Solo saldrás
deportado o muerto
Human Rights Watch y la ACLU documentaron durante ocho meses las condiciones dentro de Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de la historia de Estados Unidos. El resultado: hacinamiento, palizas sistemáticas, negligencia médica y al menos una muerte que la autopsia oficial calificó de homicidio.
«Cuando llegues a El Paso, Texas, no hay vuelta atrás. Solo saldrás deportado o muerto», le dijeron los guardias a un detenido apenas llegó a Camp East Montana, según su propio testimonio recogido por Human Rights Watch. Ese centro, montado sobre la base militar de Fort Bliss, es hoy el mayor campo de detención migratoria en la historia de Estados Unidos. Un informe conjunto de HRW y la ACLU, publicado el 15 de julio de 2026, documenta con nombre, autopsia y expediente lo que ocurre dentro.
El presupuesto que construyó el campamento
Camp East Montana no es un desborde accidental de un sistema desbordado: es la infraestructura para la que ese sistema fue financiado. En julio de 2025, el Congreso aprobó el proyecto de reconciliación que la administración Trump bautizó «One Big Beautiful Bill», que asignó unos 75.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a lo largo de cuatro años, de los cuales 45.000 millones se destinaron específicamente a detención. Ese dinero triplicó el presupuesto anual de la agencia y la convirtió en la mayor agencia federal de aplicación de la ley de Estados Unidos, por encima del FBI.
El crecimiento de la población de Camp East Montana refleja esa inyección de fondos casi en tiempo real. El campamento empezó a recibir detenidos a comienzos de agosto de 2025: el 14 de agosto tenía 46 personas, tres días después ya eran 982, y a fines de septiembre rondaba las 3.000. El pico llegó en enero de 2026, con 3.880 personas, coincidiendo con la «Operación Metro Surge» en Minnesota, cuyos detenidos fueron trasladados en masa a Texas.
En junio de 2026, pese a los informes ya documentados sobre abusos de ICE en 2025, la Cámara de Representantes aprobó 70.000 millones de dólares adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza, sin ninguna reforma que limitara las tácticas denunciadas.
El fallo que quitó el freno judicial
Detrás del crecimiento presupuestario hay un cambio legal que el informe señala como determinante. En 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una orden de un tribunal inferior que bloqueaba las detenciones migratorias basadas únicamente en factores como raza, origen étnico o idioma, mientras el juicio de fondo seguía su curso. El fallo no fijó una doctrina definitiva sobre el tema, pero en la práctica los agentes de inmigración operan hoy sin restricciones judiciales claras a la hora de detener a alguien por su apariencia o su idioma.
El informe documenta ese patrón una y otra vez: personas con permisos de trabajo válidos, con años o décadas de residencia legal, detenidas igual. Un hombre cubano de 72 años, con 46 años viviendo en Miami y permiso de trabajo vigente, fue esposado mientras jugaba al dominó frente a una bodega. Un hombre de Ecuador fue detenido caminando a su trabajo en Buffalo por una camioneta sin identificación. En Florida —el estado con más acuerdos locales de colaboración migratoria del país, 344 jurisdicciones bajo el mecanismo conocido como 287(g)— salió la mayor cantidad de detenidos que terminaron en Camp East Montana.
Dentro de las carpas
El centro está formado por cinco estructuras de lona de «paredes blandas» levantadas sobre grava dentro de Fort Bliss, protegidas de la vista y el acceso público. Cada módulo aloja hasta 72 personas en 36 literas, con seis baños y seis duchas compartidos. Los detenidos entrevistados describieron pisos inundados de aguas negras, mantas hechas de un material sintético que provoca erupciones en la piel, y semanas enteras sin ver el sol pese a que las normas del propio ICE exigen al menos una hora diaria de actividad al aire libre.
La comida, según decenas de testimonios coincidentes, llega precocinada y congelada, en porciones que varios describieron como insuficientes para un adulto; algunos detenidos dijeron haber perdido hasta 13 kilos por la combinación de raciones reducidas y comida en mal estado. Personas con diabetes o afecciones cardíacas relataron horarios de medicación tan irregulares que ponían en riesgo su salud, y en más de un caso, la ausencia total del medicamento recetado durante semanas.
Human Rights Watch realizó 80 entrevistas entre octubre de 2025 y junio de 2026 —71 con personas detenidas, cuatro con familiares y cinco con abogados y defensores comunitarios de El Paso— y cruzó los testimonios con documentación oficial del Departamento de Seguridad Nacional y del Pentágono.
Palizas como método, no como excepción
El informe documenta un patrón de uso de la fuerza que va más allá de incidentes aislados. Sesenta y cuatro de las personas entrevistadas, distribuidas en al menos cinco módulos distintos, sufrieron personalmente golpizas o presenciaron cómo guardias vestidos de negro y con el rostro cubierto golpeaban a otros detenidos, casi siempre en respuesta a huelgas de hambre, pedidos de atención médica o protestas por no poder salir al aire libre.
En uno de los casos documentados, un joven venezolano de 19 años relató que los guardias le rompieron un diente, le aplastaron los testículos y le introdujeron los dedos en los oídos hasta dañarle la audición, todo por haber apagado una luz camino al patio. En otro caso, una mujer describió que la arrastraron por el suelo y le arrancaron la ropa durante una huelga de hambre pacífica, hasta dejarla casi desnuda antes de esposarla.
El objetivo aquí es obligarnos a vivir con miedo y a rendirnos. Si quieres defender tu caso de inmigración, tienes que soportar la injusticia y el abuso.
— Germán L., detenido entrevistado por HRW, diciembre de 2025El informe registra también el uso de aislamiento prolongado como castigo —hasta 30 días en una celda pequeña, sin ventanas ni contacto con el exterior— aplicado tras acusaciones que varios detenidos dijeron poder desmentir con solo revisar las cámaras de seguridad del propio centro, cámaras que, según múltiples testimonios, los guardias bloqueaban físicamente con sus cuerpos antes de golpear a alguien.
La muerte de Geraldo Lunas Campos
El caso con mayor peso documental del informe es la muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años y padre de cuatro hijos, ocurrida la noche del 3 al 4 de enero de 2026 en la unidad de aislamiento. Según los testimonios de tres detenidos que estaban en celdas contiguas, Lunas Campos pedía su medicación cuando los guardias lo empujaron dentro de su celda y cerraron la puerta. A través de las paredes delgadas, los testigos escucharon golpes y los gritos del hombre diciendo que no podía respirar, hasta que todo quedó en silencio.
La versión oficial de ICE señaló que el personal observó a Lunas Campos «en estado de angustia» y llamó a asistencia médica de emergencia. Pero la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso encontró abrasiones en el pecho y las rodillas y hemorragias en el cuello, y concluyó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso. El dictamen forense lo calificó, textualmente, de homicidio.
Según los testigos consultados por HRW, semanas después de la muerte de Lunas Campos, los guardias que ellos identifican como responsables seguían trabajando y supervisando detenidos en la misma unidad de aislamiento.
El expediente completo
El Congreso aprueba 75.000 millones de dólares para ICE en cuatro años, incluidos 45.000 millones para detención.
Abre Camp East Montana en Fort Bliss. Pasa de 46 a 982 detenidos en tres días.
La Corte Suprema revoca el bloqueo judicial a las detenciones basadas en raza, etnia o idioma.
La población del campamento alcanza su pico de 3.880 personas, tras la Operación Metro Surge en Minnesota.
Muere Geraldo Lunas Campos en la unidad de aislamiento. La autopsia posterior determina homicidio por asfixia.
La Cámara de Representantes aprueba 70.000 millones de dólares adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza.
Human Rights Watch y la ACLU publican el informe conjunto de 94 páginas basado en 80 entrevistas.
Lo que separa a este informe de una simple lista de denuncias es que cada pieza encaja con la anterior: el dinero que permitió construir el campamento, el fallo judicial que le quitó el freno a quién se puede detener y por qué, los acuerdos locales que multiplicaron los puntos de captura, y por último las condiciones dentro, sostenidas durante casi un año sin que ninguno de los mecanismos de supervisión del Congreso —muchos de ellos debilitados en el mismo período— lograra corregirlas a tiempo.
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