El gobierno de Trump paralizó cinco grandes parques eólicos marinos alegando un riesgo secreto para la seguridad nacional. Un juez designado por Reagan sospechó que era un pretexto. Y mientras Washington congela miles de millones de dólares en obra ya avanzada, Dinamarca, el Reino Unido y hasta la propia industria sueca preguntan por qué el resto del mundo desarrollado resolvió el mismo problema técnico sin frenar nada.
Un informe secreto, cinco parques congelados
El gobierno de Donald Trump lleva desde fines del año pasado trabajando para paralizar el desarrollo de la energía eólica marina en Estados Unidos, alegando que representa un riesgo para la seguridad nacional. El 22 de diciembre, el Departamento del Interior detuvo de forma abrupta la construcción de cinco grandes proyectos en aguas federales, recomprando además contratos de arrendamiento en otros casos, como los planeados frente a la costa de California.
El secretario del Interior, Doug Burgum, sostiene que un informe clasificado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, demuestra que la energía eólica marina constituye una amenaza real. El argumento técnico central es la llamada «interferencia radar» o *clutter*: las aspas en movimiento y las torres reflectantes de los aerogeneradores pueden generar ruido en las pantallas de radar. Burgum agregó que le preocupa que drones autónomos crucen un parque eólico sin ser detectados por esa interferencia, y que las vibraciones de las torres puedan afectar a los sonares submarinos.
Los cinco proyectos frenados suman miles de megavatios: el más avanzado es Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), de Dominion Energy, con 2.600 MW y apenas meses de distancia de empezar a operar; lo acompañan Vineyard Wind 1, Revolution Wind, Sunrise Wind y Empire Wind 1, todos con turbinas ya instaladas o en proceso de instalación.
Un problema técnico que no es nuevo, y que ya tiene solución
Lo llamativo es que la propia cobertura periodística que documenta este freno también documenta que la interferencia de radar por turbinas eólicas no es, ni remotamente, un hallazgo nuevo. El Pentágono revisa desde hace años los planes de construcción de parques eólicos y puede declarar ciertas zonas como áreas restringidas; además, existen actualizaciones de los sistemas de radar diseñadas específicamente para mitigar ese impacto —aunque elevar el umbral de detección conlleva, según el propio Departamento de Energía, el riesgo de pasar por alto blancos reales.
Kirk Lippold, experto en seguridad nacional y excomandante del USS Cole, fue directo al respecto: los operadores de radar están entrenados para distinguir una señal real —un barco, un periscopio, un dron, un misil— del ruido de fondo. Si los drones no se detectan antes de llegar a un parque eólico, advirtió, «tenemos problemas de seguridad nacional más grandes» que el propio parque.
El resto del mundo desarrollado no está haciendo lo mismo
Y ahí está el punto que más debilita el argumento de una amenaza insalvable: los países que comparten con Estados Unidos preocupaciones de defensa similares —incluidos varios aliados de la OTAN— no están congelando sus proyectos en bloque. Miles de turbinas eólicas ya operan hoy en Europa y Asia sin que eso haya paralizado las respectivas defensas nacionales de esos países.
El Reino Unido anunció en marzo la adquisición de nuevos radares de defensa aérea específicamente para mitigar las anomalías causadas por los parques eólicos marinos, promoviendo la tecnología como garantía de que defensa aérea y energía eólica pueden coexistir. El grupo de expertos E3G llegó a plantear que las turbinas del Mar del Norte podrían convertirse en activos de defensa propios, si se les incorpora equipo de vigilancia y monitoreo —es decir, una lectura inversa a la de Washington: no como amenaza, sino como infraestructura aprovechable.
Suecia sí muestra preocupaciones de seguridad —rechazó 11 proyectos—, pero al mismo tiempo aprobó otros dos, lo que indica una evaluación diferenciada, no un bloqueo total. Nils Grunditz, director de Green Power Sweden, la asociación industrial sueca de renovables, cuestionó por qué su país reduce sus planes cuando en otras partes de la misma región ya se aplican soluciones tecnológicas para mitigar la interferencia con los radares —el mismo continente, la misma amenaza declarada, una respuesta completamente distinta.
Un juez designado por Reagan sospechó del «pretexto»
La parálisis no pasó sin control judicial, y el resultado no fue precisamente favorable al gobierno. El caso más seguido es el de Revolution Wind, un proyecto de 5.000 millones de dólares de la danesa Ørsted, ubicado a 15 millas al sur de Rhode Island y 32 al sureste de Connecticut, con un 85% de la obra ya completada y capacidad para abastecer a unos 325.000 hogares.
El juez federal Royce Lamberth —designado por Ronald Reagan, no precisamente un magistrado con motivos para fallar por afinidad ideológica contra una administración republicana— ya había frenado un primer intento de detener el proyecto en septiembre. Cuando el gobierno lo intentó de nuevo en diciembre, Lamberth volvió a fallar en contra en enero, y esta vez fue más allá en sus fundamentos: cuestionó abiertamente si el argumento de seguridad nacional podía haber sido un «pretexto» para ocultar los verdaderos motivos detrás de la parálisis.
Lamberth señaló específicamente que la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM) recibió la información clasificada de Defensa en noviembre, pero esperó hasta diciembre para actuar sobre ella —una demora que, según su lectura, no encaja con la urgencia que se invoca para justificar el freno. El senador demócrata Richard Blumenthal fue más allá en su reclamo público: acusó al gobierno de «jugar juegos políticos» con Revolution Wind y señaló que Trump «no ha podido probar ni demostrar que tales riesgos siquiera existan».
La misma herramienta, usada en cascada
El patrón no se limita a la energía eólica marina. El Pentágono también paralizó el desarrollo de parques eólicos terrestres, mientras el gobierno recurrió a órdenes de emergencia para mantener funcionando centrales de combustibles fósiles que de otro modo habrían cerrado. La respuesta institucional escaló en consecuencia: fiscales generales de 18 estados y de Washington D.C. solicitaron intervenir en una demanda judicial para destrabar los proyectos eólicos terrestres frenados.
Meghan Greenfield, socia del estudio Jenner & Block en Washington, resumió el fenómeno con una frase que explica por qué los tribunales empezaron a fallar en contra del gobierno con tanta frecuencia: la administración esgrime argumentos de seguridad nacional «en tantos contextos diferentes» que eso «ha provocado un escepticismo creciente por parte de los tribunales» —es decir, el uso repetido y extendido del mismo argumento en causas muy distintas terminó erosionando su credibilidad judicial.
Las dos lecturas en disputa
No todos coinciden en que se trate de un pretexto. Diana Furchtgott-Roth, economista de la Energy Policy Research Foundation, defiende la cautela del gobierno: sostiene que los problemas de defensa se conocen desde hace décadas, que las opiniones de las fuerzas armadas deben tomarse muy en serio, que el país no debería depender de turbinas fabricadas en China, y que el gas, el carbón y la energía nuclear ofrecen electricidad asequible y confiable.
Del otro lado, Dennis McGinn, vicealmirante retirado que comandó la flota responsable de las operaciones navales en el Pacífico oriental y septentrional —las mismas aguas de California donde el gobierno también frenó proyectos—, sostiene que no existe «ningún problema insalvable de seguridad nacional» que invalide años de análisis previos sobre esas zonas. Según McGinn, el gobierno exagera los riesgos y costos de la energía eólica marina mientras minimiza sus beneficios, para justificar su apuesta por más combustibles fósiles, algo que a su juicio «no supera la prueba del sentido común». El propio senador Jack Reed, miembro de mayor rango de la Comisión de Servicios Armados del Senado, participó de una sesión informativa clasificada y dijo que los argumentos presentados no le resultaron convincentes —y ahora impulsa una medida legislativa que obligaría al Pentágono a justificar por escrito, en un plazo de 180 días, cualquier rechazo a un proyecto eólico.
Reed fue honesto sobre los límites de su propia iniciativa: aun si se aprueba, anticipó que el gobierno «encuentra muchas maneras de frenar iniciativas que no le agradan», por lo que espera que la campaña contra la energía eólica continúe de todos modos.
Lo que la comparación internacional deja en evidencia
Si el riesgo fuera tan insalvable como lo describe Washington, sería razonable esperar el mismo patrón en cualquier país con capacidad de defensa comparable. No es lo que ocurre. Dinamarca sigue construyendo con cuatro décadas de experiencia acumulada. El Reino Unido invierte en la solución técnica —radares nuevos— en lugar de detener la obra. Suecia diferencia proyecto por proyecto en vez de bloquear en bloque. Y el propio juez que revisó la evidencia clasificada en el caso más avanzado de Estados Unidos concluyó que el argumento no se sostenía frente a los hechos del caso concreto. La pregunta que en definitiva plantea esta comparación no es si la interferencia de radar existe —existe, y es un problema técnico documentado desde hace años—, sino por qué el resto del mundo desarrollado encontró manera de resolverlo sin paralizar miles de millones de dólares en infraestructura ya construida, mientras Estados Unidos no.
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