Este lunes, 20 de julio, Donald Trump aprobó, a través de tres órdenes ejecutivas, un nuevo arancel del 50% sobre materiales de vehículos a motor, productos lácteos y bebidas alcohólicas canadienses, alegando «un trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses». La medida entra en vigor en 30 días y llega el mismo día en que comienza la segunda ronda de revisión del T-MEC —el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México—, firmado en 2020 bajo el propio primer mandato de Trump, que entonces lo calificó de «el mejor acuerdo comercial de la historia».
La Casa Blanca invocó el artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930 para justificar la medida, una norma tan amplia que varios legisladores demócratas ya habían propuesto derogarla el año pasado, advirtiendo que podía usarse para desestabilizar la economía a discreción del Ejecutivo. Los nuevos gravámenes se aplican «independientemente de si un producto tiene su origen» bajo el T-MEC —es decir, ignorando el propio tratado que se está renegociando— y cubren desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento.
El origen inmediato: incendios, un Mundial y un reclamo de indemnización
Tres días antes de la final del Mundial de fútbol, con el cielo de Nueva York cubierto de humo por los incendios de Ontario, Trump ya había responsabilizado a Canadá por «no mantener adecuadamente sus bosques». Durante el partido final, compartiendo palco con Mark Carney, insistió en persona: «Le dije: ‘Tienes que impedir que estos incendios lleguen y envenenen nuestro aire’… Tal vez deberían pagar una indemnización o algo así, o deberíamos imponer aranceles.»
Aunque el propio Trump sostiene tener «buena relación» con Carney —a quien calificó de «líder de talla mundial» y «negociador tenaz»— eso no impidió que aprobara aranceles de hasta el 50% contra su vecino y principal socio comercial: Canadá es el mayor cliente de Estados Unidos, por encima de China o México, con un comercio bilateral de 700.000 millones de dólares anuales.
El puente que Canadá pagó entero, y Trump no deja abrir
El caso más flagrante de esta ofensiva, sin embargo, no tiene que ver con incendios ni con lácteos: es el del Puente Internacional Gordie Howe, que conecta Detroit (Michigan) con Windsor (Ontario). Canadá financió el 100% de su construcción —4.600 millones de dólares—, sin que Estados Unidos pusiera un centavo. El propio Trump, en su primer mandato, había avalado el proyecto junto a Justin Trudeau como «un vínculo económico vital entre nuestros dos países». La construcción arrancó en 2018 y el puente estaba listo para abrir en 2026.
Cómo se armó el bloqueo, paso por paso
9 de febrero de 2026: Matthew Moroun, dueño del Ambassador Bridge —el otro puente que conecta Detroit y Windsor desde 1929, privado y con el monopolio del tráfico comercial en la zona durante casi un siglo— se reúne con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
Mismo día: Lutnick habla por teléfono con Trump. Horas después, Trump publica en Truth Social que no permitirá que el Gordie Howe abra «hasta que Estados Unidos sea completamente compensado», reclamando que Washington debería poseer «al menos la mitad de este activo» pese a no haber invertido nada en su construcción.
Enero de 2026: la familia Moroun había donado 1 millón de dólares a un Super PAC alineado con Trump.
Julio de 2026: cinco meses después de la amenaza original, el puente sigue sin abrir. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes envió una carta formal a Moroun exigiendo explicaciones sobre su influencia en la decisión. Según reportes, el acuerdo que se negocia exigiría que EEUU apruebe cualquier aumento de peajes superior al 10% en el Gordie Howe —protegiendo a Moroun de la competencia que tanto temía—.
El propio Wall Street Journal —de Rupert Murdoch, no precisamente un medio hostil a Trump— calificó el episodio con dureza, señalando que el acuerdo terminaría beneficiando al puente privado de Moroun en perjuicio de la competencia que el Gordie Howe debía introducir.
«Canadá será el estado 51»: de la broma a la presión sostenida
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump repite que Canadá debería convertirse en el «estado 51» de Estados Unidos. Publicó mapas mostrando a Canadá como territorio estadounidense y se refiere al primer ministro como «Gobernador». En mayo de 2025, Carney le respondió cara a cara en el Salón Oval: «Como sabés del negocio inmobiliario, hay algunos lugares que no están a la venta. Canadá no está a la venta. Nunca estará a la venta.» La respuesta de Trump: «El tiempo dirá. Nunca digas nunca.»
En enero de 2026, en Davos, Carney fue más lejos: sin nombrar a Trump, habló de la «ruptura» del orden mundial y advirtió que «los más fuertes se eximen de las reglas cuando les conviene» — un discurso que opacó al del propio Trump y recibió ovaciones internacionales. La respuesta no tardó: Trump publicó que «Canadá vive gracias a Estados Unidos» y revocó la invitación canadiense a su «Board of Peace» para Gaza. Carney no se achicó: «Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses.»
Davos, en detalle: un patrón, no un exabrupto aislado
La frase textual de Carney, el 20 de enero: «Estamos en medio de una ruptura, no de una transición», seguida de «las grandes potencias han empezado a usar la integración económica como armas» y «cuando las reglas ya no te protegen, tenés que protegerte a vos mismo». Según Reuters, el discurso recibió una infrecuente ovación de pie en el Foro. Una asistente habitual a Davos con diez ediciones encima describió la diferencia de reacción con crudeza: Estados Unidos llevó la delegación más numerosa de su historia a la cumbre, y fueron los únicos que aplaudieron el discurso de Trump, frente a la ovación en pie que recibió Carney de toda la sala.
La revancha llegó por escrito, el 22 de enero: «El Board of Peace retira su invitación para que Canadá se una a lo que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida», publicó Trump. No fue el único desplante de esa cumbre: en la misma Davos, Trump rechazó una invitación de Emmanuel Macron para organizar una reunión del G7 en París, argumentando que el presidente francés «no estará mucho tiempo en el Elíseo», y se jactó de haberlo «convencido en tres minutos» sobre precios de medicamentos — afirmación que el propio gobierno francés desmintió públicamente.
Un ejecutivo europeo presente resumió el clima general dejado por la cumbre: «Tuve que escucharlo para creerlo. Este tipo es un peligro.» El patrón se repite: cualquier líder que le haga sombra o lo desafíe públicamente recibe una represalia concreta y documentada, no solo una respuesta verbal — con Carney fue la exclusión del Board of Peace; con Macron, el desplante del G7.
Un dato que pesa: el Congreso mira para otro lado
Vale la pena remarcar algo que atraviesa todos estos frentes: más allá de la resistencia puntual de seis representantes republicanos que votaron en febrero para terminar con los aranceles de emergencia sobre Canadá —y que Trump amenazó directamente con hacerles «sufrir seriamente las consecuencias en época de elecciones»—, el Congreso como institución no ha frenado ninguna de estas maniobras de manera sostenida. El artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930, que habilita los aranceles actuales, es una norma tan amplia que legisladores demócratas ya habían advertido el año pasado sobre el riesgo de que se usara para desestabilizar la economía a discreción del Ejecutivo — y sin embargo sigue vigente, sin derogación ni reforma. La misma pasividad se repite con el escándalo del puente Gordie Howe: hasta ahora, la única respuesta institucional concreta es una carta de pedido de información del Comité de Supervisión, sin consecuencias más allá de eso.
Es el patrón que se repite en cada uno de estos casos: la presión ejecutiva avanza, el Congreso emite como máximo un gesto simbólico de disconformidad —seis votos aislados, una carta de consulta—, y la política de fondo sigue su curso sin corrección real.
Operación Alberta: el capítulo menos conocido
Mientras la presión pública se concentra en aranceles y anexión retórica, un frente mucho más discreto avanza en paralelo: el apoyo de funcionarios estadounidenses a un movimiento separatista dentro de Canadá.
Lo que se sabe del Alberta Prosperity Project
Entre abril de 2025 y enero de 2026, este grupo separatista de Alberta —la provincia petrolera del oeste canadiense— se reunió al menos tres veces con funcionarios del Departamento de Estado de EEUU, con una cuarta reunión prevista para febrero de 2026, esta vez sumando al Departamento del Tesoro, para discutir un «mecanismo de crédito» de medio billón de dólares destinado a Alberta tras una eventual independencia.
Dennis Modry, ex CEO del Alberta Prosperity Project, relató: «Cuando entramos a la sala de conferencias, el primer comentario fue ‘reconocemos y apoyamos que Alberta se convierta en nación soberana por primera vez’. Hablamos sobre un préstamo de transición de 500 millones de dólares… también un plan donde Estados Unidos acepta cambiar cada dólar canadiense de cada ciudadano albertense por dólar estadounidense.»
El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a Alberta de «socio natural» para EEUU por sus reservas petroleras, y ante la consulta directa sobre el esfuerzo separatista, respondió: «La gente está hablando.» El exestratega de Trump, Steve Bannon, fue más explícito: «Cuando Trump dice ‘Canadá se convertirá en estado 51’, realmente está hablando de Alberta.»
El premier de Columbia Británica, David Eby, calificó la maniobra sin rodeos: «Si estás cruzando la frontera para buscar apoyo de un gobierno extranjero para romper tu país porque no tenés apoyo dentro de tu propio país… esa es la definición de traición.»
El mismo patrón, ensayado antes en Groenlandia
Quien busque entender la lógica detrás de la ofensiva sobre Canadá encuentra un precedente casi calcado en Groenlandia. En enero de 2026, Trump amenazó con aranceles del 10% —subiendo a 25% en junio— a ocho países europeos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) si no accedían a la «compra completa y total» del territorio danés. Llegó a insinuar el uso de fuerza militar, aunque luego se retractó.
El ministro de Exteriores neerlandés calificó la maniobra directamente de «chantaje»; Macron la llamó «fundamentalmente inaceptable». Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump anunció un «marco de acuerdo» y retiró la amenaza arancelaria, reclamando haber obtenido «acceso total» militar permanente y derechos sobre minerales de tierras raras. La realidad, según el propio senador republicano Mitch McConnell, fue menos impresionante: «Todavía no he escuchado de esta administración una sola cosa que necesitemos de Groenlandia que este pueblo soberano no esté ya dispuesto a otorgarnos» — el acuerdo de defensa de 1951 entre EEUU y Dinamarca ya garantizaba presencia militar estadounidense a perpetuidad.
El costo económico, de ambos lados
Los números de la guerra arancelaria
Trump justificó buena parte de los aranceles previos alegando que Canadá no hacía lo suficiente contra el fentanilo — pese a que el país es responsable de apenas el 0,2% de las importaciones ilegales de esa droga hacia EEUU. Incluso dentro del propio Partido Republicano hubo resistencia: seis representantes republicanos votaron junto a los demócratas en febrero para terminar con los aranceles de emergencia sobre Canadá, a lo que Trump respondió amenazando con que «sufrirán seriamente las consecuencias en época de elecciones».
La respuesta canadiense: diversificar antes que ceder
Frente a la presión, Carney apuesta por una estrategia de diversificación acelerada: en seis meses, Canadá firmó 12 nuevos acuerdos económicos y de seguridad en cuatro continentes, una «Nueva Asociación Estratégica» con la Unión Europea (comercio, seguridad, transición digital), y se convirtió en el único país fuera de Europa con acceso al programa de defensa europeo SAFE. También estrechó lazos energéticos y de inteligencia con Japón, y envió sus primeros cargamentos de gas natural licuado hacia Asia. El objetivo declarado de Carney es duplicar en la próxima década las exportaciones canadienses que no van hacia Estados Unidos.
A nivel social, el rechazo se hizo sentir con fuerza: encuestas de comienzos de 2025 mostraban que 6 de cada 10 canadienses boicoteaban productos estadounidenses, con aplicaciones como «Maple Scan» —que llegó a ser la cuarta app más descargada del país— para identificar productos de origen no canadiense en los supermercados. Las licorerías de Ontario retiraron el bourbon y el whisky estadounidense de sus estantes, y la provincia canceló un contrato de 100 millones de dólares con Starlink, la empresa de Elon Musk.
Lo que está en juego
La embajadora canadiense en Washington, Kirsten Hillman, lo resumió con crudeza: «Creo que los canadienses daban por sentado que una relación fuerte, predecible y abierta con Canadá… siempre sería algo por lo que los estadounidenses lucharían. Ya no es así.» Un académico de la Universidad de Carleton, en Ottawa, fue todavía más directo: «Hay una realización de que Canadá no está tratando con un líder confiable, o quizás ni siquiera racional, de Estados Unidos.»
Lo que atraviesa cada uno de estos frentes —el puente bloqueado por el lobby de un donante privado, el arancel que ignora el propio tratado en revisión, las reuniones con separatistas de una provincia aliada, el ensayo previo sobre Groenlandia— es la misma pregunta de fondo: si Estados Unidos puede presionar así a su vecino más próximo, a un aliado histórico de la OTAN y al socio comercial que depende de él en un 75% de sus exportaciones, ¿qué límite queda para cualquier otro país que dependa, aunque sea en parte, de Washington?
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