Cuando se discute la confianza en una farmacéutica, suele tratarse el tema como si fuera una cuestión de fe o de ideología: «creer o no creer» en la industria. Pero en el caso de Pfizer, específicamente, hay algo que no requiere fe ninguna: un historial de sanciones judiciales, multas pagadas y declaraciones de culpabilidad que se extiende por casi treinta años y que no proviene de activistas ni de teóricos de conspiración, sino de tribunales, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de cables diplomáticos filtrados.
Repasarlo no prueba nada sobre ningún producto específico que la empresa fabrique hoy. Pero sí explica, con hechos y no con rumores, por qué exigirle transparencia total a Pfizer no es un capricho ni una postura marginal: es una precaución con base histórica sólida.
Nigeria, 1996: el caso más grave
En medio de una epidemia de meningitis, sarampión y cólera que mató a más de 12.000 personas en el norte de Nigeria, Pfizer envió un equipo médico al Hospital de Enfermedades Infecciosas de Kano. Allí administró a 100 niños un antibiótico experimental, Trovan, y a otros 100 el tratamiento estándar, como grupo de control —sin consentimiento informado real de las familias, según la Justicia nigeriana—.
Pfizer ya contaba con estudios previos en animales que mostraban riesgo de daño articular y hepático. Once niños murieron y decenas más quedaron con secuelas graves: parálisis, ceguera, sordera, daño neurológico. Trovan fue restringido en Estados Unidos y directamente prohibido en Europa poco después, por su toxicidad.
Nigeria presentó cargos penales —conspiración criminal, daño grave intencional— además de una demanda civil por más de 2.000 millones de dólares. Cables de WikiLeaks revelaron que Pfizer contrató investigadores para buscar evidencia de corrupción contra el fiscal general nigeriano que llevaba el caso, con el objetivo explícito de presionarlo para que lo abandonara. En 2009, la empresa acordó pagar 75 millones de dólares al estado de Kano, sin admitir responsabilidad.
Un efecto colateral que rara vez se menciona: la desconfianza generada por el escándalo hizo que muchas familias de Kano rechazaran después vacunar a sus hijos contra la polio, entorpeciendo un programa de erradicación en la región. El daño a la confianza pública trascendió el propio caso.
Neurontin: sobornar médicos con Disney World
Neurontin estaba aprobado únicamente para tratar convulsiones. Pfizer (a través de su filial Warner-Lambert) lo promovió activamente para usos que la FDA nunca autorizó: dolor crónico, migrañas, trastorno bipolar. Para lograr que los médicos lo recetaran así, sobornó con entradas a los Juegos Olímpicos, viajes a Disney World y vacaciones familiares en complejos de golf.
El resultado: el 90% de las recetas terminaron siendo para condiciones para las que el fármaco no estaba indicado. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, publicado en el New England Journal of Medicine, probó además que Pfizer manipuló los objetivos de ocho estudios clínicos para que los resultados favorecieran al medicamento.
2004: declaración de culpabilidad y multa de 430 millones de dólares. 2010: un jurado federal encontró fraude de extorsión en su comercialización, y ordenó pagar 142 millones adicionales en daños.
Bextra y compañía: la multa criminal más alta de su tiempo
Bextra, un antiinflamatorio, fue retirado del mercado en 2005 por orden de la FDA, tras comprobarse que aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares graves, incluida una reacción cutánea a veces mortal. Pfizer lo había promovido igualmente para dosis y usos no aprobados.
En 2009 se declaró culpable de promoción fraudulenta de Bextra junto con otros tres medicamentos —el antipsicótico Geodon, el antibiótico Zyvox y el antiepiléptico Lyrica— y pagó 2.300 millones de dólares en total. De esa cifra, 1.195 millones correspondieron solo a Bextra: la multa criminal más alta jamás impuesta hasta ese momento por el gobierno de Estados Unidos en un caso de este tipo.
El dato que más pesa: era el cuarto acuerdo de integridad corporativa que Pfizer firmaba con el Departamento de Salud estadounidense, comprometiéndose a «portarse bien» durante los siguientes cinco años. Ya había incumplido tres compromisos idénticos anteriores.
Sobornos en el extranjero: el mismo patrón, repetido
El intento de presionar al fiscal nigeriano no fue un hecho aislado. Pfizer llegó a acuerdos posteriores con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por más de 60 millones de dólares por sobornar a médicos, reguladores y funcionarios en distintos países extranjeros —el mismo mecanismo usado en Kano, pero como práctica reiterada en otros mercados, no un exceso puntual de una filial descontrolada.
El denunciante que la propia empresa ignoró
Peter Rost, exvicepresidente de marketing de Pfizer, se convirtió en informante después de que la compañía desestimara sus denuncias internas sobre campañas publicitarias fraudulentas. Escribió después un libro testimonial, El denunciante: confesiones de un asesino a sueldo, en el que compara el funcionamiento de la gran industria farmacéutica con el de una organización mafiosa.
Lo que este historial explica, y lo que no prueba
Ninguno de estos casos —ni Trovan, ni Neurontin, ni Bextra— tiene relación directa con la vacuna contra el Covid-19, y repasarlos no es evidencia de que la vacuna en particular sea insegura. Eso es exactamente lo que un tribunal, no un historial previo, tiene que determinar caso por caso, con su propia evidencia.
Pero lo que sí queda establecido, con sentencias firmes y multas efectivamente pagadas, es un patrón de conducta corporativa: promoción de fármacos para usos no autorizados, manipulación de resultados de estudios clínicos, sobornos sistemáticos a médicos y funcionarios, y el uso de presión política e investigaciones privadas contra quienes litigan en su contra. Ese patrón no depende de ninguna teoría: está en las propias declaraciones de culpabilidad que la empresa firmó ante la Justicia estadounidense.
Exigir, entonces, total transparencia sobre cualquier producto nuevo de esta compañía en particular no es paranoia ni negacionismo científico. Es, con este historial de fondo, sentido común basado en precedentes judiciales concretos —algo bien distinto de rechazar la ciencia de las vacunas en general, y bien distinto también de dar por probada, sin sentencia, cualquier acusación específica que hoy esté en un tribunal.
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