El sábado 25 de julio, el presidente argentino Javier Milei viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal (PL) que oficializó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones brasileñas de octubre. El viaje se hizo con el avión presidencial, una comitiva de funcionarios oficiales y fondos del erario público argentino —para un acto que, según la denuncia que se presentó después, no tenía ninguna agenda oficial en Brasil: era un evento puramente partidario, de la oposición a Lula.
Los insultos que agravaron todo
Durante su discurso en la convención, Milei no se limitó a respaldar a Bolsonaro: cargó directamente contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.
A Lula lo llamó «ladrón» y «presidiario», y lo calificó de «basura socialista» e «izquierdista».
Sobre el juez Alexandre de Moraes —con quien Milei ya tenía fricción por la prohibición de visitar a Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria— dijo que era «basura pelada».
Las declaraciones fueron interpretadas en Brasil como una injerencia directa en la política interna de otro país, viniendo además de un jefe de Estado en misión oficial.
La crisis diplomática, casi inmediata
Milei participa de la convención del PL en San Pablo, insulta a Lula y a Moraes, y se reúne además con el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, de quien recibe la Orden del Ipiranga, la más alta distinción del gobierno de ese estado.
Brasil llama a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convoca al embajador argentino, Daniel Raimondi, para transmitirle la «repulsa» del Itamaraty (cancillería brasileña).
Se conoce la denuncia penal contra Milei en Argentina. Según La Nación, fuentes de la Casa Rosada confirman que no habrá pedido de disculpas pese al escándalo.
La denuncia: malversación de fondos y ruptura de deberes
Los abogados argentinos José Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal formal contra Milei por dos delitos: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El argumento central es directo: usar el avión presidencial, una comitiva de funcionarios del Estado y fondos públicos para asistir a un acto partidario de la oposición de otro país constituye un desvío de finalidad de esos recursos —que están destinados a la representación exterior oficial de Argentina, no a hacer campaña por un candidato extranjero—.
Como medida de prueba, los denunciantes solicitaron que se le requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje: gastos, viáticos, integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial. También pidieron que, una vez reunida esa prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.
El límite que la denuncia pone sobre la mesa
El caso plantea una pregunta que trasciende la simpatía o el rechazo hacia cualquiera de los actores involucrados: ¿hasta dónde llega el margen de un presidente en ejercicio para hacer proselitismo partidario en el extranjero, con recursos que el Estado le confía para representar al país, no a una facción ideológica?
Estar investido en un cargo público implica, por definición, una limitación: el avión, la comitiva y los fondos no son propiedad personal del funcionario para usar según su afinidad política, son herramientas de Estado con un fin específico. Cruzar esa línea —yendo, además, a insultar al presidente y a un juez de la Corte de un país vecino— no es solo una cuestión de estilo diplomático: es, según sostiene la propia denuncia, un uso indebido del cargo que ya generó un costo concreto y medible en las relaciones entre dos países que necesitan cooperar, se compartan o no las mismas ideas.
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