Denuncias, omisiones y muerte: la Justicia que no actúa

Una denuncia falsa que arruinó dos vidas y terminó con una condena ridícula. Un femicida con antecedente de secuestro, libre a los 20 días. Un adolescente asesinado por su propio padre pese a 14 denuncias ignoradas durante una década. Tres casos, un mismo patrón: el sistema mira para el costado, y cuando actúa, llega tarde o llega mal.

Hay un patrón que se repite con una consistencia perturbadora en el sistema judicial, más allá de las fronteras: cuando la Justicia falla, no suele hacerlo por falta de información. Falla porque la información que ya tenía en sus manos no se tradujo en acción a tiempo. Tres casos recientes —una denuncia falsa en Bahía Blanca, un femicidio en Córdoba y un filicidio en Montevideo— muestran tres formas distintas de la misma negligencia estructural.

1. Fiorella Damiani: la denuncia falsa que la Justicia castigó con una pena de risa

En julio de 2017, Fiorella Belén Damiani, entonces de 18 años, denunció ante la Policía de Punta Alta que dos músicos locales, Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, la habían drogado, alcoholizado y violado en el departamento de uno de ellos. La causa quedó caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de más de una persona — un delito que en Argentina prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Pereyra y Álvarez fueron detenidos recién en noviembre de 2021, cuatro años después del hecho. Ambos permanecieron presos durante varios días, convencidos de que no había forma de probar su inocencia.

Audio: entrevista a Fernando Pereyra, uno de los acusados falsamente por Damiani.

Lo que los salvó fue exactamente lo que Damiani no contaba con que existiera: un video filmado esa misma noche, guardado en la nube por Álvarez antes de que ella se llevara el celular de Pereyra al retirarse del departamento. Según relató Pereyra, filmar sus encuentros era una práctica habitual entre ellos, consensuada de antemano. «Le preguntábamos si no le molestaba que filmáramos (…) era algo habitual de nosotros», contó.

El abogado defensor accedió a esas imágenes y las presentó ante la fiscalía. La fiscal Marina Lara, al ver el material, cambió de postura de inmediato: «En los videos no se aprecia que fuera forzada al acto sexual, ni que no pudiera moverse como declaró. Es más, en las imágenes pueden apreciarse movimientos activos de la señorita Fiorella acompañando a su partenaire sexual», argumentó al solicitar la excarcelación. Los peritajes médicos no encontraron lesiones compatibles con abuso, y los análisis toxicológicos no detectaron ninguna sustancia en el organismo de la denunciante — descartando de plano cualquier hipótesis de sumisión química.

Una condena que no cerró la herida

El 5 de marzo de 2026, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca condenó a Damiani a 3 años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado, además de una inhabilitación de 6 años para declarar como testigo. La fiscalía y la querella habían solicitado 9 años de prisión efectiva; el juez Ricardo Gutiérrez consideró que la pena debía ser condicional porque Damiani no tenía antecedentes penales y tenía 18 años al momento de los hechos.

Durante el proceso, Damiani —consejera escolar electa por La Libertad Avanza en Bahía Blanca— fue suspendida de su cargo por 90 días, pero no destituida. Uno de los denunciantes calificó lo sucedido como «una burla».

Pereyra fue enfático en su relato sobre el costo humano de esos años: «El castigo emocional fue tanto que nos sentíamos acusados por todos. Los medios de comunicación daban a conocer esta noticia, de que habían detenido a dos violadores, entonces el castigo de la sociedad nos pesaba.» La fiscalía y la querella apelaron la sentencia por considerarla insuficiente frente al daño causado.

2. Claudio Barrelier: libre a los 20 días, un año después mató a Agostina Vega

El 23 de mayo de 2026, Agostina Vega, de 14 años, ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, de 33, en el barrio Cofico de Córdoba, tras bajar de un remise. Fue la última vez que la vieron con vida. Una semana después, su cuerpo fue hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra. La autopsia determinó que había sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia mecánica.

Barrelier no era un desconocido para la Justicia. En mayo de 2025 —exactamente un año antes del femicidio de Agostina— ya había sido imputado por privación ilegítima de la libertad calificada por violencia, tras secuestrar en esa misma vivienda de barrio Cofico a una joven de 20 años que no tenía vínculo previo con él. Según el relato que la propia víctima hizo público recién en junio de 2026, Barrelier cerró la puerta con llave, exhibió un arma de fuego y una cinta adhesiva, y le exigió que se desnudara bajo el pretexto de que «unos socios» debían verla. Luego la ató de pies y manos y la amordazó. La joven llegó a creer que la iban a vender a una red de trata. Logró escapar semidesnuda, y fueron vecinos quienes la socorrieron y dieron aviso a la Policía.

Fue detenido por ese hecho y permaneció cerca de 20 días preso mientras se desarrollaban las medidas de prueba. El 26 de mayo de 2025, el entonces fiscal de instrucción Iván Rodríguez dispuso su liberación bajo el pago de una fianza de cinco millones de pesos, argumentando en su resolución que Barrelier podía acceder eventualmente a una condena de ejecución condicional y que no había elementos para presumir riesgo de fuga. La víctima había solicitado expresamente ser notificada si el imputado recuperaba la libertad — esa notificación nunca llegó. «Yo ni sabía que había salido», declaró después.

La actuación del fiscal Iván Rodríguez en aquella resolución motivó, tras conocerse el femicidio de Agostina, un pedido de jury de enjuiciamiento presentado por distintos bloques de la oposición y diputados nacionales, por presunto mal desempeño en el cargo.

Ese antecedente no impidió que, en 2021, un concejal del Partido Justicialista lo recomendara para trabajar como «becario» en la Municipalidad de Córdoba, un cargo del que recién fue apartado tras conocerse su imputación por el femicidio. El concejal Ricardo Moreno, que admitió haberlo recomendado, se defendió públicamente: «Me lo presentó un secretario general de un gremio. Carecía de antecedentes penales.» Esa afirmación entra en tensión directa con los propios registros judiciales que ya lo vinculaban al momento de su ingreso.

Según reconstruyó la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, la geolocalización del teléfono de Agostina mostró que el aparato fue apagado poco después de su encuentro con Barrelier, un dato clave que reforzó las sospechas durante la semana en que la joven estuvo desaparecida. Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron el ingreso de ambos a la vivienda.

3. Jonathan Correa: 14 denuncias ignoradas durante 13 años

El viernes 7 de marzo de 2026, vecinos del barrio Flor de Maroñas, en Montevideo, encontraron el cuerpo de un adolescente de 15 años en una cañada frente a su vivienda. Se llamaba Jonathan Correa. Su padre, Jonathan Calero, de 36 años, confesó al día siguiente haberlo matado a golpes.

La discusión había empezado por un motivo trivial: el chico no había metido a la casa a una perra de la familia que amamantaba a sus cachorros de pitbull, criados como medio de subsistencia. Según la autopsia, los golpes en el vientre provocaron el colapso de sus intestinos. Con sus últimas fuerzas, Jonathan intentó escapar de la casa — su padre lo alcanzó a pocos metros y terminó de matarlo golpeándolo en la cabeza con un palo, antes de arrojar el cuerpo a la zanja donde sería hallado.

La reconstrucción judicial y periodística posterior mostró un patrón sistemático de intervenciones frustradas. Los vecinos llamaban con frecuencia a la policía al escuchar los gritos de auxilio del chico. La madre solía decirles a los agentes que su pareja los había abandonado; apenas se retiraban, los testigos veían a Calero salir de un escondite dentro de la misma casa.

El error de una palabra

Una investigación posterior de la Suprema Corte de Justicia uruguaya reveló un detalle que resume buena parte de la falla estructural del caso: en una de las últimas alertas, presentada por la escuela técnica UTU a la que asistía Jonathan, una jueza dispuso que el INAU «aborde» la situación con urgencia. La orden fue registrada por la Policía como «aguarde». Esa diferencia de una sola palabra significó que nadie interviniera.

El propio presidente uruguayo, Yamandú Orsi, calificó el crimen de «espantoso» y «terrible», y fue notablemente autocrítico sobre el rol del Estado: «La tercera dimensión es cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo y cómo no lo pudimos impedir.» El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, debieron comparecer ante la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados para explicar la actuación estatal frente a las denuncias reiteradas.

El hilo que conecta los tres casos

Damiani, Barrelier y el caso de Jonathan Correa no tienen ningún vínculo entre sí más que uno: en los tres, el sistema tuvo la información necesaria para actuar distinto, y no lo hizo a tiempo o no lo hizo con la firmeza correspondiente.

En el caso de Damiani, la Justicia tardó casi una década en aplicar una condena que, cuando llegó, resultó desproporcionadamente leve frente al daño causado a dos hombres inocentes. En el caso de Barrelier, un antecedente concreto de secuestro no fue suficiente para activar ningún mecanismo de seguimiento más riguroso antes de que volviera a atacar, esta vez con un desenlace fatal. En el caso de Jonathan Correa, catorce alertas a lo largo de trece años —incluyendo una orden judicial mal registrada por un error de una sola palabra— no bastaron para separarlo a tiempo de quien terminó matándolo.

Dos sistemas judiciales distintos, dos países, tres tipos de delito completamente diferentes. Pero el patrón de fondo es el mismo: la Justicia rara vez falla por ignorancia. Falla, con mayor frecuencia, porque la señal de alarma ya estaba sonando —a veces durante años— y nadie con la autoridad para actuar decidió escucharla a tiempo.