Investigación — Fuente primaria: el informe Rodal, 1986
Nazis en Canadá: el informe que Trudeau desclasificó
620.000 inmigrantes de países con participación extensa en crímenes de guerra. Kim Philby y Eva Perón ayudando a escapar a un genocida. Y la propia investigación oficial desmintiendo, con nombre y apellido, la versión que el gobierno canadiense repitió durante décadas.
- El caso que Justin Trudeau desclasificó en 2024
- Lo que su propio padre decidió en 1967
- El escándalo Hunka, y por qué aceleró todo
- Qué fue la Comisión Deschênes
- Cómo se llegó a crearla: el caso Mengele
- Una comunidad judía enfrentada a otra ucraniana
- Lo que la comisión concluyó, y lo que nunca se hizo público
- Las críticas: ¿ocultó pruebas la propia comisión?
- El documento oficial completo
- Un informe clasificado «SECRETO», liberado once años después
- Quién fue Alti Rodal, y para qué se le encargó el estudio
- El dato que resume todo: 620.000 inmigrantes, escrutinio inadecuado
- La RCMP contra su propio gobierno
- La División Waffen-SS de Galicia: el caso que después estalló con Hunka
- El desmentido más contundente de todo el informe
- El vínculo con el Vaticano, Kim Philby y Eva Perón
- El genocida húngaro que entró a Canadá en 1951
- Lo que la propia RCMP admitió sobre las agencias de inteligencia aliadas
- De Bernonville: el final en Río de Janeiro
- Por qué esto importa hoy, casi cuarenta años después
En 1967, se le pidió al entonces ministro de Justicia de Canadá que retirara la ciudadanía a un excolaborador nazi que había sido condenado a muerte en la Unión Soviética. El ministro se negó. Su nombre era Pierre Trudeau. Décadas más tarde, en febrero de 2024, su propio hijo —el primer ministro Justin Trudeau— desclasificaría los documentos que revelan exactamente cómo y por qué su padre tomó esa decisión.
El caso que Justin Trudeau desclasificó en 2024
Los documentos desclasificados en 2024 formaban parte del llamado Informe Rodal, compilado en 1986 y publicado originalmente en forma fuertemente censurada en 1987. Fueron elaborados por la historiadora Alti Rodal, nacida en Ucrania e hija de sobrevivientes del Holocausto, como parte de la Comisión Deschênes —el esfuerzo oficial de Canadá para investigar la presencia de criminales de guerra nazis en su territorio—.
En 2023, la organización de defensa judía B’nai Brith Canadá había presentado una solicitud formal bajo la Ley de Acceso a la Información para que se hicieran públicos los contenidos restantes del informe. Las 15 páginas que finalmente se desclasificaron a raíz de ese pedido revelaron, por primera vez, hasta qué punto el propio gobierno canadiense estuvo involucrado en la decisión de otorgar —y sostener— la ciudadanía a criminales de guerra nazis identificados.
Lo que su propio padre decidió en 1967
El caso que los documentos revelan con mayor detalle es el de un hombre letón, identificado en el informe únicamente como «Sujeto F», condenado en ausencia por la Unión Soviética por liderar un pelotón de fusilamiento responsable de la muerte de 5.128 judíos durante el Holocausto —y sentenciado a muerte por ese tribunal soviético—.
Si Trudeau hubiera aconsejado revocar la ciudadanía del Sujeto F, este podría haber sido deportado y ejecutado en la Unión Soviética. Trudeau determinó que no había obligación legal de que un solicitante de ciudadanía revelara su conducta previa, y fue explícito sobre el cálculo político detrás de su decisión.
El Congreso Judío Canadiense intentó, sin éxito, lograr la deportación del Sujeto F en los años siguientes. Según el propio Informe Rodal, murió en Toronto en 1983, sin haber enfrentado jamás la justicia por los 5.128 asesinatos que se le atribuían.
El cálculo de la Guerra Fría, según un abogado de B’nai Brith
«No es sorprendente que, como ministro de justicia, no estuviera pensando solo en términos legales, sino también políticamente», dijo David Matas, consejero legal principal de B’nai Brith Canadá, sobre la decisión de Trudeau, en declaraciones a la CBC. «La persecución de asesinos en masa no debe desviarse por consideraciones políticas», agregó. Consultado en la conferencia de prensa posterior a la desclasificación sobre por qué el gobierno tardó tanto en liberar los registros, el propio Justin Trudeau respondió: «Creo que la gente entiende que esto es tanto una parte importante del registro histórico, como también uno que tiene implicaciones en cuanto a la privacidad, la cohesión comunitaria y el tipo de país que somos. Estas decisiones se toman de manera responsable y nunca a la ligera».
El escándalo Hunka, y por qué aceleró todo
Los esfuerzos por desclasificar los documentos cobraron urgencia poco después de la solicitud de B’nai Brith, cuando en septiembre de 2023 el entonces presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, invitó a un exsoldado nazi de 98 años, Yaroslav Hunka, a presenciar el discurso del presidente ucraniano Volodímir Zelensky ante el Parlamento canadiense. Antes del discurso, Rota lo presentó como «un héroe ucraniano, un héroe canadiense», agradeciéndole «por todo su servicio» —sin saber, o sin decir, que Hunka había sido voluntario de la División Waffen-SS de Galicia—. Rota terminó disculpándose públicamente y renunciando a su cargo.
Qué fue la Comisión Deschênes
La Comisión Deschênes —oficialmente, la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá— fue establecida por el gobierno de Canadá en febrero de 1985, encabezada por el juez retirado del Tribunal Superior de Quebec, Jules Deschênes. Entregó su informe final en diciembre de 1986, tras casi dos años de audiencias, y fue presentado formalmente ante la Cámara de los Comunes el 12 de marzo de 1987.
El mandato oficial de la comisión
«Llevar a cabo tales investigaciones sobre presuntos criminales de guerra en Canadá, incluyendo si alguna de esas personas reside ahora en Canadá y cuándo y cómo obtuvieron la entrada en Canadá… para informar al Gobernador en Consejo sus recomendaciones y consejos relativos a qué otras medidas podrían adoptarse en Canadá para someter a la justicia a los presuntos criminales de guerra que puedan residir en el país.»
Cómo se llegó a crearla: el caso Mengele
El origen inmediato de la comisión fue una denuncia específica: en diciembre de 1984, Sol Littman, representante canadiense del Centro Simon Wiesenthal, escribió una carta al gobierno afirmando tener pruebas de que el propio Josef Mengele había solicitado una visa de inmigrante a Canadá en 1962, bajo el nombre falso de Joseph Menke. Ante la falta de respuesta oficial, Littman llevó la información a los medios —Toronto Star y The New York Times la publicaron, generando un impacto inmediato en todo el país—.
El 23 de enero de 1985, el diputado Robert Kaplan planteó la cuestión directamente en la Cámara de los Comunes al entonces primer ministro Brian Mulroney, quien ordenó una investigación inmediata sobre la validez de las acusaciones. El 7 de febrero de 1985, el ministro de Justicia John Crosbie anunció formalmente que Deschênes encabezaría la comisión independiente.
Lo que la comisión concluyó sobre Mengele, específicamente
Basándose en «el peso de las pruebas disponibles», la comisión concluyó «más allá de toda duda razonable» que Mengele nunca había entrado a Canadá, y «sin la menor vacilación» que ni siquiera había intentado ingresar al país en 1962 como se alegaba.
Una comunidad judía enfrentada a otra ucraniana
La creación de la comisión y las acusaciones que la motivaron generaron tensiones profundas entre la comunidad judía canadiense y las comunidades ucraniana, báltica y de Europa del Este. La comunidad judía estuvo representada por el Congreso Judío Canadiense y B’nai Brith, con Sol Littman como principal vocero. Del otro lado, se formó en febrero de 1985 la Comisión de Libertades Civiles (CLC) —luego rebautizada Asociación Canadiense de Libertades Civiles de Ucrania—, presidida por el abogado de Toronto John Gregorovich.
Los objetivos declarados del CLC:
— Tomar postura pública contra la difamación hacia los ucranianos.
— Representar a las comunidades ucranianas y de Europa del Este ante la comisión.
— Demostrar que la pertenencia al Ejército Insurgente Ucraniano, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, o la Primera División Ucraniana no constituye, por sí sola, prueba de participación en crímenes de guerra.
— Impedir el uso de pruebas de origen soviético en la comisión y en los tribunales canadienses.
— Exigir que cualquier acusado fuera juzgado en un tribunal penal, con estándares de prueba estrictos.
Lo que la comisión concluyó, y lo que nunca se hizo público
El informe final se publicó a fines de 1986 en dos partes. La primera concluyó que efectivamente habían emigrado a Canadá presuntos criminales de guerra nazis, y que algunos todavía residían en el país al momento de la investigación. La comisión adoptó un enfoque amplio, examinando tanto crímenes de guerra tradicionales como el entonces relativamente nuevo concepto de «crímenes de lesa humanidad», y recomendó reformas legales que efectivamente se aprobaron: en junio de 1987, la Cámara de los Comunes sancionó legislación que permite juzgar crímenes de guerra extranjeros en tribunales canadienses y deportar a criminales de guerra naturalizados.
La parte del informe que sigue siendo secreta
La segunda parte del informe final —la que trataba acusaciones contra personas específicas, con nombre y apellido— sigue siendo confidencial hasta el día de hoy, y nunca se ha hecho pública en su totalidad.
En términos de resultados judiciales concretos, los fiscales canadienses presentaron cargos contra al menos cuatro hombres por presunta participación en crímenes de guerra del Holocausto: un caso terminó en absolución, dos fueron abandonados por dificultades para obtener pruebas en el extranjero, y el cuarto quedó suspendido por razones de salud del acusado. Desde 1998, los tribunales determinaron que otros seis hombres habían tergiversado sus actividades durante la guerra al obtener la ciudadanía —lo que en teoría habilitaría revocarla—, pero eso nunca se concretó por considerarse la evidencia «circunstancial e insuficiente». Otras siete personas sujetas a procesos de deportación o revocación de ciudadanía murieron antes de que esos procesos concluyeran.
Las críticas: ¿ocultó pruebas la propia comisión?
El historiador Irving Abella le dijo a Mike Wallace, del programa 60 Minutes, que había sido relativamente fácil para exmiembros de las SS ingresar a Canadá, ya que sus tatuajes distintivos de identificación servían, paradójicamente, como garantía de que eran «confiablemente anticomunistas». Bernie Farber, entonces director del Congreso Judío Canadiense, calificó a los nazis radicados en Canadá —estimados en unos 3.000— como «el pequeño secreto sucio» del país. Hacia fines de los años noventa, la falta de interés oficial en perseguir a estos individuos fue objeto de investigaciones periodísticas de NBC, CBS, CBC, Global Television y The New York Times.
La admisión más incómoda del propio informe
Pese a que el informe final de la comisión sostuvo que las cifras circulantes eran exageradas, el propio documento reconoció que nunca investigó los materiales conservados en la Unión Soviética ni en los países del Bloque del Este, y que tampoco llegó a investigar una lista adicional de 109 nombres entregada hacia el final del proceso. Más tarde se reveló, además, que la comisión omitió considerar pruebas e ignoró conclusiones de juicios previos por crímenes de guerra, incluidos los propios Juicios de Núremberg. Su decisión de no declarar a la 14ª División de Granaderos Waffen-SS (1ª de Galicia) culpable de crímenes de guerra como unidad resultó particularmente polémica, dado que las SS como organización ya habían sido declaradas culpables de crímenes de guerra en juicios anteriores. Es, en los hechos, difícil sostener que la conclusión de la comisión sobre el número real de criminales de guerra en Canadá fue certera, dada la cantidad de evidencia potencial que directamente nunca llegó a considerarse.
Un ángulo adicional de controversia surgió con el caso de Ivan Demjanjuk: la investigadora Olga Bertelsen sostuvo que los soviéticos habían incriminado deliberadamente a un hombre inocente como parte de una operación más amplia —bautizada «Operación Venganza»— de la KGB, para sembrar discordia entre las comunidades judía y ucraniana de Canadá, una posición que comparte Lubomyr Luciuk, profesor del Real Colegio Militar de Canadá. Esa lectura fue rechazada de forma directa por el Centro Simon Wiesenthal y por historiadores especializados en el Holocausto como Efraim Zuroff y Per Anders Rudling. El propio Demjanjuk terminó siendo declarado culpable por múltiples tribunales, en Alemania, Israel y Estados Unidos, y murió preso.
El documento oficial completo
Informe de la Comisión Deschênes sobre criminales de guerra nazis en Canadá
El informe Rodal completo, de más de 600 páginas, preparado en 1986 y desclasificado por el gobierno canadiense.
Descargar el informe completo (PDF)Con este contexto sobre cómo y por qué se creó la Comisión Deschênes, y sobre las décadas de controversia que rodearon la desclasificación parcial de sus hallazgos, es posible ahora adentrarse en el contenido mismo del informe Rodal: la investigación de más de 600 páginas que, trabajando directamente con el archivo gubernamental original, reconstruye caso por caso cómo Canadá se convirtió, para varios cientos de criminales de guerra y colaboradores nazis, en un refugio seguro.
Un informe clasificado «SECRETO», liberado once años después
En marzo de 1997, un memorando interno del Departamento de Justicia, firmado por Paul Vickery, director de la Sección de Crímenes de Guerra, autorizó finalmente la entrega del informe completo de Alti Rodal —titulado Nazi War Criminals in Canada: The Historical and Policy Setting from the 1940’s to the Present— a la Oficina de Acceso a la Información y Privacidad, tras haber permanecido bajo clasificación «SECRETO» durante más de una década desde su redacción en septiembre de 1986. El informe se liberó con el sello «Document disclosed under the Access to Information Act» impreso en cada una de sus más de 600 páginas.
Fue redactado bajo una presión de tiempo que la propia Rodal reconoce en el prefacio como una limitación seria para la investigación.
Quién fue Alti Rodal, y para qué se le encargó el estudio
Rodal fue contratada para reconstruir, a partir del propio archivo gubernamental, las políticas de inmigración, refugiados y personas desplazadas, y su evolución desde la Segunda Guerra Mundial —con el objetivo declarado de entender cómo Canadá llegó a la situación en la que se encontraba respecto al tema de los criminales de guerra en su territorio—.
El dato que resume todo: 620.000 inmigrantes, escrutinio inadecuado
El capítulo de conclusiones del informe contiene el dato estadístico más contundente de todo el documento.
La RCMP contra su propio gobierno
El informe documenta un enfrentamiento interno poco conocido: en 1981, un comité interdepartamental sobre criminales de guerra, presidido por Martin Low, planteó que no había base para asumir que existiera un número comparativamente grande de criminales de guerra en Canadá. La propia Policía Montada (RCMP) cuestionó esa conclusión en su momento.
La División Waffen-SS de Galicia: el caso que después estalló con Hunka
El Capítulo XII, Parte 3, del informe reconstruye en detalle la historia de la 14ª División de Granaderos Waffen-SS «Galicia» —la misma unidad en la que había servido Yaroslav Hunka, el veterano ucraniano ovacionado de pie en el Parlamento canadiense en 2023, generando un escándalo internacional—.
Otto Wächter, gobernador nazi de Galicia, convence a Himmler de formar la División tras negociaciones. El Comité Central Ucraniano y el metropolita Sheptyts’kyi respaldan públicamente el reclutamiento.
Según reportes de las SS citados en el informe: 80.000 hombres se ofrecieron como voluntarios, 50.000 fueron aceptados, y 13.000 fueron efectivamente convocados para el verano de 1943.
La División se rinde a los británicos. Los sobrevivientes son internados en Rímini, Italia.
El gobierno canadiense aprueba la admisión de exmiembros de la División, con retraso de siete meses tras las denuncias del Congreso Judío Canadiense.
Lo que el propio informe encontró sobre los antecedentes de la Policía Auxiliar Ucraniana
El informe cita al historiador Philip Friedman describiendo el rol de las fuerzas policiales ucranianas que, en muchos casos, precedieron a la formación de la División: «Vigilaban el gueto durante las campañas antijudías, escoltaban los transportes hacia los campos de exterminio, y participaban directamente en el exterminio de los judíos». Rodal advierte que, aunque no fue posible investigarlo a fondo por las limitaciones de tiempo, «es razonable concluir» que hubo continuidad entre esas formaciones policiales de 1941-1942 y quienes después se integraron a la División.
El desmentido más contundente de todo el informe
La sección concluye con el pasaje más explosivo de todo el documento: una refutación directa, escrita por la propia investigadora contratada por el gobierno, de la versión oficial que Ottawa venía repitiendo públicamente sobre el proceso de admisión de la División.
El informe muestra, además, que el propio Foreign Office británico —bajo presión para sacar a los miembros de la División del Reino Unido— no era «una fuente confiable de información» al momento de avalar su reasentamiento, y que funcionarios británicos incluso cooperaron con representantes ucranianos para camuflar el pasado de prisioneros de guerra de los miembros de la División ante las autoridades de inmigración.
El vínculo con el Vaticano, Kim Philby y Eva Perón
El Capítulo XII, Parte 4, documenta el caso de un destacado dirigente político de la Eslovaquia nazi —identificado en el informe solo como «Sujeto L» por razones de privacidad— cuya fuga de la justicia involucró a dos de las figuras más conocidas de la historia de posguerra.
Según el informe, «Sujeto L» había ocupado varios cargos de gabinete, incluido el de ministro del Interior, era un criminal de guerra buscado, y en 1946 la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU había encontrado mérito en las acusaciones en su contra, incluyéndolo en su lista de criminales buscados. En 1947, un tribunal de su país natal lo condenó a muerte en ausencia. Pese a todo eso, terminó admitido como inmigrante en Estados Unidos a fines de los años 50 —el propio informe cita un reporte de la Oficina General de Contabilidad (GAO) estadounidense de junio de 1985 confirmando el caso—.
El interrogante que la propia CIA se hizo
Según ese mismo reporte del GAO, citado en el informe Rodal, un funcionario de la CIA contactó al Departamento de Estado para preguntar cómo era posible que esta persona hubiera obtenido la admisión a Estados Unidos dado su historial. Un funcionario del Departamento respondió que la solicitud de visa «había generado una discusión considerable» —sin mayor explicación—.
El genocida húngaro que entró a Canadá en 1951
El mismo capítulo documenta el caso de otro individuo, identificado como «Sujeto E'», exgobernador militar de Miskolc, Hungría, durante el régimen nazi.
Según la reconstrucción del informe, el Sujeto E’ se retiró con las fuerzas alemanas desde Hungría en enero de 1945, obtuvo una visa en Friburgo, entró a Francia en mayo de 1947 —donde la Sûreté Nationale distribuyó en 1949 alertas de búsqueda a pedido del gobierno húngaro, acusándolo de arrestos, torturas y ejecuciones de «muchos patriotas» en Hungría— y finalmente partió hacia Canadá en octubre de 1951, tras haber «escapado gracias a una identidad falsa». Las fuerzas estadounidenses ya lo habían arrestado en Alemania en julio de 1945 como sospechoso de ser un «Kreisleiter» (funcionario nazi de alto rango a nivel regional) en la zona de Miskolc; él lo negó, alegando haber trabajado en una fábrica para el gobierno húngaro.
Lo que la propia RCMP admitió sobre las agencias de inteligencia aliadas
El Capítulo XII, Parte 5, aborda directamente las denuncias —hechas públicas en Estados Unidos en 1982 y profundizadas tras el escándalo de Klaus Barbie en 1983— sobre el uso de excolaboradores nazis por parte de las agencias de inteligencia aliadas, y su posterior reasentamiento con apoyo oficial.
La admisión que el propio informe cita textualmente
Tras revisar sus propios archivos, la Rama de Policía Federal de la RCMP afirmó en un informe interno de abril de 1983 que, como resultado de la fuerte dependencia de los oficiales canadienses de control de visas en los controles realizados por agencias de inteligencia aliadas, «habría sido relativamente sencillo para estas agencias de inteligencia asistir a criminales de guerra sospechosos o presuntos a venir a Canadá a cambio de servicios pasados».
De Bernonville: el final en Río de Janeiro
El informe también reconstruye el célebre caso de Jacques de Bernonville, colaborador nazi francés que, tras años de intentos fallidos del gobierno canadiense por deportarlo, escapó a Brasil, donde vivió bajo el nombre falso de Maurice Delegrize. El propio Bernonville había escrito, defendiéndose de la persecución canadiense en su contra, una carta con un cierre que hoy resulta escalofriante en su cinismo.
De Bernonville fue estrangulado en su propia casa de Río de Janeiro en 1972.
Por qué esto importa hoy, casi cuarenta años después
El informe Rodal permaneció oculto al público durante más de una década después de haber sido escrito, y solo se conoció parcialmente incluso después de su liberación de 1997 —muchos de sus hallazgos más incómodos recién ganaron notoriedad pública en 2023, cuando el escándalo de Yaroslav Hunka en el Parlamento canadiense volvió a poner sobre la mesa la misma pregunta que Rodal ya había respondido, con evidencia documental, casi cuatro décadas antes: no hubo un escrutinio riguroso, la versión oficial del gobierno sobre el tema no se sostenía con los propios archivos del Estado, y el patrón se repitió, caso tras caso, con criminales de guerra de distintos países entrando a Canadá bajo la mirada distraída —o directamente cómplice— de un sistema de inmigración que priorizaba el volumen y la afinidad ideológica anticomunista por sobre cualquier control real.
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