Una serie de pruebas de polígrafo ordenadas por asesores del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desató en agosto de 2026 una tormenta en el Pentágono. No es la primera vez que ocurre: es, de hecho, la segunda gran cacería de filtraciones del mismo tipo en apenas un año y medio de gestión —y esta vez, a una escala sin precedentes en la historia moderna del ejército estadounidense.

Agosto de 2026: la cacería más amplia de la historia moderna

Investigadores del gobierno estadounidense sometieron a aproximadamente 50 miembros del Estado Mayor Conjunto —de un total de entre 1.500 y 2.000 oficiales y funcionarios— a pruebas de polígrafo, buscando identificar quién filtró a la prensa información sobre la escasez de municiones críticas causada por la guerra con Irán, incluidos misiles de largo alcance e interceptores Patriot. Irónicamente esto refuerza lo que negó Trump en varias ocasiones, la escasez existe.

Qué es un polígrafo, y por qué esto es tan inusual

El polígrafo registra respuestas fisiológicas involuntarias —frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, conductancia de la piel— que pueden alterarse bajo estrés, aunque el propio instrumento no es infalible: nerviosismo, condiciones médicas o intentos de manipulación pueden distorsionar los resultados.

El antecedente: la Casa Blanca ya había frenado esto en 2025

Esta no es la primera cacería de filtraciones con polígrafo bajo la gestión Hegseth. Ya en julio de 2025, según reveló The Washington Post, la Casa Blanca tuvo que **prohibirle explícitamente** el uso de esta herramienta contra su propio personal, después de quejas de empleados. Antes de esa suspensión, ya se habían realizado múltiples pruebas durante varias semanas, con la aprobación de Hegseth y el asesoramiento de Tim Parlatore —su abogado personal, que además ejercía como asistente militar a tiempo parcial en su equipo—.

El caso Weaver: cuando ni siquiera un aliado estuvo a salvo

Uno de los episodios más delicados de esa primera oleada fue el intento de someter a polígrafo a Patrick Weaver, asesor senior del secretario y exmiembro del equipo de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, con vínculos cercanos a Stephen Miller, actual vicejefe de gabinete. Weaver se enteró del examen y se quejó de haber sido señalado sin ninguna prueba en su contra. Su protesta llegó rápido a oídos de un asesor externo de Trump, que intervino de inmediato.

Cuando se le informó, Hegseth negó haber autorizado ese examen puntual, profundizando las dudas sobre quién realmente toma las decisiones dentro de su propia oficina.

Las víctimas colaterales: Francis y Loconsolo

Aunque el polígrafo a Weaver terminó cancelado, la práctica continuó contra otros funcionarios, incluidos oficiales militares en servicio activo. El entonces asistente militar y actual jefe de gabinete interino, Ricky Buria, ordenó exámenes a personas cercanas a otro asesor del Pentágono, Eric Geressy, con quien mantenía una relación tensa. Geressy no fue examinado directamente, pero sí sus subordinados: el capitán William Francis, un ex Navy SEAL, y el coronel Mike Loconsolo.

La amenaza a Grady y Sims: el polígrafo como arma política

Según fuentes del Pentágono, los polígrafos no fueron solo una herramienta de investigación: funcionaron como arma política directa. Hegseth llegó a amenazar con su uso contra dos de los mandos más altos de la institución: el almirante Christopher Grady, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, y el teniente general Douglas Sims, jefe del Estado Mayor.

Buria llegó a insinuar que Sims había filtrado un plan clasificado relacionado con el Canal de Panamá. El general nunca fue sometido a examen —pero Hegseth revocó igualmente su ascenso a general de cuatro estrellas, pese a haberlo aprobado antes por recomendación de sus propios asesores civiles y militares—.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono ofrecieron comentarios sustantivos sobre estos hechos cuando ocurrieron en 2025. Un portavoz del Departamento de Defensa se limitó, en su momento, a decir que «no comentarán sobre una investigación en curso» —la misma fórmula que usó en 2026 el actual portavoz, Sean Parnell, al ser consultado sobre la nueva oleada de agosto—.

El costo humano: casi 100 generales apartados o bloqueados

Rodeado de un círculo cerrado de leales, Hegseth desplazó o bloqueó los ascensos de al menos 80 generales, almirantes y otros funcionarios durante su mandato —una cifra que, según cobertura posterior, ya escala a «casi una veintena» de altos mandos forzados a irse solo en los meses más recientes—. Entre las bajas más resonantes: el general Chris Donahue, considerado en su momento candidato a comandar todo el Ejército, que renunció tras desacuerdos con Hegseth y confirmó su último día en el cargo el 2 de julio de 2026, apenas año y medio después de asumir el mando de las fuerzas estadounidenses en Europa y África. Antes que él, ya había caído el general de mayor rango del Ejército, Randy George.

La gota que rebalsó: la renuncia de Driscoll

Driscoll, confirmado en el cargo en febrero de 2025, había impulsado al Ejército hacia una adquisición de armamento más ágil y económica, criticando duramente a los grandes fabricantes de defensa.

Según un funcionario citado por Reuters, Hegseth veía a Driscoll como una amenaza dentro de la burocracia y buscaba destituirlo desde hacía tiempo —pero sus vínculos con el vicepresidente J.D. Vance, desde sus años juntos en Yale, se lo dificultaban—. Driscoll había ganado notoriedad, incluso, cuando Trump lo designó para participar en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev por la guerra en Ucrania.

Las voces republicanas que ya no callan

Trump respaldó públicamente a Hegseth, calificando su gestión de «trabajo fantástico» pese a la creciente agitación en el liderazgo del Pentágono, y llegó a calificar de «traición» la cobertura mediática crítica sobre la guerra en Irán y la escasez de municiones. Pero algunas voces republicanas ya empezaron a romper filas.

Tillis, que había votado para confirmar a Hegseth en 2025 pese a tener reservas sobre su nominación, pidió directamente a Trump que lo sustituya. Para muchos observadores dentro y fuera del Pentágono, el uso reiterado de polígrafos para vigilar al propio personal —ya no una vez, sino dos— señala un giro cada vez más marcado hacia la desconfianza institucional, las purgas internas, y la militarización de la lealtad política dentro de una de las instituciones más estratégicas de Estados Unidos.