Hombre con traje y gafas frente a bandera de Brasil.

Brasil endurece el tono: «no hubo racionalidad»

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Brasil endurece el tono: «no hubo racionalidad»

El canciller Mauro Vieira acusó a Washington de haber exigido la «capitulación» de Brasil tras más de 30 reuniones de negociación. El arancel se ampara en la Sección 301, la misma herramienta legal que Estados Unidos ya aplica contra otras 16 economías del mundo.

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El gobierno de Brasil endureció este jueves su respuesta al arancel del 25% impuesto por Estados Unidos sobre sus productos. El canciller Mauro Vieira sostuvo que la medida carece de justificación económica y acusó a Washington de haber buscado imponer condiciones que Brasilia se negó a aceptar.

«Exigían nuestra capitulación»

En una rueda de prensa, Vieira fue categórico sobre el origen real del conflicto: no fue la falta de diálogo, sino la negativa del gobierno de Lula a ceder ante demandas que, según describió, incluían abrir por completo sectores estratégicos de la economía brasileña sin ninguna concesión a cambio.

«Lo que incomoda al gobierno de Estados Unidos es el hecho de no haberse doblegado a las pretensiones desmedidas, irracionales, presentadas en el transcurso de las negociaciones. En otras palabras, exigían nuestra capitulación.» Mauro Vieira, canciller de Brasil

El funcionario también apuntó directamente contra el argumento del sistema de pagos Pix, uno de los ejes centrales que la administración Trump usó para justificar el arancel. «No hubo, por lo tanto, racionalidad en la aplicación de estos aranceles. Las alegaciones y declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre el Pix son infundadas», sostuvo, agregando que el conjunto de razones esgrimidas por Washington «carecen de fundamento en la realidad».

Más de 30 reuniones antes del portazo

Vieira remarcó que las negociaciones no fueron improvisadas ni breves: comenzaron incluso antes del primer paquete arancelario que Trump anunció el 2 de abril de 2025, y desde marzo de ese año ambos países sostuvieron un intercambio diplomático sostenido.

+30 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas mantuvieron Brasil y Estados Unidos a nivel presidencial, ministerial y técnico desde marzo de 2025 — incluidas once conversaciones directas con el secretario de Estado Marco Rubio y el representante comercial Jamieson Greer.

Pese a ese volumen de diálogo, Vieira sostuvo que Lula «buscó el diálogo desde el primer momento» y mostró disposición a discutir cada punto planteado por Washington, incluyendo informes propios que buscaban demostrar que las restricciones comerciales terminarían perjudicando tanto a empresas brasileñas como a consumidores estadounidenses. Pese a ese esfuerzo, el canciller concluyó que la decisión final de la Casa Blanca respondió a motivaciones políticas antes que económicas, y calificó de «grosero» el ataque personal del secretario Rubio contra el «ego» y las «malas políticas» del presidente brasileño.

La respuesta: reciprocidad y la OMC

Brasil confirmó que activará los mecanismos previstos en su propia Ley de Reciprocidad y volverá a recurrir al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno también cuestionó de raíz la legitimidad del instrumento legal que Washington usó para imponer el arancel: la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que Brasilia considera insuficiente para sostener la medida.

¿Qué es exactamente la Sección 301?

El mecanismo legal detrás del arancel La Sección 301 forma parte de la Ley de Comercio de 1974 y le otorga a la USTR la facultad de investigar actos, políticas o prácticas de gobiernos extranjeros considerados injustificables, discriminatorios o restrictivos para el comercio estadounidense. Cualquier persona interesada puede solicitar una investigación, y la USTR tiene 45 días para decidir si la abre, sin criterios específicos exigidos por ley para esa decisión. Si la investigación concluye que existen prácticas desleales, la agencia puede imponer aranceles, cuotas, embargos u otras medidas comerciales para forzar un cambio de política en el país investigado.

El uso de esta herramienta no es casual ni exclusivo del caso brasileño: adquiere relevancia jurídica adicional porque ofrece a la Casa Blanca una vía alternativa para imponer aranceles después de que la Corte Suprema limitara otras herramientas de emergencia que el gobierno venía utilizando —el mismo fallo que, como vimos en notas anteriores, obligó a devolver decenas de miles de millones de dólares en aranceles ya cobrados—. A diferencia de una orden arancelaria de emergencia, la Sección 301 es más lenta, porque exige un proceso investigativo formal, pero también resulta más difícil de anular judicialmente por estar mejor estructurada.

Brasil no está solo: otras 16 economías bajo la lupa

El caso brasileño se inserta, además, en una ofensiva mucho más amplia. La USTR también impulsa investigaciones bajo la misma Sección 301 contra lo que la administración denomina «exceso estructural de capacidad y producción» en sectores manufactureros — la idea de que productores extranjeros inundan los mercados globales con bienes subsidiados o excedentes.

16 economías están bajo investigación de la Sección 301 por presunto exceso de capacidad manufacturera, un listado que incluye a las principales potencias industriales del mundo.
  • China
  • Unión Europea
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • México
  • Taiwán
  • Vietnam
  • Tailandia
  • Malasia
  • Camboya
  • Singapur
  • Indonesia
  • Bangladés
  • Suiza
  • Noruega

A esa lista se suma un capítulo aparte, vinculado no a exceso de capacidad sino a trabajo forzado: un informe de la USTR difundido el 3 de junio propuso aranceles adicionales de al menos 10% contra países como Canadá, México, Taiwán y Reino Unido, por presuntas deficiencias en la aplicación de sus propias prohibiciones contra productos vinculados a esa práctica.

El panorama que se arma, entonces, no es el de una disputa bilateral aislada entre Washington y Brasilia, sino el de una estrategia comercial de alcance global que utiliza sistemáticamente la Sección 301 como herramienta legal preferida — precisamente porque, a diferencia de los poderes de emergencia que la Corte Suprema ya limitó, este mecanismo ofrece a la Casa Blanca un terreno jurídico mucho más sólido para sostener sus aranceles en el tiempo, más allá de qué gobierno o qué producto sea el que esté del otro lado de la mesa en cada caso puntual.


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