Colonos, Qusra y la sanción que Trump levantó

Bastión — Geopolítica e Historia
Análisis · Oriente Medio
Colonos, Qusra y la sanción que Trump levantó

Durante cinco noches, colonos israelíes sitiaron tres casas palestinas en Cisjordania, cortando agua y luz a familias con niños adentro. El embajador de EE.UU. los llamó «terroristas» en X. Pero la herramienta que podría haber evitado esto —sanciones a colonos violentos— existía, funcionó, y la misma administración de la que él es parte la eliminó apenas asumió.

5Noches de asedio en Qusra
48hTardó el ejército en el primer desalojo
Comunidad con más ataques de colonos en 2026
2025Año en que Trump revirtió las sanciones

Lo que pasó en Qusra

Durante cinco noches, colonos israelíes rodearon tres viviendas palestinas en las afueras de Qusra, una localidad al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Cortaron el agua y la electricidad. Qusai Abu Rida se atrincheró adentro con su hijo adolescente, obligado a beber agua de pozo mientras decenas de colonos levantaban tiendas de campaña en la puerta de su casa. Su hermano, palestino-estadounidense radicado en Ohio y dueño del inmueble, observó el asedio en tiempo real a través de las cámaras de seguridad de la propia vivienda, y llamó reclamando actualizaciones sobre lo que estaba viendo.

Según Naciones Unidas, unos 15 palestinos —incluidos dos niños— quedaron atrapados sin agua corriente ni electricidad en el conjunto de las tres casas sitiadas. La ayuda que lograron hacerles llegar activistas israelíes y extranjeros —comida, agua embotellada, conservas— tuvo que pasar primero por una revisión del ejército, que alegó que la zona era «militar cerrada» antes de autorizar la entrega.

La comunidad más golpeada de toda Cisjordania

Esto no es un hecho aislado. Según la oficina humanitaria de la ONU, Qusra registró más ataques de colonos que cualquier otra comunidad de Cisjordania durante 2026. En marzo, un residente de 25 años murió baleado por un reservista israelí que estaba fuera de servicio; otros ocho resultaron heridos en distintos ataques ese mismo año. El mes pasado, un episodio de violencia en una aldea cercana dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos —tras lo cual una mezquita en la propia Qusra fue incendiada, con la palabra «venganza» escrita en hebreo sobre el muro.

La reacción tardía de un defensor de los asentamientos

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee —un firme defensor público de la expansión de asentamientos en Cisjordania— calificó a los colonos de «terroristas israelíes» en una publicación de X, hablando de «comportamiento de matones» y de un «acto horrendo de terror». La condena llegó recién el jueves, cuatro días después de iniciado el asedio, y en respuesta directa a un usuario que lo acusaba de que Washington no había hecho nada al respecto. «Decir que yo o la Embajada de Estados Unidos no se preocupan o no han hecho nada es simplemente falso», respondió Huckabee, insistiendo en que ya habían mantenido informado a Washington sobre la situación.

Hay un dato que no puede pasarse por alto en esa reacción: entre las viviendas sitiadas había una de propiedad de un ciudadano estadounidense. La condena pública más dura de todo el episodio llegó, en los hechos, después de que quedara claro que uno de los afectados era compatriota del propio embajador —no como respuesta inmediata a la gravedad del hecho contra familias palestinas en sí.

Las acciones de aquellos que llevaron a cabo este acto horrendo de terror destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes. No hay excusa para un comportamiento tan brutal. Mike Huckabee, embajador de EE.UU. en Israel

El detalle que desarma la indignación

Acá está el punto que convierte todo esto de «episodio lamentable» a «consecuencia previsible de una decisión política concreta»: en 2024, bajo la administración Biden, Estados Unidos sancionó de forma directa a un grupo de colonos violentos en Cisjordania —con congelamiento de activos y restricciones de visa incluidas—. Esas sanciones tuvieron un efecto disuasorio real y medible mientras estuvieron vigentes. Donald Trump las revocó apenas asumió, a comienzos de 2025.

2024

La administración Biden impone sanciones directas —congelamiento de activos, restricciones de visa— a un grupo de colonos violentos identificados en Cisjordania. La medida muestra efecto disuasorio real mientras está vigente.

Enero de 2025

Trump asume y revierte esas sanciones como una de sus primeras decisiones de política exterior hacia Israel, eliminando el único freno material real que Washington tenía sobre la conducta de los colonos más violentos.

Marzo de 2026

Un residente de Qusra de 25 años muere baleado por un reservista israelí fuera de servicio. Ocho personas más resultan heridas en distintos ataques de colonos en la misma comunidad a lo largo del año.

Julio de 2026

Violencia entre colonos y palestinos en una aldea cercana deja dos israelíes y cuatro palestinos muertos. Una mezquita en Qusra es incendiada con la palabra «venganza» escrita en hebreo.

9-13 de agosto de 2026

Colonos sitian tres viviendas en Qusra durante cinco noches, cortando agua y electricidad. El ejército tarda 48 horas en el primer intento de desalojo del puesto ilegal, y un día adicional en retirarlo por segunda vez tras el regreso de los colonos. Un video muestra a varios israelíes con uniformes militares uniéndose a los colonos en una oración matutina en el lugar.

14 de agosto de 2026

El ministro de Defensa Israel Katz anuncia que trasladará de las FDI a la policía la responsabilidad de hacer cumplir la ley entre los colonos de Cisjordania, mientras las FDI abren una investigación formal sobre su propia lentitud durante el asedio de Qusra.

Quién pudo entrar a ver, y quién no

El acceso a Qusra durante el asedio no fue parejo, y eso generó otro round de controversia en paralelo. Solo un reportero, del canal israelí de derecha Canal 14, logró entrar al pueblo y transmitir desde adentro, mientras a otros periodistas —israelíes y extranjeros— se les negó el ingreso. La denuncia de aplicación selectiva llegó hasta el Consejo de Prensa y Comunicaciones de Israel, que pidió una reunión urgente con la Unidad de Portavoces de las FDI para aclarar el episodio. El Consejo fue directo en su reclamo: los periodistas «buscan cumplir con su papel y ofrecer al público una imagen precisa de la situación sobre el terreno», y el ejército «debe permitirles hacerlo por igual», más allá de las restricciones de seguridad que puedan justificarse.

La versión de las FDI, según reportó el medio israelí Maariv, fue que el reportero de Canal 14 nunca tuvo autorización oficial: entró al pueblo por iniciativa propia. Sea como sea, el resultado práctico fue que, durante los días más duros del asedio, la única cobertura desde adentro llegó a través de un canal alineado ideológicamente con el gobierno —mientras el resto de la prensa quedaba del otro lado del cordón militar.

El diputado al que también le cerraron el paso

No fue solo la prensa la que encontró trabas para entrar. El 14 de agosto, tropas de las FDI intentaron impedir el ingreso del diputado Ofer Cassif, de la lista conjunta Hadash-Ta’al, alegando primero que la zona era «Área B» y poco después declarándola directamente «zona militar cerrada» —una designación que, según narró el propio legislador, pareció aplicarse específicamente para frenarlo a él. Cassif denunció en el momento que las FDI «permitían que los colonos establecieran libremente sus puestos avanzados» mientras a él lo demoraban.

Recién después de veinte minutos, y con la intervención del sargento de armas de la Knéset —el cuerpo de seguridad interna del propio Parlamento israelí—, se le permitió el ingreso. Una vez adentro, Cassif se reunió con las familias sitiadas y llevó comida, agua y medicinas, incluyendo equipos para reconectar las tuberías de agua que los colonos habían dañado. Su balance del episodio fue sin matices: «esto es exactamente lo que parece el apartheid. Esto es exactamente lo que es una ocupación.»

Lo que las FDI mismas van a tener que explicar

El propio ejército israelí anunció que abrirá una investigación formal sobre lo ocurrido en Qusra durante toda la semana, con los hallazgos destinados directamente al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. «Esto fue un incidente grave y será investigado», confirmó un representante militar. Según reportó el medio israelí N12, la pesquisa deberá responder preguntas incómodas para la propia institución: por qué los soldados tardaron 48 horas en el primer intento de evacuar el puesto ilegal que habían montado los colonos, por qué tardaron un día adicional en retirarlo por segunda vez cuando los mismos colonos regresaron, y qué pasó exactamente con las tropas que —según se informó— habían sido enviadas a desalojar el puesto pero no cumplieron esa orden. La investigación también deberá revisar cómo fueron evacuadas finalmente las familias palestinas el jueves, tras recibir la orden de marcharse.

Es, en sí misma, una admisión implícita de que algo en la cadena de mando falló —o eligió no funcionar— durante los días más críticos del asedio.

El anuncio de Katz: menos ejército sobre los colonos, no más

Mientras el mundo todavía miraba a Qusra preguntándose por qué las FDI habían tardado tanto en actuar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció un cambio de fondo: trasladar la responsabilidad de aplicar la ley civil y mantener el orden público entre la población israelí de Cisjordania de las FDI a la policía. «El papel de las FDI es combatir el terrorismo palestino y centrarse en defender las fronteras y las comunidades frente a amenazas», dijo Katz en un comunicado. «Toda la responsabilidad de hacer cumplir los asuntos civiles y mantener el orden público pasará a la policía», agregó.

El diputado Gilad Kariv, de Los Demócratas, denunció la medida como «contraria a la ley israelí, al derecho internacional y a los claros intereses de seguridad nacional de nuestro país». Fue más allá: «Esta directiva no se implementará, pero envía un mensaje claro a las tropas de las FDI sobre el terreno: no actúen contra el terrorismo judío y las bandas juveniles en las colinas. Los comandantes que actúen serán castigados», acusando a Katz de operar como una «Cúpula de Hierro protegiendo el terrorismo judío en Cisjordania» —invirtiendo el nombre del sistema antimisiles israelí para describir un escudo que ahora protegería a los colonos violentos en lugar de a la población.

El timing no es un detalle menor. Sacarle a las FDI la responsabilidad de hacer cumplir la ley sobre los propios colonos justo la semana en que la pregunta central era por qué el ejército tardó 48 horas en actuar contra ellos no es neutral: institucionaliza, del lado israelí, exactamente el mismo patrón que generó el escándalo de Qusra. No hace falta una orden explícita de «dejen actuar a los colonos» para que el resultado sea ese —alcanza con formalizar que, hacia adelante, haya todavía menos autoridad militar dispuesta a intervenir.

Por qué esto no es solo un tuit hipócrita

Hay una lectura fácil y una lectura completa de este episodio. La fácil es señalar la contradicción de un embajador pro-asentamientos condenando en X a los mismos colonos que su política tolera en los hechos —y esa contradicción es real. Pero la lectura completa va más allá de la hipocresía discursiva: no hace falta que exista una orden explícita de «dejen actuar a los colonos» para que el resultado funcione exactamente así. Alcanza con remover el único incentivo material que existía para contenerlos, y dejar que la dinámica de poder local —colonos con respaldo ideológico de sectores de la coalición de Netanyahu, tropas con margen de discrecionalidad o directamente cómplices, como muestra el video de la oración conjunta— haga el resto sola.

La investigación que las FDI se ven ahora obligadas a abrir, y el mismo día el anuncio de Katz de recortarle a las FDI autoridad sobre los colonos hacia adelante, son exactamente los síntomas que cabría esperar cuando el costo político y material de tolerarlos bajó, porque la sanción que lo encarecía ya no existe. Una institución investiga por qué falló, mientras el gobierno del que depende decide que, en el futuro, tenga aún menos poder para no fallar de la misma manera.

Condenar el hecho puntual por X, cuatro días después de empezado y una vez que se supo que había un ciudadano estadounidense involucrado, es gestión de daño reputacional. Restablecer las sanciones que funcionaban sería una política. Son cosas distintas, y la distancia entre ambas es, en los hechos, la distancia entre lo que Washington dice y lo que Washington decide hacer.


Apoyá este trabajo

Bastión se sostiene con trabajo, no con publicidad. Si esto te aportó algo, invitame un café.

☕ Invitame un café

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio
♥ Apoyá a Bastión

Periodismo independiente sin trinchera