Santo Domingo ordenó la salida de nueve diplomáticos cubanos y sus familias, sin dar nombres ni motivos. Cuba respondió acusando al gobierno dominicano de someterse a las «presiones» de Washington. Es la tercera ruptura de este tipo en América Latina en lo que va de 2026, y llega apenas días después de que cinco atletas cubanos decidieran no regresar a la isla tras los Juegos Centroamericanos.
La orden, sin nombres ni motivos
República Dominicana ordenó el 13 de agosto la salida del país de nueve miembros de la misión diplomática cubana y de sus familias, en una de las medidas más severas adoptadas por un gobierno latinoamericano contra La Habana en los últimos años. La Cancillería dominicana confirmó la decisión pero se negó a dar detalles adicionales: no publicó los nombres de los expulsados ni explicó qué la motivó. En su comunicado, el gobierno dominicano encuadró la medida dentro de las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es parte, y aclaró que el asunto se tratará «con la debida discreción» para preservar la relación entre ambos países. El ultimátum fija un plazo de siete días para la salida, que vence este domingo 16 de agosto.
Medios independientes cubanos identificaron como parte del cuerpo diplomático saliente al consejero comercial Dimas Lima Orue, al ministro consejero Luis Baró y al propio embajador, Ángel Arzuaga Reyes, quien al ser consultado declinó dar declaraciones propias y remitió al comunicado oficial de Cuba.
La respuesta de La Habana
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó «en los términos más enérgicos» la decisión dominicana, sosteniendo que no existe motivo alguno que la justifique y que sus diplomáticos actuaron siempre en apego a la Convención de Viena y con respeto a las leyes dominicanas. La Habana fue más allá y acusó a Santo Domingo de someterse a las «presiones del gobierno estadounidense», que, según Cuba, mantiene un empeño de aislar a la isla y deteriorar sus relaciones diplomáticas en la región —y remarcó que no es la primera vez que el Estado dominicano se alinea, a su juicio, con la «política hostil y escalada agresiva» de Washington.
El embajador Arzuaga pronunció esas palabras apenas días antes de la expulsión, durante un acto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el centenario del natalicio de Fidel Castro. Periodistas que se acercaron a la sede diplomática constataron un ambiente calmado, con casi nulo movimiento de ciudadanos cubanos y personal que evitó dar declaraciones, alegando que todos los funcionarios disponibles se encontraban reunidos evaluando la situación.
La pista de los atletas
El comunicado dominicano no menciona ningún caso puntual, pero hay un antecedente que coincide en el tiempo y que podría haber pesado en la decisión: críticas directas del propio régimen cubano contra autoridades dominicanas después de que varios deportistas cubanos, participantes de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, optaran por quedarse en el país en lugar de regresar a la isla. Los atletas identificados son Hershey Daniela de la Cruz, Adám Núñez, Yasmani Álvarez, Leah Daniela Almeida y Moisés David Torres Puig, de quienes hasta el momento no se conoce el paradero público.
Un patrón que se repite en la región
República Dominicana no es el primer país que rompe de esta forma con la misión diplomática cubana este año, aunque sí el que más discreción mantuvo sobre sus razones. El 4 de marzo de 2026, Ecuador declaró persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano —incluido el embajador Basilio Gutiérrez— y le dio apenas 48 horas para abandonar el país, mientras el presidente Daniel Noboa retiraba las funciones del embajador ecuatoriano en La Habana, lo que implicó en los hechos la ruptura de relaciones. La cancillería ecuatoriana no detalló inicialmente las causas y se amparó en el artículo 9 de la Convención de Viena, pero Noboa terminó afirmando que Ecuador había detectado injerencia cubana en actividades políticas, de disidencia e incluso violentas. Cuba rechazó la acusación y, como haría después con República Dominicana, atribuyó la medida a la presión de Estados Unidos.
Dos semanas más tarde, el 18 de marzo, Costa Rica anunció el cierre de su embajada en La Habana y pidió a Cuba retirar a sus diplomáticos acreditados en San José, reduciendo el vínculo prácticamente al ámbito consular. A diferencia de Ecuador, San José sí dio una razón explícita: el deterioro sostenido de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, incluyendo restricciones a la expresión, la asociación y la protesta pacífica, además de cuestionar abiertamente la legitimidad del sistema político cubano. El presidente Rodrigo Chaves llegó a decir que Costa Rica debía «librar al hemisferio de los comunistas». Cuba volvió a calificar la decisión de arbitraria y a atribuirla a Washington.
El precedente más antiguo: Estados Unidos, 2017
El antecedente más conocido de este tipo de rupturas no es reciente ni regional: es Estados Unidos. En mayo de 2017, Washington expulsó a dos diplomáticos cubanos después de que funcionarios estadounidenses en La Habana sufrieran los entonces llamados «incidentes» con síntomas físicos y problemas de salud —el germen de lo que después se conocería como «síndrome de La Habana». En octubre de ese año, la medida escaló: Estados Unidos ordenó la salida de 15 diplomáticos cubanos adicionales, alegando falta de protección para su propio personal en Cuba y la necesidad de mantener una equivalencia en el tamaño de ambas misiones diplomáticas.
El contexto no es menor
La expulsión dominicana ocurre en simultáneo con una escalada retórica mucho más dura del propio Washington hacia La Habana: apenas un día antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos había dejado abierta en público la posibilidad de una respuesta militar contra Cuba. Nada en el comunicado dominicano conecta ambos hechos, y no hay evidencia de que uno haya causado al otro —pero la coincidencia de fechas ubica a Cuba, en la misma semana, enfrentando tanto un tercer país de la región que le cierra la puerta diplomática como la amenaza militar más explícita que Washington le ha lanzado en meses.
Estados Unidos expulsa primero a 2 y luego a 15 diplomáticos cubanos, tras los llamados «incidentes de salud» sufridos por su personal en La Habana.
Ecuador declara persona non grata a todo el personal diplomático cubano y le da 48 horas para salir, rompiendo en los hechos relaciones con La Habana.
Costa Rica cierra su embajada en La Habana y pide a Cuba retirar a sus diplomáticos en San José, citando el deterioro de los derechos humanos en la isla.
República Dominicana ordena la salida de nueve diplomáticos cubanos y sus familias, sin dar nombres ni motivos oficiales, con un plazo de siete días.
Vence el ultimátum dominicano para que los diplomáticos cubanos abandonen el país.
Una discreción que dice tanto como el silencio
Lo llamativo de la versión dominicana, comparada con Ecuador y Costa Rica, es precisamente lo que no dice. Ambos países previos ofrecieron —tarde o temprano— una justificación pública, aunque fuera disputada por La Habana. República Dominicana eligió el camino contrario: ampararse en la letra fría de la Convención de Viena y no explicar nada más, ni siquiera los nombres de a quiénes expulsa. Esa opacidad deja la interpretación completamente abierta —desde el episodio de los atletas hasta el contexto regional más amplio de presión sobre Cuba— sin que el propio gobierno dominicano confirme o descarte ninguna de ellas.
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