Desde el 22 de julio, todo cargamento que salga de Brasil hacia Estados Unidos paga un arancel del 25%. Es el último capítulo de la guerra comercial que Donald Trump viene librando contra Brasilia desde hace más de un año, y que ya había arrancado con un castigo tarifario del 50%.
La respuesta oficial de Brasil fue, al principio, contundente en el papel: un comunicado duro anunciando que activaría de inmediato los mecanismos de su propia ley de reciprocidad, que le permitiría aplicarle a Washington exactamente el mismo trato. Pero en los hechos, esa respuesta se frenó antes de llegar a ningún lado.
La frase de Alckmin resume la estrategia real del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: tener la herramienta cargada, pero no dispararla todavía.
Qué es la ley de reciprocidad
La ley de reciprocidad comercial no nació de la nada: fue una respuesta directa y casi inmediata de Brasilia al primer golpe arancelario de Trump. El Congreso brasileño la aprobó por unanimidad y fue promulgada el 11 de abril de 2025, en pleno inicio de la guerra comercial de Washington contra varios países, entre ellos Brasil.
Da al gobierno brasileño la potestad de suspender concesiones comerciales cuando otro país o bloque tome medidas unilaterales que perjudiquen la competitividad económica de Brasil, o que «interfieran en las decisiones legítimas y soberanas» del país.
Las contramedidas que habilita incluyen:
- Imponer impuestos o aranceles equivalentes.
- Eliminar exenciones o reducciones arancelarias ya existentes.
- Restringir importaciones de bienes o servicios del país que originó el perjuicio.
Un punto clave: la ley exige que estas contramedidas se apliquen, en la medida de lo posible, en la misma proporción al daño económico causado a Brasil —de ahí la lógica de «reciprocidad» que le da nombre.
Pero la norma no es solo un gatillo. Su artículo 4 privilegia explícitamente la vía diplomática: el objetivo declarado es reducir o eliminar, mediante el diálogo, la necesidad de llegar a aplicar las contramedidas. Es, por diseño, más una carta de negociación que un mecanismo automático de guerra comercial.
Ese diseño explica por qué, más de un año después de promulgada, la ley sigue prácticamente sin usarse. Funciona como elemento disuasorio: Brasil deja saber que puede responder con la misma fuerza, pero reserva el uso real de la herramienta «para el momento oportuno, de la forma adecuada», como dijo el propio Alckmin, conocido por su perfil templado dentro del gobierno.
La respuesta real de Brasil: crédito y nuevos mercados
Mientras la ley de reciprocidad queda guardada, la respuesta efectiva de Brasilia se apoya en otros dos pilares:
1. Créditos y ayudas directas. El plan «Brasil Soberano» de Lula ya había abierto una línea de crédito de más de 8.800 millones de dólares para las empresas más golpeadas por el primer tarifazo. El gobierno promete ahora ampliarla, aunque todavía no hay cifras definitivas.
2. Diversificación de mercados. Brasil viene buscando activamente compradores alternativos desde el primer golpe arancelario de hace un año. Esto se ve facilitado por un dato de fondo poco comentado: Brasil ya le vende más a Pekín que a Washington, lo que amortigua el golpe relativo del mercado estadounidense.
Quiénes sufren y quiénes se salvan
El impacto no es parejo. Los sectores más expuestos son los fabricantes de madera, maquinaria, equipos eléctricos, muebles, productos cerámicos, calzado y azúcar.
En cambio, algunas de las exportaciones más importantes de Brasil lograron quedar afuera del arancel, dentro de una lista de más de 2.000 excepciones: café, carne bovina, petróleo y zumo de naranja. También se salvaron los aviones y sus piezas —un dato no menor para Embraer, una de las joyas industriales del país.
El Ministerio de Industria y Comercio de Brasil calcula que el daño quedará contenido en ese rango, lo que —sumado a la diversificación hacia China— lleva a pensar que el golpe económico será, en términos generales, asumible.
La incertidumbre que queda abierta es otra: Washington ya analiza sumar un arancel adicional del 12,5%, vinculado a una investigación que acusa a Brasil y a otros 59 países de no hacer lo suficiente para frenar la exportación de productos fabricados con trabajo forzado. Ni las empresas ni el propio gobierno brasileño saben todavía si ese recargo se sumaría al 25% actual o si sustituiría alguna medida previa.
Lo que Estados Unidos pedía realmente
Antes de que se conociera el nuevo arancel, trascendió el contenido de una propuesta que la administración Trump había entregado al gobierno brasileño a principios de año, a cambio de reducir las tarifas. El pliego de exigencias, según medios que accedieron a él, iba mucho más allá de lo comercial:
- Limitar las inversiones de actores «no orientados por el mercado» en tierras raras y minerales críticos —una forma indirecta de referirse a empresas chinas.
- Eliminar los aranceles brasileños sobre bienes industriales estadounidenses: vehículos, productos químicos, equipos médicos y autopartes.
- Abrir el mercado brasileño a aeronaves y dispositivos farmacéuticos certificados por autoridades de EE.UU.
- Que las empresas estadounidenses fueran consultadas antes de que Brasil adoptara nuevas regulaciones sobre plataformas y servicios digitales.
- Eliminar los aranceles al etanol estadounidense y crear mecanismos bilaterales para discutir comercio agrícola.
- Apoyar, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, una moratoria permanente sobre gravámenes a las transmisiones electrónicas.
Para observadores consultados por medios brasileños, el paquete completo funcionaba como una forma de chantaje: alinearse con los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos —sobre todo en su disputa con China por minerales críticos— o enfrentar el castigo arancelario. Llamativamente, el documento contradecía a voces empresariales locales, incluida la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, que habían sugerido negociar en los términos que planteaba Washington.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, fue tajante al explicar por qué no hubo acuerdo:
El tarifazo ya es tema de campaña
Brasil vota en octubre, y el conflicto comercial se metió de lleno en la carrera electoral. Según una encuesta del instituto Quaest, el 51% de los brasileños responsabiliza por los aranceles a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Apenas el 30% le compra su relato de defensor de los intereses nacionales —un relato que incluyó un viaje propio a Washington para pedirle a la Casa Blanca que aplazara el tarifazo.
El dato political más filoso lo aporta Adair Robert Carneiro, presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio Exterior de Brasil: sostiene que los hijos de Bolsonaro presionaron directamente a Trump para que castigara a Brasil, calculando que así ayudarían a salvar a su padre de la Justicia. El cálculo no funcionó: Jair Bolsonaro terminó de todos modos condenado a 27 años de prisión. Carneiro lo describió sin filtros como una «idiotez inmensa» que, en su lectura, terminará beneficiando políticamente a Lula.
El propio presidente brasileño eligió, hasta ahora, un silencio calculado. Solo se pronunció una vez sobre los nuevos aranceles, con una frase que deja claro que su estrategia es esperar el desgaste de Trump antes que responder golpe por golpe:
El cuadro completo
Lo que queda, a la fecha, es un enfrentamiento comercial con varias capas superpuestas: un arancel del 25% ya vigente, una posible sobretasa del 12,5% todavía en el aire, una ley de reciprocidad lista pero deliberadamente guardada, una negociación previa que Brasil rechazó por considerarla una exigencia de sumisión geopolítica frente a China, y una elección presidencial en octubre donde el tarifazo ya empezó a pasarle factura política a la derecha brasileña antes incluso de que se sepa cómo termina el conflicto económico de fondo.
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