Una firma de Kentucky, sin contratos federales previos, está a punto de cobrar hasta 20 millones de dólares por guantes que dan descargas eléctricas
En agosto de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un aviso de compra que hizo saltar las alarmas de organizaciones de derechos civiles: hasta 20 millones de dólares para equipar a agentes de inmigración con guantes capaces de dar descargas eléctricas. El proveedor elegido es una empresa que, hasta ese momento, nunca había ejecutado un contrato federal.
El producto: un guante con 380 voltios
El dispositivo se llama G.L.O.V.E., sigla de Generated Low Output Voltage Emitter. Funciona como un guante de patrulla normal hasta que el oficial activa un interruptor en la muñeca: al tocar piel expuesta, libera una descarga eléctrica de hasta 380 voltios. A diferencia de un Taser, no dispara a distancia ni tiene púas que perforen la piel — necesita contacto directo.
El fabricante lo describe puertas afuera como un «dispositivo de distracción y desescalada conductiva». En la práctica, los propios videos promocionales de la empresa muestran a policías en entrenamiento recibiendo la descarga: la mayoría hace un gesto de dolor evidente y varios terminan en el piso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el aviso el 10 de agosto de 2026, con entregas previstas para marzo de 2027, destinado a personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), las dos ramas operativas de ICE.
El anuncio llega en pleno contexto de escrutinio público sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de inmigración, incluidos varios episodios fatales durante la actual ofensiva migratoria.
Una empresa chica, veterana, sin currículum federal
Compliant Technologies LLC tiene su sede en Lexington, Kentucky, y está certificada por la Small Business Administration como «Service-Disabled Veteran-Owned Business»: una categoría que habilita a acceder a programas y contratos federales reservados específicamente para negocios propiedad de veteranos con discapacidad relacionada al servicio.
Su fundador, Jeff Niklaus, no es un empresario tecnológico de manual. Viene de una familia con tradición militar que se remonta, según cuenta él mismo, hasta la Guerra de la Independencia. Se enroló en el Ejército en 1985, se formó como piloto del helicóptero UH-60 Blackhawk en 1987, integró la 101 División Aerotransportada y participó en la Operación Gothic Serpent en Somalia, además de despliegues en Irak y Afganistán. Se retiró en 2006 con el grado de Chief Warrant Officer Four y hoy además vuela helicópteros de emergencias médicas en Kentucky.
El dato que realmente llama la atención no es quién la fundó, sino lo que la empresa todavía no tiene: historial.
Registros de contrataciones federales confirman que Compliant Technologies figura como negocio de veterano desde 2023, pero no hay evidencia de que la empresa haya recibido antes un solo contrato u orden de compra del gobierno federal. Su experiencia previa está en departamentos de policía chicos, cárceles y algunas escuelas — nada que se acerque al volumen de un contrato de 20 millones de dólares con el gobierno federal. El contraste es fuerte frente a Axon, la compañía que fabrica los Taser y que sí lleva años proveyendo al gobierno estadounidense.
Sin licitación abierta
Otro detalle no menor: el aviso de DHS señala que la contratación podría publicarse como una solicitud de contrato sin licitación (no-bid), un mecanismo que permite adjudicar directamente a un proveedor sin que otras empresas compitan por el mismo contrato. Es un procedimiento legal y no inusual en compras gubernamentales, pero en este caso combina tres elementos que generan preguntas: una empresa sin historial de contratos federales, un monto considerable, y ausencia de competencia abierta.
La defensa política llegó rápido
El «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, salió a respaldar el plan apenas se conoció, en lo que medios estadounidenses describieron como la primera defensa pública de la administración sobre este contrato puntual.
Es otro dispositivo para ayudar a que alguien se vuelva compliant cuando no lo está. No podés pasar de 0 a 100 e ir directo a la fuerza letal.
Tom Homan, zar de la frontera, Fox & FriendsLa elección de palabras no es casual: Homan enmarcó el guante como una alternativa a la fuerza letal, en un momento en que ICE viene siendo cuestionada por varios episodios de violencia con agentes federales. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló públicamente que el uso de estos guantes podría violar múltiples leyes estatales.
«El ICE no necesita otra arma»
Del otro lado del mostrador político, la reacción fue inmediata y dura. Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes publicaron en X un mensaje que resume el reclamo de fondo: agentes de ICE que ya vienen siendo señalados por disparar y usar gas pimienta contra personas sin antecedentes de violencia ahora sumarían, además, un arma de electrochoque.
Comité de Seguridad Nacional (demócratas, Cámara de Representantes): calificaron la compra como una «locura» y sostuvieron que «el ICE no necesita otra arma».
Chris Murphy, senador por Connecticut: acusó al gobierno de ser «sádico y cruel» por destinar fondos públicos a comprar dispositivos que dan descargas eléctricas al contacto.
Frank Pallone, representante por Nueva Jersey: pidió directamente que el Congreso corte el financiamiento a las agencias federales que, según su lectura, fomentan ese tipo de conducta entre sus agentes.
El reclamo no aparece en el vacío. Viene después de una seguidilla de episodios que ya venían tensando la relación entre ICE y buena parte de la opinión pública: agentes enmascarados, encuentros fatales con civiles, y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza durante operativos de detención. Para los críticos, sumar un dispositivo de electrochoque a ese cuadro no es «desescalar» — es escalar con otro nombre.
El plan fue cuestionado también por funcionarios electos, defensores de derechos civiles y expertos en uso de la fuerza, que lo calificaron de innecesario y cruel, señalando que los agentes de ICE recurren con demasiada rapidez a la fuerza durante la actual ofensiva migratoria. El dato que sostiene ese reclamo es concreto: al menos seis personas murieron por disparos de agentes de control migratorio desde el año pasado, incluidos dos conductores baleados el mes pasado en Maine y Texas.
Hay, además, un antecedente que circula desde antes de este anuncio: un video registrado por el Instituto para la Prevención de Muertes bajo Custodia, de una demostración en Las Vegas en enero de 2023, muestra el dispositivo aplicado sobre una persona tendida boca abajo para obligarla a mostrar las manos y poder esposarla — exactamente el tipo de escena que preocupa a quienes temen que la herramienta termine usándose para forzar sumisión más que para evitar una muerte.
Hay un problema médico de fondo que rara vez entra en el debate político. La literatura clínica sobre dispositivos de electrochoque conducido identifica grupos particularmente vulnerables a arritmias graves: personas con antecedentes cardíacos o portadoras de marcapasos o desfibriladores implantados, mujeres embarazadas y personas con intoxicación o antecedentes de enfermedad mental.
El problema es logístico y no tiene solución práctica en la calle: un agente que aplica el guante durante un arresto no tiene forma de saber, en ese instante, si la persona que tiene enfrente tiene una arritmia no diagnosticada, un marcapasos o cursa las primeras semanas de un embarazo. No hay chequeo médico posible antes de una detención. El dispositivo se aplica por contacto directo con la piel, en el momento de mayor tensión física de todo el operativo, sin ningún filtro de por medio.
No todas las voces con experiencia directa rechazan el dispositivo. Justin Hall, carcelero del condado de Nelson, en Bardstown, Kentucky, cuenta que su agencia usa los guantes desde hace cuatro años para controlar a reclusos. Se sometió él mismo a más de diez descargas durante los entrenamientos: describe un dolor intenso que cesa apenas se corta el contacto.
«Es simplemente una forma más segura. Es más seguro para el recluso. Es más seguro para el personal. Y la mayoría de las veces conseguimos la sumisión», sostiene Hall, que destaca su valor como elemento disuasorio cuando fallan las técnicas de desescalada habituales.
Lo que no está probado (todavía)
No existe evidencia pública de que Homan, ni ningún otro funcionario de la administración, tenga participación accionaria, asesoría paga o vínculo financiero directo con Compliant Technologies. Eso es importante aclararlo: no hay una conexión de propiedad demostrada entre el entorno de Trump y esta empresa puntual.
Lo que sí está documentado es un patrón más amplio. Homan dirige una consultora privada, Homeland Strategic Consulting, que promociona en su propio sitio haber ayudado a empresas del rubro seguridad a conseguir contratos con el gobierno federal. Es además asesor estratégico de una cámara empresarial del sector de seguridad nacional. Y ya antes se conoció que había recibido dinero de GEO Group, la empresa privada que administra centros de detención bajo contrato con el gobierno federal y que se beneficia directamente de la política migratoria que Homan mismo ayuda a diseñar.
Ninguno de esos antecedentes prueba un vínculo con Compliant Technologies específicamente. Pero sí explican por qué, cada vez que aparece una empresa chica ganando un contrato grande y sin competencia en el ecosistema de seguridad fronteriza de esta administración, la pregunta por quién gana realmente detrás de escena se vuelve automática.
Compliant Technologies puede terminar siendo, sencillamente, una empresa de veteranos que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. O puede ser el primer capítulo de una historia de contratos más larga. Lo que hoy es un hecho verificable es esto: una firma sin historial federal está a las puertas de un contrato de 20 millones de dólares, sin competencia abierta, con el respaldo público inmediato de uno de los funcionarios más visibles de la política migratoria de Estados Unidos — y con un coro cada vez más ruidoso, desde el Congreso hasta organizaciones civiles, advirtiendo que se trata de darle una herramienta más a una agencia que ya viene siendo señalada por el uso de la fuerza. El resto, por ahora, queda para seguir de cerca.
Bastión se sostiene con trabajo, no con publicidad. Si esto te aportó algo, invitame un café.
☕ Invitame un café