Primero Trump los indultó. Después intentó crear, con otro pretexto, un fondo de 1.800 millones de dólares que terminó explotándole en la cara a su propio partido. Ahora, con ese fondo muerto, casi 200 de los indultados encontraron la puerta de atrás: demandar al Estado, uno por uno, por los mismos delitos de los que fueron absueltos por decreto.
El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden, policías que custodiaban el Capitolio fueron golpeados, empujados, arrastrados escaleras abajo y atacados con gas pimienta, mástiles de bandera, escudos y porras que les fueron arrebatados. Cuatro años después, decenas de las personas condenadas por esos mismos hechos —indultadas en bloque por Donald Trump el día de su segunda inauguración— están demandando al gobierno de Estados Unidos por millones de dólares, alegando maltrato de parte de fiscales, agentes federales y funcionarios penitenciarios.
Casi 200 demandas, y 53 de los demandantes ya fueron condenados por atacar a la policía
Según registros judiciales, al menos 199 personas cubiertas por el indulto masivo de Trump para los procesos del 6 de enero presentaron demandas civiles buscando compensación a cargo de los contribuyentes, y se esperan más. De ese total, 53 demandantes fueron condenados en juicio o se declararon culpables específicamente de «agredir, resistirse o impedir» a agentes de la ley —es decir, no es que fueran acusados sin pruebas: son personas a las que un tribunal, antes del indulto, encontró culpables de atacar físicamente a la policía, y que ahora reclaman compensación por el proceso que las condenó.
Michael Romano, que fue subjefe de la unidad del Departamento de Justicia encargada de estos procesos, no dejó dudas sobre la solidez de esas condenas: «Conseguimos condenas en números abrumadores porque eran culpables y teníamos pruebas que lo respaldaban. Escuchamos a gente decir que fueron procesados maliciosamente o atacados por sus creencias políticas en el momento en que presentábamos estos casos. No era verdad entonces y no lo es ahora.» Michael Gordon, otro ex fiscal del caso, agregó que el ataque al Capitolio fue «la escena del crimen más filmada y documentada jamás» en la historia reciente de EEUU.
El antecedente: el fondo de 1.800 millones que terminó en desastre político
Para entender por qué este tema es tan incómodo para la propia administración Trump, hay que remontarse a mayo de 2026. El Departamento de Justicia, bajo el fiscal general interino Todd Blanche, había creado un fondo de liquidación de 1.776 millones de dólares —presentado como un «Fondo contra la Armamentización»— para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos de 2019, además de otros reclamos del propio presidente vinculados al allanamiento de Mar-a-Lago y a la investigación sobre interferencia rusa en 2016. El fondo sería administrado por cinco comisionados elegidos por el propio fiscal general, removibles a discreción.
El senador republicano retirado Thom Tillis calificó el fondo de «estupidez sobre zancos» y dijo que se parecía a «tiranía». Los representantes Tom Suozzi y Brian Fitzpatrick —uno demócrata, uno republicano— presentaron un proyecto bipartidista para prohibir que fondos federales pagaran reclamos del fondo; Suozzi lo llamó directamente «un fondo para pagarle a los criminales del 6 de enero y otros secuaces desadaptados». El propio fondo, además, ocultaba los nombres de los reclamantes y los montos pagados, lo que generó denuncias de falta de transparencia por parte de organizaciones como CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington).
El fondo murió, pero la vía legal ordinaria sigue abierta
Con el fondo específico cancelado, los indultados del 6 de enero encontraron una vía alternativa, mucho menos vistosa políticamente pero igual de efectiva en términos de dinero público: la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil. El proceso exige presentar primero un reclamo ante la agencia correspondiente —una revisión que no es pública—; si la agencia lo rechaza o no responde en seis meses, la persona puede demandar directamente, lo que recién ahí hace pública la reclamación y la respuesta del gobierno.
Los acuerdos o compensaciones que resulten de esas demandas se pagarían con el Fondo de Juicio (Judgment Fund), una fuente permanente de dinero público aprobada por el Congreso —distinta del fondo específico que se canceló, pero con el mismo origen: el bolsillo del contribuyente—. Ese fondo ya fue usado por la administración Trump para pagos polémicos de un millón de dólares en litigios con aliados políticos del presidente, incluyendo casos vinculados al activista conservador Michael Flynn y al ex asesor de campaña Carter Page.
Lo que alegan los demandantes
Las acusaciones varían en intensidad. En términos generales, los demandantes sostienen que fueron blanco de persecución por su apoyo a Trump. Muchos casos incluyen acusaciones específicas de irregularidades por parte de fiscales e investigadores —declaraciones de culpabilidad supuestamente coaccionadas, pruebas presentadas de forma engañosa en el tribunal—. Algunas personas que estuvieron detenidas tras el arresto o cumplieron condena en prisiones federales afirman haber sido maltratadas, agredidas, o haber recibido atención médica deficiente. Dos demandantes ni siquiera fueron acusados directamente: alegan haber sido perjudicados por agentes federales que investigaban a sus familiares.
Peter Ticktin, activista conservador que durante años promovió teorías de fraude electoral desacreditadas sobre 2020, espera presentar demandas en nombre de más de 400 personas. Dice que sus clientes «fueron acusados injustamente» y que confía en superar las defensas legales del gobierno. Alexander Lonstein, que representa a más de dos docenas de demandantes, sostiene en un comunicado que «la ley exige que la justicia se aplique de manera igual y proporcional», y acusa a la administración Biden de haber «convertido el sistema judicial en un arma» contra «estadounidenses comunes».
El dilema político que nadie quiere resolver en público
A medida que estos casos avanzan, el Departamento de Justicia va a tener que tomar partido públicamente sobre un asunto políticamente explosivo en cualquier dirección que elija. Si llega a acuerdos —especialmente en casos de agresión policial probada—, corre el riesgo de una reacción furiosa de republicanos que ya criticaron a Trump, en un gesto raro dentro de su propio partido, por indultos que consideraban contradictorios con la postura de «ley y orden» que el partido dice representar. Si en cambio combate esos casos en los tribunales, Trump va a tener que rendirle cuentas a una parte de su base que durante años sostuvo que los casi 1.600 procesados por el 6 de enero fueron un ejemplo paradigmático de «armamentización» demócrata del sistema judicial contra los conservadores.
Trump, por su parte, evitó comprometerse. Cuando le preguntaron durante el verano boreal si las personas que agredieron a la policía deberían cobrar, no dio un respaldo contundente pero tampoco descartó la idea: «No estaría dispuesto a decirlo, pero tengo que verlo», le dijo a NBC News. La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, esquivó directamente la pregunta sobre las demandas y respondió desviando el foco: «los únicos indultos que alguien debería criticar son» los de Joe Biden y «gobernadores demócratas extremadamente liberales».
Un conflicto de interés que nadie quiere nombrar
Hay un dato adicional que agrega otra capa de incomodidad institucional: al menos cinco de los demandantes del 6 de enero son antiguos clientes del fiscal general asociado Stanley Woodward, el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, cuya práctica legal privada incluía defensa penal antes de que Trump lo nombrara. Consultado sobre si Woodward se abstiene de participar en estos asuntos, el departamento se limitó a decir que «cumple con todos los consejos éticos» —sin precisar si eso incluye recusarse de los casos de sus propios ex clientes—. El ex fiscal general Merrick Garland, demandado en muchos de estos casos, ya contrató a su propio abogado particular para defenderse.
El resultado práctico de todo esto es que el Estado estadounidense, después de procesar y condenar a los responsables del asalto más documentado en la historia reciente del país —con video de prácticamente cada golpe, cada arrastre, cada ataque con gas pimienta—, hoy enfrenta la posibilidad concreta de terminar pagándole, con dinero del contribuyente, a algunos de los mismos condenados por protagonizarlo. El fondo específico murió por el escándalo político que generó hacerlo explícito. Pero el mecanismo legal ordinario, menos vistoso y sin necesidad de ningún anuncio en una audiencia del Senado, sigue abierto —y ya tiene 199 demandas adentro, con 400 más anunciadas por un solo abogado.
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