La semana pasada, el Comité Árabe Permanente de Derechos Humanos (PACHR) pidió la adopción de una palabra nueva —»Wholocide»— para describir las acciones de Israel contra los palestinos, argumentando que «genocidio» ya no alcanza para nombrar lo que consideran una atrocidad mayor. El Jerusalem Post respondió con un análisis extenso sobre la «escalada lingüística» del conflicto: de «ocupación» (1967) a «limpieza étnica» (años 90) a «apartheid» (2001) a «genocidio» (2023) y ahora «Wholocide». Su tesis central: se trata de una fabricación deliberada de vocabulario, diseñada para «moldear la memoria colectiva» y «desviar la empatía pública de la identidad judía y el sufrimiento judío».
Es un artículo bien escrito. También es, en el fondo, un ejercicio sistemático de minimización con guante de seda. Repasemos por qué, palabra por palabra y organismo por organismo.
Tres instituciones que el artículo mezcla adrede
Antes de entrar en el lenguaje, hay que separar tres cosas que suelen confundirse —a veces por ignorancia, a veces por conveniencia—:
Es exacto que la CIJ no dictó un fallo final sobre si hubo genocidio; el juicio de fondo podría tardar años. Lo que sí hizo, en enero de 2024, fue emitir medidas provisionales encontrando, por amplia mayoría de sus jueces, que es «plausible» que Israel esté violando la Convención sobre el Genocidio, y le ordenó tomar medidas para prevenirlo y permitir ayuda humanitaria. No es una condena, pero tampoco es nada.
Emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, pero por crímenes de guerra y de lesa humanidad —no por genocidio—. Esa orden sigue vigente. La misma tanda incluyó una orden contra Mohammed Deif, jefe militar de Hamas, anulada en 2025 al acreditarse su muerte.
No es un tribunal, es un organismo de investigación del Consejo de Derechos Humanos. En septiembre de 2025, tras dos años de trabajo, concluyó que Israel cometió cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención de 1948. Su presidenta, Navi Pillay, lo dijo sin eufemismos: «Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza».
El artículo del JPost usa la imprecisión de la primera institución (la CIJ «no dictaminó») para insinuar que la palabra «genocidio» carece de respaldo institucional. Omite por completo a la tercera, que sí lo usó, con nombre, apellido y metodología. Esa omisión no es un descuido: es la base sobre la que se sostiene todo el artículo.
Tres palabras que hacen el trabajo sucio
Más allá de la omisión institucional, el artículo recurre a un vocabulario muy específico para inclinar la balanza sin argumentarlo nunca abiertamente.
«Narrativa»
El texto habla sistemáticamente de «narrativa palestina» al referirse al uso de la palabra genocidio. «Narrativa» es un término que, aplicado a algo en disputa, sugiere construcción subjetiva, relato, no hecho verificado. Es un mecanismo de encuadre: reduce lo que describen decenas de miles de muertos documentados a la categoría de «relato que se cuenta».
«Supuesta»
Al describir la acusación de «ingeniería demográfica deliberada», el artículo la llama «supuesta». Pero en julio de 2024 la propia CIJ, en una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de la ONU, concluyó que la presencia israelí en los territorios ocupados es ilegal, que sus políticas constituyen anexión, y que existen medidas dirigidas específicamente a alterar la composición demográfica de Jerusalén Este. El propio Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, habló textualmente de «una herramienta de ingeniería demográfica». No es «supuesta»: es un hallazgo judicial.
«Estratosféricamente»
Para describir el aumento del uso del término genocidio tras la demanda de Sudáfrica ante la CIJ, el artículo elige esta palabra —evocando algo desproporcionado, casi irracional—, en vez de una descripción neutral. El aumento tiene una causa perfectamente rastreable: una demanda judicial concreta, un hallazgo de «plausibilidad», y cifras de víctimas que no dejaron de crecer. Nada estratosférico: una escalada del lenguaje proporcional a una escalada real y documentada de los hechos, algo que el artículo jamás se pregunta.
Lo que dicen los propios ministros israelíes
Si la acusación de intención genocida fuera «solo narrativa palestina», no debería sostenerse en fuentes primarias israelíes. Pero se sostiene, con nombre, cargo y fecha.
Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa, anunció un «asedio total»: «No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia».
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas: «No hay medias tintas… Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat: aniquilación total. ‘Raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo’. No hay lugar para ellos bajo el cielo». Haaretz calificó esto directamente como un llamado al genocidio.
Smotrich: podría estar «justificado y ser moral» matar de hambre a dos millones de personas.
Smotrich reincide: «Gaza será completamente destruida»; la población quedará «completamente desesperada» y sin nada que buscar allí.
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, instó a Netanyahu a «destruir, matar y aniquilar» a Hamas, y declaró que «Gaza debe ser arrasada» y que «no existe algo así como personas inocentes» allí.
Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio, sugirió públicamente la posibilidad de lanzar una bomba nuclear sobre Gaza.
La reacción internacional no quedó en la indignación verbal: Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda prohibieron el ingreso de Smotrich y Ben-Gvir a sus territorios, y la Unión Europea llegó a considerar sanciones contra ambos por «mensajes de odio» e incitación que podrían violar el derecho internacional humanitario.
Los números que el artículo nunca cruza con su propia definición
El JPost cita con precisión la definición de Raphael Lemkin: genocidio es lo «cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo… como tal». Nunca vuelve sobre esa definición para preguntarse si las cifras la cumplen.
A eso se suma la hambruna declarada formalmente en agosto de 2025 por la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC) —el organismo técnico internacional de referencia—, con cientos de muertes infantiles por desnutrición confirmadas por el propio Ministerio de Salud de Gaza.
No es solo Gaza: Cisjordania y Líbano
El artículo del JPost, al centrar toda su discusión en Gaza, deja afuera un patrón que se repite en simultáneo en al menos dos frentes más.
Cisjordania
Según Human Rights Watch, las fuerzas israelíes mataron a 969 palestinos en Cisjordania entre octubre de 2023 y octubre de 2025. La violencia de colonos alcanzó en 2025 su nivel más alto en al menos 18 años, con 2.660 incidentes de víctimas o daños materiales solo en los primeros nueve meses del año —la cifra más alta desde que se lleva registro, en 2006—. Las autoridades israelíes procesan penalmente solo en muy pocos casos a los responsables.
Líbano
El 2 de marzo de 2026, Israel lanzó una nueva invasión de Líbano contra Hezbolá. A la fecha: más de 4.300 muertos, más de 12.000 heridos, más de un millón de personas desplazadas (más del 20% de la población del sur del país), decenas de aldeas reducidas a escombros y unos 600 km² de territorio libanés bajo ocupación israelí. Amnistía Internacional ya había documentado, incluso antes de esta nueva invasión, ataques «casi diarios» pese a un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 —calificándolos de presuntos crímenes de guerra—.
Cuando la escalada del lenguaje corre paralela a una escalada real y verificable de la violencia en tres frentes simultáneos —Gaza, Cisjordania, Líbano—, documentada por Naciones Unidas, la CIJ, Amnistía Internacional y ministerios de salud de dos países distintos, la tesis de «fabricación narrativa» pierde el piso. No hay forma honesta de explicar Cisjordania y Líbano como relato palestino: son hechos verificados por organismos serios, no discurso.
La memoria no es un privilegio de un solo pueblo
El artículo trata la construcción de memoria colectiva palestina —terminología, día de conmemoración, literatura académica— como sospechosa, casi conspirativa. Pero eso es exactamente lo que hace cualquier pueblo con una atrocidad documentada: el cine y los museos sobre la Shoá, los días de recuerdo, la enseñanza escolar obligatoria, no son «manufactura narrativa» — son la forma en que las sociedades procesan genocidios reales.
Y el Holocausto, además, no es el único genocidio con memoria débil o negada por conveniencia política: el genocidio armenio (Turquía lo niega hasta hoy; Estados Unidos tardó más de un siglo en reconocerlo), Ruanda (la ONU evitó nombrarlo mientras ocurría, para no activar su obligación legal de intervenir), los jemeres rojos en Camboya, Srebrenica, o el genocidio herero y namaqua cometido por Alemania en Namibia —reconocido oficialmente recién en 2021—. La desigualdad real no está en que un pueblo construya memoria y otro no: está en qué genocidios el mundo elige recordar con la misma intensidad, y cuáles minimiza por conveniencia.
El precedente incómodo: Nuremberg
Israel y Estados Unidos rechazan la jurisdicción de la CPI con el argumento de que nunca ratificaron el Estatuto de Roma. Pero el Tribunal de Nuremberg tampoco fue creado con el consentimiento de Alemania: lo armaron unilateralmente los vencedores, aplicando categorías —»crímenes contra la humanidad»— que ni siquiera existían codificadas antes del juicio. Es la misma lógica estructural que hoy se rechaza cuando se aplica a un aliado.
Y Nuremberg tuvo sus propias fallas serias: fue justicia de vencedores (ningún aliado respondió por Dresde, Katyn o las bombas atómicas), aplicó derecho retroactivo, y sobre todo dejó prácticamente indemne al poder financiero que sostuvo el régimen. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, fue absuelto. Gustav Krupp, enriquecido con trabajo esclavo, ni siquiera fue juzgado. De los industriales condenados en los juicios posteriores, casi todos fueron liberados hacia 1951 —dos años y medio después de sus sentencias—, cuando la Guerra Fría volvió estratégicamente necesario rearmar a Alemania Occidental con la misma élite industrial que había sostenido al nazismo.
Sin banderas: ni Hamas, ni Israel, ni nadie
Nada de este análisis justifica el terrorismo. El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, con civiles asesinados y secuestrados, no encuentra justificación posible en ningún argumento histórico. Pero la misma vara moral —violencia deliberada contra civiles para sembrar terror con fines políticos— no puede aplicarse solo a los actores no estatales. Cuando un ministro de Defensa anuncia públicamente que corta comida, agua y electricidad a una población civil, o cuando un ministro de Finanzas habla de «aniquilación total» citando un mandato bíblico de exterminio, esa conducta encaja en definiciones académicas serias de terrorismo de Estado —aunque el derecho internacional prefiera juzgarla bajo categorías con maquinaria judicial propia: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que son, de hecho, categorías más graves, no más leves.
Y hay una ironía histórica que rara vez se cuenta completa: tanto Hamas como Hezbolá tienen un origen entrelazado con decisiones israelíes. Israel toleró y hasta financió el germen de Hamas —la organización Mujama al-Islamiya, la Universidad Islámica de Gaza— entre los años 60 y 80, como contrapeso deliberado a la OLP secular de Arafat. El propio Netanyahu reconoció en 2012 que le convenía mantener fuerte a Hamas para dividir el liderazgo palestino. Hezbolá, por su parte, nació en 1982 como respuesta directa a la invasión israelí del Líbano de ese año. Entender ese origen no absuelve nada de lo que esas organizaciones hicieron después: solo demuestra que la historia de este conflicto es mucho más enredada que la que puede caber en una sola palabra —sea «genocidio», sea «Wholocide», sea cualquier neologismo por venir.
El cascabel que nadie le pone al gato
Hay una última pieza que rara vez se discute con la franqueza que merece: el uso político del propio término «antisemitismo» para bloquear cualquier crítica a las políticas de este gobierno israelí.
«Semita» es, en su origen, un término lingüístico-etnológico que agrupa a los pueblos que hablan lenguas semíticas —hebreo, árabe, arameo, amárico, entre otras—. Incluye tanto a judíos como a árabes, palestinos entre ellos. El término «antisemitismo» se acuñó en el siglo XIX específicamente para nombrar el odio hacia los judíos, y ese uso quedó fijado con toda razón después del Holocausto. Pero en sentido literal y etimológico, la discriminación u hostilidad hacia los árabes —semitas tanto como los judíos— también encajaría dentro de una definición amplia del término. Es una paradoja lingüística real, no una ocurrencia retórica.
El problema no es solo semántico. Cada vez que Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir u otras figuras del gobierno israelí etiquetan como «antisemitismo creciente» las críticas puntuales a declaraciones como las citadas en este artículo —»aniquilación total», «no existe algo así como personas inocentes»—, ocurren dos cosas a la vez. Primero, diluyen la capacidad del término para nombrar el odio étnico-religioso real hacia los judíos, justo cuando ese fenómeno sigue existiendo y merece una palabra que no esté gastada de uso político defensivo. Segundo, le hacen un daño concreto a la propia Israel: generan la sensación de que no hay forma de cuestionar la conducta de un gobierno sin ser acusado de odiar a un pueblo entero, lo que erosiona con el tiempo la solidaridad internacional genuina que Israel supo tener tras el Holocausto, y la reemplaza por el rechazo hacia una herramienta retórica percibida como gastada.
Si se aplicara el término «antisemitismo» con su etimología estricta —hostilidad hacia pueblos semitas—, buena parte de la retórica de exterminio documentada en este artículo, dirigida contra población árabe-palestina, encajaría también dentro de esa definición amplia. Es el ángulo que casi ningún análisis se anima a plantear de forma directa, y es, quizás, el que mejor resume la distancia entre el lenguaje que se usa para defender políticas concretas y los hechos que esas políticas producen.
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