El jefe del Estado Mayor de las FDI pidió por carta eliminar el mecanismo que blindaría a evasores jaredíes. La Knéset lo aprobó igual, un día después de consagrar el estudio de la Torá como valor de Estado. Menos de 24 horas más tarde, el Tribunal Superior de Justicia frenó la ley de forma provisional.
En apenas 48 horas, la coalición de Benjamin Netanyahu consiguió aprobar dos leyes distintas pero estrechamente vinculadas, ambas orientadas a blindar a los estudiantes de yeshivá que no cumplen con el servicio militar. La primera, la Ley Básica del Estudio de la Torá, quedó firme. La segunda —una ley que directamente congelaba arrestos e investigaciones contra evasores— fue frenada por la Justicia casi de inmediato, en medio de una advertencia formal que el propio jefe del Estado Mayor de las FDI había hecho llegar por escrito antes de la votación.
La carta que la Knéset no escuchó
Antes de la votación final, el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor General de las FDI, envió una carta formal a Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz, oponiéndose específicamente al mecanismo de «comité» que la ley proponía crear: un panel de tres oficiales superiores de las FDI, autorizado para examinar y aprobar el estatus de «estudiante de yeshivá» a los efectos legales de la exención.
Zamir fue categórico en su rechazo, y lo fundamentó en tres razones concretas.
La advertencia no era un formalismo protocolar: Zamir pidió expresamente que se eliminara el mecanismo de comité «sin demora» antes de la votación final. La Knéset avanzó de todos modos.
Dos leyes en 48 horas
La ley suspendida establecía que, durante un período previsto hasta el 30 de noviembre —con expectativa de prórroga en el contexto electoral—, no se tomarían medidas de arresto, investigación ni ejecución contra estudiantes de yeshivá que cumplieran los requisitos establecidos. Los propios asesores legales de la Knéset habían advertido, antes de la votación, que la ley otorgaría inmunidad penal a un sector específico de la población por incumplir obligaciones que sí siguen siendo sancionables para el resto de los ciudadanos — y expresaron además «serias preocupaciones» sobre el proceso legislativo utilizado para impulsarla.
Lo que dijo el juez
El juez Ofer Grosskopf, al emitir la orden provisional, citó la jurisprudencia histórica del tribunal sobre la inscripción de estudiantes de yeshivá, y señaló específicamente las implicaciones de congelar procedimientos de aplicación de la ley «solo respecto a ciertos sectores de la población» — además de los «argumentos de peso» presentados por quienes impugnaron la norma.
La orden no anula la ley de forma definitiva: la suspende mientras un panel ampliado, a designar por el presidente del Tribunal Supremo Isaac Amit, evalúa a fondo las cuatro peticiones presentadas. Esas peticiones llegaron desde distintos frentes: el movimiento Israel Hofsheet, el líder opositor Yair Lapid junto a siete diputados de Yesh Atid, el propio Avigdor Liberman junto al diputado Oded Forer y su partido Yisrael Beytenu, y el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad calificó la decisión judicial de «un logro significativo e importante», sosteniendo que «el tribunal detuvo la vergüenza» — aunque aclaró que la orden provisional no representa el final del proceso, y que seguirán buscando la derogación completa tanto de esta ley como de la propia Ley Básica del Estudio de la Torá aprobada el día anterior.
«Por la puerta trasera»: la lectura de los demandantes
El mismo movimiento presentó además una petición separada específicamente contra la Ley Básica del Estudio de la Torá, argumentando que la Knéset abusó de su autoridad constituyente para promover, bajo forma de legislación de rango casi constitucional, un arreglo político restrictivo destinado a eludir fallos judiciales previos que exigían igualdad en el servicio militar.
Esa es, precisamente, la clave para entender por qué ambas leyes —pese a perseguir el mismo objetivo político— corrieron destinos judiciales distintos: la Ley Básica opera en el plano simbólico y de principios, mientras que la ley de congelamiento de arrestos tiene un efecto práctico inmediato y verificable —impide activamente que se aplique la ley sobre un grupo específico de la población—, lo que la volvió mucho más vulnerable a una impugnación judicial directa y urgente.
La defensa de Deri: «activismo judicial»
El presidente de Shas, Arye Deri, calificó la suspensión judicial de «otra expresión más de activismo judicial obsesionado con el poder», acusando al tribunal de actuar sin autoridad para bloquear una ley aprobada por mayoría en la Knéset. Fue más allá al describir la decisión como un intento de «pisotear la democracia, profundizar el caos y arrastrar irresponsablemente al país hacia la guerra civil».
Esa caracterización choca, sin embargo, con la forma concreta en que la propia ley fue tramitada: se sometió a votación final el 14 de julio, en los últimos días de sesión de la Knéset antes de su disolución automática previa a las elecciones del 27 de octubre, aprobada por una mayoría estrecha como parte de lo que múltiples fuentes describen como un acuerdo de coalición con los partidos jaredíes. La norma, además, no estableció ningún proceso hacia un acuerdo de alistamiento más amplio ni fijó objetivos de reclutamiento concretos — se limitó a suspender arrestos y sanciones, sin ofrecer a cambio ninguna hoja de ruta hacia una solución de fondo al problema que supuestamente buscaba administrar.
Por ahora, la Ley Básica del Estudio de la Torá permanece vigente y sin impugnación judicial exitosa. La ley que efectivamente frenaba arrestos quedó en pausa, a la espera de que un panel ampliado del Tribunal Supremo decida si sobrevive al escrutinio constitucional — con una fecha de audiencia todavía sin fijar.
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