a Malasia con su pasaporte de EE.UU.
Cómo se destapó: un episodio bien concreto
Todo empezó con Network School, una comunidad de «nómades digitales» instalada en Malasia y fundada por el inversor estadounidense Balaji Srinivasan. Usuarios de redes sociales denunciaron que entre sus participantes había ciudadanos israelíes. Inmigración malasia investigó: todos tenían documentos de viaje válidos, pero se determinó que uno de los participantes, con pasaporte estadounidense, también tenía nacionalidad israelí. Al confirmarse ese dato, las autoridades le pidieron que se retirara del país, y la comunidad completa terminó clausurada.
El episodio escaló rápido: ocho congresistas estadounidenses le escribieron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando indignación por la decisión del primer ministro malasio Anwar Ibrahim. De ahí surgió la convocatoria formal al embajador.
Su respuesta, según el canciller malasio Mohamad Hasan, fue simple: «Esa siempre fue la política de Malasia. Nuestra política de inmigración no reconoce al Estado de Israel ni al régimen sionista. Esta ha sido nuestra posición durante mucho tiempo.» Y Malasia no se quedó solo a la defensiva: pidió a Estados Unidos que corte el financiamiento del programa IMET (que entrena militares malasios en suelo estadounidense) si la decisión de expulsión no se revierte en 15 días.
Una política que nació casi con el propio país
El canciller israelí Moshe Sharett visita Kuala Lumpur, un año antes de la independencia de la Federación Malaya, y propone nombrar un cónsul israelí. Su anfitrión, el futuro primer ministro Tunku Abdul Rahman, recibe la propuesta «favorablemente».
David Ben-Gurion, primer ministro israelí, envía una carta de felicitación a Tunku por la independencia de Malasia, ofreciendo establecer una «representación apropiada» en Kuala Lumpur. Israel además vota a favor del ingreso de Malasia a la ONU ese mismo año.
Pese al tono amistoso previo, un delegado malasio en la ONU le comunica a la delegación israelí que Malasia reconocía a Israel de hecho, pero no tenía intención de establecer relaciones diplomáticas formales.
Malasia nunca estableció vínculos diplomáticos con Israel. Su política de inmigración directamente no reconoce al Estado de Israel, una postura sostenida sin cambios sustanciales durante casi siete décadas.
Es decir: lo que hoy se lee como una reacción a la guerra en Gaza es, en realidad, la continuidad de una política que se fijó definitivamente en diciembre de 1957 —apenas meses después de la propia independencia del país— y que ningún gobierno malasio, de ningún signo político, modificó desde entonces.
El sistema político que sostiene esa continuidad
Entender por qué esta política se mantuvo intacta durante siete décadas, sin importar qué partido gobernara, requiere entender el sistema político malasio, que combina tres capas poco habituales de ver juntas.
Una monarquía electiva rotativa, única en el mundo
Malasia tiene nueve sultanatos tradicionales (Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor y Terengganu), cada uno con su sultán hereditario, más cuatro estados sin monarquía propia. Cada cinco años, los nueve sultanes eligen entre ellos mismos a uno para ocupar el cargo de Yang di-Pertuan Agong («Rey»), jefe de Estado del país entero —un sistema de rotación entre casas reales que no existe en ningún otro país—.
El Agong nombra formalmente al primer ministro (en la práctica, quien tenga mayoría parlamentaria), es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y ejerce como máxima autoridad religiosa islámica a nivel federal. Conserva ciertos poderes de reserva —como negarse a disolver el Parlamento en algunas circunstancias—, pero su rol es mayormente ceremonial: no gobierna el día a día del país.
Una democracia parlamentaria de tipo británico
El poder ejecutivo real está en el Parlamento bicameral —la Cámara de Representantes, elegida por voto popular, y el Senado, con senadores designados y elegidos por legislaturas estatales— y en el primer ministro, hoy Anwar Ibrahim. Cada uno de los 13 estados tiene además su propia legislatura con competencias propias, dándole al país una estructura bastante federal.
Islam oficial, con jurisdicción propia y sin tolerancia al chiismo
El Islam es la religión oficial del Estado por mandato constitucional. Existe un sistema legal dual: junto al sistema civil, rigen tribunales sharía para los musulmanes malayos en asuntos de familia, matrimonio, herencia y ciertos delitos morales —aplican solo a musulmanes, no a las importantes comunidades chinas e indias del país—.
Más del 99% de los musulmanes malasios son sunitas, de la escuela jurídica shafi’i, la misma predominante en el sudeste asiático. El chiismo, en cambio, está oficialmente restringido: desde los años 90, y con más fuerza desde 2010, las autoridades religiosas de varios estados lo declararon una «desviación» del Islam oficial, y hubo arrestos de fieles chiitas por practicar rituales propios como las conmemoraciones de Ashura. Se estima que la comunidad chiita malasia —unas pocas decenas de miles de personas en un país de más de 20 millones de musulmanes— practica de forma semiclandestina.
Por qué todo esto explica el «no» a Israel
La política exterior malasia hacia Israel no se decide en una jerarquía religiosa ni en el palacio real: se define en el gabinete y el Parlamento, como cualquier otra política de Estado. Pero el componente identitario-religioso del sistema —Islam oficial, solidaridad histórica con causas islámicas incluida la palestina, un electorado de mayoría musulmana sunita homogénea— hace que el no reconocimiento a Israel sea, desde 1957, una posición de consenso transversal entre gobiernos de distinto signo, no una bandera de un partido en particular.
Es esa combinación —democracia parlamentaria funcional, con elecciones competitivas y alternancia real de partidos, conviviendo con una identidad religiosa oficial y un consenso histórico casi unánime sobre Israel— la que explica por qué, setenta años después de aquella carta de Ben-Gurion ofreciendo relaciones diplomáticas, la respuesta de Kuala Lumpur sigue siendo, en esencia, la misma que dieron en diciembre de 1957.
Cuando hay negocio, somos todos amigos
Queda pendiente la pregunta más incómoda: si Malasia no reconoce a Israel desde hace casi setenta años, ¿por qué la respuesta de Washington fue apenas un llamado formal a explicaciones, mientras que con Irán —también hostil a Israel— la respuesta este año fue directamente la guerra? La diferencia no está en los principios: está en el negocio.
Malasia se convirtió en una pieza indispensable de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Controla el 13% del mercado mundial de ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores, y empresas estadounidenses de primera línea —Intel, GlobalFoundries— ya invirtieron fuerte allí como parte de la estrategia de Washington para diversificar la producción de chips lejos de territorio chino. El propio primer ministro Anwar Ibrahim apuesta a convertir al país en un centro global de fabricación de semiconductores, con planes de formar a 60.000 trabajadores especializados —un proyecto que a Estados Unidos le conviene que avance, porque es funcional a su propio plan de desacople tecnológico con Beijing—.
China es, desde 2009, el principal socio comercial de toda la ASEAN —inversor, mercado y proveedor de infraestructura para la región—. Presionar demasiado a Malasia por un tema como el reconocimiento de Israel corre el riesgo de empujarla más cerca de Beijing, justo en la región donde Washington más necesita aliados para contener a China.
Ahí está la explicación real de la desproporción: con Irán, el cálculo de Washington es geopolítico-militar puro —rival regional de un aliado clave, con programa nuclear de por medio—. Con Malasia, el cálculo es económico-estratégico, y ahí un llamado a explicaciones sale gratis, mientras que una sanción dura podría costarle a Estados Unidos una pieza clave de su propia pelea contra China. La misma lógica que ya vimos con Arabia Saudita y su acuerdo nuclear: la vara no la fija el principio que se dice defender, la fija cuánto necesita Washington al país señalado para ganar su verdadera partida, que casi siempre termina siendo la que juega contra Pekín.
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