Operación Cóndor
Seis dictaduras, una red de terror continental, el respaldo de Washington y decenas de miles de víctimas. La historia del sistema más sofisticado de represión política que produjo América Latina.
Martín Almada llevaba años buscando su propio expediente. Abogado, ex preso político de la dictadura de Stroessner, sabía que en algún lugar existía un archivo con su nombre, el registro de su detención, de sus torturas, de las razones fabricadas por las que había pasado tres años preso. Tenía una pista: una dependencia policial menor en Lambaré, un suburbio a cuatro kilómetros de Asunción.
Cuando el juez José Agustín Fernández ordenó abrir el depósito, nadie esperaba lo que había adentro.
Toneladas de documentos. Carpetas, fichas, libretas, fotografías, cables cifrados. El registro minucioso de tres décadas de terror de Estado: listas de detenidos, transcripciones de interrogatorios, órdenes de detención, actas de ejecuciones, fichas personales de miles de ciudadanos vigilados. Y entre esos papeles, algo que nadie había podido demostrar hasta ese momento con tanta claridad: las pruebas de que las dictaduras del Cono Sur no actuaban por separado. Actuaban juntas. Coordinadas. Organizadas. Con nombre, presupuesto y protocolo.
Almada llamó a lo que encontraron los Archivos del Terror. Tenía razón.
El contexto
El dominó de las dictaduras: cómo cayó América Latina
Para entender la Operación Cóndor hay que entender el mundo en el que nació. Era 1975 y la Guerra Fría llevaba tres décadas dividiendo el planeta en dos bloques. En Washington, cualquier gobierno latinoamericano que no fuera explícitamente anticomunista era una amenaza potencial. En Moscú, cualquier movimiento popular del continente era una oportunidad.
América Latina se convirtió en el tablero donde se jugaba esa partida. Y en ese tablero, los gobiernos democráticos de izquierda eran piezas que Washington quería sacar del juego.
No cayeron solas. Cayeron empujadas. La Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada desde Washington a partir de los años cincuenta, responsabilizaba a los países del bloque occidental de combatir la «amenaza comunista» dentro de sus propias fronteras. El mensaje era claro: el comunismo es un enemigo interno, y combatirlo justifica cualquier método.
Bajo ese paraguas legal e ideológico, Estados Unidos entrenó entre 1950 y 1998 a unos 125.000 militares latinoamericanos, según datos de USAID. No los entrenó solo en tácticas militares convencionales.
La fábrica de represores
La Escuela de las Américas: donde se aprendía a torturar
En la Zona del Canal de Panamá, el ejército de Estados Unidos administraba una institución que oficialmente se llamaba School of the Americas. Fundada en 1946, tenía un propósito declarado: entrenar a oficiales militares latinoamericanos en técnicas de combate y liderazgo para fortalecer la seguridad hemisférica.
Lo que ocurría adentro era otra cosa.
En 1996, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó los manuales de entrenamiento que se usaban en la escuela. Lo que contenían dejó en estado de shock incluso a legisladores estadounidenses: instrucciones detalladas sobre técnicas de interrogatorio «coercitivo», métodos para obtener información de detenidos mediante privación del sueño, dolor físico y presión psicológica, y protocolos para el manejo de prisioneros políticos.
Los manuales recomendaban lo que eufemísticamente llamaban «control del comportamiento»: detención arbitraria de familiares como forma de presión, uso de informantes infiltrados en organizaciones políticas, y ejecuciones selectivas cuando «fuera necesario».
Entre los graduados de la Escuela de las Américas figuran algunos de los represores más sanguinarios de la historia latinoamericana: el general Manuel Noriega de Panamá, Leopoldo Galtieri de Argentina, Hugo Banzer de Bolivia, y decenas de oficiales que luego ocuparían roles clave en la Operación Cóndor. No es una coincidencia. Es un currículum.
Entre 1946 y 2001 pasaron por la institución más de 64.000 militares latinoamericanos. En 2001 fue rebautizada como Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) en medio de una ola de críticas internacionales. Cambió el nombre. El debate sobre lo que enseñaba nunca fue resuelto del todo.
El Congreso de Estados Unidos debatió su cierre en múltiples ocasiones. Nunca prosperó.
Cuando en noviembre de 1975 los jefes de inteligencia del Cono Sur se sentaron en Santiago de Chile a diseñar la Operación Cóndor, muchos de ellos habían estudiado en el mismo salón de clases. Compartían métodos, vocabulario, doctrina. El trabajo de coordinación ya estaba hecho desde antes.
28 de noviembre de 1975
Santiago de Chile: el día que nació el Cóndor
La invitación llegó firmada por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional chilena que respondía directamente a Pinochet. Era para una reunión de trabajo entre los servicios de inteligencia del Cono Sur, convocada en Santiago con un objetivo declarado que sonaba casi burocrático: «promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene la Interpol en París, pero dedicado a la subversión».
Vinieron Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Brasil no firmó el acta de esa reunión, pero participó activamente desde el principio. Los hombres que se sentaron en esa mesa no eran funcionarios de segunda fila: eran los jefes de inteligencia de cada dictadura, los que tenían acceso directo a sus respectivos comandantes en jefe.
Lo que diseñaron ese día era algo sin precedentes en la historia del continente: un sistema supranacional de represión política. Una Interpol del terror, con base de datos compartida, canales de comunicación encriptados, protocolo de extradición informal de presos políticos y autorización para operar en cualquier país, dentro o fuera de la región.
«Una coordinación transnacional muy organizada, con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura.»
Corte Interamericana de Derechos Humanos — definición oficial de la Operación CóndorLe pusieron el nombre de un ave carroñera de los Andes que vuela a gran altura, ve todo desde arriba y desciende cuando su presa ya no puede defenderse. Nadie en esa sala pareció encontrar la ironía del nombre demasiado obvia.
El mecanismo
Las tres fases: de la vigilancia al asesinato internacional
La Operación Cóndor no fue un plan de exterminio inmediato y caótico. Fue algo más perturbador: fue sistemático, gradual y burocrático. Tenía fases, protocolos, presupuesto y reuniones de evaluación. Funcionaba como una empresa.
Se construyó un archivo centralizado con información sobre opositores políticos de todos los países miembros: guerrilleros, sindicalistas, militantes de partidos de izquierda, periodistas, académicos, sacerdotes de la Teología de la Liberación. El sistema de computación y comunicación encriptada que lo sostenía estaba, según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, suministrado por la CIA, con su estación matriz en una instalación norteamericana en el Canal de Panamá.
Las agencias de inteligencia empezaron a operar juntas: si un uruguayo exiliado en Argentina era identificado como objetivo, la DINA o el SIDE argentino lo detenían a pedido de los servicios uruguayos. Los presos eran interrogados, torturados y en muchos casos desaparecidos. El ciudadano extranjero no tenía ningún estatus legal: no era un detenido, era un fantasma. Sus captores podían hacer con él lo que quisieran sin rendir cuentas a nadie.
La fase más audaz: equipos especiales de agentes viajaban a cualquier país del mundo para asesinar a líderes de la oposición en el exilio. Roma, Madrid, París, México, Washington. El cable del agente del FBI Robert Scherrer lo describió con precisión quirúrgica: «implica la formación de grupos especiales de los países miembros que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no miembros, para llevar a cabo sanciones, incluido el asesinato, contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas».
El horror con dirección postal
Automotores Orletti: el taller mecánico del fin del mundo
En el barrio porteño de Floresta, sobre la calle Venancio Flores 3519, había un taller mecánico llamado Automotores Orletti. Desde afuera parecía exactamente eso: un taller. Por adentro era el centro de detención clandestino más importante de la Operación Cóndor en Argentina.
Funcionó entre mayo y noviembre de 1976, los meses más oscuros de la dictadura de Videla. Estaba a cargo de agentes de la SIDE —la inteligencia argentina— pero sus prisioneros venían de todos los países del Cono Sur. Era, en la práctica, una cárcel supranacional que no aparecía en ningún registro oficial de ningún país.
Los detenidos llegaban con los ojos vendados. Los metían en el primer piso, sobre el taller donde los mecánicos seguían trabajando como si nada. El ruido de las herramientas tapaba los gritos.
En Orletti fueron detenidos y torturados cientos de uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y argentinos. Algunos salían de ahí para ser trasladados a sus países de origen en vuelos clandestinos —los llamados «vuelos de la muerte»— y continuar su detención o ser ejecutados allá. Otros simplemente desaparecían.
Entre los prisioneros más recordados de Orletti están Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, militantes uruguayos del PVP detenidos en Porto Alegre por la policía brasileña y trasladados clandestinamente a Buenos Aires en una operación coordinada entre Brasil, Uruguay y Argentina. El caso se convirtió en uno de los más documentados de la Operación Cóndor porque Rodríguez y Celiberti sobrevivieron y pudieron testificar.
En noviembre de 1976, dos detenidos lograron escapar de Orletti. Su testimonio expuso públicamente la existencia del lugar y forzó el cierre del centro. Fue una de las primeras fisuras reales en la estructura del Plan.
Décadas después, los juicios en Argentina reconstruyeron lo que pasó en Orletti. Los testimonios de los sobrevivientes permitieron identificar a los responsables. Algunos fueron condenados. Otros murieron antes de que llegara la sentencia. Unos pocos siguen libres.
El Cóndor en Washington
Orlando Letelier: una bomba en la capital del mundo
El 21 de septiembre de 1976, a las nueve y media de la mañana, un coche bomba estalló en Sheridan Circle, en pleno Washington DC, a pocas cuadras de la embajada chilena. El auto pertenecía a Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de Salvador Allende, que vivía exiliado en la capital estadounidense desde el golpe de Pinochet.
Letelier murió en el acto. También murió su asistente norteamericana, Ronni Karpen Moffitt, de veinticinco años. Su marido, que viajaba en el mismo coche, sobrevivió.
Un atentado con bomba en la capital de Estados Unidos, contra un ciudadano chileno que trabajaba en un think tank progresista. En plena mañana. A metros de embajadas extranjeras. La audacia era tan extrema que inicialmente muchos en Washington no podían creer que hubiera sido obra de un gobierno aliado.
La investigación del FBI demostró lo que parecía imposible: la operación había sido planificada y ejecutada por la DINA chilena, el servicio de inteligencia de Pinochet. Los agentes que colocaron la bomba habían entrado a Estados Unidos con documentos falsos preparados por los servicios de inteligencia chilenos. La orden venía de arriba. De muy arriba.
El director de la DINA, Manuel Contreras, fue condenado en Chile por el asesinato de Letelier. Murió en 2015 mientras cumplía su condena en una prisión especial construida específicamente para militares condenados. Pinochet nunca fue juzgado por este crimen.
El asesinato de Letelier fue el momento en que la Operación Cóndor se volvió demasiado visible para ignorarla. Matar a un opositor en Buenos Aires o en Montevideo era una cosa. Hacer explotar un coche en Washington era otra. Hasta los propios funcionarios de la CIA empezaron a cuestionar si la tercera fase del Plan no se había salido de control.
«Los planes de estos países de llevar a cabo acciones ofensivas fuera de su propia jurisdicción suponen nuevos problemas para la CIA. Pero más importante, plantea la cuestión de qué podría hacer la Agencia para prevenir actividades ilegales de este tipo.»
Raymond Warren — Jefe de la CIA para América Latina, cable desclasificadoNótese lo que Warren no pregunta: no pregunta si la CIA sabía. No pregunta si la CIA participó. Pregunta qué puede hacer la Agencia para prevenir que sus aliados sigan actuando así en el futuro. La distinción es pequeña. Y es enorme.
La mano de Washington
Kissinger: el arquitecto que nunca respondió
Henry Kissinger es el nombre más incómodo de toda esta historia. Y también el más importante.
Kissinger fue el artífice principal de la intervención de la CIA en Chile que terminó con el golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. El Informe Hinchey, desclasificado por el Congreso de Estados Unidos, lo documenta con detalle. Kissinger, entonces Consejero de Seguridad Nacional bajo Nixon, coordinó personalmente las operaciones encubiertas para desestabilizar el gobierno de Allende.
Once días después de la muerte de Allende —asesinado durante el golpe— Kissinger fue nombrado Secretario de Estado. Ocupó ese cargo hasta 1977: exactamente los años de mayor actividad de la Operación Cóndor.
En junio de 1976, el embajador estadounidense en Paraguay informó a Kissinger que los países del Cóndor planificaban operaciones de asesinato en Europa y América Latina contra líderes opositores. Kissinger instruyó a sus embajadores para que transmitieran una advertencia a los gobiernos involucrados.
La advertencia nunca llegó. Kissinger la canceló antes de que se enviara. Tres meses después, Letelier fue asesinado en Washington.
En 2001, cuando un juez español intentó interrogar a Kissinger sobre su rol en los crímenes de la Operación Cóndor en el marco de un caso internacional, Kissinger se negó a comparecer. En 2023, cuando murió a los cien años, varios países latinoamericanos tenían causas judiciales abiertas contra él que nunca prosperaron.
Los documentos desclasificados muestran que en los más altos niveles de la CIA eran «perfectamente conscientes de los planes de la Operación Cóndor de enviar equipos a naciones europeas para matar a líderes» de organizaciones de izquierda. Conscientes y, en muchos casos, facilitadores. La base tecnológica del Plan —el sistema de comunicación encriptada con estación matriz en el Canal de Panamá— difícilmente podría haber existido sin apoyo estadounidense directo.
El debate académico sobre si Estados Unidos «participó» o «permitió» la Operación Cóndor es, en cierta medida, una discusión semántica. Lo que no admite discusión es que Washington sabía, entrenó a los represores, proveyó la tecnología y, cuando tuvo la oportunidad de frenar los asesinatos, eligió no hacerlo.
El tesoro que nadie quería encontrar
Los Archivos del Terror: la prueba que cambió todo
Martín Almada tardó años en que alguien le creyera que los archivos existían. Lo llamaban paranoico. Le decían que la dictadura de Stroessner había terminado en 1989 y que Paraguay estaba en democracia y miraba hacia adelante.
Almada miraba hacia atrás. Sabía que los archivos de la dictadura no podían haber desaparecido: eran demasiado voluminosos, demasiado detallados, demasiado preciosos para los que los habían creado. En algún lugar estaban.
Cuando el juez Fernández autorizó el registro del depósito policial de Lambaré, los funcionarios tardaron horas en abrir todas las habitaciones. Había documentos en todas partes: apilados en el suelo, en cajones, en estantes que se doblaban bajo el peso. Carpetas con fotografías de detenidos. Fichas con nombres, domicilios, filiaciones políticas. Registros de interrogatorios firmados por los torturadores. Correspondencia entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Prueba tras prueba de la red continental de represión.
Al abrir uno de los archivos, Almada encontró su propio expediente. Tres años de su vida documentados por sus torturadores con la misma meticulosidad burocrática con que otros archivistas catalogaban libros de biblioteca.
Llorando, llamó a su esposa por teléfono. «Encontramos el paraíso», le dijo. Era diciembre, pocos días antes de Navidad.
Los Archivos del Terror contenían información sobre más de 50.000 personas de toda América Latina. Permitieron identificar a víctimas que habían sido registradas como «desaparecidas» y cuya suerte era desconocida. Permitieron confirmar la participación de cada país en operaciones específicas. Y permitieron abrir causas judiciales que de otro modo habrían sido imposibles.
Hoy los documentos están digitalizados y disponibles en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay. Son consultados por investigadores, periodistas, familias de víctimas y fiscales de todo el continente. Son, probablemente, el repositorio más importante de pruebas sobre crímenes de Estado en la historia de América Latina.
El costo humano
Las víctimas: nombres detrás de los números
Los números comprobados judicialmente hablan de 377 víctimas directas: 219 desaparecidas y 38 asesinadas. Pero los Archivos del Terror elevan esa cifra hasta los 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados si se incluye la represión más amplia de todas las dictaduras coordinadas.
Detrás de cada número hay una historia.
«Luis fue sacado del departamento que compartía con su pareja argentina. Nunca más hemos sabido de él. Desde aquella vez hasta hoy nos hemos perdido mil veces paralizados en el recuerdo, la impotencia, la rabia, la tristeza, la pregunta. Lo decimos fuerte: nos hace falta, cada día, cada hora, cada año, cada fecha.»
Testimonio preservado por el CIPDHUruguay tiene el número más alto de víctimas identificadas entre los países del Cono Sur. Para un país de tres millones de habitantes en los años setenta, la proporción es devastadora. La dictadura uruguaya fue, en términos relativos a la población, una de las más represivas del continente: en 1976, Uruguay tenía la mayor cantidad de presos políticos per cápita del mundo.
Carlos Prats, ex jefe del Ejército de Allende, asesinado con un coche bomba en Buenos Aires por la DINA chilena. Es el primer gran antecedente de la Operación.
Orlando Letelier asesinado en Washington DC. En el mismo año, los senadores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, exiliados en Buenos Aires, son secuestrados y asesinados por agentes uruguayos y argentinos en una operación conjunta del Cóndor.
Los agentes del Cóndor intentan asesinar a Bernardo Leighton, ex vicepresidente de Chile, en Roma. Sobrevive al atentado junto a su esposa. Ambos quedan gravemente heridos.
La presión internacional y el caso Letelier obligan a un repliegue progresivo. Las reuniones plenarias de la Operación cesan, aunque los acuerdos bilaterales continúan hasta bien entrada la década del 80.
El capítulo sin cerrar
La impunidad: los que nunca respondieron
Alfredo Stroessner se exilió en Brasil cuando cayó su dictadura en 1989. Murió en Brasilia en 2006, a los noventa y tres años, sin haber pisado un tribunal. Las causas penales abiertas contra él en Paraguay prescribieron o quedaron sin ejecutar.
Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, en el primer caso en que un ex jefe de Estado era arrestado en un tercer país por crímenes contra la humanidad. Pasó meses bajo arresto domiciliario en una mansión en Surrey. Fue liberado en 2000 argumentando demencia senil. Murió en 2006 en Chile, con causas judiciales abiertas, sin haber sido condenado.
Jorge Rafael Videla fue condenado en Argentina y murió en prisión en 2013. Es la excepción notable. La mayoría de los responsables de la Operación Cóndor no conocieron celda alguna, o la conocieron décadas después de los crímenes, cuando ya eran ancianos.
Henry Kissinger murió en noviembre de 2023, a los cien años, en su casa de Connecticut. Nunca compareció ante ningún tribunal por su rol en los crímenes de la Operación Cóndor ni por la intervención en Chile. Sus memorias, en cuatro volúmenes, no mencionan la instrucción cancelada que habría alertado sobre los planes de asesinato.
Miles de desaparecidos siguen sin aparecer. Sus familias siguen buscando.
El cóndor es un ave que puede vivir setenta años. Vuela a grandes alturas, ve todo desde arriba y desciende solo cuando su presa ya no puede moverse. Es paciente.
La Operación Cóndor duró formalmente hasta alrededor de 1980. Pero sus consecuencias —los desaparecidos sin encontrar, las causas sin resolver, los responsables que murieron libres, las familias que nunca tuvieron respuestas— siguen vivas hoy.
Los Archivos del Terror están digitalizados y disponibles. Los testimonios de los sobrevivientes están grabados. Los cables desclasificados de la CIA están en internet. Todo está ahí para quien quiera leerlo.
La memoria no es un ejercicio del pasado. Es la única garantía que tenemos de que el pasado no se repita. Y en América Latina, esa garantía todavía no está del todo asegurada.
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