Paraguay · Caso Ueno
Ueno: las salvadoras eran las mayores deudoras
El Banco Central reconstruyó el recorrido del dinero y encontró que las empresas que aparecían rescatando a las deudoras del grupo se financiaban con créditos nuevos de la misma entidad. Cuatro de esas cinco «salvadoras» le deben al banco US$ 153 millones. Y quien debía fiscalizar el balance por dentro era socio del estudio que asesoraba la operación.
Hay una pregunta que ordena todo el caso Ueno y que no es quién se llevó la plata. Es más simple: de dónde salía el dinero con el que se pagaban las deudas.
La Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas del Banco Central del Paraguay hizo ese trabajo. Siguió el recorrido operación por operación, cuenta por cuenta, y el resultado está en un informe del 8 de junio de 2026 que el organismo no entregó al Senado.
Lo que encontró es un circuito que vuelve al punto de partida.
01El circuito
Tres empresas ligadas al Grupo Vázquez S.A.E. —Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.— acumulaban deudas con Ueno Bank. Cuando esas deudas se pagaban, total o parcialmente, el dinero aparecía aportado por otras cinco firmas: Vinanzas S.A., La Tropa S.A.E., Aime S.A., Kasas Propiedades S.A. y Sagas S.A.
El trabajo de trazabilidad del Banco Central estableció que, en varios casos, esos recursos provenían de créditos nuevos concedidos por el propio Ueno Bank.
El ejemplo más claro es el del 29 de abril de 2026.
El 31 de octubre de 2025, Ueno Bank le concede a Grupo M S.A. un préstamo de US$ 4 millones.
El 29 de abril de 2026 vence la primera cuota. Ese mismo día:
Sagas S.A. obtiene un crédito y transfiere el dinero a →
Kasas Propiedades S.A., que lo remite de inmediato a →
Vinanzas S.A., que lo envía a →
Itti, que lo gira a →
Grupo M S.A., que con ese dinero cancela su cuota con Ueno.
No es el único. Hay al menos dos más documentados por el mismo informe.
El 23 de abril de 2026, La Tropa S.A.E. obtuvo un préstamo en dólares y lo envió a Grupo Vázquez S.A.E. Al día siguiente, convertido a guaraníes, el dinero pasó a Itti y de ahí a Mowi S.A., que amortizó parte de una deuda de G. 33.500 millones contraída con Ueno el 29 de diciembre de 2025.
Y el 30 de enero de 2026 se canceló un sobregiro de G. 105.090 millones que Mowi S.A. había tomado apenas veintiocho días antes. Los fondos llegaron desde Itti y Redisa; los dólares de Redisa salieron de cuentas a nombre de Redipro, Redisa e Itti, los convirtió Vinanzas y los depositó Redisa. Los de Itti provinieron de un préstamo a Aime S.A. Corredora de Seguros y de un cambio de divisas hecho por Vinanzas.
Según el informe, los créditos se otorgaron «a sola firma» y «sin garantías de repago».
02Las salvadoras también debían
Acá está el dato que cierra el razonamiento, y lo publicó ABC Color el 27 de octubre.
Cuatro de las cinco empresas que aparecían aportando el dinero le deben al mismo banco G. 905.825 millones, unos US$ 153 millones, según registros del Banco Central actualizados a agosto de 2026.
Esa cifra equivale al 35% del patrimonio efectivo de Ueno Bank, que era de G. 2,5 billones.
Cifras del Banco Central del Paraguay a agosto de 2026, convertidas de guaraníes. Aime S.A. figura a junio de 2026. Vinanzas S.A. registraba una deuda menor, de unos G. 10 millones.
Y hay dos comparaciones que valen más que cualquier adjetivo.
Sagas S.A., dedicada al negocio de encomiendas, debía a otras dos entidades del sistema financiero G. 84.319.401, unos US$ 14.283. A Ueno le debía G. 268.363 millones. Una diferencia de más de tres mil veces.
Kasas Propiedades S.A. arrastraba con Ueno una deuda ochocientas veces superior a la que tenía con todo el resto del sistema financiero paraguayo junto.
03La venta que un supervisor quiso frenar
La ley paraguaya fija un tope a los créditos que un banco puede otorgar a empresas vinculadas: el 20% de su patrimonio efectivo.
Con las deudas de Mowi, Grupo Hendy y Grupo M en los libros, ese tope quedaba superado. La solución que se propuso fue vender esa cartera morosa a Vinanzas S.A., que pasaría de aportante a compradora.
El 10 de julio de 2026, el entonces gerente de Supervisión del Banco Central, Fernando Rivarola, firmó un memorando recomendando no admitir esa venta. Su argumento: la operación buscaba simular el cumplimiento del límite legal.
En el mismo documento alertó sobre las «paupérrimas condiciones» en que se habían concedido créditos a otras tres firmas del grupo: Aime S.A. Corredora de Seguros, Franede S.A. y Tuiu S.A.
Eso coincide con lo que ya había observado el informe del 8 de junio sobre los préstamos a Mowi, Grupo Hendy y Grupo M: concesiones a sola firma, por «montos desproporcionados» y fuera de los parámetros prudenciales.
El Banco Central no le informó al Senado si finalmente aprobó o rechazó esa venta. El sumario administrativo lo abrió el 24 de septiembre de 2026, una semana después del pedido de informes del Senado.
Un detalle más del informe interno: las tres empresas deudoras —Mowi, Grupo Hendy y Grupo M— fueron traspasadas a exgerentes y empleados del propio Grupo Vázquez, entre ellos una jefa de Recursos Humanos.
04Quién fiscalizaba por dentro
Toda sociedad anónima paraguaya tiene un síndico. No es un cargo decorativo: es el órgano de fiscalización interna. Controla la administración, revisa el balance e informa a la asamblea de accionistas. Por diseño, es el contrapeso de quienes dirigen.
El prospecto de emisión de bonos subordinados de Ueno Bank, de agosto de 2023 y publicado en el sitio del propio banco, dice quién ocupaba ese cargo.
Director Suplente: Eduardo Gross Brown Prospecto de Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados · Ueno Bank S.A. · agosto de 2023
Y el mismo prospecto, en su sección de vinculaciones, declara quiénes son: Eduardo Javier Gross Brown Costa, socio del Estudio Jurídico Gross Brown, y Pablo Debuchy, asociado sénior del Estudio Jurídico Gross Brown.
Ese mismo estudio fue uno de los dos que asesoraron legalmente la fusión por absorción entre Ueno Bank y Visión Banco, autorizada por el Banco Central el 21 de junio de 2024. En el anuncio conjunto de la operación, de julio de 2024, el equipo de Gross Brown lo encabezaban las mismas dos personas: Eduardo Gross Brown como socio y Pablo Debuchy como asociado sénior.
El mismo estudio jurídico ocupó simultáneamente tres posiciones en la misma entidad: asesor legal de la fusión, una banca en el directorio y la sindicatura, que es el órgano encargado de fiscalizar a ese directorio.
Hay un cuarto dato: en la comunicación del 31 de enero de 2024 a la Bolsa de Valores, fue Debuchy, en su calidad de síndico titular, quien designó a los nuevos directores suplentes tras las renuncias presentadas en el marco de la fusión.
Conviene decir con todas las letras lo que esto no es.
Nada de esto estuvo oculto. El propio prospecto declara las vinculaciones, y ese documento es público. Nada de esto es ilegal. Que un estudio jurídico provea el síndico de una sociedad a la que asesora es una práctica corriente en Paraguay y en la región, y ninguna norma lo prohíbe. Eduardo Gross Brown renunció al directorio el 31 de enero de 2024, antes de que el Banco Central autorizara la fusión. Y ni el estudio ni ninguno de sus integrantes figura en la denuncia del Banco Central, en la imputación fiscal ni en los pedidos de informe del Congreso.
Lo que sí corresponde preguntar es otra cosa, y se pregunta sin acusar a nadie.
El 19 de junio de 2026, un acta del directorio del Banco Central dejó constancia de inconsistencias en el balance 2025 de Ueno Bank:
Gastos no habilitados por G. 2,5 billones (US$ 335 millones) en el fideicomiso de fusión con Visión Banco.
Clasificación errónea de una cartera morosa de G. 2,6 billones (US$ 356 millones).
Las dos últimas facilidades, otorgadas por el Banco Central tras la fusión, suman G. 5,1 billones: unos US$ 691 millones.
El balance es, exactamente, lo que un síndico fiscaliza.
05La plata del Estado
En julio de 2025, la Caja Fiscal —que administra jubilaciones y pensiones del sector público paraguayo— colocó G. 1 billón, unos US$ 166,6 millones, en certificados de depósito de ahorro a cinco años, con vencimiento el 30 de julio de 2030.
Fue por licitación, con diez entidades financieras participantes. Ueno Bank se llevó G. 250.000 millones, unos US$ 41,6 millones. Los otros G. 750.000 millones se repartieron entre tres bancos.
La operación se autorizó por Resolución del MEF N° 338/2025, del 28 de julio de 2025, que aprobó las inversiones recomendadas por el Comité de Inversiones. La inversión estaba habilitada por la Ley de Presupuesto 7408/2024. El ministro de Economía en ese momento era Carlos Fernández Valdovinos.
El 5 de noviembre de 2026, el ministro de Economía y Finanzas Óscar Lovera, con el patrocinio del Abogado del Tesoro Fernando Benavente, formalizó una denuncia penal contra los directivos, funcionarios y responsables de Ueno Bank, invocando los artículos 284 y 286 del Código Procesal Penal.
El argumento central de la denuncia es que el banco pudo haber suministrado información falsa o inexacta sobre su situación financiera al público, al supervisor y a las calificadoras de riesgo.
Es decir: el Estado sostiene que colocó el dinero siguiendo sus propias reglas, que el banco calificaba, y que calificaba porque los números que mostraba no eran los reales.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por persona e institución, según la Ley 2334/2003. Contra los G. 250.000 millones colocados, esa cobertura representa alrededor del 0,09%.
Que el banco hubiera pagado ya G. 30.537 millones de intereses explica buena parte de por qué nada parecía andar mal.
La Caja Fiscal no es el único dinero público comprometido. En tres años, Ueno Bank captó G. 4,9 billones —unos US$ 855 millones— del sector público, la Caja Fiscal y el Instituto de Previsión Social.
Quién calificó a Ueno Bank con «A», cuándo y con qué información. Esa calificación es la que habilitó la colocación de fondos jubilatorios. Si los estados contables estaban mal, la calificación se construyó sobre ellos.
Cuáles fueron los otros tres bancos que recibieron los G. 750.000 millones restantes, y en qué proporciones.
Qué revisó el Comité de Inversiones del MEF antes de recomendar la colocación a cinco años.
La denuncia del Ministerio de Economía apunta a los directivos del banco. No a funcionarios del Estado.
06Los dos uruguayos
En la trama aparecen dos personas con vínculo uruguayo. Ninguna de las dos está imputada.
María Silvia Vázquez de Carvallo es la esposa de Carlos Carvallo, el presidente del Banco Central que renunció esta semana y que antes había sido el principal ejecutivo de la entidad que después se convirtió en Ueno Bank.
En su declaración jurada de intereses del 12 de septiembre de 2023, Carvallo consignó que su esposa es «consultora en economía y métodos» y que mantiene «contratos habituales» con, entre otros, GV SAE: el Grupo Vázquez.
ABC Color accedió a tres facturas por servicios de «consultoría económico-financiera», de G. 55 millones cada una, fechadas el 30 de abril de 2025, el 31 de agosto de 2026 y el 29 de septiembre de 2026. En total, al menos G. 165 millones. No se sabe si hay otras.
La última es posterior al pedido de informes del Senado y a los informes de la Superintendencia de Bancos.
El segundo es Bernardo Algorta, empresario uruguayo radicado hace años en Paraguay.
Fue designado director suplente de Ueno Bank el 31 de enero de 2024 —en la misma comunicación en la que renunciaron Eduardo Gross Brown y otros— y para junio de ese año ya figuraba como director titular. Lo fue hasta el martes pasado.
Integra además los directorios de la tecnológica Itti S.A.E.C.A. —la misma que aparece como escala en varias de las operaciones del circuito— y de Grupo Vázquez S.A.E., y figura en otras firmas del conglomerado, entre ellas Terravaz S.A.E. y Nubicom Paraguay S.A.
Se formó en Administración y Marketing en la Universidad ORT de Uruguay y se incorporó al Grupo Vázquez en 2019.
Bernardo Algorta no figura entre los ocho directivos detenidos ni entre los imputados en la causa. Las menciones a su nombre en la prensa refieren a sus cargos societarios.
07El entorno
En el listado de los cien mayores deudores de Ueno Bank al 23 de octubre de 2026, en el puesto 63, figura MUAR S.R.L., RUC 80109978-1, con un saldo pendiente de G. 8.819.351.455: alrededor de US$ 1,4 millones.
MUAR es la marca de indumentaria de Serenella Argaña, esposa de Gonzalo Peña Ocampos y nuera de Santiago Peña.
Ante la repercusión, la empresaria difundió un comunicado en el que señaló que emprender «implica asumir riesgos, invertir y recurrir a financiamiento para seguir creciendo», y que esos compromisos se asumen «con seriedad». Dijo que la marca seguiría trabajando apostando «por el talento paraguayo».
Días después circularon imágenes que mostraban el local cerrado y desmontado.
Corresponde decirlo con claridad: tener una deuda con un banco no es un delito ni una irregularidad. Lo que convierte este caso en información de interés público es el monto, el vínculo familiar con quien entonces era presidente de la República y el momento en que se otorgó, no el hecho de deber.
08Lo que queda
El Banco Central abrió el proceso de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre. La Fiscalía detuvo a ocho directores y ejecutivos. El presidente del Banco Central renunció. El presidente de la República fue destituido el 6 de noviembre.
Y cerca de tres millones de clientes —más de la mitad de la población adulta paraguaya— siguen esperando.
Lo que este expediente muestra no es un robo en la bóveda. Es algo más lento y más difícil de ver: préstamos a sola firma entre empresas del mismo dueño, deudas que se pagaban con deudas nuevas del mismo banco, una venta de cartera diseñada para que los números cerraran, un balance con inconsistencias por G. 5,1 billones, y una estructura de control interno provista por el mismo estudio que asesoraba a la administración.
Todo eso ocurrió a la vista. Estaba en un prospecto público, en informes del supervisor y en registros del Banco Central.
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Esta nota se cerró el viernes 6 de noviembre de 2026. El proceso de resolución de Ueno Bank estaba en curso y la investigación fiscal, abierta.
Asesorar una fusión bancaria o integrar el órgano de fiscalización de una sociedad es ejercicio lícito de la profesión. Nada de lo expuesto en la sección sobre el Estudio Jurídico Gross Brown atribuye a esa firma ni a ninguno de sus integrantes conducta irregular. Las vinculaciones descritas están declaradas en el propio prospecto de emisión del banco, que es un documento público, y ninguna de esas personas figura en la denuncia del Banco Central, en la imputación fiscal ni en los pedidos de informe del Congreso paraguayo.
Ni María Silvia Vázquez de Carvallo, ni Bernardo Algorta, ni Serenella Argaña están imputados en la causa. Los hechos consignados sobre ellos son, respectivamente, facturas documentadas, cargos societarios registrados y un saldo deudor en un listado del Banco Central. Ninguna de esas tres cosas constituye por sí misma una irregularidad.
Las imputaciones vigentes alcanzan a exdirectivos de Ueno Bank por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles. Rige para todos ellos la presunción de inocencia.
Las cifras en dólares son conversiones aproximadas de los montos en guaraníes consignados en la documentación original, y varían según el tipo de cambio aplicado en cada fuente.
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