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Qué es el impeachment: origen, cómo funciona y Uruguay

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Qué es el impeachment: origen, cómo funciona y Uruguay

Nació en Inglaterra en 1376 como una forma de esquivar la regla de que el rey no podía ser juzgado. Siete siglos después se llama impeachment en inglés y tiene quince nombres distintos en castellano. No es un juicio penal: no manda a nadie preso y su única sanción es sacar a alguien del cargo. Y hay un precedente que conviene tener a mano: el único secretario de gabinete estadounidense sometido a este procedimiento en toda la historia fue un secretario de Guerra, en 1876.

La ficha

Qué es: el procedimiento por el cual un parlamento acusa y juzga a un alto funcionario para separarlo del cargo.

A quién alcanza: según el país, a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, jueces de tribunales superiores y, en algunos casos, generales y almirantes.

Qué no es: un juicio penal. No impone penas de cárcel.

Qué puede resultar: la destitución, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la habilitación para que la justicia ordinaria lo juzgue después, o solo un efecto político.

Dónde nació: Inglaterra, 1376.

En Uruguay: artículos 93, 102, 103 y 172 de la Constitución.

Para entender por qué este recurso existe hay que empezar por el problema que vino a resolver, y el problema era un aforismo.

01 «El rey no puede actuar ilegalmente»

En la Inglaterra del siglo XIV la Corona era inviolable. The king can do no wrong, decía la fórmula —en latín, rex non potest peccare—, y esa protección se extendía a los agentes del rey. Como los tribunales ordinarios eran, en última instancia, los tribunales del monarca, era imposible presentar un cargo contra la Corona en su propia corte.

El impeachment fue la manera de esquivar la regla. La apelación no iba a un tribunal: iba al king in parliament. Cuando un agente del rey causaba daño a los súbditos ejerciendo poderes en nombre del soberano, el propio monarca podía juzgar a su ministro.

El primer caso documentado es de 1376: Peter de la Mare, presidente de la Cámara de los Comunes, acusó a William Latimer. Ese mismo Parlamento acusó de corrupción e incapacidad a varios ministros de Eduardo III y a su amante, Alice Perrers.

Y enseguida apareció la jugada que define el recurso hasta hoy: se podía criticar la política del rey mediante una imputación ficticia contra un subordinado. Se suponía que el ministro «lo había desaconsejado» cuando el rey tomó la decisión. El ministro era el pararrayos.

Esa es la mecánica original y sigue siendo la misma: cuando no se puede impugnar al jefe, se impugna al que ejecutó. El juicio político nació como un recurso contra la impunidad del poder, y a la vez como una forma de discutir al poder sin nombrarlo.

El recurso cayó en desuso con Eduardo IV y los Tudor lo suprimieron. Lo resucitó Edward Coke en 1621, cuando Jacobo I quiso restablecer la monarquía absoluta. Coke advirtió el problema evidente —si el rey juzga a su ministro, es juez y parte— y desde el momento en que Jacobo I aceptó no presidir el juicio, la oposición pudo atacar sistemáticamente la política real a través de los ministros, sin que el rey pudiera controlar el proceso ni defenderse.

Las consecuencias de eso fueron enormes y van mucho más allá del procedimiento. El acoso sistemático a los ministros produjo tres cosas que hoy damos por naturales:

Lo que nació del uso del impeachment

Los partidos políticos. Para protegerse de los ataques, la Corona se armó un grupo de apoyo permanente dentro del Parlamento. De la treintena de afines a Carlos II durante el ministerio del conde de Danby se pasó a una corrupción extendida: entre 1721 y 1742, con Robert Walpole como ministro principal, un tercio de las cámaras y también votantes aceptaban sobornos.

La responsabilidad política del gobierno. La responsabilidad ministerial era personal y penal —perder el juicio ante el Parlamento solía terminar en pena de muerte—. El uso sistemático del impeachment la convirtió en responsabilidad política: el ministro responde por sus actos ante el Parlamento. En 1782 los parlamentarios obtuvieron la renuncia colectiva del gobierno de Lord North. Ahí empieza el sistema parlamentario.

El sistema presidencial estadounidense. Los partidarios de Henry St John —que defendía una separación estricta de poderes y un sistema presidencial— se exiliaron sobre todo en las Trece Colonias. Eso explica en parte qué eligieron los constituyentes al independizarse.

Hubo un último detalle de clase: la Cámara de los Lores sostenía al principio que solo se podía acusar a nobles, porque solo podían ser juzgados por sus pares. En 1681 los Comunes declararon que tenían derecho a acusar a cualquiera, y los lores lo respetaron.

En el Reino Unido el recurso murió por desuso. Hubo unos setenta juicios políticos, casi un cuarto de ellos entre 1640 y 1642. El último que llegó a realizarse fue el de Henry Dundas, en 1806. En 1848 hubo un intento final, cuando el diplomático David Urquhart acusó al ministro Henry Temple —más conocido como lord Palmerston— de haber firmado un tratado secreto con la Rusia imperial y recibir dinero de Nicolás I; sobrevivió la votación en los Comunes y los lores no escucharon el caso. En 1999, un comité parlamentario concluyó que el procedimiento «puede considerarse obsoleto». La razón es simple: si los Comunes ya no apoyan al primer ministro, lo sacan con una moción de censura y no necesitan nada más.

02 La discusión de Filadelfia, que todavía se discute

En la Convención Constitucional de 1787 los delegados decidieron incluir el procedimiento en el artículo II sección 4, y mencionaron explícitamente al presidente para que no quedara ninguna ambigüedad. Tenían fresco el recuerdo de 1649, cuando Carlos I fue juzgado ante el Parlamento del Nuevo Ejército Modelo.

Lo que no tenían claro era por qué motivos. Y el debate que tuvieron ahí es, literalmente, el debate de cualquier juicio político de hoy.

Las tres posiciones

Los borradores iniciales: solo traición y cohecho.

George Mason: también la «mala administración» (maladministration). Es decir, hacer mal el trabajo.

James Madison: de ninguna manera. Solo conducta criminal, porque un estándar de mala administración dejaría al presidente a merced del Senado.

Lo que se aprobó, redactado por Mason como compromiso: «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves» —Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors—, y condena del Senado por dos tercios de los presentes.

Ganó Madison. Y por eso, dos siglos y medio después, todo acusador en Estados Unidos tiene que empezar aclarando que no está impugnando el desempeño. Es el mismo argumento de 1787, palabra por palabra.

Como la Constitución no define qué es un «delito o falta grave», el contenido lo fija el Congreso. El propio Congreso identificó tres tipos de conducta, sin pretender que la lista sea exhaustiva: exceder o abusar indebidamente de los poderes del cargo; comportarse de manera incompatible con la función y el propósito del cargo; y usar el cargo para un fin impropio o un beneficio personal. La Constitución también prohíbe expresamente al presidente usar el indulto en casos de juicio político.

03 Cómo funciona, y la trampa de un apellido

El procedimiento federal estadounidense tiene tres etapas. La investigación, que suele hacerse en el comité judicial de la Cámara de Representantes pero no necesariamente. La votación de los artículos, por mayoría simple de los presentes: a partir de ahí el funcionario queda formalmente impeached, acusado. Y el juicio en el Senado, que requiere dos tercios de los presentes para condenar, con la única sanción de la destitución y la eventual inhabilitación.

Si el juzgado es el presidente, preside el presidente de la Corte Suprema. Para cualquier otro funcionario la Constitución no dice quién preside, lo que sugiere que el rol recae en el vicepresidente, presidente ex officio del Senado.

Y acá hay un dato que conviene tener claro porque se confunde todo el tiempo. Existe un fallo decisivo llamado Nixon contra Estados Unidos, de 1993, que estableció que la Corte Suprema no tiene autoridad para determinar si el Senado «juzgó» adecuadamente a un acusado. Es decir: el Senado es el único árbitro de su propio procedimiento y no hay apelación posible.

Ese Nixon no es Richard Nixon. Es Walter Nixon, un juez federal destituido. Richard Nixon renunció en 1974 antes de que la Cámara votara, y murió en 1994. El fallo que blinda al Senado lleva el apellido del otro.

Otra cosa que suele sorprender: el recurso se usó sobre todo contra jueces, porque la Constitución establece el cargo vitalicio y era la única forma de removerlos. El primer caso fue el del juez federal John Pickering, en 1804. Antes, en 1797, el Congreso discutió remover al senador William Blount —acusado de incitar a creeks y cheroquis para que ayudaran a los británicos a conquistar la Florida Occidental española— y decidió no proceder: desde entonces los legisladores quedaron excluidos, con el argumento de que las cámaras tienen la expulsión como herramienta propia. La diferencia es relevante: la expulsión saca al legislador, pero no lo inhabilita para cargos futuros.

En los estados también existe. Todas las legislaturas estatales pueden acusar a sus funcionarios salvo la de Oregón. Al menos once gobernadores enfrentaron el procedimiento; el de Oklahoma Lee Cruce se salvó por un voto en 1912; otros, como Eric Greitens en Misuri o Ricardo Rosselló en Puerto Rico, renunciaron antes. El último caso de un gobernador fue Rod Blagojevich: la Cámara de Illinois lo acusó 117 a 1 el 14 de enero de 2009 y el Senado estatal lo destituyó e inhabilitó el 29. En 2018, la Cámara de Delegados de Virginia Occidental acusó a los jueces de su Corte Suprema de Apelaciones por corrupción, gasto excesivo y falta de supervisión.

04 El único secretario

Acá está el precedente que casi nunca se menciona y que es el más pertinente de todos cuando el acusado no es un presidente sino un ministro.

William Belknap fue secretario de Guerra de Estados Unidos durante casi ocho años, bajo la presidencia de Ulysses Grant. En 1870 su primera esposa ayudó a un empresario, Caleb Marsh, a conseguir que un socio suyo quedara a cargo del puesto comercial militar de Fort Sill. En retribución, Marsh le pagó a Belknap más de veinte mil dólares en cuotas trimestrales durante cinco años.

2 mar 1876Minutos antes de la votación en la Cámara, Belknap le presenta la renuncia a Grant.
2 mar 1876La Cámara vota igual, y por unanimidad, enviar al Senado cinco artículos. Lo acusan de «desatender criminalmente su deber como secretario de Guerra».
abr 1876El Senado resuelve que puede juzgar a un exfuncionario y retiene jurisdicción pese a la renuncia. El juicio se abre con Belknap presente.
may 1876El Senado escucha a más de cuarenta testigos. Los fiscales de la Cámara sostienen que renunciar no puede servir para escapar de la justicia.
1 ago 1876Mayoría en contra de Belknap en los cinco artículos, pero ninguno alcanza los dos tercios. Absuelto. Nunca fue procesado penalmente. Murió en 1890.

Ciento cincuenta años después sigue siendo el único miembro de un gabinete estadounidense sometido a este procedimiento. Y dejó establecidas dos cosas que importan: que el Senado se considera competente para juzgar a alguien que ya renunció, y que la mayoría simple no alcanza. Belknap tuvo más votos en contra que a favor en los cinco cargos y se fue absuelto.

05 América Latina: dos herencias en una

En la región el procedimiento tiene dos orígenes superpuestos. Uno es el impeachment anglosajón. El otro es el juicio de residencia del derecho indiano, el examen colonial del desempeño de un funcionario al terminar su gestión. Las nuevas repúblicas incorporaron el juicio de residencia a sus constituciones y con el tiempo le fueron sumando elementos del modelo estadounidense.

De esa mezcla sale la variedad de nombres. En el mundo hispano el mismo recurso se llama juicio político, procedimiento de destitución, acusación constitucional, juicio de desafuero, residenciamiento, vacancia, remoción, deposición, moción de censura, acusación pública, reprobación y varios más.

Y sale también una característica propia: en América Latina se usa, y con efecto. Algunos casos que marcan el mapa:

Cómo funcionó en los hechos

Brasil. Dos presidentes destituidos en democracia: Fernando Collor de Mello renunció en 1992 en medio del proceso y el Senado lo condenó igual, inhabilitándolo ocho años; Dilma Rousseff fue destituida en 2016 por mala gestión presupuestaria. Hay además dos casos casi desconocidos: en 1955 el Congreso destituyó a João Café Filho y a Carlos Luz en cuestión de horas, sin aplicar la ley especial y sin darles derecho a defenderse, alegando riesgo de guerra civil.

Perú. Además del juicio político clásico existe la vacancia por incapacidad moral, un recurso distinto que la doctrina peruana considera un juicio político sui generis: lo declara el Congreso y genera un vacío de poder que se cubre por sucesión. Es el mecanismo más usado de la región en los últimos años.

Ecuador. Abdalá Bucaram fue destituido en 1997 por corrupción e «incapacidad mental», en un proceso controvertido que no estaba previsto en la Constitución de entonces. Hoy el artículo 130 permite destituir al presidente por «grave crisis política y conmoción interna», con dos tercios.

Chile. Cerca de cien acusaciones constitucionales presentadas en su historia, veinte acogidas. Contra un presidente en ejercicio hubo tres: Carlos Ibáñez del Campo en 1956, rechazada; y Sebastián Piñera dos veces, en 2019 y 2021, la segunda aprobada por la Cámara y rechazada por el Senado.

Argentina. Entre 1999 y 2018 la Comisión de Juicio Político recibió 231 pedidos, casi todos por mal desempeño. Cristina Fernández de Kirchner recibió siete durante su mandato, Mauricio Macri dos y su ministra Patricia Bullrich siete. Casi todos fueron desechados. Las únicas destituciones efectivas fueron de jueces de la Corte Suprema: Eduardo Moliné O’Connor en 2003 y Antonio Boggiano en 2005.

Honduras. El caso que muestra para qué sirve tener el mecanismo. En 2009 no existía, y la crisis por el plebiscito de Manuel Zelaya terminó con el presidente arrestado y expulsado del país en pijama. El juicio político se incorporó formalmente en 2013.

06 Uruguay

Acá el procedimiento está en cuatro artículos y conviene leerlos juntos, porque por separado no se entiende el umbral.

El artículo 93 le da a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante el Senado a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente, a los ministros de Estado y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. La causal es amplia: «violación de la Constitución u otros delitos graves».

El artículo 102 le da al Senado la facultad de abrir juicio público y dictar sentencia «al solo efecto de separarlos de sus cargos», por dos tercios de votos del total de sus componentes. El artículo 103 aclara que quien fue separado queda después sujeto a juicio en los tribunales ordinarios.

El artículo 172 agrega las reglas propias del presidente. Solo puede ser acusado en la forma del artículo 93, y solo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes, lapso durante el cual queda sometido a residencia —no puede salir del país sin autorización de la Asamblea General por mayoría absoluta del total de componentes—. Y cuando la acusación reúne dos tercios del total de la Cámara de Representantes, el presidente queda suspendido en el ejercicio de sus funciones.

Dos detalles que distinguen el caso uruguayo. El umbral se cuenta sobre el total de componentes y no sobre los presentes, como en Estados Unidos: acá no sirve ganar por ausencias. Y la obligación de residencia durante los seis meses posteriores es, literalmente, una supervivencia del juicio de residencia colonial.

07 Quién juzga: la diferencia que cambia todo

Si uno compara países, la variable decisiva no es quién acusa —casi siempre la cámara baja— sino quién juzga. Y ahí hay dos modelos.

Juzga el parlamento. Es el modelo anglosajón y el de buena parte de América Latina: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Filipinas. El Senado actúa como jurado. La ventaja es que no hay apelación; la desventaja es que el resultado depende de la aritmética de las bancadas y no del expediente.

Juzga un tribunal. Alemania y Austria envían la acusación al Tribunal Constitucional, que decide si el presidente es culpable. Francia, desde la reforma de 2007, tiene la destitution del artículo 68, con un Tribunal Superior que no es una corte en sentido estricto porque los parlamentarios no tienen poder judicial. Bolivia manda al presidente al Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de dos tercios de la Asamblea.

El caso que muestra mejor la diferencia es Corea del Sur, donde la Asamblea Nacional acusa y la Corte Constitucional confirma o anula. Dos presidentes fueron acusados desde 1987: Roh Moo-hyun en 2004, y la Corte anuló el proceso; Park Geun-hye en 2016, y la Corte confirmó la destitución el 10 de marzo de 2017. El mismo mecanismo, con resultados opuestos, decididos por jueces y no por diputados.

Hay además países donde el presidente es casi inalcanzable. En México no es sujeto de juicio político: solo puede ser acusado ante el Senado por traición a la patria y delitos graves del orden común. En Costa Rica ningún miembro de los Supremos Poderes puede ser destituido; lo que la Asamblea puede hacer es levantar el fuero para que la justicia lo procese.

Y queda el dato que resume todo: en Estados Unidos, tres presidentes fueron acusados y ninguno destituido. Bill Clinton fue sometido a juicio político y el Senado lo absolvió. El único secretario de gabinete que pasó por esto se fue absuelto también, en 1876, con mayoría en contra en los cinco cargos. El recurso existe desde 1376 y su utilidad real casi nunca estuvo en la condena, sino en el expediente que deja escrito.


Glosario

ImpeachmentEn el uso anglosajón designa la acusación, no la destitución. Quien fue impeached está acusado; puede ser absuelto después, como Clinton.
Juicio de residenciaProcedimiento del derecho indiano para examinar el desempeño de un funcionario colonial al terminar su gestión. Es la otra raíz del juicio político latinoamericano, y sobrevive en la obligación uruguaya de residencia durante seis meses.
«Delitos y faltas graves»Traducción de high Crimes and Misdemeanors. La Constitución estadounidense no lo define, así que el contenido lo fija el Congreso en cada caso.
Mala administraciónEl estándar que George Mason quiso incluir y Madison rechazó: hacer mal el trabajo. Que haya quedado afuera es la razón por la que todo acusador debe alegar ilegalidad y no incompetencia.
Vacancia por incapacidad moralFigura peruana distinta de la destitución. La declara el Congreso y genera un vacío de poder que se cubre por sucesión legal. La doctrina la considera un juicio político sui generis.
Moción de censura constructivaEl mecanismo alemán del artículo 67: la Dieta Federal reemplaza al canciller votando al mismo tiempo a su sucesor. Ocurrió en 1972 y 1982; solo la segunda tuvo éxito, con la salida de Helmut Schmidt y la elección de Helmut Kohl.
Bill of attainderDeclaración parlamentaria que directamente sentenciaba a alguien como culpable. A diferencia del impeachment, requería el consentimiento real, y por eso el impeachment servía para sacar funcionarios que el monarca protegía.

Precisiones y correcciones

El Nixon del fallo no es Richard Nixon. Nixon contra Estados Unidos (1993) es el caso de Walter Nixon, juez federal destituido. Es el error más común sobre este tema.

La investigación contra Richard Nixon. Circula que empezó en el comité judicial del Senado. La indagatoria de juicio político se tramitó en el comité judicial de la Cámara de Representantes; lo que funcionó en el Senado fue un comité especial de investigación del caso Watergate, que no es lo mismo.

La era victoriana. Algunas versiones sitúan el desvanecimiento del poder real «antes de la era victoriana (1824-1834)». El reinado de Victoria fue de 1837 a 1901; esas fechas corresponden al período de reformas previo, no a la era victoriana.

El ministerio de Carlos II. El ministro de 1673 a 1679 fue Thomas Osborne, conde de Danby. La forma «Henry Danvers» que circula en castellano es una deformación del apellido.

Henry Temple. El ministro acusado en 1848 es mucho más conocido como lord Palmerston.

Las destituciones en Argentina. Moliné O’Connor fue destituido en 2003, pero Boggiano lo fue el 29 de septiembre de 2005. Las versiones que fechan ambas en 2003 están equivocadas.

Uruguay. No encontramos registro de que el procedimiento se haya usado para destituir a un presidente uruguayo. Las rupturas institucionales del país siguieron otros caminos, no este.

Virginia Occidental, 2018. La Cámara de Delegados acusó a los integrantes de la Corte Suprema de Apelaciones estatal, pero el desenlace de cada caso fue distinto —renuncias, un juicio, una medida judicial— y conviene no resumirlo como una destitución en bloque.


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Sobre este artículo

Esta nota describe un procedimiento y su historia. No afirma ni sugiere que ninguna de las personas mencionadas haya cometido delito alguno: el juicio político es un procedimiento político, no penal, y en varios de los casos citados el acusado fue absuelto o el proceso fue anulado. Donde un caso terminó en absolución o en anulación, está dicho.

Fuentes

Origen e historia británica Registro parlamentario del impeachment de 1376 y de su reactivación por Edward Coke en 1621. Informe del Comité Conjunto de Privilegios Parlamentarios del Reino Unido, 1999, sobre la obsolescencia del procedimiento.

Estados Unidos Constitución de los Estados Unidos, artículo I secciones 2 y 3, y artículo II sección 4. Actas de la Convención Constitucional de 1787 sobre el debate Mason-Madison. Nixon contra Estados Unidos (1993).

El caso Belknap Senado de los Estados Unidos, reseña oficial del juicio político a William W. Belknap. Guía de juicios políticos federales de la Biblioteca del Congreso. Annenberg Classroom.

América Latina Constituciones de Argentina (artículos 53, 59, 60 y 115), Brasil (artículos 51 y 85, y Lei do Impeachment 1.079/1950), Bolivia (artículo 184 y Ley 044 de 2010), Chile, Colombia (artículos 174, 175 y 178), Ecuador (artículos 120, 129, 130 y 131), Honduras (artículos 205 y 234), México (artículos 76, 108, 110 y 111), Panamá (artículos 160 y 191), Paraguay (artículo 225) y Perú (artículos 99, 100, 113 y 117).

Uruguay Constitución de la República, artículos 93, 102, 103 y 172.

Argentina, destituciones Infobae, El Territorio y Parlamentario, coberturas del 29 de septiembre de 2005 sobre la destitución de Antonio Boggiano por el Senado.

Europa y Asia Ley Fundamental de Alemania (artículos 61, 67 y 69), Ley Constitucional Federal de Austria (artículos 60 y 142), Constitución francesa de 1958 (artículo 68) y ley orgánica 2014-1392, Constitución de Corea del Sur (artículo 65) y Constitución de Filipinas (artículo XI).

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