2019-2024 — El Salvador
El doble juego de Bukele: cómo desarmó los controles
Prometió una comisión anticorrupción en sus primeros 100 días. Terminó destituyendo a la Corte Suprema, al fiscal general, y disolviendo su propia comisión. El 73% de los pedidos de información pública nunca tuvo respuesta.
- El candidato que prometió «devolver lo robado»
- Los hermanos, desde el primer día
- Una comisión anticorrupción diseñada para no funcionar
- Soldados en el Parlamento
- La pandemia como cortina de humo
- El golpe de mayo de 2021: Corte Suprema y fiscal general, fuera en un día
- El caso Catedral, y por qué el fiscal fue destituido
- Bitcoin: 106 millones de dólares sin ningún respaldo oficial
- El día más violento en décadas, y el pacto que nadie pudo investigar
- Un estado de excepción que ya lleva 22 prórrogas
- La «guerra contra la corrupción» que solo persigue rivales
- La ironía final: el organismo de transparencia, sancionado por opacidad
El 4 de febrero de 2024, Nayib Bukele fue reelegido presidente de El Salvador desafiando abiertamente la prohibición constitucional de reelección inmediata —vigente desde 1983 y reafirmada por un fallo judicial en 2014—. Ese único hecho resume, según un análisis publicado en la revista académica Nueva Sociedad, la esencia completa de su gobierno: un menosprecio sistemático por las normas jurídicas que se supone deben limitar el poder.
El candidato que prometió «devolver lo robado»
La corrupción en El Salvador no nació con Bukele: los cuatro presidentes anteriores a su llegada —dos de Arena, dos del FMLN— enfrentaron procesos judiciales por corrupción. Bukele, expulsado del propio FMLN en 2017, se presentó en 2019 bajo la Gran Alianza para la Unidad Nacional, se negó a participar en los debates tradicionales, y construyó una campaña centrada casi por completo en las redes sociales, con el hashtag «devuelvan lo robado» como eje central contra los partidos tradicionales.
Un triunfo histórico, con una promesa específica
Ganó en primera vuelta con más votos que todos los demás candidatos juntos —el primero en treinta años en hacerlo sin el respaldo de ninguno de los dos grandes partidos—. Prometió crear, dentro de sus primeros 100 días de gobierno, una Comisión Internacional contra la Corrupción siguiendo el modelo de la CICIG guatemalteca y la MACCIH hondureña, además de un cargo de comisionado anticorrupción en manos de la oposición política.
Los hermanos, desde el primer día
Desde que asumió, Bukele se rodeó de lealtad antes que de institucionalidad: primos, amigos de la familia, excompañeros de clase. Pero el círculo de influencia real quedó desde el inicio en manos de sus tres hermanos —Karim, Yusef e Ibrajim—, que sin ocupar jamás un cargo público oficial, funcionaron como estrategas, emisarios y negociadores clave en decisiones de política, economía y designación de funcionarios.
Una comisión anticorrupción diseñada para no funcionar
La CICIES —la comisión anticorrupción que Bukele efectivamente creó en septiembre de 2019— generó escepticismo casi desde su firma: el acuerdo con la OEA se negoció apresuradamente, sin diálogo con la sociedad civil, a diferencia de la CICIG y la MACCIH, que nacieron de procesos amplios de consulta entre gobiernos, ciudadanía y organismos internacionales. Su diseño institucional la dejaba dependiendo casi exclusivamente del propio Poder Ejecutivo, sin garantías reales de transparencia ni mecanismos de supervisión pública. Nunca se nombró, además, a ningún comisionado anticorrupción.
Soldados en el Parlamento
En febrero de 2020, apenas seis meses después de asumir, Bukele mostró su desprecio por la separación de poderes de la forma más literal posible: irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de soldados y policías armados, presionando a los diputados para que aprobaran un préstamo internacional de 109 millones de dólares destinado a helicópteros, un buque de guerra, y otros gastos militares. La medida fue duramente criticada por violar principios democráticos básicos —pero no tuvo ninguna consecuencia institucional real.
La pandemia como cortina de humo
El estado de emergencia decretado en marzo de 2020 por la pandemia de covid-19 retrasó procesos administrativos y permitió que las instituciones retuvieran información pública de forma indefinida —El Salvador terminó clasificado entre los países con menor acceso a información pública durante toda la pandemia—.
La Asamblea aprobó un préstamo de emergencia de 2.000 millones de dólares, mientras el Ejecutivo aprovechaba las condiciones excepcionales para manejar el presupuesto con discrecionalidad casi total. Al cierre de 2020, se detectaron irregularidades en dos tercios de todas las adquisiciones de contratación pública, según fiscales de corrupción pública que después fueron destituidos. La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) registró 20 casos de mala conducta financiera y opacidad en el manejo de recursos públicos solo en ese año, incluyendo distribución partidista de ayuda de emergencia y eliminación de registros públicos de gastos.
El golpe de mayo de 2021: Corte Suprema y fiscal general, fuera en un día
La mayoría absoluta que Nuevas Ideas obtuvo en las elecciones legislativas de febrero de 2021 —56 escaños contra apenas 14 de Arena y 4 del FMLN— le dio a Bukele la herramienta que necesitaba. En su primera sesión, la nueva Asamblea votó a favor de destituir al fiscal general, alegando vínculos con la oposición mientras su propia investigación por corrupción seguía en curso. El mismo día, destituyó a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema —que había fallado en contra del Ministerio de Salud durante la pandemia—.
Destitución simultánea del fiscal general y de toda la Sala de lo Constitucional. La nueva Asamblea nombra reemplazos leales a ambas instituciones.
Nueva ley ordena la jubilación forzosa de todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 de servicio. La nueva Corte Suprema designa a 98 jueces reemplazantes, sin seguir el procedimiento legal establecido.
Bukele disuelve unilateralmente su propia CICIES.
Lo que la propia OEA denunció
La Organización de Estados Americanos denunció que el gobierno intentaba «impedir el avance en las investigaciones sobre las denuncias de corrupción de la actual administración» e «inducir a la CICIES a investigar exclusivamente las acciones de los políticos de la oposición» —confirmando, con su propia voz institucional, que la disolución no fue un hecho aislado sino la culminación de un patrón sostenido de debilitamiento deliberado—.
La Asamblea también aprobó, en mayo de 2021, una ley que impedía el escrutinio de las compras gubernamentales vinculadas a la pandemia, otorgando además protección retroactiva a funcionarios públicos frente a responsabilidades civiles y penales.
El caso Catedral, y por qué el fiscal fue destituido
Entre las investigaciones que la destitución del fiscal general logró frenar estaba el caso «Catedral»: una red arraigada dentro del propio gobierno, vinculada a los hermanos del presidente, con prácticas que incluían producción de registros ficticios, desvío de fondos, y negociación directa con líderes de pandillas. La caída del fiscal general expuso, al mismo tiempo, las actividades cuestionables del entorno familiar del presidente y el intento explícito de eliminar cualquier control judicial que pudiera amenazarlo.
Bitcoin: 106 millones de dólares sin ningún respaldo oficial
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, tras una Ley Bitcoin aprobada en tiempo récord por la Asamblea. La medida generó preocupación inmediata por el riesgo de lavado de dinero, dada la ausencia total de infraestructura tecnológica y marco regulatorio adecuado.
Datos que existen solo porque un presidente los tuiteó
Se estima que el gobierno compró 2.381 bitcoins, gastando aproximadamente 106 millones de dólares —pero esa cifra se basa exclusivamente en 11 anuncios que el propio Bukele hizo en Twitter, ya que no existe ninguna información pública oficial al respecto—. En julio de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó a El Salvador un préstamo de 600 millones de dólares para asistir a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia; un tercio de ese monto terminó destinado al Plan Bitcoin.
El día más violento en décadas, y el pacto que nadie pudo investigar
El 25 de marzo de 2022 estalló un brote abrupto de violencia de pandillas: 87 personas asesinadas en 72 horas, 62 de ellas en un solo día —el más violento registrado en el país en décadas—, con la mayoría de las víctimas sin ninguna vinculación con pandillas.
La acusación de El Faro
El periódico salvadoreño El Faro acusó a Bukele de haber negociado en secreto con los líderes de las pandillas para reducir la violencia y garantizar el voto para su partido, a cambio de beneficios penitenciarios. La investigación penal sobre esas negociaciones fue cerrada tras la destitución del fiscal general, impidiendo cualquier proceso judicial oficial sobre el tema.
Un estado de excepción que ya lleva 22 prórrogas
El estado de excepción decretado tras esa masacre amplió los poderes de las fuerzas de seguridad para actuar contra las pandillas. Más de 73.000 presuntos pandilleros fueron arrestados por policía y ejército, en medio de una preocupación creciente por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y ausencia de debido proceso —aunque la población salvadoreña respaldó abrumadoramente la medida, convirtiendo a Bukele en el líder más popular de toda América Latina, gracias a una caída drástica en las tasas de homicidios—.
La Asamblea eximió al gobierno de seguir los procedimientos legales sobre contratos y compras públicas mientras el estado de excepción siguiera vigente —la misma fórmula usada durante la pandemia—, además de declarar confidenciales las políticas de seguridad. El presupuesto de seguridad y defensa alcanzó 890 millones de dólares en 2022, y en 2023 el gasto en seguridad (1.664,2 millones) superó al destinado a salud y educación combinados. Hasta enero de 2024, el estado de excepción ya se había prorrogado 22 veces.
Silenciar la crítica como efecto colateral
En 2022 se denunciaron 182 incidentes de ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. Muchos terminaron autocensurándose frente a la intimidación; otros directamente debieron abandonar el país. El Faro, que investigó la corrupción institucional salvadoreña durante décadas, trasladó sus oficinas de El Salvador a Costa Rica, citando explícitamente la intimidación del propio gobierno como motivo.
La «guerra contra la corrupción» que solo persigue rivales
En su discurso de junio de 2023, Bukele lanzó una nueva «guerra contra la corrupción» —la misma retórica de su campaña de 2019, ya incumplida y ensombrecida por años de corrupción documentada—. El propio Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional certifica el deterioro: El Salvador, que ocupaba el puesto 43 de 180 países en el año 2000, cayó hasta el puesto 126 sobre 180 en 2023 —su peor marca histórica—, atribuida directamente a la cooptación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Legislativo por parte del Ejecutivo.
65 procesados, ninguno del propio gobierno
A fines de 2023, unos 65 exfuncionarios, exasambleístas y políticos estaban condenados, prófugos o esperando juicio por corrupción —incluida la incautación de propiedades del expresidente Alfredo Cristiani por malversación tres décadas atrás—. Pero ningún funcionario en actividad del propio gobierno de Bukele fue destituido ni procesado, pese a que el Departamento de Estado de EE.UU. acusó formalmente de corrupción a más de una docena de funcionarios de su administración.
Muchos de esos funcionarios figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense —el registro de personas sancionadas por corrupción y por socavar procesos democráticos—. La actualización de diciembre de 2023 sumó, además, a tres comisionados de un organismo cuya misión debería ser exactamente la opuesta.
La ironía final: el organismo de transparencia, sancionado por opacidad
Los tres funcionarios agregados a la Lista Engel en diciembre de 2023 eran comisionados del propio Instituto de Acceso a la Información Pública —el organismo salvadoreño responsable de garantizar, precisamente, el derecho ciudadano a acceder a información del Estado—.
El propio marco legal se ajustó para blindar la opacidad: la Ley de Compras Públicas de enero de 2023 restringió la supervisión del gasto para «proyectos estratégicos de utilidad pública», y en agosto de ese año la Asamblea nombró a Roxana Soriano —excandidata al Congreso por Nuevas Ideas— como presidenta del Tribunal de Cuentas, el organismo que debería fiscalizar de forma imparcial las finanzas públicas del país.
El dato que resume todo el sistema
Un informe de la ONG Cristosal reconstruyó, a partir de solicitudes de información presentadas por medios, institutos de investigación y organizaciones civiles entre junio de 2019 y diciembre de 2023, un total de 1.463 pedidos formales. De ese total, 1.069 nunca fueron atendidos, y solo 394 recibieron respuesta —una tasa de rechazo superior al 73%—.
El propio Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el programa anticorrupción de la administración Bukele como «inherentemente ineficaz». La Alianza para el Gobierno Abierto declaró a El Salvador directamente inactivo en materia de lucha contra la corrupción y transparencia gubernamental. Con el Legislativo bajo control absoluto de su partido, el Judicial cooptado por sus propios partidarios, y el Ejecutivo manejado por su círculo cerrado de hermanos y leales, Bukele llegó a su reelección de 2024 con el 85% de los votos —un respaldo popular que, según el propio análisis de Nueva Sociedad, terminó opacando por completo la pregunta sobre la corrupción que ya, a esa altura, definía por completo a su gobierno.
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