Las cuatro piedras.
El mismo patrón, cuatro veces.

Una de las contribuciones más importantes del informe de la Comisión fue establecer que $LIBRA no fue un hecho aislado. Fue el cuarto episodio de un patrón documentado, protagonizado por las mismas personas, con el mismo método y con el mismo promotor presidencial.

La conclusión del informe sobre este patrón fue tan clara como lapidaria: «Este patrón pone de manifiesto un modus operandi protagonizado por los mismos nombres repitiendo maniobras financieras presuntamente ilícitas: los de Javier Milei como promotor, y Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy como intermediarios y operadores.»

No era ingenuidad. No era casualidad. Era un patrón. Cuatro veces. Las mismas personas. El mismo resultado. Y la cuarta vez, a escala presidencial.

La Oficina Anticorrupción
que no tomó una sola declaración.

Cuando estalló el escándalo, el gobierno anunció que investigaría. Creó por decreto una Unidad de Tareas de Investigación y puso a trabajar a la Oficina Anticorrupción. Ambas medidas fueron presentadas públicamente como prueba del compromiso del gobierno con la transparencia. La Comisión Investigadora documentó lo que realmente hicieron.

La Unidad de Tareas de Investigación fue disuelta en apenas tres meses. Sin informe final. Sin resultados públicos. Sin rendición de cuentas. La Comisión llegó a la conclusión más dura posible: «La UTI y la OA operaron como barreras institucionales destinadas a neutralizar el control.»

El gobierno no investigó el escándalo. Creó estructuras que simularan investigarlo mientras lo protegían. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un Estado de derecho y una farsa institucional.

Todos citados.
Ninguno presente.

La Comisión Investigadora ejerció sus atribuciones constitucionales y citó a declarar a todos los funcionarios con información relevante sobre el caso. Lo que encontró fue lo que el informe final describió como algo inédito: un cerco informativo de una naturaleza y una coordinación que no tenía precedentes en la historia parlamentaria argentina reciente.

El trago que nunca pagó.
Y la nuclear que también abandonó.

Demián Reidel merece un párrafo aparte porque su caso concentra una de las ironías más brutales de toda la trama. Era el jefe del Consejo de Asesores del presidente. Físico del Instituto Balseiro, matemático de Chicago, doctor en Economía de Harvard, ex banquero de Goldman Sachs y JP Morgan. El hombre más calificado del entorno de Milei para evaluar un riesgo financiero.

Y el 18 de octubre de 2024, un día antes del Tech Forum, Maximiliano Firtman le envió por WhatsApp un informe documentado sobre los antecedentes fraudulentos de los organizadores del evento. Reidel lo leyó. Le agradeció. Y respondió con una frase que Firtman no olvidaría:

Al día siguiente, el presidente asistió al Tech Forum exactamente como estaba previsto. Hayden Davis y su familia lo aplaudían desde la primera fila. Reidel, que originalmente figuraba como orador, no subió al escenario. Pero tampoco hizo nada para evitar lo que vendría cuatro meses después.

Cuando estalló $LIBRA, Reidel intentó distanciarse: declaró públicamente que no tenía relación con el Tech Forum y que nunca había hecho nada relacionado con criptomonedas. Eso enfureció a Milei, según fuentes cercanas al gobierno. Pero la furia duró poco.

En julio de 2025, Reidel renunció a su cargo de jefe de Gabinete de Asesores. La versión oficial fue que quería concentrarse en el Plan Nuclear Argentino desde la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina — la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Era un cargo con contratos multimillonarios, poca supervisión pública y decisiones técnicas que nadie más en el gobierno entendía. El modelo de negocios de la puerta giratoria en su versión más clásica.

Mal desempeño presidencial.
La palabra que no se dice.

El informe de la Comisión Investigadora no se quedó en la documentación de hechos. Llegó a conclusiones institucionales de enorme gravedad que el gobierno eligió ignorar sistemáticamente.

«Mal desempeño.» Dos palabras que en la Constitución argentina tienen un peso específico: son la causal para iniciar un juicio político al presidente. La Comisión no lo pidió directamente. Lo dejó como una recomendación para que el Congreso evaluara. Y el Congreso, con su nueva composición más oficialista desde diciembre de 2025, eligió no evaluarlo.

¿Por qué nadie fue
a declarar?

La pregunta más simple es también la más reveladora. ¿Por qué ningún funcionario del gobierno argentino compareció ante la Comisión Investigadora del Congreso? No es una obligación menor. Es una obligación constitucional. El Congreso tiene atribuciones de control sobre el Ejecutivo. Las comisiones investigadoras son instrumentos legítimos de ese control.

Hay dos respuestas posibles. La primera: que los funcionarios citados no tenían nada que ocultar pero decidieron, por razones políticas, no cooperar con una investigación liderada por la oposición. La segunda: que tenían algo que ocultar y calcularon que el silencio era menos peligroso que la declaración.

El informe de la Comisión no puede probar cuál de las dos es cierta. Pero documenta el silencio con una precisión que habla por sí sola. Y establece que ese silencio, en sí mismo, constituye un dato que el ciudadano tiene derecho a evaluar.

Lo que el informe de la Comisión estableció con claridad es que el dinero existió, que se movió, que hay rastros documentados de adónde fue y que una parte significativa de él sigue siendo irrastreable. Lo que todavía no se sabe con certeza judicial es si alguna vez se podrá recuperar.

Esa es la historia del Capítulo 8. La historia del dinero que desapareció y de lo que la justicia de dos países hizo —y no pudo hacer— para encontrarlo.