El 16 de julio de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio inauguró en Washington una Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, con representantes de más de 70 países de América, Europa y Asia. El objetivo declarado: coordinar una respuesta internacional contra lo que el Departamento de Estado describe como un auge global del terrorismo de extrema izquierda. Junto a Rubio estuvieron el secretario del Tesoro Scott Bessent, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, y el vicesecretario de Estado Christopher Landau.
La lista negra: cuatro organizaciones, con nombre y país
Desde noviembre de 2025, Washington designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados a cuatro grupos:
Antifa Ost (Alemania) — grupo señalado por promover violencia contra instituciones estatales.
Federación Anarquista Informal / Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI) (Italia).
Justicia Proletaria Armada (Grecia).
Autodefensa de Clase Revolucionaria (Grecia).
El Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes financieras de estos grupos, y en mayo de 2026 organizó un primer taller práctico de cooperación policial con 14 países.
El detalle que desarma la etiqueta más usada
Según un análisis publicado en Letras Libres, «Antifa» —la denominación que domina buena parte del debate público sobre el tema— es en realidad un término genérico, sin estructura ni liderazgo centralizado conocido. De las cuatro organizaciones efectivamente designadas en 2025, solo una (Antifa Ost, en Alemania) se identifica explícitamente con ese movimiento —y no existen vínculos demostrados entre esos grupos europeos y activistas dentro de Estados Unidos—. Es decir: el paraguas retórico «Antifa» que circula en el debate político estadounidense no corresponde, en los hechos, a una organización designada ni a una red con presencia comprobada en el propio país.
La cifra sin fuente
El comunicado oficial del Departamento de Estado afirma: «Entre 1970 y 1980, los terroristas de extrema izquierda fueron responsables del 93% de los atentados terroristas y del 58% de las muertes relacionadas con el terrorismo.» Según reportó La Jornada, Rubio repitió esa cifra sin ofrecer ninguna fuente académica o documental que la respalde.
Es, además, una estadística de hace más de cincuenta años, correspondiente a un contexto histórico específico —la Guerra Fría, con financiamiento soviético y cubano real a grupos como la Facción del Ejército Rojo en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia o Acción Directa en Francia—, todos ellos disueltos hacia fines de los años 80 o comienzos de los 90. Usarla para caracterizar una amenaza «resurgente» en 2026 requiere, como mínimo, evidencia equivalente del presente que el propio comunicado no aporta.
El informe que desapareció
Es el dato más incómodo de toda esta historia: mientras el Departamento de Estado organiza una cumbre internacional de 70 países basada en estadísticas de los años 70, la propia evidencia oficial estadounidense más reciente y contraria a ese relato —que la violencia política letal desde 1990 vino mayoritariamente de la extrema derecha, no de la izquierda— fue eliminada del registro público apenas dos meses antes del discurso de Rubio.
Lo que el comunicado no menciona en absoluto
El 6 de enero, indultado mientras se combate a Antifa
El análisis de Letras Libres documenta la contradicción más flagrante: mientras el Departamento de Estado impulsaba esta movilización diplomática contra la extrema izquierda, la administración Trump promovía indultos, conmutaciones y el desistimiento de condenas por conspiración sediciosa contra dirigentes de Proud Boys y Oath Keepers —organizaciones de extrema derecha cuyos miembros fueron condenados judicialmente por su participación directa en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021—.
El Plan Cóndor, ausente del relato
El comunicado tampoco menciona el papel de Estados Unidos en el terrorismo de Estado que asoló América Latina durante buena parte del siglo XX —el Plan Cóndor, que ya documentamos en otro artículo con la red Condortel de la CIA—, responsable de entre 250.000 y 400.000 muertes según estimaciones académicas. Es, en escala, un orden de magnitud completamente distinto a cualquier atentado atribuido a grupos de extrema izquierda en toda la región durante el mismo período.
¿Qué atentados de extrema izquierda hubo realmente después de la Guerra Fría?
La excepción real en América son las FARC-EP en Colombia, activas hasta el acuerdo de paz de 2016, y el ELN, que sigue operando hoy. Fuera de ese caso puntual, no hay atentados de extrema izquierda de magnitud comparable contra intereses estadounidenses en el continente desde los años 90. Los dos atentados más grandes de la región en esa década —contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires— no fueron de extrema izquierda: se atribuyen a Hezbolá e Irán, con motivación religiosa y geopolítica, no marxista.
En Europa, no hay atentados de extrema izquierda de escala equivalente a los de la Guerra Fría desde la disolución de la RAF (1998), las Brigadas Rojas (desarticuladas en los 80) y Acción Directa (1987).
El comunicado oficial, completo
Para que cada lector pueda juzgar por sí mismo el tono y el contenido exacto, este es el texto de la hoja informativa publicada por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado el 16 de julio de 2026 —documento del gobierno de Estados Unidos, de dominio público—:
«Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Rubio, convoca a gobiernos de todo el mundo en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político a abordar el auge del terrorismo político de extrema izquierda como amenaza transnacional. Esta reunión ministerial agrupa a socios de todo el Hemisferio Occidental, Europa y Asia con el fin de ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y reforzar los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para contrarrestar dicha amenaza.
El resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda
Históricamente, la mayor parte del terrorismo de motivación política en Occidente ha sido perpetrado por grupos e individuos violentos de extrema izquierda. Entre 1970 y 1980, los terroristas de extrema izquierda fueron responsables del 93% de los atentados terroristas y del 58% de las muertes relacionadas con el terrorismo. Desde 2016, los complots y atentados terroristas de extrema izquierda han aumentado considerablemente en Estados Unidos y Europa, con una tendencia creciente a la violencia contra las personas.
El terrorismo antigubernamental de extrema izquierda representa actualmente un mayor número de atentados y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica. Los actores de extrema izquierda fueron responsables del 63% de todos los atentados y complots terroristas domésticos registrados. La amenaza resurgente del terrorismo transnacional de extrema izquierda se caracteriza por ataques violentos contra ciudadanos particulares, funcionarios públicos, la policía y las fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo.
En diciembre de 2025, el Departamento de Estado anunció que el programa Recompensas por la Justicia ofrece hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita desarticular los mecanismos financieros que apoyan a los grupos terroristas de extrema izquierda designados. El Departamento de Estado ha colaborado con socios extranjeros a través de contactos diplomáticos bilaterales y gestiones oficiales, y muchos de estos países han informado de un aumento de la actividad terrorista de extrema izquierda, que incluye actos de violencia selectiva contra funcionarios gubernamentales, sabotaje económico, ataques contra infraestructuras críticas, uso de artefactos explosivos e incendiarios improvisados, y la convergencia de movimientos violentos antiestadounidenses, antisemitas o contra la tecnología mediante redes terroristas de extrema izquierda.
El Departamento organizó en mayo de 2026 el primer Taller sobre Lucha Antiterrorista y Aplicación de la Ley, un foro dirigido a profesionales que reunió a agentes de las fuerzas del orden y especialistas en lucha antiterrorista de Estados Unidos y de otros países para compartir evaluaciones de amenazas y prácticas óptimas operativas.
El Gobierno de Estados Unidos está coordinando con socios extranjeros para restringir los desplazamientos de los terroristas, potenciar el intercambio de información y mejorar la cooperación entre las fuerzas del orden con el fin de hacer frente a los terroristas transnacionales de extrema izquierda.»
Vale remarcar, leyendo el documento completo, lo que ya señalamos: en ningún párrafo se cita la fuente académica o estadística de la que provienen las cifras del 93%, el 58% o el 63%, ni se menciona una sola vez al terrorismo de extrema derecha como categoría de análisis paralela.
Lo que queda planteado
Una cifra de cincuenta años, sin fuente citada, usada para describir el presente.
Un informe oficial contrario, retirado del registro público justo antes del discurso que lo contradecía.
Cuatro organizaciones europeas de extrema izquierda designadas como terroristas, mientras se indulta a condenados de extrema derecha por un asalto real y documentado al propio Congreso estadounidense.
Ninguna mención al terrorismo de Estado que Washington mismo patrocinó en América Latina, con un saldo de muertos muy superior a cualquier atentado de la izquierda armada de la región.
Ninguno de estos puntos niega que puedan existir grupos violentos de extrema izquierda que merezcan atención de las fuerzas de seguridad —los cuatro designados en 2025 tienen, según las propias fuentes, historial de violencia real—. El problema no es que se los persiga. Es que la amenaza se define de forma selectiva, con estadísticas descontextualizadas y omisiones deliberadas, mientras la violencia política del otro extremo del espectro —mejor documentada, y en algunos casos ya juzgada por tribunales estadounidenses— recibe indultos en lugar de cumbres internacionales.
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